Un artículo de Ignacio Escolar publicado en www.escolar.net
Conviene prestar atención a lo que dice la patronal. Por su boca podemos escuchar algunas de ese “plan de choque” que hoy prefiere no contar el Partido Popular, y del que Rajoy sólo anticipa que provocará protestas. “Quien se apunte al paro porque sí, habrá que decirle que no”, defiende su presidente, Juan Rosell. El jefe de la CEOE recupera en su espíritu el “decretazo” que en 2002 intentó aprobar el Gobierno de Aznar: que los parados que rechazasen una oferta de trabajo, perdiesen su prestación de desempleo. Aquel recorte provocó una huelga general; Aznar tuvo que dar marcha atrás. Pero no parece que los sindicatos tengan hoy la fuerza que demostraron diez años atrás.
Otra idea genial de Rosell: “Hay que combatir a los funcionarios prepotentes e incumplidores. Para eso hay que evaluarlos, y penalizarlos”. Dicho así, completamente a favor. No conozco a muchos que defiendan a “los incumplidores” o a “los prepotentes” –sean funcionarios, empresarios o miembros de la familia real–. Pero me niego a aceptar el fondo de ese discurso, tan extendido, que responsabiliza a los funcionarios de todos los males económicos del país. Por mucho que se repita, es falso que en España haya muchos funcionarios, o que sobren, o que sean todos unos vagos, unos prepotentes o una lacra para los demás. En España, el porcentaje de funcionarios sobre el total de los trabajadores ronda el 16%: una cifra que está en la media de la UE-15 y por detrás de los países más prósperos de Europa. Cuando hablamos de funcionarios, pensamos en la burocracia. Pero el 72% no se ocupan de la administración, propiamente dicha, sino que son médicos, maestros, policías, militares… Por eso quienes proponen “combatir” a los “prepotentes” funcionarios, en realidad hablan de recortar la sanidad o la educación.
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