Publicado en www.eldia.es
El consejero del Consultivo Luis Fajardo Spínola discrepa del dictamen mayoritario, que considera ajustado a derecho el proyecto de decreto que regula la estructura de la oficina judicial en Canarias, y advierte de que se atribuye competencias que corresponden a la Administración del Estado.
El Consejo Consultivo de Canarias ha dado su visto bueno al proyecto de decreto que regula la estructura y planificación de la Oficina Judicial de las Islas, pero no todos los componentes de este órgano asesor comparten el mismo criterio. El consejero Luis Fajardo Spínola, autor -luego sustituido- de la ponencia original sobre este asunto, ha emitido un voto particular en el que considera que el dictamen del Consultivo "no advierte con claridad al Gobierno (...) del riesgo de inconstitucionalidad" de este texto legal.
Los reparos del consejero al proyecto gubernamental afectan tanto a su contenido como a su forma. En el primer aspecto, recuerda que la Comunidad Autónoma carece de competencia legislativa en materia de Administración de Justicia, por lo que discute el artículo 1 del proyecto cuando señala que su objetivo es "la determinación de los principios generales que han de regir la confección de la estructura orgánica de la oficina judicial".
Las atribuciones de la Comunidad en este campo se ciñen, prosigue Luis Fajardo Spínola, a "establecer reglamentos en aquellas materias concretas y tasadas que le entregue la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial)". Así, la Oficina Judicial "es creada por las normas del Estado, que es el que posee la competencia exclusiva" en Justicia, indica el consejero discrepante, que precisa que el Ejecutivo regional solo puede elaborar reglamentos, dirigidos a fijar "normas organizativas y de detalle" y no principios generales.
Fajardo Spínola critica que el dictamen mayoritario haga referencia a que el Gobierno canario legisla sobre aspectos -las unidades procesales de apoyo directo- que están reservados a la normativa orgánica pero luego no extraiga "de tan grave imputación consecuencia alguna". Según el consejero, esto hubiera merecido un reparo, dado que supone incurrir en inconstitucionalidad "por vicio de competencia".
También resulta contrario a la Constitución, observa Fajardo Spínola, el mandato que el proyecto de decreto "pretende dirigir a los secretarios judiciales y al resto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, pues el ejercicio de tales tareas de auxilio a la función jurisdiccional no les ha sido expresamente conferido por la LOPJ".
Otra de las divergencias de este consejero con el dictamen de la mayoría del Consultivo responde a que, a su entender, el proyecto de decreto "prácticamente" se limita a "reiterar el texto de la LOPJ". "Hace lo que no debe hacer y remite a un escalón normativo inferior lo que dicha Ley le ha encomendado" y ello, a su juicio, "provoca un grave riesgo de inconstitucionalidad" -ante eventuales cambios de la legislación nacional- y "una situación de inseguridad jurídica de tal intensidad que tan solo por eso ya está viciada de inconstitucionalidad".
"Este consejero se ha visto obligado a formular el presente voto particular porque el dictamen de la mayoría apunta pero no remata, porque omite pudorosamente el juicio de inconstitucionalidad que derechamente se deduce de las irregularidades que señala", concluye Luis Fajardo Spínola.
Con la implantación de la oficina judicial, el Gobierno canario pretende homogeneizar el funcionamiento de la justicia desde el punto de vista administrativo, un aspecto que estará a cargo de los secretarios judiciales.
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