Publicado en www.europapress.es
Las secciones territoriales de diferentes asociaciones de jueces y magistrados has pedido la "suspensión" durante "al menos tres meses" de la implantación de la Nueva Oficina Judicial de Cáceres.
Estas asociaciones, entre las que están la Francisco de Vitoria; la Profesional de la Magistratura; el Foro Judicial Independiente; y Jueces para la Democracia, estiman que estos meses es el tiempo que considera "prudencial" para solventar la "mayoría de los problemas que se están detectando" en otras ciudades en las que ya se ha implantado la Oficina Judicial.
En una nota de prensa, las asociaciones de jueces y magistrados han considerado que la Nueva Oficina Judicial supone un "importante cambio" en la historia judicial española pero ha añadido que su implantación en Burgos y en Murcia ha generado "graves problemas".
Entre ellos, explican que la "insuficiente" dotación de personal de las Unidades de Apoyo Directo al Juez (UPAD) ha creado un "cuello de botella" que "paraliza" la tramitación y resolución de los procedimientos; el expediente digital sobre el que se sustenta el diseño de la Oficina Judicial "no existe"; y la Agenda Programada de Señalamientos, herramienta "esencial" para la celebración de juicios y vistas, aún "no funciona de una forma mínimamente eficaz".
En opinión de estas asociaciones, estas experiencias adversas "no pueden obviarse", por lo que creen necesario corregir las disfunciones que han puesto de manifiesto estas dos experiencias piloto antes de seguir con la implantación de la Oficina Judicial en otras localidades, como está previsto próximamente para Cáceres.
Además, han asegurado que si continúa el programa de implantación "sin corregir previamente estas deficiencias, empeorará la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. Y ello será imputable exclusivamente al Ministerio de Justicia".
Las asociaciones han afirmado que la eficacia de la justicia en Extremadura se sitúa entre los tres primeros puestos de las diecisiete comunidades autónomas, pero han lamentado que hayan "sido marginados" en el proceso de implantación y que no les haya permitido participar "de alguna forma" en su diseño o desarrollo.
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