"Las sentencias penales sin ejecutar es uno de los problemas más preocupantes en Galicia y debe ser afrontado a corto plazo". "Para el juez a veces realizar sus resoluciones en gallego es una dificultad añadida"
Publicado en www.laopinioncoruna.es
Se hizo con las riendas del Tribunal Superior de Xustiza en un momento de incertidumbre, anuncios de profundas reformas en la Administración judicial y cuando la crisis económica empezaba a enseñar los dientes. Dos años después y muy cerca ya del ecuador de su primer mandato, Miguel Ángel Cadenas admite que poco han mejorado las cosas tanto desde el punto de vista socioeconómico como judicial. Es un tiempo de "espera y expectativa", resume el magistrado ourensano, que confía en que las reformas legales recién aprobadas o en fase de proyecto contribuyan a aliviar los eternos males de la Justicia gallega: la lentitud y la falta de recursos suficientes
Hace dos años, cuando comenzaba su mandato, pronosticó un 2010 'complicado' para la Justicia gallega. ¿Cómo ha ido?
-Más o menos según lo esperado. El contexto económico ha seguido siendo complicado y el aspecto jurisdiccional ha sido el desarrollo de lo que en 2009 se barruntaba.
-Pero según los últimos datos oficiales, el año pasado bajaron en Galicia muchos asuntos ligados a la crisis: embargos, ejecuciones hipotecarias, despidos? ¿Se intuye ya un cambio de tendencia?
-En el ámbito estrictamente jurisdiccional yo creo que no porque la crisis ha provocado que haya menos dinero público para inversiones y en concreto, para inversiones en Justicia. Más trabajo la crisis también lo da porque realmente en la jurisdicción social, los expedientes de crisis, las extinciones laborales, los despidos... sí se han incrementado. Eso se está notando también en la sala de lo Social del TSXG y a día de hoy hay una importante cantidad de despidos pendientes de recurso. Además, la crisis también se traduce en una mayor complejidad en la actividad jurisdiccional en la medida en que ha provocado normas nuevas, algunas coyunturales, que hay que estudiar. Es decir, que la situación para nosotros sigue siendo compleja.
-Y en 2011, ¿la Justicia empezará a ver la luz al final del túnel?
-De momento yo solo veo túnel. Creo que a nivel de actividad jurisdiccional y de órgano judicial la situación este año será muy similar a la de 2010. Pero dependerá también de cómo cristalicen las reformas legales que están articulándose.
-La obligación de revisar a la baja cientos de condenas para adaptarlas a la reforma penal de diciembre, ¿está causando problemas en los juzgados?
-La reforma penal provocó la revisión de un número considerable de condenas porque en delitos de tráfico de drogas y de seguridad vial podía traducirse en una reducción y un cambio de condena. Esto obliga a hacer un esfuerzo añadido pero como se anticipó el problema y se buscaron soluciones no está creando gran preocupación. Lo que sí sigue preocupando es la dificultad que había ya antes en la ejecución en materia penal. Es algo que exige o una nueva organización o mejores infraestructuras pero el caso es que las ejecutorias penales siguen siendo uno de los aspectos más preocupantes de la Justicia gallega. Y no solo las vinculadas a los delitos de tráfico. La función jurisdiccional impone sentenciar y ejecutar lo juzgado. Y en materia de ejecución aquí hay un problema que debe ser afrontado a corto plazo.
-¿Y cuál sería la solución?
-Es que depende del lugar. No es lo mismo A Coruña que Lugo u Ourense. Lo que es cierto es que ahí donde sea más preocupante, la medida tiene que ser no solo aumentar personal o unificar el órgano que lleve las ejecuciones, sino organizarlo debidamente. Pero, repito, solo allí donde el problema sea importante, como ocurre en los juzgados de lo Penal de A Coruña
-Lo ocurrido parece demostrar, en todo caso, que a veces las leyes van por delante de los medios. ¿Cree que los legisladores tienen en cuenta lo suficiente a los juristas a la hora de redactarlas?
-A veces el contexto socioeconómico exige medidas legislativas que son, per se, coyunturales. Pero otras veces no. Y sobre todo en materia de justicia penal hay que legislar con criterios de permanencia. Porque estamos criminalizando o despenalizando conductas y eso no puede cambiar continuamente.
-¿Aprobar una reforma penal tres años después de la que introdujo los nuevos delitos de tráfico cree entonces que fue un error?
-Ahí ya los jueces lo que tenemos es que afrontar las reformas para aplicarlas como nos llegan. Cada uno debe asumir su función.
-¿Y qué opina la sociedad de estas tensiones entre ambos poderes? ¿Es capaz de distinguir la responsabilidad de cada uno?
-¿Que hay tensiones del Consejo General del Poder Judicial y de los jueces con otros poderes? Pues en el caso de los jueces derivaría del asunto concreto que está enjuiciando, pero el juez no es que sea, es que tiene la obligación de ser inmune a cualquier tipo de discusión o presión fuera del proceso. En el caso del CGPJ la dinámica es otra porque su papel, como órgano de autogobierno, es otro. Y eso es lo que hay que deslindar al hacer una crítica. Pero quizá en términos sociales no se establezca esa frontera.
-En su memoria de 2009 reclamó 16 magistrados y 20 juzgados más. Pero en los dos últimos años solo se crearon 20 órganos. ¿Se puede llevar a buen puerto una Justicia en la que no se cubren las necesidades más urgentes?
