En esa encuesta se preguntará si quieren realizar una huelga antes de que finalice el año y qué tipo de huelga: temporal o indefinida. Así lo expusieron los representantes de los sindicatos judiciales en una rueda de prensa que se desarrolló en una de las salas de vistas de la Audiencia Provincial.
Pablo Valeiras de Comisiones Obreras señaló que los trabajadores están perdiendo entre 850 y 2.500 euros anuales. Indicó además que la Xunta realiza una política discriminatoria entre funcionarios. Según denunció magistrados y fiscales no sufren descuentos económicos a partir de los 20 días de baja mientras que al resto de trabajadores judiciales se les restan 500 euros.Los representantes sindicales apuntaron además que en la ciudad de Pontevedra van a perderse 6 puestos de trabajo según las previsiones que se hacen desde la Consellería de Xustiza.
Según estas fuentes sindicales, en Pontevedra trabajan 1.100 personas en la Administración de Justicia y 2.500 en Galicia.
Publicado o 16/10/2013 en www.pontevedraviva.es
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