[ Publicado en www.elcorreogallego.es ]
Intentando equilibrar la balanza
- Ourense lleva años reclamando un nuevo edificio judicial, que no llegará hasta el año 2013. Mientras, se imparte justicia sin contar con ninguna sede especializada
No se falta a la verdad cuando se dice que Ourense fue la última ciudad gallega en tener servicios clave como la sede propia para el juzgado de guardia o la oficina de notificaciones. Tampoco se miente al asegurar que la ciudad de As Burgas imparte justicia en el edificio más antiguo del territorio gallego.
El que se concibió hace ya muchos años como sede de la Audiencia Provincial de Ourense da cabida hoy en día -y después de muchos arreglos de quita y pon - a nada menos que dieciséis juzgados, además de múltiples servicios fundamentales como la Fiscalía o la propia Audiencia, con dos secciones.
Aunque hace algunas semanas la Consellería de Presidencia anunció -después de años de quejas de las que se han hecho eco hasta las más altas esferas judiciales- que en el 2013 la ciudad tendrá un nuevo y moderno edificio judicial, quedan por delante muchos años en los que Ourense seguirá reclamando su puesto y, sobre todo, tratando de equilibrar una balanza que hasta ahora no le ha sido demasiado favorable.
«Discriminación histórica»
«En Ourense ha habido una discriminación judicial histórica», aseguran desde la junta de personal del Palacio de Justicia, que critican que urbes con mucha menor población, como Pontevedra, tenga más y mejores dotaciones judiciales.
Apuntan desde la central SPJ-USO que la ciudad, mucho más con la situación actual, tiene necesidades que deben afrontarse ya, para evitar el caos judicial. «Es necesario que se cree de una vez el juzgado específico de violencia de género», reclaman los funcionarios, que advierten que la sede que se hace cargo de estos casos, el Juzgado de Instrucción número 3, lleva mucho tiempo desbordado.
Pero además de nuevas sedes, los juzgados de Ourense están necesitados de más personal. Así lo advierte el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, que recuerda que la Fiscalía apenas ha sufrido variaciones en su plantilla. «El verdadero mal de la justicia se encuentra en la insuficiencia de los medios personales. Desde el año 1992, la Fiscalía de Ourense ha aumentado su plantilla en un funcionario fijo y dos de refuerzo, y ahora mismo, si nos quitaran ese refuerzo, nuestra situación sería caótica, porque ya estamos al límite. Creo que hay que acometer ya la actualización de la relación de puestos de trabajo y adecuarlo a las necesidades actuales», reitera el máximo representante de la Fiscalía ourensana, quien, además, echa en falta una valiente delimitación de la oficina judicial. «Hay que legislar, decidir quién tiene responsabilidades y delimitarlas, porque hoy en día el funcionario que no quiere trabajar, no lo hace y punto», asevera Delgado, recordando que las competencias de los funcionarios recaen en la Xunta, mientras que las de jueces y fiscales son del ministerio.
Aprovechar recursos
Esa olla a presión en la que parece haberse convertido la justicia repercute en los ciudadanos. Lo sabe bien el decano de los abogados de Ourense, Arturo González, quien asegura que los usuarios afrontan la situación con mucho malestar. «Nosotros somos quienes damos la cara ante ellos y vemos que esta situación crea problemas. La percepción es que la Justicia funciona mal», afirma el letrado, muy crítico con el sector judicial porque considera que «deberían hacer algo de autocrítica y podrían gestionar mejor los recursos que tienen».
Los juzgados de lo social han aumentado su trabajo en un 200% debido a la crisis
A la ya mala situación de los juzgados ourensanos han venido a sumarse los efectos de la crisis, que ha provocado que se multipliquen los asuntos, sobre todo de orden laboral. En los últimos meses los juzgados sociales han aumentado su trabajo en un 200%, mientras el tiempo de espera para resolver asuntos como un desahucio puede alargarse ya hasta un año. En el orden penal, el aumento de asuntos por cambios legales relativos a la violencia contra la mujer o los delitos de tráfico han provocado que los juzgados penales acumulen miles de sentencias por ejecutar. Se hace necesaria la creación de nuevas unidades judiciales y el refuerzo de las plantillas.
