Publicación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social


16 may. 2013


Finalmente, y en solitario, el PP ha sacado adelante la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y hoy se ha publicado en el BOE.
CCOO y UGT criticaron la proposición del Gobierno del PP frente a los desahucios, en solitario y en contra del resto de los grupos parlamentarios, y exigieron su retirada, porque no recoge ni el espíritu ni la letra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, lo que supone una falta de respeto al gran respaldo ciudadano que obtuvo esta iniciativa. Un millón cuatrocientas dos mil y pico de firmas respaldaron esta ILP,  desatenderla supone dar la espalda a las demandas y los problemas de las personas: solo en el año 2012 se produjeron 70.252 órdenes de desahucio.

Esta Ley no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria ni de los que ya han sido desahuciados, ni de los que lo serán en el futuro. Miles de ciudadanos continuarán perdiendo la vivienda (las ejecuciones hipotecarias continuarán su curso y finalizarán con la pérdida de la vivienda, incluso en los pocos casos en los que se puedan acoger a suspensión temporal de los lanzamientos) y continuarán endeudados con los bancos, porque el Gobierno no admite que pueda darse una dación en pago de la vivienda por el total de la deuda. Por tanto, esta propuesta no representa una solución para los desahucios, ni ofrece una segunda oportunidad a las personas sobre endeudadas.

Desatender la ILP por la dación en pago, supone una falta de respeto a los ciudadanos


Tampoco se da solución a la problemática del acceso a la vivienda. El Ejecutivo y su partido en el Parlamento han desaprovechado una oportunidad histórica para hacer que España disponga de un amplio parque de alquiler social a partir de los stocks de viviendas vacíos propiedad de la banca.
Nuestro país, a diferencia de los países de nuestro entorno europeo, no tiene un gran parque público de alquiler, que es imprescindible para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda. El Gobierno propone un raquítico número de viviendas, las que no han podido ser adquiridas por el SAREB, en el denominado Fondo Social de viviendas. De esta manera, favorece a la banca, librándonos de unos activos tóxicos, y se evita crear un verdadero parque público de vivienda. Todo ello supone un verdadero escándalo y una burla.

Sobre la sentencia del Tribunal Europeo, el Gobierno se limita a modificar lo estrictamente necesario para evitar que se declaren nulas las hipotecas debido a las cláusulas abusivas que contienen. Realiza una mera operación de maquillaje porque quiere que todo continúe igual.

CCOO considera que el proyecto de ley, además de no adaptar la legislación conforme al espíritu de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, no resuelve el problema del sobreendeudamiento de las personas, salvaguarda los intereses de la banca condenando a las personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas por la crisis actual a la exclusión social, además de no crear un parque de alquiler social para dar solución a la infinidad de trabajadores que no pueden acceder a una vivienda en propiedad.

El partido del Ejecutivo no puede seguir dando la espalda a los ciudadanos, por lo que ambos sindicatos respaldan las movilizaciones llevadas a cabo contra esta propuesta. El Gobierno tiene que rectificar y dar una respuesta inmediata a las problemáticas sociales de los ciudadanos y ciudadanas de este país que no pueden pagar la vivienda debido a la carencia de trabajo y de ingresos.