Publicado en www.adn.es
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, ha dicho hoy que las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para elaborar un borrador de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, que se entregará al Ministerio de Justicia este mismo mes de febrero.
Esta ley, que está obsoleta según Silva, "plantea problemas estructurales" en materia de personal y es "muy rígida", además de que en ella se da "concurrencia de competencias entre el Ministerio de Justicia, las autonomías y el propio Consejo General del Poder Judicial, lo que hace "difícil" la gestión diaria de la Administración de Justicia en materia de personal.
Así lo ha asegurado Silva en el pleno de las Cortes, en respuesta a una interpelación de la diputada popular Yolanda Vallés, quien se ha interesado por la política general en materia de medios personales de la Administración de Justicia desde que en enero de 2008 Aragón asumió estas competencias.
Silva ha reconocido que existe un problema en materia de personal "importante" que afecta al Ministerio y a todas las comunidades con esta competencia transferida.
Pero las autonomías, ha dicho, se han comprometido a entregar al Gobierno central este mismo mes un borrador y se han ofrecido incluso a negociarlo con los sindicatos.
Hasta que la ley no cambie, ha insistido, habrá problemas en materia de personal, porque un consejero autonómico no tiene poder para, por ejemplo, cambiar a unos trabajadores de la jurisdicción penal a la civil.
El objetivo último, según Silva, es que la Justicia "deje de ser del siglo XIX y pase a ser del siglo XXI", y ante un modelo "caduco", la implantación de la nueva oficina judicial, ha vaticinado, traerá una nueva organización con "servicios comunes, división del trabajo y más racionalidad".
En todo caso, según sus datos, la plantilla de Justicia se ha incrementado desde las transferencias en casi un 15 por ciento, con 154 personas más.
Pero Yolanda Vallés ha criticado en primer lugar la dotación de las transferencias de los medios materiales y humanos, y el estancamiento de la plantilla a pesar del "crecimiento exponencial de la actividad judicial".
A esta actividad judicial en crecimiento se suma la creación de nuevos órganos judiciales, cuyos puestos de trabajo se dotan fundamentalmente, según Vallés, con personal interino.
El Departamento de Justicia, ha lamentado la diputada popular, frene a situaciones de "colapso" siempre da la respuesta "tarde, insuficiente y en precario".
Se opta siempre por "la interinidad", ha lamentado, y hay personas que incluso siguen de interinos después de tres años y de tres convocatorias sucesivas de oposiciones nacionales.
Vallés también se ha interesado porque el Ministerio "no ha previsto plazas suficientes para Aragón" en las últimas convocatorias.
Rogelio Silva, sin embargo, ha asegurado que Aragón es la Comunidad Autónoma que menos personal interino tiene en la Administración de Justicia y ha reiterado que la solución no está en los refuerzos ni en el aumento desmesurado de personal, sino que "pasa por la reforma de la ley".
Por eso, ha insistido en la necesidad de que los dos partidos mayoritarios lleguen a un acuerdo en el Congreso de los Diputados.
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