El Consejo General del Poder Judicial pedirá a Justicia que paralice su implantación hasta que no se resuelvan las carencias detectadas
Publicado en www.lavozdegalicia.es
Cinco meses y medio después de su implantación como experiencia piloto en Murcia, Cáceres y Burgos, el nuevo modelo de oficina judicial -que el ministerio que dirige Francisco Caamaño considera como piedra angular de su ambicioso plan de modernización de la Administración de Justicia en España- no acaba de funcionar de forma mínimamente satisfactoria. Así lo constató, una vez más, una comisión de vocales del Consejo General del Poder Judicial que, encabezada por su vicepresidente, Fernando de la Rosa, se desplazó ayer a Burgos.
Al final de esta visita, tras reunirse con jueces, fiscales, secretarios y otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia, entre ellos abogados y procuradores, Fernando de Rosa, que estuvo acompañado por cuatro vocales, mostró públicamente la preocupación de la institución judicial porque la mayor parte de los problemas detectados a lo largo de los últimos meses se mantienen.
Advirtió que el consejo pedirá al ministerio que se paralice la implantación de la nueva oficina judicial en el resto del territorio nacional hasta que no se solventen las carencias citadas.
La principal, según explicó, es un defecto estructural en el programa informático Minerva NOJ, que, según confirmaron diversos jueces consultados al respecto, no permite gestionar el expediente judicial completo. «En estos momentos -explicó un alto cargo de la Administración de Justicia gallega-, para llevar un expediente desde la unidad de apoyo al juez a la de ordenación del procedimiento, que es la que se encarga de todos los trámites, o a la inversa, hay que usar un carrito, con las consiguientes anotaciones en los registros de entrada y salida». Antes no existía este tráfico porque los funcionarios de ambas unidades estaban juntos.
Objetivos incumplidos
Según De la Rosa, «la excesiva burocratización que ha provocado la reorganización del personal o el mal funcionamiento del servicio común de ordenación del procedimiento hacen que la reforma no esté cumpliendo con sus objetivos». Considera que, de seguir así, la oficina judicial «pondrá en riesgo el funcionamiento de otros órganos judiciales en futuras implantaciones, sin contar con el hecho de que no cumple con el objetivo de convertir la Justicia en algo más moderno y ágil».
Carencias informáticas. El sistema implantado no permite la gestión integral del expediente judicial.
Demasiada burocracia. La reorganización del personal no fue acompañada de una clara distribución de competencias.
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