Las medidas pueden implicar el recorte de los días de libre disposición
El Gobierno de Feijoo asegura que todavía no hay nada concreto, pero las centrales sindicales temen que los contactos en los que el propio presidente les ha expuesto los recortes adoptados en otras comunidades anticipan una nueva tanda de ajustes en las condiciones de trabajo de los funcionarios y del personal laboral de la Administración. Entre esas medidas estaría un posible recorte de los días de libre disposición, la jornada laboral de 37,5 horas semanales y la revisión del complemento por incapacidad temporal.
Estos ajustes que la Xunta tiene sobre la mesa, y que se sumarían al tijeretazo salarial del 5 % que el Ejecutivo de Zapatero impuso en el 2010 para casi 3 millones de empleados públicos, están en línea con los aplicados en los últimos meses por comunidades con presidencias de distinto color político, como Cataluña (CiU), Castilla-La Mancha (PP) o el País Vasco (PSOE). El Gobierno catalán incluyó el prorrateo de las pagas extra en una batería de medidas para rebajar un 10 % el gasto público. Pero son las decisiones adoptadas en Castilla-La Mancha y el País Vasco las que más recelos suscitan en los funcionarios gallegos.
El Gobierno vasco aprobó la semana pasada un decreto por el que, entre otros ajustes, recorta los complementos salariales de las bajas por enfermedad común. Los empleados públicos de baja cobrarán el 50 % en los tres primeros días, cuando hasta ahora percibían el 100 %. Cuando se trate de la segunda baja en un mismo ejercicio, solo se abonará el 40 % durante esos tres primeros días. El decreto vasco, que prevé ahorrar 95 millones, también conlleva la suspensión de los permisos horarios por motivos de edad que daban derecho a modificar la jornada laboral sin rebajar la retribución. Más drásticas todavía son las medidas que aplica en Castilla-La Mancha la número dos del PP. María Dolores de Cospedal, dispuesta a discutirle a Feijoo el liderazgo en las políticas de austeridad, anunció en diciembre el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales y una rebaja del 10 % en los complementos específicos de los empleados públicos.
En Galicia, los sindicatos recelan de una posible rebaja de los días de libre disposición, que dejaría en 6 las 9 jornadas actuales por asuntos propios. También sospechan de una medida similar a la acordada en el País Vasco para la incapacidad temporal, con lo que los funcionarios gallegos dejarían de cobrar el 100 % en los primeros días de baja. Y, en cuanto a los horarios, fuentes sindicales sostienen que la Xunta pretende que ningún empleado quede por debajo de las 37,5 horas semanales. De momento, y con las autonómicas a la vista en otoño, el Gobierno de Feijoo se mueve con cautela. Alega que estudia todas las medidas de otras comunidades.
Refuerzo del control de bajas, cumplimiento de horarios y gasto de teléfono
Las nuevas medidas que explora la Xunta para tratar de aligerar los gastos en personal de una Administración con 91.000 nóminas no son las primeras. Desde que comenzó la legislatura, el Ejecutivo gallego ha situado la función pública en el centro del debate, con una sucesión de iniciativas orientadas a fiscalizar la labor del empleado público.
En las resoluciones que desarrollan el plan de inspección de bajas 2011-2013, la Xunta asume el deber de comprobar que la ausencia de un trabajador por incapacidad temporal se corresponde realmente con «situacións médicas reais en que o repouso laboral debe formar parte do tratamento clínico». Lo que pretende la Xunta es «axilizar a incorporación do traballador ao seu posto de traballo». El plan presta especial atención al Sergas y a Educación, que suponen 70.000 de los 91.000 empleados de la Administración.
En cuanto al control de horarios, la Xunta puso en marcha en el 2011 el proyecto Kronos, un dispositivo de acreditación digital que en el tercer trimestre de este año debe permitir fichar desde sus ordenadores a 20.000 trabajadores de la Administración general y de Xustiza. Además, el último contrato de telecomunicaciones de la Xunta incorpora una herramienta informática para controlar el gasto telefónico de cada trabajador.
Este debate se produce en un momento de relativa paz sindical en la función pública. Las centrales han avalado la supresión de 20 liberados sindicales en los servicios centrales, que elevan a 140 el recorte de esos puestos sobre los 600 que había.
Publicado el 19/01/2012 en www.lavozdegalicia.es
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