CCOO remite al PSOE sus propuestas en materia de Justicia con el fin de que se incorporen al programa de gobierno que ha trasladado al resto de partidos políticos


23 feb. 2016



Para CCOO las propuestas del PSOE son insuficientes para solucionar los graves problemas históricos de la Administración de Justicia española. CCOO le reclama además un firme compromiso contra la privatización de cualquiera de los servicios que presta la Administración de Justicia.



El Partido Socialista, con el objeto de encontrar apoyo para la formación del nuevo Gobierno que el Jefe de Estado ha encargado a Pedro Sánchez, ha elaborado el “PROGRAMA PARA UN GOBIERNO PROGRESISTA Y REFORMISTA – PROPUESTA DEL PSOE – 8 DE FEBRERO DE 2016” en cuyo apartado V.9 se refleja lo referente a la Reforma de la Justicia. Este documento es el que el PSOE ha remitido al resto de grupos políticos para las negociaciones tendentes a la formación del nuevo gobierno.

De la introducción de dicho documento podría desprenderse que ha sido la crisis económica la que ha motivado el “atasco” de los juzgados y tribunales españoles. Para CCOO esta apreciación no se corresponde con la realidad, toda vez que el retraso y la ineficacia de la Administración de Justicia es un hecho que podemos calificar de histórico, tanto como la percepción de la ciudadanía de que “existe una clara desigualdad en función de la capacidad económica de los que intervienen en los procesos judiciales”. En todo caso, el ataque a los servicios públicos perpetrado por la mayoría absoluta del PP (y también por gobiernos autonómicos de todo signo político) en los últimos años con la excusa de la crisis económica ha empeorado, si cabe, esta situación de la Administración de Justicia.

El documento contiene propuestas sobre derecho positivo (que CCOO comparte) así como otras de carácter procesal y organizativo más discutibles, pero no da solución a las deficiencias, como decimos históricas, de carácter estructural y de carencia de medios personales, materiales y tecnológicos que impiden que la Administración de Justicia funcione de forma satisfactoria, es decir, con calidad, igualdad, imparcialidad y celeridad. Dicho de otro modo, aun en el supuesto de que se llevaran a cabo todas las propuestas que el PSOE formula en su programa de gobierno, los problemas señalados en la justicia española persistirían, ya que no existen los medios suficientes para impartir un servicio público de la Administración de Justicia que satisfaga sus obligaciones constitucionales.

Para CCOO el próximo gobierno (al contrario de lo que han hecho todos los anteriores en el periodo democrático) debería apostar decididamente por una Administración de Justicia entendida como un servicio público, universal, gratuito, cercano a la ciudadanía y atendido en exclusividad por empleados y empleadas públicos/as.


En otro orden de cosas, CCOO entendemos que todos los partidos políticos deben asumir un serio compromiso de despolitizar el Poder Judicial y sus órganos de gobierno, de tal forma que se garantice la imparcialidad de los Juzgados, Tribunales y Fiscalías, especialmente en el control judicial de los otros poderes e instituciones del Estado.

Alegaciones concretas de CCOO a las propuestas del PSOE para la reforma de la justicia:


1.- CCOO mostramos nuestro total acuerdo con las medidas que se plantean en relación con la derogación de la prisión permanente revisable, del artículo 315 del Código Penal que restringe el derecho de huelga y de la limitación de los plazos para la instrucción penal; también compartimos las propuestas para mejorar la justicia gratuita, con la supresión total de las tasas judiciales y con el fortalecimiento de los derechos de los consumidores.
2.- En relación con la propuesta de revisión (suponemos que al alza) de las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad (hacienda pública, ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo), CCOO entendemos que la elevación de las penas carece de eficacia, ni tan siquiera en su efecto disuasorio, si la misma no va acompañada de las medidas a las que hemos hecho referencia tendentes a que la justicia pueda impartirse con celeridad y calidad, es decir, y repetimos, sin la dotación de los medios suficientes.

3.- Lo mismo podemos decir sobre la propuesta de atribución de la investigación criminal al Ministerio Fiscal que, además, nos puede situar ante el riesgo de parcialidad en determinados delitos (fundamentalmente aquéllos cometidos por cargos públicos) dada la dependencia jerárquica de los y las fiscales que deben acatar las instrucciones de la Fiscalía General del Estado cuyo/a titular está nombrado por el Gobierno, frente la independencia de los jueces y las juezas. Desde nuestro punto de vista, la asignación de la instrucción criminal a las fiscalías solo ofrecería las suficientes garantías si el o la Fiscal General de Estado se eligiese de forma directa por la ciudadanía y no pudiese ser removido/a de su cargo a capricho del gobierno de turno. Solo en ese sentido CCOO mostraríamos nuestro acuerdo con la Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que se plantea.

