El sindicato expone el claro desequilibrio existente en los procesos judiciales para exigir responsabilidades a las administraciones públicas, que disuade a personas individuales y organizaciones a interponer pleitos por el riesgo económico
Las
últimas reformas operadas en la jurisdicción contencioso-administrativa
han cambiado el campo de juego, lo que hace que muchos ciudadanos y
ciudadanas se lo piensen antes de interponer un pleito contra la
Administración, ya que, además del gasto de profesionales de la abogacía
y la procuraduría, puede generarle la imputación de las costas
judiciales. Así, una vez más, las actuaciones irregulares en el
funcionamiento de la Administración quedarían impunes
Lo
mismo le sucede al personal funcionario y estatutario al servicio de
las administraciones, cuando se ven obligados a pleitear contra una
decisión unilateral de la Administración en su papel de empleadora por
la que resultan claramente perjudicados en su salario o en las
condiciones en las que prestan sus servicios
Esta
situación se ve agravada, por ejemplo, con la actual crisis sanitaria,
en la que muchos empleados y empleadas públicos han tenido que prestar
servicio sin medidas de seguridad sanitaria, sin medios técnicos, etc
Si
bien la propia ley da la posibilidad de que el personal funcionario
pueda comparecer por sí mismo en defensa de sus derechos estatutarios,
el ejercicio real y práctico de este derecho se ve seriamente
restringido, puesto que, para interponer un pleito judicial, son
necesarios unos conocimientos jurídicos que no todas las personas
poseen, no quedándoles otra alternativa que contratar los servicios
legales correspondientes
Lo
mismo sucede a las organizaciones sindicales que pueden interponer
pleitos en nombre propio, cuando se den actuaciones de las
administraciones que afecten de manera generalizada a las empleadas y
los empleados públicos, ya que la imputación de costas supone un riesgo
económico que no se puede afrontar
En
este contexto, las actuaciones de la Administración que causen
perjuicio a la ciudadanía o al personal a su servicio se quedan impunes
en muchos casos, existiendo de facto un desequilibrio claro en la
posibilidad de exigir responsabilidad frente a la actuación de la
Administración y la persona que ve perjudicados sus derechos ante dicha
actuación
Son estas circunstancias las que han llevado al Área Pública de CCOO
a tomar la iniciativa, ante el anuncio de un nuevo proyecto para
aprobar o modificar la Ley que regula la jurisdicción
contencioso-administrativa, para exigir que se retiren las costas
judiciales para este orden jurisdiccional
