Artículo publicado en Tablón de anuncios judicial.
Debe ser que los funcionarios son esos seres de luz, harto colmados de privilegios por el mero hecho de ser funcionarios. Por esta razón, el igualitario Ruiz-Gallardón, publicitó ayer en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado una nueva reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que tendrá como objeto exigir a los funcionarios abogado y procurador para su intervención en los recursos contencioso-administrativos.
Dice este hombre: "Les anuncio también que, respecto al orden contencioso-administrativo —y también con el fin de suprimir privilegios en las administraciones públicas y racionalizar el volumen de litigios que se ventilan en él—, nos proponemos modificar la Ley 29 de 1998, que es la que regula esta jurisdicción, con objeto de suprimir la exención de abogado y procurador actualmente prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones en defensa de sus derechos estatutarios."
No estaría de más recordar que el resto de trabajadores -del mercado privado- que acuden en defensa de sus derechos ante la jurisdicción laboral podrían hacerlo sin necesidad de abogado en primera instancia. ¿Dónde está la igualdad entonces? ¿tendré que igualarme con quien demanda ante una movilidad geográfica en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores o con quien recurre una multa por aparcar mal? ¿Verdad que es un poco chusco?
En realidad no se trata de igualar nada, sino únicamente de hacer desaparecer de la circulación los miles de recursos contencioso-administrativos en los que los funcionarios hacen valer sus derechos frente a la prepotente administración. No es casualidad que la mayoría de los recursos que interponen funcionarios sean resueltos con sentencia estimatoria. Exigiendo abogado y, en su caso, procurador, más una posible condena en costas, el funcionario se lo pensará más a la hora de reclamar sus derechos.
Y sí, hay procedimiento bastante absurdos, como aquéllos en los que los policías municipales de X reclaman el pago de un vale de 200 euros en concepto de uniforme que han comprado previamente de su propio bolsillo por falta de fondos, pero lo cierto es que la administración es terca y no reconoce ni los convenios ni los acuerdos sectoriales. En fin, con el tiempo se verá que esta medida populachera no sirve para el propósito expresado por el ministro, sino únicamente para encarecer el procedimiento. Tiempo al tiempo.
Publicado el 06/03/2012 en http://tablonjudicial.blogspot.com
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