O ministro de Xustiza e os conselleiros das Comunidades Autónomas con competencias en materia de xustiza reunidos en Conferencia Sectorial
El Gobierno sólo creará un tercio de las unidades judiciales que pidió el Superior
La Xunta y el Alto Tribunal gallego se reunirán el viernes para consensuar dónde se deben ubicar los nuevos órganos en función de las necesidades de la planta judicial gallega
[ Publicado en www.laopiniondecoruna.es ]
Los planes del Gobierno para reforzar la Justicia gallega no cubren las expectativas del TSXG ni de la propia Xunta, que como aclaró el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, defendió ante el ministro de Justicia en la reunión celebrada ayer en Madrid que Galicia necesita "36 nuevos órganos". No obstante, el conselleiro asumió el reparto de unidades judiciales anunciado por Francisco Caamaño como "el número que podía darse este año", a pesar de reconocer que esperaba que Galicia consiguiese "un juez más de adscripción territorial".
La Justicia gallega, pese a todo, recibirá el año que viene su refuerzo más importante desde 2005, cuando el Ejecutivo de José María Aznar acordó la creación de 16 nuevas unidades judiciales en la comunidad. Desde entonces, el ritmo de crecimiento de la planta judicial gallega ha sido bastante menor: cinco juzgados nuevos en 2006, seis en 2007, siete durante 2008 y nueve este año.
El próximo año en Galicia se crearán 11 nuevos órganos, aunque el conselleiro de Presidencia reconoció que no descarta conseguir alguno más si otras comunidades con una Justicia menos saturada renuncian a alguna de las unidades que le corresponden en la programación anunciada ayer por el ministerio. En total, el Gobierno se comprometió a poner en marcha 150 nuevos juzgados y 50 jueces de adscripción territorial, cumpliendo así el objetivo incluido en el Plan de Modernización de la Justicia de crear en los próximos tres años 600 unidades judiciales.
En cualquier caso, todavía habrá que esperar unos días para saber dónde y a qué jurisdicción irán a parar estos refuerzos, una decisión que en el caso de Galicia, la Xunta someterá a consultas con el TSXG. Precisamente, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, señaló que este viernes se reunirá la Comisión Mixta de Xustiza -que integran miembros de la Xunta y el órgano de Gobierno del TSXG- para acordar la ubicación que recibirán los nueve órganos judiciales y los dos jueces de adscripción territorial comprometidos para 2010 en función de las prioridades.
Durante la conferencia sectorial de Justicia celebrada en Madrid, con todo, no sólo se habló del reparto de unidades judiciales para el próximo ejercicio. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas acordaron estudiar la reforma del sistema de asistencia legal gratuita ante los abusos detectados en su uso y con el objetivo de mejorar la calidad de este servicio. Aunque el ministro eludió precisar si esta asistencia legal se condicionará al nivel de renta de los ciudadanos, Alfonso Rueda confirmó que "todas las comunidades están de acuerdo en que la justicia gratuita debe ser para quien la necesite".
Por otra parte, Caamaño informó del interés de las comunidades en que se les transfiera la gestión del personal de la Administración Judicial con el fin de acompasar la reordenación de sus recursos.
Gobierno y CCAA estudian limitar la asistencia gratuita al nivel de recursos
Madrid, 10 nov (EFE).- El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han acordado hoy estudiar la reforma del sistema de asistencia legal gratuita ante los abusos en su uso y plantear la posibilidad de limitarla para aquellos ciudadanos que tengan más recursos.
El departamento que dirige Francisco Caamaño y las CCAA se han comprometido a abordar esta reforma en la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada esta tarde en Madrid, que ha estado centrada en los pasos para ir desarrollando el plan de modernización de la Justicia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reconocido la conveniencia de estudiar cambios en la ley que regula el beneficio de la asistencia legal gratuita, vigente desde 1996.
Caamaño ha asegurado que se está analizando esta reforma para "mejorar la calidad del servicio", aunque sin precisar si esta asistencia legal se condicionará al nivel de renta de los ciudadanos.
El consejero de Presidencia, Administración Pública y Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sí ha confirmado que "todas las Comunidades Autónomas están de acuerdo en que la justicia gratuita debe ser para quien la necesite".
Rueda, en declaraciones a los periodistas, ha considerado que no se puede dar este servicio a quién se lo pueda costear, puesto que su pago corre a cuenta de las Comunidades Autónomas que tienen transferida las competencias en materia de justicia.
En la reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, las Comunidades Autónomas han expresado al Ministerio el interés en sumarse al llamado programa "EJIS" (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad), que permitirá a los juzgados y tribunales trabajar en una misma red informática y conocer toda la información necesaria en tiempo real.
Caamaño se ha felicitado por la disposición de las CCAA a participar en el proyecto impulsado por su departamento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado y que, según él, "podrá convertirse en fechas muy próximas en una realidad".
El único escollo es que algunos territorios tienen sistemas tecnológicos distintos que serán necesarios unificar para poder lograr la interconexión entre todos los ficheros judiciales.
Otro de los asuntos debatidos ha sido la implantación de la nueva Oficina Judicial, uno de los puntos centrales del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia y que deberá desplegarse durante 2010, según Caamaño.
También han comentado el reparto entre Comunidades Autónomas para el próximo año de las 150 nuevas unidades judiciales y los 50 jueces de adscripción territorial, una figura de nueva creación que ejercerá sus funciones en las plazas vacantes y actuará como refuerzo en los órganos que los necesiten.
En la rueda de prensa, Caamaño ha informado además del interés de las CCAA en que se les transfiera la gestión del personal de las administraciones judiciales con el fin de acompasar la reordenación de sus recursos humanos.
A juicio del ministro, la reunión sectorial ha sido "muy productiva" y se ha alcanzado un "acuerdo sustancial para seguir trabajando todos juntos en ese proceso de transformación de la Justicia". EFE
