20-03-12. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, participó en Mérida en una asamblea de delegados y delegadas del sindicato de toda la región, donde indicó que día tras día está comprobando que el rechazo inicial y mayoritario de la sociedad a la reforma laboral se está convirtiendo en una voluntad real de participar en la Huelga General de día 29 de marzo. "Espero una participación muy importante en la huelga, porque hay motivos de sobra que la justifican", señaló.
Para Fernández Toxo la Huelga General es "el resultado inevitable ante la negativa del Gobierno a abrir un proceso de negociación y corregir la reforma laboral".
Una reforma que para Toxo es "inútil para crear empleo", además de un ataque a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadores. "Así lo reconoce el propio presidente del Gobierno, que ha facilitado unas previsiones que estremecen, con más de 630.000 personas más en paro al finalizar el año", añadió.
El aumento continuado del paro es "dramático" asegura, y lo es "en términos generales y especialmente para los jóvenes, que en más de un 50 por ciento se encuentran en situación de desempleo".
Esta grave situación se acentúa con recortes que, apunta Fernández Toxo, "afectan a nuestro modelo social, a la educación y a la sanidad y esto añade aún más motivos que justifican la Huelga General"
El secretario general de CCOO se mostró confiado en que un seguimiento masivo de la Huelga General fuerce al Gobierno a hacer "lo que no ha querido hacer hasta ahora" y la situación se reconduzca "a un terreno del que nunca debió salir".
Servicios Mínimos
En cuanto al establecimiento de servicios mínimos por parte de las administraciones, apuntó que espera que la "experiencia consolidada en la negociación sobre este tema que tenemos de otras huelgas haga que el Gobierno opte por acordar alrededor de la situación que se creó en el año 2010, porque si no lo hace, eso sería indicativo de que lo que se pretende es impedir el ejercicio efectivo del derecho de huelga".
En ese sentido, defendió que durante la jornada de huelga prima el derecho constitucional de los trabajadores y las trabajadoras a sumarse a la convocatoria de los sindicatos y que hay que velar porque su ejercicio efectivo se garantice.
"El derecho a trabajar es un derecho que hay que respetar todo el año; algunos sólo se acuerdan de este derecho los días de huelga, pero debe ser respetado todos los días", afirmó.
Por todo ello se mostró partidario de llegar a acuerdos previos sobre los servicios mínimos, "porque no me gustaría que ocurriera que, otra vez, se impusieran sin acuerdo, termináramos discutiendo y tres o cuatro años después, finalmente, nos den las razón los tribunales sobre servicios mínimos abusivos"
Irresponsabilidad de CSIF
Ignacio Fernández Toxo, a preguntas de los periodistas, criticó la posición de sindicatos como CSIF, que han decidido no apoyar la convocatoria de Huelga General.
Declaró que están cometiendo "una grave irresponsabilidad" porque, aparte de las medidas que ya están perjudicando a las personas que trabajan en el ámbito de las administraciones públicas, por primera vez, un Gobierno ha utilizado el Estatuto de los Trabajadores para introducir en la reforma laboral al personal laboral.
"Resulta que del orden de 720.000 personas, laborales al servicio de las administraciones públicas, sobre las que curiosamente no se lo podrán aplicar medidas de suspensión temporal de contrato o de reducción de jornada, sí se les podrá aplicar la medida de extinción si, como ocurre en todas las administraciones, hay una disminución de ingresos", concluyó, mostrando su preocupación por el futuro de este gran colectivo.
Carretero alerta del perjuicio especial que sufrirá Extremadura
Por su parte, el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, calificó la reforma laboral como la "más regresiva de la democracia" y alertó que Extremadura se verá perjudicada especialmente con esta reforma y los recortes presupuestarios por sus características socioeconómicas.
Mantiene que detrás de las políticas liberales se esconden intereses ocultos por depreciar el valor del trabajo y que se quiere disponer de personas sumisas, individualistas, que trabajen más a menor precio y con menos derechos.
Ante esta situación, Carretero defendió el ejercicio democrático y legítimo de los trabajadores y trabajadoras como un derecho colectivo de protesta y movilización frente a los que atacan lo colectivo y la intermediación social porque saben que son quienes pueden frustrarles en sus pretensiones egoístas.
