UN CHALANEO INDIGNO PARA DISIMULAR LA INIQUIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES
Por Andrés de la Oliva
Es un doble truco: Truco A) Le cobro una enormidad por un producto durante dos meses. Y al cabo de los dos meses, le anuncio que sólo le cobraré un 20% de la enormidad. B) Finjo la supresión del Parlamento y presento la gran rebaja como inminente (porque, al parecer, dos leyes, dos, no una, serán modificadas de la noche a la mañana por una instrucción o un email ministeriaL). Ejemplos de funcionamiento real del “truco”: 1) Le cobro 100 euros por consumir en cualquier bar, además de un 0’5 % de lo que cueste la consumición. Le tengo dos meses así, sin café o con un café solo a 103 euros. Y luego aparezco como una oferta fantástica: sólo le cobraré 4 euros por un café solo (que le venía costando 1’20 euros)… dentro de unos meses. 2) Le cobraba 800 euros fijos por apelar y 1200 euros fijos por recurrir en casación. Y le cobraba un plus del 0’5 % de la cuantía. Pues bien, ¡mire Vd. qué ganga!: ahora le seguiré cobrando los 800 o los 1200 euros, pero con un plus de 0’10 % según la cuantía. De modo que lo que antes le salía a Vd. por 11.300 euros ahora se lo dejo en 5.600.
Para cualquiera con un mínimo sentido crítico, lo único que esta novedad supone es el reconocimiento de que Vds., Sr. Ruiz Gallardón & Co., pretendían expoliarme por un artículo de primera necesidad y ahora se conforman con explotarme por el mismo producto: la tutela judicial, la Justicia. Vds. han visto que la “compra” de ese “producto” descendía vertiginosamente e indignaba hasta al más pasota y, visto lo visto, se proponen seguir vendiéndome la Justicia a un precio alto, a ver si la indignación se calma y el truco funciona, de modo que hasta quedan Vds. como unos Benefactores de la Patria.
No otra cosa es lo que el día 20 de febrero de 2012 nos cuenta Alberto Ruiz Gallardón, al alimón con Dña. Soledad Becerril, Defensora del Pueblo (DP). Pero el doble truco puede funcionar cuando debería ser visto como lo que es, una desvergüenza tramposa y depredadora.
Pues a ver si me expreso con claridad y lo ven claro los lectores y los parientes, amigos y allegados de los lectores de este modesto blog, POR DERECHO.
Poner impuestos al hecho de acudir a la Justicia es una iniquidad inaceptable cuando esos impuestos son disuasorios u obstativos para quienes no andan sobrados de dinero líquido, que son millones de españoles, personas físicas o representantes de personas jurídicas en situación de estrechez económica. Se podrían aceptar unas tasas muy bajas, que no pudiesen tener nunca esos efectos disuasorios u obstativos y se podría aceptar —aunque al Estado le resultase difícil gestionarlo—, dentro del marco de esas tasas muy bajas, gravar más a los que tienen más y gravar menos o mucho menos a quienes tienen menos o mucho menos. No era y no es eso lo dispuesto en la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, aprobada con los únicos votos del Partido Popular en virtud de un proyecto de ley propuesto por el Gobierno por iniciativa del aún Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Pero también era y es inicuo gravar por igual —muy fuertemente— a los muy desiguales en recursos monetarios. Era y es inicuo gravar por igual a los grandes usuarios de la Justicia y a las personas físicas que ocasionalmente se vean en el trance de pretender la tutela de los tribunales de justicia. Y era y es absolutamente arbitrario establecer una presunción de litigiosidad temeraria, como la que pretendía justificar el efecto disuasorio de las tasas. Naturalmente, el Derecho —Constitución Española de 1978 incluída— no ampara ni la iniquidad ni la arbitrariedad.
Tampoco la sociedad civil debía tolerar la mentira: la mentira masiva y reiterada, aunque la Constitución no la prohiba, está muy mal. Hay países en que un Ministro se tiene que ir a su casa si miente sobre una multa de tráfico y dice que conducía su mujer cuando era él quien estaba al volante. Además, la mentira, en materia de finalidad e importe de los impuestos, no es otra cosa que una estafa perpetrada al abrigo del Estado. O quizá sea más claro afirmar que es, en términos del lenguaje ordinario, un atraco en busca del dinero, sólo que sin correr los riesgos que corre el atracador ordinario: que le peguen un tiro y que le encarcelen.
