Por Rodrigo Atena Arregui
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre el anteproyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. En un post que publicamos antes de las elecciones generales (en noviembre de 2011) con la finalidad de analizar los programas electorales de los distintos partidos en este importante asunto de la independencia de la Justicia (aquí), comentaba así la propuesta del PP:
“En relación al CGPJ se propone sencillamente volver al sistema originario de elección exclusiva por jueces y magistrados de los 12 no reservados al Parlamento. La propuesta gana en independencia respecto de los que hay ahora, pero también en corporativismo, que es el argumento que el PSOE utilizó en 1985 para reformar la ley. Conviene recordar de todas maneras que el PP no cambió el sistema pese a estar ocho años en el poder y que ha participado activamente durante todo este tiempo en todos los manejos imaginables. Ahora propone la reforma. Veremos.”
Bueno, pues ya hemos visto. La verdad es que resulta muy útil releer continuamente el programa electoral del PP, sobre todo si uno quiere conocer de antemano lo que el Gobierno NO va a hacer y, de paso, claro, lo que va a hacer: lo contrario de lo que prometió.
El tema del CGPJ no es un tema secundario. La Justicia es la piedra angular del Estado de Derecho y si es sensible a las presiones políticas o funciona mal, ni puede controlar al poder público ni tampoco al privado. El riesgo evidente es, en consecuencia, volver a ese estado de Naturaleza en el que cada uno, como nos advirtió Spinoza, recupera su “derecho” a hacer lo que le dé la gana, sea banquero, líder político o fontanero. Pero no sé por qué me da que al banquero y al líder político les va a resultar más fácil, vaya.
Pues bien, el CGPJ es clave en la regeneración de la Justicia, porque en sus manos está el régimen básico de premios y castigos: la política de nombramientos en los tribunales superiores del Estado (que tanto interesa controlar a los políticos) y el régimen disciplinario. Por eso, como comentaba también en este otro post sobre el tema (aquí), a la hora de diseñarlo es necesario huir de dos peligros muy evidentes. Por una lado, existe el riesgo de que, tratando de conseguir una judicatura ferozmente independiente, la convirtamos en irresponsable, una especie de casta que vele por sus propios intereses y no rinda cuentas de su actuación a nadie (riesgo evidente si a los consejeros les nombran sólo los jueces). Por el contrario, a ver si por intentar hacerla responsable y conectada a los intereses de la ciudadanía, la vamos a transformar en una mera correa de transmisión de los políticos profesionales y de sus personales intereses partitocráticos (peligroso si a los consejeros les nombran sólo los políticos).
Hoy existe una clara conciencia de que el actual diseño de la institución nos ha metido de cabeza en el segundo riesgo, aunque, bien pensado, el actual sistema es un conglomerado de vicios casi perfecto, pues aúna simultáneamente falta de independencia e irresponsabilidad; quizás porque a los políticos, que son los que mandan, tampoco les interesa demasiado fomentar la responsabilidad interna del sistema, por lo menos no al precio de poner en peligro sus apaños a la hora de designar jueces cercanos en puestos sensibles.
Por eso, la cuestión clave es la siguiente: ¿el proyecto del Gobierno implica alguna mejora respecto de lo que ya tenemos? Les anticipo la respuesta: NO. Pero como comprendo que no tienen por qué creerme vamos a comprobarlo juntos.
Según la nota de prensa del Ministerio de Justicia (aquí), la reforma básicamente sólo incluye dos novedades. La primera es que podrán presentar su candidatura todos los jueces y magistrados en activo que reúnan un mínimo de 25 avales o el de una asociación judicial. La segunda es que sólo tendrán dedicación exclusiva los miembros de la comisión permanente, que rotarán anualmente.
Pensar que con esta reforma van a cambiar algo las cosas es de una ingenuidad pasmosa, a la que se apuntaba por cierto el editorialista del diario El País del día 22, cuando afirmaba lo siguiente: “Ruiz-Gallardón considera que la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros contribuirá a despolitizar el CGPJ; podría ser cierto si las fuerzas políticas —especialmente el partido del Gobierno, que cuenta con la mayoría absoluta— se decidieran a consensuar candidatos con criterios de más enjundia que la proximidad ideológica.” Pero como yo no pertenezco a esta peña, sino más bien a la de la sospecha -y no tanto por haber leído a Nietzsche y a Sarte como por haber soportado a González, Aznar, Zapatero y a Rajoy- creo que si los partidos no han consensuado candidatos antes, no lo van a hacer ahora.
Sin duda ahora tendrán más donde elegir. ¿Y qué? Dice el proyecto que los partidos “procurarán” respetar en su elección la proporción entre afiliados y no afiliados existente en la carrera judicial. Así que ni siquiera eso se les impone. Mientras la elección se realice por cuotas –y eso no va a cambiar- cada partido buscará a los suyos y, con más o menos dificultades –tampoco muchas- los encontrará.
En conclusión, los partidos están muy cómodos con este sistema y no lo van a cambiar. Si Gallardón proponía otra cosa es porque pensaba que, eligiendo los jueces, y dado el peso de la Asociación Profesional de la Magistratura, el resultado no iba a ser malo para el PP, pero en el fondo ningún partido tiene interés en defender la independencia de la Justicia. Sin embargo, otros sistemas son perfectamente posibles. Como comentaba en el primero de los post citados, en la pasada legislatura un partido político, UPyD, presentó en el Parlamento una propuesta interesante (aquí) Sugirió, simplemente, que esos jueces no fuesen nombrados sólo por sus pares, sino también por otros profesionales muy interesados en el correcto funcionamiento de la Justicia, como fiscales, abogados y secretarios judiciales. En Francia, con un número de miembros mucho más reducido, se permite a los fiscales y a los consejeros de Estado designar un representante. En España, por imperativo constitucional, ese representante tiene que ser un magistrado, pero nada impide que el elector pueda no serlo. Esto introduciría un factor de generación de incentivos muy sugestivo, pues el magistrado elegido por los abogados, que aspire además a la reelección, deberá tener en cuenta algo más que sus propios intereses corporativos.
Esta es la línea que tenemos que empezar a desarrollar de una vez por todas. Para ello deberemos superar esa retórica (más bien coartada) de que lo verdaderamente democrático es que a los consejeros los elijan los políticos. A ver si pillamos de una vez que lo verdaderamente democrático es que la Justicia sea independiente y responsable. Sin eso, no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no hay democracia digna de ese nombre. Tan fácil de decir y tan difícil de entender (y no sólo por el señor Mas).
Publicado o 02/01/2013 en www.hayderecho.com
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