Publicado en www.xornal.com
Pese a que las plazas de magistrado pasaron de 313 a 335 desde 2009, la acumulación de asuntos lleva seis años en ascenso, de 130.000 a 184.000
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| Tribunal Superior de Xustiza de Galicia |
Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la justicia gallega terminó 2010 con 123.578 sentencias dictadas por los jueces que, a pesar de ser firmes, todavía no se han ejecutado. Un problema grave para la resolución de conflictos que se suma a la preocupante cifra de 183.954 asuntos sin atender, 2.539 más que en el año 2009. El número de casos acumulados sube sin parar desde hace seis años. Según los jueces, una de las principales razones de esta demora es el “excesivo número de cuestiones que terminan en los juzgados en Galicia”. Así, aunque los tribunales de la comunidad consiguieron resolver 129.982 casos en el último ejercicio, se registraron 130.794 nuevos.
El colapso crece sin una solución eficaz a la vista, pese a las continuas promesas de las administraciones, el aumento de órganos judiciales o de plazas de magistrado, algo que según los jueces no es la solución, ya que hablan de un “problema estructural, de raíz”.
Según datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aportados por la Xunta a este diario, la comunidad cuenta actualmente con 335 jueces y magistrados, 22 más que en 2009, cuando contaba tan solo con 313. El incremento se produjo tras la creación de nueve plazas en 2009, entre ellas en el mercantil de Vigo, y de otras trece durante el año pasado. De estas plazas, 156 se encuentran en la provincia de A Coruña, 107 en la de Pontevedra y 35 en Lugo y Ourense respectivamente. Traducido a los diferentes organismos, de las 335 plazas, 240 pertenecen a juzgados de diferentes instancias, 53 a las diferentes audiencias provinciales y 42 al TSXG.
Desde las asociaciones judiciales de Galicia se ofrecen diversos marcos de actuación para descongestionar la Justicia. Así, Xermán Varela, coordinador de Xuíces para a Democracia en Galicia (XpD), se muestra partidario de una reorganización “profunda y seria” de la Oficina Judicial en España, considerando que dicha reforma “camina lenta y sin que se observe resolución política ministerial”.
Para Varela, la actual Administración de Justicia es más “propia del siglo XIX” que de los tiempos que corren. Opina que es “muy fácil” para los políticos “echar balones fuera” y acusar de la lentitud y de los fallos del sistema judicial única y exclusivamente a los jueces y magistrados, al tiempo que subraya que la Xunta tiene competencias en materia de Justicia que pueden utilizarse para una reforma seria.
Por otra parte, desde la Asociación de Profesional de la Magistratura (APM) en Galicia, su presidente, Antonio Piña, argumenta que parte de la culpa de este atasco la tiene la “elevada litigiosidad” que se da en España que, según él, “es más acusada que en los países del entorno, pese a tener menos población”. Para Piña, esto se debe a que “todo se judicializa” y a que “cualquier aspecto” de la vida cotidiana en el que haga falta una mediación “acaba en los tribunales”.
El juez gallego cree también que la falta de medios tecnológicos lastra la modernización de la Justicia y que quizás habría que empezar a plantearse “la gratuidad del sistema de justicia”, que a su juicio sería una medida impopular pero efectiva. “Sabemos los numerosos colectivos que se oponen a esta solución”, comenta. Y añade: “pero la Ley de Agilización Procesal ya es un paso en esa dirección”.
En cuanto a datos, las salas de lo penal son las más congestionadas, con 71.891 procesos sin atender, seguidas de las de lo civil, con 62.004. Dentro de lo penal, los juzgados de instrucción arrastran más de 30.000 casos sin resolución y los de primera instancia, más de 28.000.
Si se atiende a la media de asuntos, nos encontramos con que la sala de los contencioso-administrativo del TSXG, acumula una media de 15.165 casos sin resolver, seguido de la sala de lo social del mismo organismo con casi 9.000 asuntos de media.
