El principal responsable de la Justicia insiste en la urgencia de aplicar novedades que acaben con un modelo heredado del siglo XIX
Publicado en www.hoy.es
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| Francisco Caamaño |
Francisco Caamaño (Cee, La Coruña, 1963) visitó ayer Extremadura para poner las primeras piedras de los futuros palacios de justicia de Almendralejo y Plasencia. Ministro desde 2009, cuando sustituyó a Fernández Bermejo, concedió una entrevista a HOY en la que destaca la necesidad de dar la vuelta al actual sistema judicial para hacerlo más rápido y efectivo.
-Las transferencias cuestan dinero a las partes que las protagonizan. La actual situación de crisis económica, ¿puede influir en la ralentización del proceso?
- Se continúa trabajando sobre este tema que para la comunidad autónoma es importante, pero también es cierto que se juntan dos factores sobre los que hay que reflexionar. Por una parte están los problemas de ajuste presupuestario, que tiene que medir la comunidad autónoma y, por otro, la implantación de la Nueva Oficina Judicial de Cáceres y la que se pondrá en marcha en Mérida, dos experiencias muy importantes que lidera el Ministerio. Al presidente de la Junta le he dicho hoy que debemos reflexionar sobre la conveniencia, al menos en este momento inicial de la experiencia, de mantener en standby el plan de transferencias.
-El Palacio de Justicia pacense también está por resolver ¿En qué fase se encuentra el proyecto?
-Se ha licitado. La inversión que el Ministerio de Justicia va a hacer es muy importante, de 27 millones, por lo que será un edificio complejo y pensado para el futuro. No queremos sitios que se queden pequeños en ciudades y partidos judiciales que crecen.
-Un nuevo equipamiento, la Nueva Oficina Judicial de Cáceres ha sido criticada por los propios profesionales, desde jueces a abogados, que dicen que la experiencia no ha sido positiva donde ya se han implantado. ¿Cómo respondería a esas críticas?
-Todo cambio produce resistencias, inconvenientes y cuestiones que mejorar sobre la marcha. Lo único que no produce nunca críticas es dejar las cosas como están, pero a nadie nos gusta como funciona hoy la Administración de Justicia en España y por eso había que cambiarla. La Nueva Oficina Judicial es una auténtica revolución respecto a la estructura tradicional de la justicia que viene del XIX y por tanto es lógico que produzca críticas, que por otro lado, nos ayudan a mejorar.
Más especialización
-En Murcia y Burgos hubo problemas con este modelo, ¿no?
-En Murcia fue complejo, con problemas de sistemas informáticos y relación entre secretaría y jueces, pero se han ido limando y está funcionando razonablemente bien para el tiempo que lleva; lo mismo ocurre en Burgos. Las dos primeras experiencias de las que ya se ha beneficiado Cáceres, con una novedad, que incorpora un órgano colegiado; eso significa que no sólo sirve a jueces unipersonales, sino también a la Audiencia Provincial, lo que nos da elementos nuevos de valoración.
-¿Qué ventajas ofrecen?
-Cambia radicalmente el modelo de trabajo en el que un equipo formado por un juez, un secretario y siete funcionarios se encargan de todo. Esa manera de trabajar es incompatible con la España de hoy y el volumen de asuntos que entran en los juzgados; incompatible con la aplicación de nuevas tecnologías, racionalización y gestión modernas de personal, búsqueda de la eficiencia de los procedimientos... La Nueva Oficina tiene grandes servicios comunes, de 30 ó 40 personas especializadas, que sirven a varios jueces y no sólo a un juzgado y en el caso de Cáceres, además, a la Audiencia. Estos grandes servicios comunes son de atención al ciudadano y actos de comunicación; los hay especializados en tramitar los asuntos y de ejecución, además de pequeñas unidades de apoyo procesal al juez, para que cuando le llegan los asuntos o dicta sentencias le puedan llegar a las partes y hacer seguimiento de los pleitos.
-Introducen al menos nuevas tecnologías, una de las mayores demandas de la sociedad hacia el sistema judicial.
-Las nuevas tecnologías no se podrían introducir sin estas oficinas. Sería como poner a circular un AVE por vías viejas. No basta con tenerlas, sino que hay que adecuar la organización, el trazado sobre el que van a trabajar, de ahí la Nueva Oficina. Hay que industrializar los procesos para que puedan gestionarse en menos tiempo y con mayor facilidad y sobre todo para que los ciudadanos y los profesionales del Derecho puedan relacionarse telemática y electrónicamente con la administración de justicia.
-¿Algún ejemplo de innovación tecnológica en este trabajo?
-En Extremadura estamos desarrollando un correo seguro que permite dictar actos de comunicación telemáticamente. Incorporamos además un nuevo programa de gestión electrónico, que permitirá en un plazo razonable sustituir el expediente en papel por el digital, como en la Audiencia Nacional.
Carga de trabajo
-Un 95 por ciento de jueces extremeños siguió la primera huelga del sector en la democracia, en 2009. Pedían, entre otras cosas, que se racionalizase su trabajo. ¿Cómo hacerlo?
-Es cierto que la entrada de asuntos ante la administración de justicia es muy alta en España; probablemente más que en sociedades homologables. Nos hemos preguntado por qué casi todo se recurre, incluso litigios de baja cuantía y, también, qué han hecho en otros lugares para que no lleguen esos asuntos. Ya hemos introducido medidas como la tasa disuasoria para que quien recurre manifiestamente de forma infundada haga un depósito y si el juez considera que lo hizo de esa manera no recuperará la tasa de unos 20 euros, que evita cadenas de recursos que inundan los juzgados de papel. Otra medida, pendiente de aprobar, es modificar la ley de arbitraje, que queremos potenciar como complemento a la resolución de conflictos, de manera que no siempre haya que ir a un juez. Esperamos, además, que pronto salga del Congreso la primera ley de mediación española para el ámbito civil y mercantil. Otra reforma pendiente y fundamental es la de la ley de enjuiciamiento criminal, sin tocar desde el XIX, que no se puede mantener por ser demasiado lenta y mantener elementos disfuncionales a la hora de proceder a su tramitación.
-Cadena perpetua, pena de muerte... son términos a pie de calle a raíz de los juicios Cortés y Del Castillo. ¿Hay que debatir sobre ello?
-Nuestra Constitución las impide; no son susceptibles de ser introducidas sin una reforma de la misma. España es uno de los países que lidera la abolición de la pena de muerte a nivel mundial y me siento muy orgulloso de ello. Respecto a la cadena perpetua, en nuestro sistema funciona el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de manera que eso no casa con una pena que sea íntegra y revisable, como proponía el PP. La reforma del Código Penal ha endurecido muchos tipos penales, de manera que es posible que en España se pueda estar en la cárcel hasta 40 años, cuando en muchas democracias el tiempo máximo está entre 15 y 20 años.
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