El PP ha impuesto un trámite de urgencia en el Congreso de los
Diputados para la ley que establece el llamado copago judicial,
impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La norma ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios, salvo
el PP, y por todos los sectores judiciales, incluido el Consejo General
del Poder Judicial, por entender que puede vulnerar el derecho a la
tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución.
El texto eleva las cuantías de las tasas que se deben pagar para
presentar recursos y, además, las extiende a todas las legislaciones,
salvo la penal. A partir de ahora, se impone el pago de tasas, que
pueden llegar a 800 euros, para pleitos laborales o
contencioso-administrativos, que estaban exentos.
El Gobierno quiere que la ley esté en vigor el 21 de noviembre, como
fecha tope. Para eso, ayer se reunió la ponencia, a puerta cerrada, y la
próxima semana se aprobará en la Comisión de Justicia. La mayoría
absoluta del PP permite que no tenga que pasar de nuevo por el pleno,
donde Gallardón ya escuchó el lunes una catarata de críticas de los
demás grupos parlamentarios, durante el debate de totalidad.
En el Senado, el PP quiere mantener esa tramitación urgente para
aprobar la ley el 14 de noviembre. Ese día, por cierto, es el de la huelga general convocada por los sindicatos.
En la reunión de la ponencia de ayer, el PP reafirmó su idea de no
moverse del proyecto ley aprobado por el Gobierno, pese al rechazo
general. A lo más que llega es a admitir estudiar supuestos muy
limitados de exclusión del pago de tasas en recursos laborales. Fuentes
de Justicia aseguran que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se
mantiene inflexible e impide modificaciones que supongan reducciones de
recaudación.
La versión del Gobierno es que el nuevo sistema de tasas servirá para
financiar la justicia gratuita, lo que completará con un nuevo proyecto
de ley que prepara para asistencia de personas sin recursos.
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y el Sindicato
de Secretarios Judiciales (SISEJ) pidieron ayer el cese del ministro de
Justicia por el “importante grado de deterioro institucional de este
servicio público y del derecho a obtener una tutela judicial efectiva
con la imposición de tasas”.
Fuente: elpais.com