Sin embargo, se dijo que las tasas judiciales de la Ley 10/2012, que —hay que decirlo, dentro de esta necesaria aclaración: ahí están, ahí siguen, provocando diarias denegaciones de justicia y así seguirán durante meses, en el mejor de los casos— se establecían para sufragar los costes del servicio de asistencia jurídica gratuita. Mentían todos los responsables de esa Ley, porque la finalidad de esas tasas era y es claramente recaudatoria de todo lo que pueda recaudarse, sin más, pues el importe total de lo que se recauda con las tasas ingresa en el Tesoro Público y se hará con él lo que diga la Ley de Presupuestos (cuyo contenido futuro se ignora, como es natural). Ni uno solo de los responsables de esa Ley vergonzosa, promovida por un personaje desprovisto de vergüenza, ha explicado el coste de ese servicio ni menos aún, claro está, ha justificado que las tasas judiciales tengan la cuantía que tienen.
Esto, si se relacionan las tasas con la asistencia jurídica gratuita. Pero es igualmente válido —es decir, la mentira de los responsables de la Ley 10/2012 existe igualmente— si las tasas pretenden obtener recursos económicos para costear (parcial o totalmente) la Justicia. En este supuesto, ni se ha explicado ese coste ni se han justificado las tasas judiciales de la Ley 10/2012, que se tramitó sin memoria económica.
El 20 de febrero de 2013, el Ministro Ruiz Gallardón afirma acceder a las propuestas de la DP y anuncia unas “rebajas sustanciales” de las tasas. No es verdad —diga lo que diga ahora la DP: las cosas constan por escrito— que el Ministro haya accedido a sus propuestas. Concretamente, ni anuncia la supresión de tasas en los recursos contencioso-administrativos contra actos sancionadores de las Administraciones Públicas ni anuncia la eliminación de las tasas para los recursos de suplicación y casación en el orden jurisdiccional social, como la DP expresamente solicitaba.
Hay, sí, en el anuncio del Ministro —del que no podemos fiarnos, porque ha anunciado con más publicidad y solemnidad que en este asunto grandes iniciativas de cambio y luego ha propuesto exactamente lo contrario— rebajas que parecen sustanciales. Por ejemplo, la de bajar la parte variable de ciertas tasas del 0’50 % de la cuantía al 0’10%. Pero como tenemos muy fundadas razones para no fiarnos de un especialista en causar dolor a los demás en todos los puestos de gobierno que ha desempeñado —¡hay que ver cómo ha dejado el Ayuntamiento de Madrid!—, lo importante del anuncio de rebajas es que demuestra contundentemente la finalidad exclusivamente recaudatoria de lo que sea que las malditas tasas judiciales han tenido desde el principio, impuestas sin cálculos ni justificación de ninguna clase y con la única finalidad de obstaculizar a la gente corriente el acceso a la Justicia. Si no hubiese y no fuese sido así, no podría anunciar ahora rebajas tan pretendidamente sustanciosas. Y si las tasas judiciales de la Ley 10/2012 se hubiesen en verdad establecido en relación con el coste de la asistencia jurídica gratuita, la también meramente anunciada “sustancial” ampliación de esa asistencia gratuita, de ser realidad, obligaría a subir las tasas. Todo queda al descubierto con este chalaneo. El truco deja paso a la trampa.
Mientras tanto, el acceso a la Justicia sigue perfectamente abierto para los poderosos de toda clase que siempre han sido la compañía predilecta, casi diríamos que la compañía natural, de este lego impenitente en Derecho, el Sr.Ruiz Gallardón, que es, eso sí, un señor importantísimo, que un día ya muy lejano ganó plaza en el escalafón de la Carrera Fiscal (y que, por una ley aprobada a hurtadillas, posee hoy en esa Carrera toda la antigüedadcorrespondiente a su dilatada e ininterrumpida trayectoria política).
Publicado o 20/02/2013 en Porderecho - II época
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