Publicado en www.abc.es
La junta de jueces de Pamplona ha acordado hoy solicitar la retirada del anteproyecto de ley de los tribunales de instancia, ya que la oficina judicial, que es el "paso previo", todavía no ha sido implantada y además "exige resolver las frustrantes experiencias actuales de la misma".
En ese sentido, los jueces aseguran que los problemas que afectan a la justicia de instancia guardan más relación con la "insuficiente e inadecuada planta judicial" que "con otros aspectos que pretende solucionar el anteproyecto", señala el TSJN en un comunicado.
Para los magistrados, la uniformidad en la aplicación del derecho puede obtenerse a través de criterios aprobados en las juntas sectoriales de jueces, por lo que no exige a su juicio la aprobación de una ley de este tipo.
En todo caso, agregan, los criterios que puedan aprobarse en las juntas siempre "deberán respetar la garantía institucional de la independencia judicial", que reside en cada juez concreto cuando ejerce su función jurisdiccional.
Además, califican de "inadmisible" que "una reforma de tal calado" no haya contado con la audiencia de las juntas de jueces, de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia ni de las asociaciones judiciales.
También es "inadmisible" para los jueces "las prisas con las que se pretende aprobar esa ley, sin el necesario debate y confrontación de ideas que exige un proyecto que altera de forma esencial la estructura de uno de los niveles de la Administración de la Justicia de España".
Los jueces rechazan asimismo el anteproyecto porque "se basa en un enfoque excesivamente economicista, primando la relación coste-beneficio, y prescinde de que lo esencial es el cumplimiento de la función jurisdiccional" y además "no está acreditado que la organización colegiada resulte más eficaz que el sistema actual".
Lo "inaceptable", aseveran los magistrados, es que se conciba la estructura del poder judicial "en función de la oficina judicial", cuando ésta, afirman, debería ser en realidad un instrumento de apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional.
Otro argumento de la junta en contra del anteproyecto es la "clara inconstitucionalidad" de varios artículos "por atentar a la independencia del poder judicial, a la inamovilidad del juez y al derecho al juez natural, predeterminado por la ley".
La junta censura por último "la privación a los jueces y magistrados de los mínimos instrumentos personales para el desarrollo de su labor al suprimirse las unidades procesales de apoyo directo (UPAD) previstas en la nueva oficina judicial para cada juez".
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