En cuanto a las sentencias firmes sin ejecutar, de las casi 124.000 que se acumulan en todos los organismos gallegos, 88.642 pertenecen a lo civil, casi 50.000 de ellas a juzgados de primera instancia.
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Justicia prepara una ley para limitar el derecho a recurrir sentencias
El texto eleva de 150.000 hasta 800.000 euros la cuantía para poder reclamar ante el Supremo
El Ministerio de Justicia, que dirige el gallego Francisco Caamaño, ultima la nueva ley de medidas de agilización procesal que estará destinada a desatascar los tribunales españoles. Alguno de los aspectos más polémicos del nuevo texto es la limitación de la posibilidad de recurso en determinadas instancias, a lo que ya se oponen desde algunos colectivos.
Según denuncia el Consello da Avogacía Galega a través de su presidente, Eloy Artime, la norma que prepara el ministerio eliminaría la segunda instancia de los juicios verbales, algo que, en palabras de Artime, “elimina el derecho del ciudadano a tener una segunda sentencia, mermando la tutela judicial efectiva, al tiempo que presupone la infalibilidad de los jueces, lo cual quiere decir, suponer que los jueces no pueden equivocarse”.
“De esta forma, si un demandante o demandado obtiene una sentencia desfavorable, estaría impedido para solicitar una revisión de la misma”, afirma el presidente del Consello da Avogacía Galega.
Pero la limitación de una segunda o tercera instancia no se queda ahí. El Ministerio de Justicia quiere elevar la cuantía para el recurso al Tribunal Supremo de 150.000 a 800.000 euros, algo que para Eloy Artime “sería establecer una justicia para ricos, ya que hay muy poca gente en España que pueda permitirse el lujo de desembolsar esa cantidad para recurrir al alto tribunal”.
Artime tiene claro que la justicia española “necesita implementar medidas” para descongestionar los juzgados, que en el caso de Galicia acumulan más de 183.000 casos sin revisar y más de 134.000 sentencias firmes sin ejecutar.
Sin embargo, el presidente del Consello opina que limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia no es la mejor forma de hacerlo, ya que solo se “echa trabajo fuera”. Artime opina que ya se ha trabajado en este camino con la llamada condena en costas, que obliga a un denunciante o denunciado a pagar el coste del juicio a todos los integrantes de la otra parte en caso de perder el mismo. “Si tú tienes que denunciar a cinco individuos y pierdes, tienes que pagarle los costes del juicio a los cinco, entonces te lo pensarás dos veces antes de hacerlo”, afirma el jurista.
Otra consecuencia que traerá la ley, según Artime, será que “no se respetarán las particularidades del derecho gallego, ya que la mayoría de los juicios aquí son orales, por tema de lindes y fincas, y no se podrá recurrir en ninguno de ellos”, sentencia. Desde el ministerio aseguran que esta no será la única medida para agilizar los tribunales y el aparato judicial español.
Desde 2003, el departamento que ahora dirige Caamaño trabaja en un modelo piloto de oficina judicial informatizada, que está llamada a sustituir el actual y desfasado modelo de administración de justicia que existe en España, que lleva funcionando ya 150 años.
Las nuevas oficinas ya están implementándose en Burgos, Murcia, Cáceres y Ciudad Real y ofrecen tres tipos de actividad: la jurisdiccional, que recae en jueces y magistrados; la actividad procedimental, que corresponde a los secretarios judiciales y a los servicios de apoyo y procesales; y la administrativa, que recae en el Ministerio de Justicia o en las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
Sin embargo, ya han surgido las primeras voces discordantes que advierten de su mal funcionamiento. El Consejo General del Poder Judicial pidió este mismo mes a Justicia que frene la implantación de la oficina judicial hasta que se subsanen los problemas y carencias que esta ha presentado en Burgos y Murcia. Entre ellos, los fallos continuos de la aplicación informática que rige su funcionamiento.
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