Por Albino Prada
No hay nada más fácil que exigir que se meta la mano en el bolsillo... ajeno. Si además ese bolsillo está controlado hasta el último céntimo (como debe ser) desde que sale de caja hasta que entra en una cuenta bancaria (previos descuentos fiscales y sociales), la exigencia de recortar ingresos de los empleados públicos es además muy operativa: ahorro inmediato. Poco importa que buena parte de los que esto exigen para el bolsillo ajeno se cuiden muy mucho de pagar sus impuestos, de declarar todo lo que ganan o de no solicitar subvenciones y prestaciones a las que les consta no tienen derecho. Los Gobiernos (antes el central, ahora el autonómico) que, jaleados por quienes buscan fáciles cabezas de turco, se emplean en el ajuste fiscal por el lado de los gastos (salarios públicos) debieran legitimarse muy mucho para hacerlo. Antes de tirar por ese camino sería conveniente suprimir los pagos a diputados provinciales o la alegría fiscal de que gozan las rentas no salariales y tomar medidas con la mayoría de las desgravaciones fiscales que capturan las rentas (declaradas) más altas del país. Solo hecho esto, y de ser necesario entonces, los que jalean más recortes salariales a los funcionarios tendrían algo de legitimidad moral para abrir la boca. Las reducciones de la renta real de una parte significativa de los asalariados (los empleados públicos) contrastan con el reciente acuerdo entre patronal y sindicatos para revisar ligeramente al alza los salarios del sector privado. Es un camino que no solucionará el desajuste fiscal, pero que empujará, aún más, hacia la recesión.
