CCOO CONSIGUE QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA ACEPTE LA CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARITARIO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS JUZGADOS, TRIBUNALES Y FISCALÍAS
CCOO ha denunciado en la reunión celebrada en el día de hoy la falta de información y participación del personal y de sus representantes sindicales y hemos vuelto a solicitar mejoras en las condiciones de trabajo y en las instalaciones y medios materiales de todos los órganos judiciales (incluidos los Juzgados de Paz) y la solución inmediata de los innumerables problemas que se están generando en las aplicaciones informáticas
- CCOO ha exigido al Ministerio de Justicia el establecimiento de mecanismos de participación de los trabajadores y las trabajadoras a través de sus representantes sindicales estableciéndose sistemas ágiles y paritarios de evaluación continua en la implantación de las nuevas tecnologías y hemos manifestado que la implicación y participación del personal es la única garantía de éxito de esta necesaria modernización de la Administración de Justicia.
- La Secretaria de Estado ha accedido a esta exigencia de CCOO anunciando que se establecerán grupos de trabajo paritarios Administración-Sindicatos donde canalizar las quejas y adoptar soluciones urgentes a cualquier problema que pudiera plantearse.
- CCOO nos ponemos a disposición de todas y todos los compañeros para hacer llegar a las administraciones competentes las incidencias que se planteen en la implantación de estos nuevos sistemas de trabajo esperando que hagáis llegar de forma urgente a los Delegados y Delegadas Sindicales de CCOO de Justicia cualquier problema que se os vaya planteando.
Con la asistencia de la Secretaria de Estado
de Justicia se ha celebrado en el día de hoy una reunión entre la
Administración y los sindicatos para informarnos sobre la implantación del
expediente digital que no tendrá que ser efectivo hasta el 7 de Julio de 2016. No
coincide esta fecha con la propaganda oficial del Ministerio de Justicia que ha
insistido, a bombo y platillo, el fin del papel el 1 de enero de 2016.
Desde el 1 de enero de 2016 todas las
comunicaciones entre los procuradores y abogados y los juzgados, tribunales y
fiscalías deberán realizarse a través de las aplicaciones informáticas que no
estarán listas para su puesta en marcha en algunos territorios del ámbito no
transferido. El 7 de Julio de 2016 es la fecha fijada legalmente para la
implantación del “papel 0”, lo que supondrá una modificación sustancial e
histórica de los métodos de trabajo en la Administración de Justicia y exigirá
un cambio de mentalidad de los empleados públicos de la Administración de
Justicia y de los profesionales que intervienen en ella.
Las previsiones del Ministerio de Justicia, que
en algunos casos no responden a la situación real, son que el sistema estará
listo para funcionar en todo el ámbito no transferido; también en Aragón,
Asturias, La Rioja y Galicia (donde también se utiliza el sistema Minerva de
gestión procesal) y Andalucía, Madrid y Canarias (con aplicaciones informáticas
propias). En Cantabria y Navarra, a través de los sistemas Vereda y Avantius se
recibirán los escritos que se imprimirán, por el momento, para su tramitación
en papel. En Cataluña solo se suprimirá el papel dónde esté implantado el
sistema justicia.cat y se prevé su implantación total el 30 de junio de 2016.
De Euskadi el Ministerio reconoció no tener ninguna información. Valencia, por
último, ha reconocido su imposibilidad de implantar el sistema digital que no
podrá estar listo hasta finales de 2017.
Se informó igualmente que están también
ultimándose los sistemas mediante los cuales las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, los hospitales y el resto de Administraciones Públicas se
comunicarán de forma telemática con la Administración de Justicia. Entre tanto,
por ejemplo, deberá escanearse en los juzgados de guardia toda la documentación
que se reciba para su gestión telemática por parte del Ministerio Fiscal.
CCOO hemos mostrado
nuestra firme apuesta por la modernización de la Administración de Justicia que
venimos reivindicando desde hace años pero hemos reprochado al Ministerio y
lo estamos haciendo también, en su caso, en las Comunidades Autónomas con
transferencias los siguientes aspectos:
- La falta de
información y de participación de los trabajadores y las trabajadoras y de
sus representantes sindicales que, en definitiva, serán quienes tengan que
poner en práctica este nuevo sistema de trabajo.
- La mala coordinación
con las Administraciones Autonómicas con competencias en materia de
justicia que va a provocar, de nuevo, una Administración de Justicia
desigual para trabajadores y ciudadanos dependiendo del territorio.
- También la
descoordinación entre la implantación de la NOJ y la implantación de
nuevas tecnologías.
- La contradicción
que supone la implantación de medios tecnológicos para la gestión procesal
mientras aun persisten multitud de edificios judiciales con instalaciones
obsoletas, en algunos casos ruinosas, que no cumplen los mínimos exigibles
para la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras ni para la
buena y digna atención de la ciudadanía.
- El olvido
absoluto de los Juzgados de Paz, donde no solo las instalaciones, sino
también los medios materiales siguen siendo en muchos casos indignos,
abandonados en muchísimos casos por el Ministerio de Justicia y las
Comunidades con transferencias a la suerte de la buena voluntad de los
Ayuntamientos y donde el anuncio de digitalización de la gestión procesal
causa hilaridad en quienes trabajan o asisten a estas oficinas judiciales.
- La coexistencia
de dos sistemas de trabajo, uno para los asuntos ya en trámite y otro para
los nuevos asuntos con el consiguiente desbarajuste en las tareas diarias
y en la atención a la ciudadanía.
- La imposibilidad
en la comunicación entre órganos judiciales de distintas comunidades
autónomas en el supuesto de que en alguna de ellas no esté implantado el
sistema de gestión digital.
- La dificultad
que supone la digitalización de libros y documentos de mucha extensión o
de formato distinto al papel normal.
- Los múltiples
fallos informáticos y la falta de atención rápida para su solución con caídas
constantes del sistema en muchos centros de trabajo
- La necesidad de
evaluar la nueva situación laboral derivada de la nueva organización del
trabajo que debería conllevar:
.- La
mejora sustancial de las condiciones de trabajo, tanto retributivas como en
relación con otros derechos, fundamentalmente, la formación y la promoción
interna.
.- La revisión al alza de las plantillas.
.- La evaluación de los riesgos psicosociales de salud laboral que pudieran derivarse del nuevo sistema organizativo.
.- La clarificación de las funciones de cada uno de los cuerpos de funcionarios y la extensión de los complementos de productividad que cobran los Secretarios al resto de integrantes de la oficina judicial.
