Burgos: Los procuradores lamentan que el registro de demandas tarde 2 meses


23 jul 2011


Funcionarios, jueces, procuradores o abogados están cansados de que el Ministerio de Justicia compare datos de manera «torticera». Las notificaciones vía Lexnet, según el último informe ministerial, se han duplicado desde la puesta en marcha de la Oficina Judicial hasta este momento al pasar de 12.000 a más de 26.000. Sin embargo, Alberto Arroyo, representante de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, se queja de que se haga esta comparación, «ya que en el inicio del nuevo modelo organizativo apenas se notificaba». «Es lógico que ahora se duplique, pero no quiere decir que el ritmo sea bueno», afirma.


Ese trámite se resolvía antes de la Oficina Judicial en 15 días. Funcionarios, jueces y los propios procuradores huyen del triunfalismo del Ministerio de Justicia y continúan exigiendo más personal y una mejor formación de la plantilla

Funcionarios, jueces, procuradores o abogados están cansados de que el Ministerio de Justicia compare datos de manera «torticera». Las notificaciones vía Lexnet, según el último informe ministerial, se han duplicado desde la puesta en marcha de la Oficina Judicial hasta este momento al pasar de 12.000 a más de 26.000. Sin embargo, Alberto Arroyo, representante de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, se queja de que se haga esta comparación, «ya que en el inicio del nuevo modelo organizativo apenas se notificaba». «Es lógico que ahora se duplique, pero no quiere decir que el ritmo sea bueno», afirma.

Es más, en su opinión, el número de notificaciones por Lexnet «ha aumentado debido al exceso de burocracia que ha conllevado la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial». Las cosas «van mejorando pero muy lentamente», indica Arroyo. El clima entre los trabajadores «ya no es tan crispado como en un principio». Según señala, «la gente ya se han resignado, al comprobar que no queda otra y que el Ministerio no va a dar marcha atrás».

Ahora bien, no está dispuesto a consentir «triunfalismos» por parte del Ministerio. Y es que las declaraciones de José de la Mata, director general de Modernización de la Administración de Justicia, esta semana en Burgos no han sentado nada bien entre los funcionarios. Entre otras cosas porque se enteraron de su visita por la prensa y fue el único colectivo con el que el responsable ministerial no se reunió durante la jornada de trabajo que mantuvo el miércoles en la capital.

Carmen Velázquez, decana del Colegio de Procuradores de Burgos, que ayer celebró su festividad -Santa Ana-, tampoco está de acuerdo con el «exceso de euforia» del Gobierno central. En su opinión, la Administración de Justicia en Burgos está «saliendo poco a poco» del caos que creó la Oficina Judicial cuando entró en funcionamiento en el mes de noviembre. Pero siguen produciéndose problemas que retrasan en demasía la resolución de asuntos. Dos ejemplos muy claros. Antes de que empezara a funcionar el nuevo modelo de organización, estos profesionales tardaban una media de quince días en registrar una demanda. Pues bien, en estos momentos el plazo puede dilatarse hasta los dos meses. Y el señalamiento de juicios puede tardar dos o tres meses cuando antes en el plazo de un mes estaba listo. También echa la culpa de estos retrasos a las distintas reformas procesales que se han llevado a cabo. «No creo que fuera el momento de poner en práctica todas estas novedades a la vez», se lamenta. Por ello Velázquez insiste en que es necesario más personal en muchos servicios, además de reclamar más formación para los funcionarios, sobre todo los interinos.

Sobre la entrada en funcionamiento del nuevo expediente electrónico a principios del próximo año, confía en que sirva para dar «un empujón a la Oficina Judicial». Pero se teme que «el sistema informático no responda a la carga de trabajo». Por ello exige al Ministerio que ponga en marcha el proyecto «con todas las garantías».
El de los procuradores va a ser el colectivo al que más afecte el expediente digital. A partir de enero todos los documentos que remitan a los juzgados tendrá que ser en formato digital. «Por tanto tendremos que digitalizarlos nosotros», explica. Y a los clientes se los enviarán en el formato que pacten con ellos ya que hay abogados y ciudadanos «reacios aún a leer los escritos en formato electrónico».

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