- Sindicatos denuncian las condiciones laborales y el impacto en la ciudadanía
- Las bajas tardan hasta cuatro meses en cubrirse y se suprimen los refuerzos
- CCOO: 'Las plantillas en Galicia están por debajo de las ratios autonómicos'
- CIG: 'Se favorece la comisión de errores en la tramitación de expedientes'
La práctica totalidad de los juzgados de Galicia ha visto menguadas sus plantillas durante el último año, hasta llegar a una situación que los sindicatos consideran ya "insostenible". Aseguran que está "afectando al servicio público" que deben prestar el cual "no se garantiza". Estos recortes sitúan, además, a la mayoría de los órganos judiciales de la comunidad por debajo de la ratio de personal estipulada por el Ministerio de Justicia.
La denuncia es la misma con independencia del sindicato que la realice. Todos coinciden en que la política de personal que aplica la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia sitúa la carga de trabajo del funcionariado y el personal laboral en el sector por encima "de todos los límites recomendados".
El secretario general de CIG-Xustiza, Xosé Barreiro Pérez analiza, además, el impacto que esta reducción de las plantillas puede tener en el conjunto de la ciudadanía: "La falta de personal produce una mayor dilación en la resolución de los expedientes judiciales, además de favorecer la comisión de errores en la tramitación de los mismos".
El responsable del sector de Justicia de CCOO Galicia, Pablo Valeiras Ríos, añade que "la Administración de Justicia es, con Educación y Sanidad, la que no se debería tocar en momentos de crisis, cuando los ciudadanos la necesitan más que nunca, pero los recortes están impidiendo un normal funcionamiento".
Delmiro Durán, ex secretario de la sección de Xustiza de la CIG y trabajador del sector, pone cifras a este impacto que puede tener en la ciudadanía: "Se está triplicando el trabajo y el problema real es que el tiempo de respuesta de la Administración y la espera que tienen que soportar los ciudadanos se está duplicando".
Frente a los recortes denunciados por los sindicatos, la Conselleria de Presidencia asegura que "la Xunta está haciendo un importante esfuerzo en materia de Justicia. A pesar de las restricciones económicas, aumentó el presupuesto para este año y el pasado 30 de diciembre de 2010 se incrementó el personal fijo de los juzgados gallegos en 75 personas".
Además, aseguran que "se mantienen los puestos de trabajo de los cuadros de personal fijo de los juzgados, tribunales y fiscalías gallegas". En el caso de los refuerzos temporales, contradicen a los sindicatos: "se mantienen el 70%".
Qué hay tras el colapso
Ambos sindicatos coinciden al dibujar este panorama de colapso laboral y en los motivos del mismo. Indican que la Xunta de Galicia ha reducido el número de trabajadores interinos destinados a los distintos juzgados; tarda una media de cuatro meses en cubrir las bajas que se producen, tanto por motivos de salud como por traslados; se eliminaron los refuerzos en los juzgados con mayor carga de trabajo y el pago de horas de trabajo extra a los funcionarios.
Los datos facilitados por CCOO y CIG sitúan en A Coruña el mayor recorte en lo que se refiere al cese de refuerzos, con 19 funcionarios menos desde el inicio del año, e indican que esta provincia y Pontevedra son las que se han visto "más afectadas" por la política de personal de la Xunta de Galicia. En cuanto al cese de refuerzos, en Pontevedra contabilizan ocho, en Ourense cinco y en Lugo uno.
A mayores, desde CCOO recuerdan que "recortes no sólo son la reducción de los medios actuales, las plantillas de los juzgados están por debajo de las ratios de la gran mayoría de las comunidades autónomas y del propio Ministerio de Justicia. También consideramos recortes la no implementación de la medidas de refuerzo necesarias en los juzgados que actualmente tiene cargas de trabajo por encima de la media".
Peor en verano
Xosé Barreiro añade que hay que "en los meses de verano se eliminaron las prolongaciones de jornada de determinados sitios", una medida de refuerzo que solía aplicarse porque "con lo que cuesta un interino pueden pagarse tres o más prolongaciones de jornada del personal titular".
Señala que desde este verano tampoco se realizaron nombramientos de personal interino a excepción de "alguna excepción urgentísima", como juzgados con una única persona destinada. Asimismo, "actualmente el nombramiento de personal interino o la designación de sustituciones entre personal titular para suplir las bajas, licencias o vacantes se están ralentizando".
Bajas sin cubrir
Al respecto, explica que la decisión sobre la concesión de personal interino siempre dependió de la Dirección General, pero las sustituciones se gestionaban antes desde los servicios provinciales. Ahora, dicen, se han centralizado y esto ha provocado que "se endurezcan los requisitos para dicha concesión, por lo que los nombramientos sólo se producen cuando se verifica una baja de muy larga duración".
Recuerda que "las bajas se renuevan cada 7 o 15 días pero casi nunca existe una previsión sobre la duración, por lo que muchas veces los órganos judiciales están varios meses con el cuadro de personal mermado hasta que finalmente se designa un interino o una sustitución entre titulares".
Los peor parados: los penales y sociales
Tanto CCOO como CIG coinciden en que las jurisdicciones que más se han visto afectadas por estas medidas, y que mayor repercusiones están teniendo en los ciudadanos (al margen de los problemas laborales que denuncian), son la penal y la social.
CCOO asegura que en los juzgados de lo Penal "se da lo que nunca debería pasar en la Administración de Justicia, que se dicten sentencias que luego se dilatan en su ejecución como consecuencia de las cargas de trabajo". Delmiro Durán explica que se dan situaciones tan rocambolescas como que una persona está siendo juzgado en una sala mientras la sala de al lado está intentando comunicarse con ella para darle otra citación.
Un año para un juicio por despido
En el ámbito social, Delmiro Durán indica que "el problema es que, con la crisis, el trabajo en las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo se duplicó y habría que ampliar plantilla y juzgados, pero no se hace; así que si antes el juicio de un despido tardaba cuatro o, como mucho, seis meses ahora nos vamos a un año o un año largo y la gente está sin cobrar todo este tiempo. Muchos están meses sin tener qué llevarse a la boca".
"Situación idéntica sucede en el juzgado de lo Mercantil, donde como consecuencia de la crisis han aumentado de manera muy importante los procesos concursales, especialmente complejos en su tramitación", indica Barreiro. Utiliza como ejemplo la demarcación de Vigo y la situación del sector naval, con Hermanos Barreras o Astilleros Vulcano, y el conservero, con el caso de Bernardo Alfageme.
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