Publicado en www.farodevigo.es
Presidencia adquiere un bajo rehabilitado en Abeleira Menéndez y un solar vacío en San Sebastián donde tendrá que reconstruir un inmueble
Bajo que se acondicionará para Registro Civil |
El Gobierno gallego anunció ayer la adquisición de dos inmuebles en el Casco Vello de Vigo para trasladar el Registro Civil al centro de la ciudad y liberar espacio en las saturadas instalaciones de la calle Lalín. El Consello de la Xunta aprobó la firma de un convenio de colaboración a través del cual la Consellería de Presidencia abonará 580.000 euros al Consorcio Casco Vello por la compra de ambas propiedades. El Registro Civil ocupa actualmente 547 metros cuadrados del bajo y de la primera planta del edificio viejo de los juzgados y su salida permitiría abrir al menos dos nuevas salas hasta que se desbloquee la Cidade da Xustiza. El problema surge porque tanto la Comisión Mixta de Xustiza como la Junta de Jueces de Vigo solicitaron al Consejo General del Poder Judicial un nuevo juzgado de lo Social para este mes de diciembre y las nuevas instalaciones no estarán listas "hasta dentro de dos años".
Este es el plazo con el que trabaja Presidencia, que ayer consiguió la aprobación del convenio y la autorización del gasto que se realizará a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI). La nueva sede del Registro Civil tendrá doble acceso por las calles Abeleira Menéndez y San Sebastián y su apertura se retrasará unos 24 meses porque será necesario reconstruir desde cero una de las propiedades.
Presidencia comprará al Consorcio –participado en eun 90% por la Xunta– el bajo del edificio 24 de Abeleira Menéndez, que se encuentra rehabilitado y cuyas viviendas de promoción autonómica se sortearán en pocas semanas. Las dificultades se concentran en la parcela de uso dotacional en el número 13 de calle San Sebastián, que se encuentra vacía y para la que habrá que redactar un proyecto de reconstrucción.
En el Registro Civil trabajan actualmente 19 funcionarios, una juez y un secretario judicial organizados en cuatro secciones: nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales. En lugar de mudar parte del servicio al nuevo local en los próximos meses, el Gobierno gallego esperará a edificar el inmueble colindante para crear un único espacio y trasladar a todo el personal de forma simultánea y evitar problemas en su funcionamiento.
El conselleiro de Presidencia asumió el compromiso de reubicar este órgano durante una visita realizada a los juzgados vigueses en diciembre de 2009 y ayer valoró el acuerdo logrado con el Consorcio Casco Vello como "una magnífica noticia" para los más de 50.000 usuarios que atendió el pasado año y que podrán realizar los trámitas "en un sitio más céntrico". "La Xunta demuestra que continúa moviendo ficha en materia de infraestructuras judiciales ante la inactividad del Concello de Vigo", defendió Alfonso Rueda, que responsabilizó a la administración local de los problemas de espacio que afronta actualmente la justicia en la ciudad. "Si hubiéramos tenido hace dos años los terrenos, el nuevo edificio podría ser casi una realidad", subrayó en respuesta a preguntas de FARO.
La falta de acuerdo entre los gobiernos autonómicos y local para la construcción de la Cidade da Xustiza ha obligado a los técnicos autonómicos a buscar soluciones de emergencia para seguir incrementando las dotaciones judiciales de vigo hasta el punto de que el Juzgado de Primera Instancia número 14 tuvo que abrir el pasado mes de diciembre en un semisótano sin sala de vistas propia. Éste era el último hueco que quedaba por ocupar en los inmuebles de la calle Lalín y ayer el juez decano, Germán Serrano, advertía que "ahora mismo no hay espacio para abrir un juzgado digno y lo necesitamos ya este año para un nuevo juzgado", en referencia a la sala de lo Social demandada para Vigo por el propio vocal para Galicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Almenar.
El juez decano estaba informado del proyecto de la Xunta de mudar el Registro Civil al Casco Vello, pero desconocía el anuncio que se hizo público ayer. Preguntado por la ubicación seleccionada finalmente, Serrano matizó que la nueva sede, "con independencia del plazo, debe crearse con la supervisión de la juez del Registro Civil para garantizar que es adecuada al servicio público que presta".
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