CCOO rechaza las bases definitivas de los procesos selectivos 2015


7 oct. 2015


El Ministerio de Justicia no incorpora el 90 % de las alegaciones presentadas por CCOO y por el resto de organizaciones a las bases de las oposiciones 2015.

CCOO manifiesta al Ministerio de Justicia su rechazo a las bases definitivas que regirán los procesos selectivos y que próximamente se publicarán en el BOE

PARA CCOO, EL MINISTERIO DE JUSTICIA TERMINA LA LEGISLATURA COMO LA EMPEZÓ: DEMOSTRANDO SU NULO INTERÉS EN APOSTAR POR UNA VERDADERA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE LUCHE CONTRA LAS CONDICIONES DEL EMPLEO EN PRECARIO Y SEA GARANTISTA CON LOS DERECHOS DE LAS Y LOS OPOSITORES


El Ministerio de Justicia ha remitido el 6 de octubre, a las organizaciones sindicales representativas, las bases definitivas de las convocatorias de oposiciones 2015 de los cuerpos generales de Gestión, Tramitación y Auxilio, que, según su propia información, se publicarán en el BOE en los meses de octubre (Gestión) y noviembre (Tramitación y Auxilio Judicial). Faltan por remitir las bases de Médicos Forenses, Secretarios Judiciales y Facultativos, plazas incluidas también en el Real Decreto de OEP 2015, publicado en el BOE el 22 de marzo de 2015.

Las bases no recogen ninguna de las alegaciones esenciales de las que presentó CCOO, y, con respecto a las remitidas inicialmente, no presentan  modificaciones significativas. Esto supone una vez más que las personas que deseen optar a un puesto de trabajo en la Administración de Justicia tendrán que enfrentarse a un proceso selectivo que, a juicio de CCOO, no respeta algunos de los principios constitucionales que deben regir las ofertas de empleo público, dejando por tanto a las y los opositores en una total inseguridad jurídica, especialmente en relación a los programas que rigen dichos procesos y las pruebas de carácter práctico

Algunos de los pocos aspectos positivos de las bases (que los opositores/as que reúnan los requisitos se puedan presentar a los dos turnos, promoción y libre, y, como contrapartida negativa, que las plazas sin cubrir del turno de promoción no van a incrementar las del turno libre; y que se elimine la obligación del curso selectivo, cuestión reclamada por CCOO desde hace años) no son ningún mérito del Ministerio de Justicia. Pues ambas cuestiones se derivan de la reforma de la LOPJ, que ha entrado en vigor el 1 de octubre.

Para CCOO, el Ministerio de Justicia rechazando nuestras alegaciones:

Ø  No garantiza la seguridad jurídica de los opositores/as al no aceptar la justa reclamación de CCOO para que el temario de todos los procesos selectivos incluya exclusivamente la normativa publicada en el BOE vigente en el momento de la convocatoria.

Ø  No asegura la cobertura del 100 % de las plazas en ninguno de los turnos, ni en el libre ni en el de promoción interna.

Ø  No se compromete expresamente en las bases a asegurar que las preguntas de los Tribunales se atendrán exclusivamente  a los programas establecidos y se ajustarán a la titulación requerida para el acceso a cada cuerpo.

Ø  Demuestra de nuevo la poca importancia que el Ministerio de Justicia da a la lucha para combatir al máximo el empleo en precario existente en la Administración de Justicia. CCOO defiende el acceso por ambos turnos por el sistema de concurso oposición, igual que se aplicó en los procesos 2006 y 2008, y que dieron un resultado muy satisfactorio. Consideramos que el proceso selectivo debe ser una herramienta para reducir al máximo el empleo en condiciones precarias en la Administración de Justicia, siempre que respete la condición imprescindible de garantizar los principios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad.

Al no aceptar ni siquiera el 10 % de las propuestas sindicales, el Ministerio de Justicia demuestra dos cosas:

Ø  El nulo valor que da a la negociación en las cuestiones de máxima importancia para los trabajadores/as, como son las oposiciones, uno de los pilares fundamentales para la defensa del empleo público.

Ø  El poco interés que tiene el Ministerio de Justicia en comprometerse a que los procesos selectivos van a gozar de la máxima seguridad jurídica, y que nadie verá sus esfuerzos anulados por un proceso selectivo que no cumpla con las garantías que deben exigirse en una oferta de empleo público.