Por Pablo Iglesias
Conocí a Ángel Carromero el pasado mes de octubre, cuando asistió a La Tuerka como representante del PP en un debate en el que se habló, entre otras cosas, de Cuba y Venezuela.
Como todo el mundo sabe, el dirigente de las Nuevas Generaciones del PP ha adquirido una enorme notoriedad a raíz de su detención en Cuba, como consecuencia del accidente de tráfico que le costó la vida a los dirigentes de la oposición cubana Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Independientemente de otras consideraciones, un accidente de tráfico mortal es una desgracia de la que cualquiera puede ser víctima; que Carromero hubiera perdido todos los puntos de su carnet de conducir no prueba, a priori, que cometiera una imprudencia susceptible de ser penada. Su presunción de inocencia debe respetarse e incluso si se probara la imprudencia en el juicio, su autor no dejaría de merecer un gesto de empatía; tiene que ser duro para cualquiera asumirse responsable de dos muertes.
Sin embargo me indigna que la militancia de Carromero en el partido del Gobierno le esté brindando unos privilegios de los que nunca han gozado otros jóvenes detenidos en el extranjero por razones políticas (que no es el caso del dirigente juvenil conservador). Me indigna también que ciertos medios de comunicación agitaran fantasmas conspiranoicos sugiriendo que el accidente podía ser un montaje para asesinar a Payá y pusieran en duda que las autoridades cubanas fueran a respetar las garantías del detenido.
El Gobierno de nuestro país se ha movilizado para facilitar a Carromero los mejores abogados y la asistencia permanente del cónsul en persona. El propio García-Margallo ha confirmado además que su ministerio está trabajando intensamente para traerle a España antes o después del juicio.
En lo que respecta a la situación del dirigente de Nuevas Generaciones en Cuba, pudimos verle en un vídeo, emitido en casi todas las cadenas, pedir a la comunidad internacional nada menos que se movilizara para sacarlo de allí y sabemos también que su condición de preso preventivo no es especialmente dura. Según publica este periódico, el dirigente juvenil del PP comparte con otra persona un apartamento con salón, televisión y cocina y además no tiene que relacionarse con otros reclusos.
He dicho que conocí a Ángel Carromero hace menos de un año. Hace casi 12 conocí a otros dos jóvenes que fueron detenidos en un país extranjero y pasaron varias semanas en prisión preventiva antes de ser puestos en libertad y regresar a España. Los detuvieron en Praga el 26 de septiembre de 2000 y yo estaba con ellos allí. Se llamaban Gaizka Azcona y Mikel Oliva y, a pesar de sus nombres, no eran vascos. Eran, como yo, estudiantes universitarios madrileños y participaban, como yo, en las movilizaciones por una justicia global que se produjeron en la capital checa mientras se reunían el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No les detuvieron por un accidente con resultado de muerte, sino por protestar.
Por aquellos dos jóvenes politizados no se movilizó el Gobierno de José María Aznar y el único apoyo institucional del que gozaron fue el del diputado europeo Pedro Marset y el de Gaspar Llamazares, que hizo una pregunta al Gobierno en la comisión de exteriores del Congreso. Uno de ellos me contó después cómo, ya detenido, varios agentes encapuchados le golpearon y se burlaron de él y también que compartió celda con un ciudadano argelino (empeñado en que podía aprender italiano a fuerza de practicarlo con un español) que trató de enseñarle (a cambio de las clases de “italiano”) a arrancar cuchillas de afeitar con los dientes por si había que defenderse de otros presos. Desde luego las condiciones en las que el país presidido por Václav Havel, tuvo a mis compañeros, eran como poco algo peores que las que Cuba brinda a Carromero. Lo que cuento no es una anécdota; hay decenas de casos documentados de activistas políticos de nacionalidad española detenidos y maltratados (en México, en Marruecos, en Israel…) que no gozaron de las atenciones que el gobierno presta al militante del PP.
Si Carromero es condenado, es posible que se aplique el convenio que le permitiría cumplir su pena en España y ello sería, sin duda, una buena noticia. Cualquier preso debería tener derecho a cumplir la pena cerca de su familia. Pero si eso finalmente ocurre es seguro que deberemos soportar el escandaloso espectáculo de ver a la derecha pedir manga ancha para que su hombre no pise un centro penitenciario. Hablamos de esa derecha defensora a ultranza de un tipo de populismo punitivo que exige cada día (contra toda la doctrina penal democrática) el cumplimiento íntegro de penas o incluso que un preso enfermo terminal de cáncer con metástasis en el cerebro se muera en la cárcel.
El affaire Carromero está poniendo sobre la mesa una verdad indignante para todos los demócratas, a saber, que el Gobierno que debiera ser el de todos es en realidad el de unos pocos y que, como decían los Habeas Corpus en un tema legendario, la ley es igual para todos pero para unos más que para otros.
Publicado o 26/08/2012 en www.publico.es
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