Publicado en www.leonnoticias.com
La nueva herramienta estará desplegada en todos los órdenes jurisdiccionales de ambas ciudades a finales de primer trimestre de 2012
Más de 300 personas llegarán a trabajar entre los meses de septiembre y febrero de 2012 para implantar el expediente judicial electrónico en Burgos y León, las ciudades pioneras en este proyecto, que primero se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y las fiscalías especializadas en Madrid.
Una plantilla que está integrada por unos 200 catalogadores -todos licenciados en derecho- otros 50 escaneadores -el 70 por ciento de ellos con alguna discapacidad auditiva- además de ingenieros, programadores, analistas, diseñadores, pedagogos, editores, impresores, comunicadores. Todos ellos aúnan esfuerzos con el objetivo de digitalizar los recursos documentales de los órganos judiciales y lo hacen, en estos momentos en la Audiencia Nacional, a un ritmo de 220.000 páginas diarias.
En la actualidad, en Burgos y León hay pequeños equipos de diez personas en cada ciudad, que son los que realizan tareas de consultoría inicial, análisis y estudios, pero la previsión es que a finales de agosto, cuando acabe el proyecto de la Audiencia Nacional, “todo ese ejército” de personal pase a digitalizar en Burgos y León, según avanzó a Ical el director de general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata.
Durante ese semestre en el que más de 300 trabajarán para implantar el expediente judicial, parte de la plantilla deberá desplazarse para llevar a cabo este trabajo in situ en Burgos y León, mientras que el grupo de catalogadores llevará a cabo su labor desde el propio centro de catalogación, que se dedica exclusivamente a estas labores.
“Castilla y León va a ser la comunidad donde arranque muy a finales de este año el expediente judicial electrónico”, sentenció De la Mata. Digitalizar todos los recursos documentales, es un proyecto en el que ya se trabaja desde hace varios meses, en concreto, a través de estudios, análisis, consultoría y diseño del sistema para que en diciembre o enero “arranque” en paralelo en ambas ciudades. No obstante, se implantará de forma secuencial en los distintos órdenes jurisdiccionales para que en tres o cuatro meses esté desplegado en todos ellos.
Para el director general del Ministerio, Burgos y León son “punta de la lanza” para proyectos de modernización de la Justicia, sobre todo, León, una ciudad que siempre ha servido para “pilotear” los sistemas informáticos que posteriormente despliega el Ministerio.
Supresión del papel
La puesta en marcha del expediente judicial supondrá la supresión del papel en las oficinas judiciales, lo que además acarreará el cumplimiento de un compromiso medioambiental y, sobre todo, redundará en un acortamiento de los plazos procesales porque “la mayor parte del tiempo que dura un proceso se va en asegurar el traslado de papeles y documentos de una parte a otra”, indicó De la Mata. Hacer todo telemáticamente y de modo simultáneo se traducirá en un “acortamiento de los plazos” como lo ha supuesto ya, por ejemplo, la incorporación del sistema lexnet que ha reducido entre un 25 y un 30 por ciento los tiempos. También aportará mayores garantías y seguridad en la custodia de toda la documentación.
La implantación del expediente judicial electrónico constituye un proceso “sumamente complejo” que comienza con el registro de cientos de miles de documentos en papel de los procedimientos en curso, su digitalización y catalogación, y posterior incorporación a un gestor documental con funciones avanzadas de búsqueda y consulta.
Antes de cinco años
Aunque en Ministerio trabaja para que culmine con éxito, el director general de Modernización reconoce que más allá de la implantación en Burgos y León, no hay plazos previstos para que llegue a las otras siete provincias de Castilla y León dada su complejidad. Por eso, dijo, habrá que esperar a ver las dificultades que entraña esta primera experiencia para poder hacer nuevas previsiones y estimaciones. Se trata de un reto “formidable”, pero al tiempo de “gran complejidad”, por lo que lo principal en estos momentos es “la correcta implantación” en estas cuatro sedes judiciales para luego poder exportar el modelo al resto de los órganos en todo el territorio español y poder así cumplir con los plazos previstos en la ley.
No obstante, subrayó que la Ley de Nuevas Tecnologías pone como límite para que se produzca “el apagón del papel” en los juzgados el plazo de cinco años. El despliegue del expediente permitirá la íntegra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, un proceso regulado por la Ley del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de junio.
Esta Ley fija los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y establece las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.
El despliegue en la Audiencia Nacional se inició en septiembre de 2010 con la puesta en marcha del Servicio de Digitalización Masiva que ha permitido la digitalización de más 30 millones de páginas de los procedimientos.
La implantación del expediente judicial es un de los ejes del Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, que tiene como objetivo lograr una administración de justicia con “papel cero”, que garantice al ciudadano una mayor agilidad, eficiencia y transparencia de los procedimientos.
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