Rebajar la tasa de fraude en diez puntos recaudaría 38.000 millones adicionales, más del doble de lo que prevé ahorrar Rajoy
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que las nuevas medidas mejoran la igualdad y la progresividad del sistema tributario, aunque señalan que el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calificaron hoy de “progresiva” la subida de la tarifa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y destacaron que “el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital”.
Además, valoran que el Gobierno eleve la progresividad porque se intenta que "paguen más los que más tienen", pero lamentaron que no se hayan eliminado los instrumentos legales que disfrutan los grandes patrimonios como las sociedades instrumentales y las SICAVs que permiten eludir la tributación de millonarias rentas inmobiliarias, plusvalías y dividendos, mientras que la subida impositiva afectará a todos los pensionistas, trabajadores y autónomos que no disponen de estos instrumentos.
Por otro lado, el colectivo calificó de "insuficiente" la tasa de reposición del 10% de los efectivos destinados a la inspección tributaria y laboral en un contexto generalizado de congelación de la plantilla pública, así como la voluntad manifestada por el nuevo Ejecutivo de luchar contra la economía y el empleo sumergido dentro de un plan global antifraude que, según aseguró, verá la luz en los próximos meses.
En la actualidad, la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal y el tercio restante es fraude laboral. (Ver documento en pdf adjunto por Comunidades Autónomas)
Con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa sumergida en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, de los cuales se recuperarían 25.500 millones en impuestos evadidos y unos 13.000 millones en cuotas a la Seguridad Social defraudadas. Esta cifra total supone más del doble de los 16.500 millones que prevé ahorrar el nuevo Ejecutivo el próximo, pero sin necesidad de acometer nuevos recortes sociales como la nueva congelación del sueldo de los funcionarios o las subidas d e impuestos.
En este sentido, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, lamentó que "los funcionarios paguen doblemente la consecución de los objetivos del déficit, puesto que ya ese les rebajó el sueldo hace dos años y congelado en cuatro ocasiones, teniendo ahora que pagar un nuevo gravamen en el IRPF".
Medidas en vivienda
Entre las medidas del nuevo Ejecutivo, Gestha calificó de positivo que se mantenga el IVA superreducido para la compra de vivienda nueva durante un año más, aunque matizó que será necesario vender el doble de viviendas para compensar la rebaja de este impuesto. Esto supone que en 2012 deberán salir al mercado casi 367.000 inmuebles nuevos, frente a los 183.000 de 2011.
Por otro lado, Gestha estima que la recuperación de las deducciones por inversión en vivienda habitual -que rondan los 5.000 millones anuales- eliminará ese ahorro potencial de 1.500 millones de euros que el Gobierno habría alcanzado a largo plazo en caso de haberlas mantenido, aunque reconoció no tendrá un impacto inmediato sobre las cuentas públicas.
Nuevos cargos
Por otro lado, Gestha recordó al nuevo secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria (AEAT), Miguel Ferre, así como a la que será directora de este organismo, Beatriz Viana, que su tarea al frente de la lucha contra el fraude es clave para mejorar los ingresos del Estado y cumplir con el objetivo de déficit público del 4,4% del PIB para el próximo año.
El colectivo animó a los nuevos responsables de la AEAT a afrontar los cambios organizativos y estructurales necesarios para contener el desfase entre ingresos y gastos provocado por el alto nivel de economía sumergida en España. Asimismo, hizo un llamamiento directo a la nueva directora general para que aumente las competencias y responsabilidades de los técnicos en la lucha contra el fraude fiscal, ya que "gracias a su cualificación y experiencia son una pieza fundamental para erradicar las bolsas de fraude, como bien conoce Viana por su trayectoria profesional en el Ministerio de Hacienda".
El sueldo de los empleados públicos se congela por cuarta vez en democracia
La congelación del salario de los empleados públicos en 2012 aprobada por el Gobierno es la cuarta que se produce desde el comienzo de la democracia. Dos veces lo ha bloqueado el PP y otras dos el PSOE
Antes del Ejecutivo de Mariano Rajoy también optaron por la misma medida los gobiernos de Felipe González (en 1994), José María Aznar (1997) -con Rajoy como ministro de Administraciones Públicas- y José Luis Rodríguez Zapatero (2011).
Previamente, los funcionarios no percibieron el importe de la revisión salarial que reclamaban por la desviación de los precios registrada entre diciembre de 1991 y noviembre de 1992.
Pero la primera congelación llegó en 1994. Felipe González, con Pedro Solbes como ministro de Economía, justificó la medida por la necesidad de reducir el déficit público en una época de crisis.
El 15 de mayo de 1994, Solbes anunció que la congelación salarial para los funcionarios acabaría el año siguiente con un aumento de los sueldos según el IPC previsto, todo ello en una coyuntura en la que el Gobierno se planteaba reducir el déficit público en tres años desde el 6,7% al 2% del PIB.
El 16 de septiembre de 1994, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997, que contemplaba incrementos salariales para los funcionarios conforme a la previsión del IPC.
Sin embargo, tras ganar el Partido Popular las elecciones generales de mayo de 1996, el Gobierno decidió el 19 de septiembre congelar de nuevo el salario de los empleados públicos para 1997.
En esta ocasión, el argumento esgrimido fue la necesidad de elaborar unos presupuestos austeros para poder cumplir con los criterios de convergencia con la Unión Europea que, entre otros asuntos, fijaba un déficit público no superior al 3 % del PIB.
Los sindicatos respondieron el 11 de diciembre de 1996 con una huelga en la función pública, la primera que afrontó el Ejecutivo de José María Aznar.
El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional sentenció en contra de la congelación salarial impuesta a los funcionarios, dictamen que fue recurrido por el Gobierno y, posteriormente, anulado por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2002.
CCOO recurrió al Tribunal Constitucional cuyo fallo, dado a conocer en febrero de 2005, justificaba la decisión del Ejecutivo del PP de congelar el salario de los funcionarios al señalar que las circunstancias de 1996 y 1997 fueron "muy diferentes a las existentes en el momento de alcanzarse el acuerdo de 1994".
Tras conocerse la sentencia, CCOO presentó en julio de 2005 un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La tercera congelación se produjo este año después de que en mayo de 2010 el Gobierno de Zapatero rebajara un 5% el salario de los empleados públicos, la primera reducción aprobada por un Ejecutivo en España para este colectivo.
Publicado en www.nuevatribuna.es
