"Citar en agosto a testigos y peritos provocaría la suspensión de uno de cada diez juicios", opinan sobre el anuncio de Gallardón
El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido medidas consensuadas y ambiciosas para paliar el atasco de la Justicia y ha recordado que la vigente inhabilitación del mes de agosto opera sólo en el ámbito civil y contencioso-administrativo, ya que todo el mes es hábil para tramitar asuntos laborales y penales.
A través de un comunicado, respaldado por el Colegio de Abogados de Oviedo, recuerda que la inhabilitación del mes de agosto no fue debida a reivindicaciones de ningún colectivo concreto, sino al sentir general de la Administración de Justicia.
"Era y sigue siendo público y notorio que la inmensa mayoría de los españoles disfruta de sus vacaciones en el período estival y especialmente en agosto y que citar en ese período a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría la suspensión de uno de cada diez juicios por incomparecencias", sostienen.
Los abogados subrayan además que esa disminución de la actividad judicial no es exclusiva de España y, en todo caso, si no se incrementan las horas de trabajo o las plantillas de jueces y demás funcionarios, no se concibe cómo se puede incrementar la productividad.
RETRASO MÁXIMO DE 20 DÍAS
En su opinión, la demora en la tramitación de los asuntos exclusivamente civiles y contencioso-administrativos por la inhabilidad del mes de agosto "supone un retraso máximo de 20 días", frente al retraso medio en la tramitación de procesos judiciales en España que lleva a señalar juicios para 2014 o 2015.
Así, opinan que "habilitar agosto, sin otras medidas, podría suponer además una ralentización de la actividad de los juzgados en julio y septiembre, ya que los jueces y demás funcionarios tendrían que repartir sus vacaciones en ese período".
Para concluir, los letrados entienden que "existen otras muchas formas de reducir dilaciones en los procedimientos judiciales", que van desde la posibilidad de habilitar las tardes para los juicios y el trabajo en los juzgados, hasta el cumplimiento de los horarios y de los señalamientos, el aumento de la productividad, la adecuada informatización de los tribunales, el aumento del número de jueces y otros funcionarios, la potenciación de la mediación y el arbitraje y sacar del marco jurisdiccional los asuntos menos importantes.
En todo caso, el Consejo General de la Abogacía Española entiende que "para que estas medidas sean eficaces y alivien el atasco endémico que padece la Administración de Justicia deben concretarse y ser fruto del debate, el consenso y del pacto entre todos los operadores jurídicos y las Administraciones Públicas, y paso previo para el tan demandado e imprescindible Pacto de Estado por la Justicia".
Fuente: eleconomista.es
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