-Hace dos años la situación y el contexto legislativo y socioeconómico no eran los mismos que ahora. Y lo que no se puede es exigir lo que no es factible. Lo ideal sería que se creasen todos esos órganos pero no sé si en este momento hay recursos públicos suficientes para afrontar ese gasto. Lo que a lo mejor no es lógico o no se puede afrontar es que la creación de un juez implique también la creación simultánea de todo un aparato judicial. Sin embargo, sí puede ser factible crear una plaza de juez sin necesidad de toda esa infraestructura nueva y eso puede incidir también de forma importante sobre la planta judicial.
-El fiscal insiste en que la solución no es crear más juzgados ni jueces y aboga por potenciar la mediación para desatascar los juzgados. ¿Está de acuerdo?
-Al margen de las actuaciones de la Fiscalía, en las que por supuesto no entro, lo que tengo claro es que la mediación no es una panacea. No es un instrumento de solución del atasco judicial sino un mecanismo alternativo de hacer mejor justicia en casos concretos. Si consideramos la mediación tan solo como algo que sirve para solventar atascos partimos de un planteamiento viciado y le estamos haciendo un flaco favor. La mediación es y así debe ser un instrumento de consecución de Justicia restauradora y lo que exige en este momento es una normativa general. No se puede desvirtuar su función y nunca puede traerse al galope para reducir el número de asuntos que llegan a los juzgados o sacarles trabajo. Por eso hace falta una regulación que articule de forma integral y en todos los ámbitos los supuestos para poder acudir a ella.
-¿Y qué opinaría de impulsar una ley de mediación gallega?
-Es que si hablamos de mecanismos alternativos de hacer justicia eso no se puede reducir a una comunidad. Es un problema general. ¿Y qué razón hay para establecer diferencias de instrumentos a este nivel si estamos hablando de hacer mejor justicia en casos concretos? La justicia, en definitiva, es única.
-Dentro de los cambios legislativos que se avecinan, la reforma de agilización procesal prevé elevar la cuantía para poder presentar apelaciones. ¿Qué le parece?
-Hay que adaptarse a la realidad y si las cuantías son muy bajas, los recursos se multiplican. Esto no quiere decir que no se racionalice al máximo las cifras que definitivamente se establezcan para poder recurrir. Pero que hay que establecer cuantías adecuadas para posibilitar los recursos de forma racional, es evidente.
-Pero fijar el límite en 6.000 euros, ¿no perjudica al ciudadano común y más modesto?
-Eso no lo sé pero deben evaluarlo los órganos legislativos. Ahora, decir que la reforma va dirigida a cercenar derechos... Siempre hubo resoluciones irrecurribles y el criterio cuantitativo siempre fue uno de los manejados para establecer o no recurso. Puede suscitar dudas o críticas pero que esta reforma tiene su sentido es evidente porque en algunos órganos el volumen de recursos se está disparando. El acceso a la jurisdicción no se puede condicionar pero otra cosa es garantizar siempre el derecho a recurrir todas las resoluciones y a agotar todas las instancias, cualquiera que sea la materia o la cuantía. Eso no es exigible, no es racional y no es posible.
-El Gobierno también prepara una reforma de la ley de justicia gratuita de 1995. ¿Cree que el sistema necesita más control?
-Yo soy ajeno a su articulación y los problemas que genera. Pero lo que está claro es que el sistema legal, ya sea el actual o la reforma que se prepara, no puede propiciar ni el fraude, que se produciría si se le concede justicia gratuita a alguien con recursos suficientes, ni la indefensión, que es lo que sucedería si se establece un sistema tan rígido que deje desprotegido a quien realmente tiene esa necesidad.
-Se ha criticado siempre el escaso uso del gallego en la Administración judicial. ¿Cree que las dos lenguas cooficiales reciben el mismo trato por parte de la Justicia?
-A nivel de utilización oral creo que nunca ha habido problemas y su uso es indistinto. A nivel escrito por parte de jueces y magistrados, en general, hay más dificultades y a veces realizar las resoluciones en gallego es un problema añadido por falta de medios o infraestructura. Esta es la situación actual y el hecho de que los jueces usen o no el gallego en sus escritos hay que insertarlo en el marco que fija la ley orgánica del Poder Judicial y en las posibilidades prácticas de que eso sea factible u operativo, ya que en estos momentos el nuevo sistema de gestión procesal sigue sin estar disponible en gallego.
-Otra asignatura pendiente de la Justicia gallega es la modernización, pero la nueva oficina judicial avanza muy lentamente...
-El juez no administra fondos ni tiene poder de disposición sobre la infraestructura y los instrumentos. Le vienen dados por Gobierno y comunidades y, a veces, no le son dados. Lo que puede hacer el juez es reclamarlos pero no más. Con este punto de partida, la situación actual es que la nueva oficina judicial está articulada sobre un nuevo sistema de gestión procesal, el Minerva NOJ, que funciona pero con sus problemas; precisa una agenda de señalamientos electrónica que al menos en Galicia no existe; un sistema adecuado de grabaciones de vistas y de firma electrónica del secretario pero en algunos casos esa grabación es deficiente; y precisa también del expediente electrónico. Todo esto se nos ha dicho a los jueces que se nos va a dar pero de momento mayoritariamente no se nos ha dado. No es nuestra responsabilidad pero los necesitamos para poder trabajar.
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