Una Justicia de dos velocidades
Obtener una sentencia para una separación de mutuo acuerdo en Galicia nunca supera los dos meses mientras que un caso de quiebra puede prolongarse durante más de cuatro años
Publicado en www.laopinioncoruna.es
A pesar de lo que pueda parecer, la lentitud no es una característica intrínseca a todos los juzgados gallegos. Expedientes que continúan engrosándose durante años a la espera de poder celebrar el juicio, como el del 'Prestige', conviven en las dependencias judiciales con casos a los que ni siquiera les da tiempo de coger polvo. Son la cara y la cruz de una Justicia de dos velocidades, a la que se le ha adjudicado durante años la etiqueta de lenta pero que en ocasiones también puede ofrecer respuestas de forma casi inmediata
M. VÁZQUEZ | SANTIAGO Enfrentarse a un juicio suele ser una experiencia traumática, y no sólo por las consecuencias que puede tener para los afectados. La tradicional lentitud con la que funciona la maquinaria judicial explica que un caso pueda atascarse durante varios años a la espera de una sentencia, con la angustia y la intranquilidad que eso genera para todas las partes implicadas. Si a eso sumamos otro tipo de trámites, como los recursos, dirimir un conflicto por la vía judicial puede convertirse en un auténtico suplicio.
Sin embargo, no todos los procesos judiciales corren la misma suerte. Según un estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados también resuelven con agilidad determinado tipo de procedimientos que, bien por su sencillez o bien por la delicadeza de la materia que tratan, requieren de una rápida respuesta.
Una separación de mutuo acuerdo o un juicio por un delito de alcoholemia al volante son dos claros ejemplos de que la Justicia también puede actuar con agilidad. En el primer caso, ningún juzgado de Familia de Galicia tardaría más de dos meses en hacer efectiva la separación y en el segundo, el conductor podría conocer la sentencia incluso antes de que le llegara la multa de Tráfico a casa.
En general, todos aquellos procedimientos en los que el acusado se muestra conforme con los términos en los que se plantea el juicio suelen tener una tramitación mucho más fácil que agiliza también su resolución. Ese era, precisamente, el objetivo con el que se pusieron en marcha los llamados juicios rápidos en el año 2003, un nuevo procedimiento con el que se pretendía dar salida en cuestión de días a miles de casos relacionados con delitos menores y de fácil tramitación. La panacea resultó no ser tal, entre otros motivos, porque nació sin los medios necesarios, aunque con el tiempo el sistema se ha consolidado y ayuda a dar salida con rapidez a cientos de delitos de seguridad vial, violencia doméstica o hurtos. Son el máximo exponente de la agilidad judicial ya que garantizan que una falta se tramite en menos de 72 horas y un delito, en 15 días.
Al margen del procedimiento utilizado, no todas las jurisdicciones ni todos los conflictos tienen los mismos ritmos. En el caso gallego destacan por su agilidad las separaciones y los divorcios consensuados. En el primer caso, la tramitación media oscila, según sea un juzgado especializado en asuntos de Familia o uno de Primera Instancia e Instrucción, entre los dos y los cuatro meses. Cuando se trata de divorcios, la mayoría se resuelve entre dos y tres meses o entre dos y cinco, si se ocupa del caso un juzgado mixto. Las nulidades matrimoniales, aunque son en teoría más complicadas, rara vez tardan un año en resolverse.
Estos plazos se disparan cuando no hay acuerdo entre las partes, hasta el punto de que el tiempo de espera puede llegar a duplicarse. De hecho, la mitad de los divorcios contenciosos que se presentan en Galicia tarda en dirimirse entre 6 y 11 meses.
La otra cara de la moneda la sufren cada año cientos de gallegos que se enfrentan a largos procesos judiciales. La peor parte se la llevan las empresas y familias que se declaran en quiebra, una situación cada vez más habitual debido a la crisis. Así, y a pesar de que el 45% de estos casos se resuelven en menos de siete meses, otro 36% debe esperar entre siete meses y cuatro años y un 18%, más de 49 meses.
Es el caso más sangrante aunque hay otros ejemplos, sobre todo en las jurisdicciones de lo Mercantil y lo Social, las más saturadas por los efectos demoledores de la crisis sobre el funcionamiento de la Justicia. En el primer caso, son las reclamaciones de deudas inferiores a 30.000 euros a través del proceso monitorio las que, paradójicamente, van más lentas. A pesar de que en 2006 se creó esta nueva vía para reducir burocracia legal y agilizar la respuesta en estos casos, lo cierto es que en Galicia la mitad de estos procedimientos tarda entre siete y 38 meses en resolverse.
En cuanto a lo Social, que se ocupa de dirimir los conflictos laborales como despidos, reclamaciones de pequeñas cantidades o convenios, rara vez sobrepasan el año aunque por lo delicado de la materia una espera de meses resulta ya excesiva.
La jurisdicción de Menores en Galicia tampoco es todo lo ágil que sería deseable. Aunque la mitad de los casos que llegan a estos juzgados se resuelve en menos de nueve meses, otro 25% de los asuntos relacionados con menores tardan más de 22 meses en sentenciarse.
En los juzgados de lo Contencioso, y en contra de lo que pudiera parecer, las expropiaciones se encuentran entre los procedimientos más ágiles, ya que el 80% de estos casos se resuelve en menos de 8 meses. Ocho de cada diez asuntos relacionados con delitos de Extranjería obtiene una sentencia en menos de siete meses y los de Medio Ambiente nunca esperan más de un año. En cambio, los delitos de Urbanismo destacan por tener una tramitación bastante más lenta: el 38% se prolonga entre ocho y 14 meses y un 23%, más de 14 meses.
Con las sentencias, sin embargo, no siempre se acaba la espera. Muchas veces el fallo no es más que un punto de inflexión que marca el inicio de una nueva fase que, como mínimo, duplica el tiempo de espera: el recurso. Las discrepancias con los jueces derivan cada año cientos de casos a las Audiencias, que, en general, tardan más en dirimir los recursos que sus propios casos. Así, la mayoría de las apelaciones a raíz de sentencias de juicios ordinarios tardan entre 4 y 11 meses en gestionarse mientras que el 42% de los recursos por juicios rápidos se prolongan entre tres y seis meses.