4.- Se propone en el documento del PSOE “reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ”. Para CCOO, son formulaciones vacías de contenido, toda vez que no se concreta en qué sentido se acometerían estas reformas por un futuro gobierno; solamente, en una posterior propuesta, se refleja la creación “de los tribunales de instancia que sustituirán a los órganos unipersonales”. Al respecto, CCOO apostamos por:

a) Una oposición frontal a cualquier tipo de privatización y la recuperación para el ámbito público de aquellos servicios que hayan sido privatizados, en concreto:

- El mantenimiento de los Registros Civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal de la Administración de Justicia, abandonándose definitivamente el proyecto de su asignación a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

- La derogación de todas las disposiciones vigentes que han venido asignando a los Notarios y Registradores de la Propiedad determinadas actuaciones del Registro Civil, como los expedientes de nacionalidad y de matrimonio civil.

- La asignación en exclusiva de los actos de comunicación y ejecución a los funcionarios públicos de la Administración de Justicia, derogándose las disposiciones legales que permiten su práctica a los Procuradores de los Tribunales que, por un lado, actúan en estos casos como jueces y parte y, por otra parte, discriminan a las personas que carecen de medios para ser atendidos por estos profesionales privados.

- La prestación de los servicios de atención a las víctimas de delitos y de los equipos de psicólogos y trabajadores sociales que asesoran a los juzgados de familia y de menores por empleados y empleadas públicas.

- La recuperación para el ámbito público de los servicios accesorios de la Administración de Justicia, como puedan ser la formación profesional o la atención a los usuarios de los sistemas informáticos.

- La derogación o reforma sustancial del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, desvinculándolo de los intereses de la patronal de las compañías de seguros.


b) Un aumento significativo del número de Juzgados y Tribunales, de Jueces, Fiscales y demás personal funcionario de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia y personal laboral que nos acerque a la media de los países más avanzados de nuestro entorno.

c) Profesionalización del personal de la Administración de Justicia. En este sentido, todas las plantillas de empleados/as públicos/as de la Administración de Justicia deben estar ocupadas por personal titular, no pudiéndose permitir cifras escandalosas que alcanzan el 30% de personal eventual en puestos de trabajo y servicios que son permanentes y estructurales. Para ello deben convocarse ofertas de empleo público suficientes para cubrir el 100% de las plazas.

d) Debe mantenerse la estructura actual de la planta judicial basada en la existencia de partidos judiciales que garantizan un servicio público de la Administración de Justicia cercano a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia machista.

Medidas que plantea CCOO en la doble de vertiente de Administración de Justicia y Violencia sobre la Mujer:


En el apartado V.2 del documento del PSOE se enuncian determinadas medidas para un “pacto social, político e institucional contra la violencia de género”. Para CCOO, deben adoptarse por el futuro gobierno medidas específicas en materia de Administración de Justicia para mejorar en la lucha contra esta lacra social, y nos extraña que ni en este apartado de las propuestas del PSOE ni en el que hemos analizado anteriormente de reformas en la justicia se haga ninguna referencia sustancial a estas medidas, más allá de una genérica propuesta de “acompañamiento judicial personalizado” (¿?) o de “ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras” de la Ley Orgánica 1/2004, sin expresarse en qué sentido.

CCOO proponemos la inclusión en el programa del próximo gobierno de las siguientes medidas en materia de Administración de Justicia, todas ellas relacionadas con la violencia sobre las mujeres:

1.- Ampliar el número de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer y derogar el artículo 87 bis de la LOPJ que permite al gobierno por decreto ampliar su jurisdicción a otros partidos judiciales con el consiguiente alejamiento de las víctimas de los órganos especializados para su correcta atención.

2.- Incrementar los medios humanos en los juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer y mejorar la especialización y formación de Jueces. Fiscales, Letrados de la Admón. de Justicia, Médicos Forenses y cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, con cumplimiento de la directiva del parlamento europeo y del consejo del 25 de Octubre de 2012 que ordena que los Estados miembros garantizarán que la policía, los fiscales y el personal de los juzgados reciban formación general y especializada a un nivel adecuado al contacto que mantengan con las víctimas con el fin de que se sensibilicen con sus necesidades y de que las traten de manera imparcial, respetuosa y profesional (considerando nº 61; y artículo 25 de la Directiva).

3.- Mejorar sustancialmente los medios materiales y los edificios judiciales que incumplen la mencionada directiva europea en el sentido de evitar el contacto de la víctima con el agresor y garantizar el derecho a la intimidad de aquélla, entre otros de sus derechos.

4.- Adopción de medidas legales y sancionadoras en el caso de que no se respete el principio de inmediación procesal que obliga a la presencia física del juez o la jueza en los actos procesales relacionados con la prueba o declaración de las partes y testigos.

5.- Garantizar como servicio público las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, incrementar su número y distribución territorial y mejorar también sus medios materiales y personales.

Alegaciones de CCOO - Justicia a la propuesta de programa de gobierno del PSOE