El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel
Juanes, defiende que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal cambie la
palabra 'imputado' por otra que tenga un sentido menos negativo.
Asimismo, propone que se utilicen los términos "sospechoso, denunciado o
procesado, que es la palabra histórica". Juanes participó hoy en un
curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de
Santander.
Según el presidente de la Audiencia Nacional el problema radica en
el sentido que se le da al sustantivo, que tiene una carga claramente
negativa. "Actualmente cuando un abogado presenta una denuncia o
querella bien fundamentada, ya se utiliza el concepto 'imputado', con el
claro estigma social que ello comporta ante la opinión pública".
Para Ángel Juanes, no se debería hablar de 'imputado' hasta que
haya una valoración previa por parte de un tribunal, es decir, cuando se
den elementos para imputarle, a lo largo sumario o durante las
diligencias previas.
El presidente de la Audiencia Nacional ha señalado, asimismo, que
si se probara que un magistrado de un tribunal se ha dejado influir por
un juicio paralelo, "la sentencia que se dictara no sería más o menos
discutible: se trataría de un caso claro de prevaricación y por lo tanto
el proceso quedaría anulado".
Según Juanes, el problema es que ese hecho actualmente es difícil
de probar. En ese sentido, ha afirmado que "el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos señala de manera abierta que los juicios paralelos
pueden vulnerar los derechos y garantías de un proceso y deja entrever
la nulidad pero no indica cuándo se da esa situación y que criterios
objetivos determinan que un determinado juicio paralelo influye en la
imparcialidad de un proceso". El juez ha apuntado que ese es el camino
que todavía queda por recorrer.
En este encuentro ha participado también la presidenta de la
Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego. Del Riego ha
señalado que "los jueces no se dejan influir por los periodistas y
resisten a la presión de los medios de comunicación" y ha mencionado el
'Caso Dívar' como paradigma de su afirmación.
Según presidenta de la APM, la Justicia no varió su posición y
dictó en dos ocasiones que la acción cuestionada no era objeto de
reproche penal. "La culpabilidad social no tiene que coincidir con la
penal, la dimisión es consecuencia del reproche social o ético", ha
afirmado Del Riego.
Publicado o 28/06/2012 en www.europapress.es
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