29.09.2011.- CCOO insta al Gobierno regional de Castilla-La Mancha a que, como es legalmente preceptivo, informe y negocie sobre el ERE encubierto (plan general de ordenación del empleo público) que ya está acometiendo; y advierte que el sindicato está con las personas trabajadoras y no dudará en convocar movilizaciones o cualesquiera otras acciones respaldadas por el personal afectado, sin descartar la vía legal.
"La preocupación que causó la presentación del mal llamado "Plan de garantías de los servicios sociales básicos", anunciado por la presidenta Cospedal, en que se recogía un importante "recorte en la dotación de personal público", ha dado ya paso a la inquietud y al miedo generalizados entre el personal de la Administración regional", denuncia la responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO, Mari Carmen Juste.
Los interinos de la junta ya están empezando a sentir los efectos de ese plan de recortes, del que, por otra parte, no se ha informado en mesa de negociación a las organizaciones sindicales, que reclaman al Gobierno regional transparencia, interlocución y negociación de las cuestiones que afecten a las empleadas y empleados públicos de la Junta.
"El desconcierto es general. Todo el mundo se teme que, entre el personal interino, tan sólo se salvarán ‘los afines’. Nosotros ya hemos tenido constancia de que ha comenzado a despedir poco a poco a interinos e interinas sin comunicarlo con el tiempo suficiente e incluso sin justificar las causas de su cese, como establece la legislación actual. Esto pone de manifiesto que está actuando de mala fe y, a nuestro juicio, fraudulentamente", añade CCOO.
"CCOO exige al Gobierno regional que, como es legalmente preceptivo, informe y negocie con los representantes legales de los trabajadores los efectos de este plan de recortes (plan general de ordenación del empleo público) que ya se está produciendo en la Administración regional, y advertimos que CCOO está con los trabajadores y trabajadoras y no dudará en convocar movilizaciones o cualesquiera otras acciones respaldadas por el personal laboral y funcionario afectado, sin descartar la vía legal".
