Publicado en www.diariodeferrol.com
La cesión de las obras del Palacio de Justicia de Ferrol, paralizadas desde mediados de diciembre, tendrá que ser autorizada por un juzgado. Así lo indicó ayer a este periódico la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, precisando que este hecho es debido a que la empresa Feyju Galicia, adjudicataria de los trabajos, entró en concurso de acreedores.
Según la información facilitada al respecto desde el gabinete de prensa de Presidencia, la Xunta de Galicia desconocía este extremo y estaba tratando de agilizar al máximo el cambio de constructora. De hecho, el conselleiro Alfonso Rueda había comunicado el jueves a los integrantes de la mesa sectorial de Xustiza que la semana próxima se realizaría ante notario la cesión del contrato de la obra entre Feyju Galicia y la nueva empresa.
No obstante, ayer se manifestó que, a pesar de este contratiempo, la Administración gallega tratará de que el asunto se resuelva lo antes posible, añadiendo que todo está dispuesto para que cuando el juzgado lo autorice se efectúe el relevo. Los trabajos, presupuestados en 2,2 millones de euros, dieron comienzo en abril y tenían un plazo de ejecución de diez meses.
Mientras tanto, CCOO de Xustiza de Ferrol demanda que las obras se reanuden a la mayor brevedad y que, mientras tanto, se adopten con urgencia una serie de medidas de seguridad. En esta línea, los responsables del sindicato en la ciudad, Matilde y Manuel Aguiar, realizaron a lo largo de estos días pasados una serie de gestiones tendentes a mejorar la situación actual en los juzgados locales. Así, se presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por una posible infracción en la normativa de prevención de riesgos laborales. Se fundamenta en que, tras el abandono de la obra por Feyju, los materiales quedaron abandonados en el lugar en el que se encontraban, provocando una grave situación de riesgo para los funcionarios.
Sótano
CCOO añade que, tal y como apuntaba ya ayer Esquerda Unida, la situación se vuelve especialmente grave en el Juzgado de Primera Instancia 3, porque las dependencias en las que se va a instalar están cerradas y sin terminar, por lo que sus ocho funcionarios están confinados en el sótano, en unas oficinas destinadas al juzgado de guardia, de cuatro personas. Se explica que los trabajadores, en un ejercicio de buena voluntad, accedieron a instalarse allí bajo la promesa de que sería para un par de meses, pero ya han transcurrido cinco y las obras están sin realizar. Además del poco espacio disponible, la única puerta accesible a este habitáculo carece de las medidas mínimas y abre hacia dentro. Las otras están inutilizadas ante la necesidad de espacio para ubicar los expedientes, falta ventilación, porque no se pueden abrir las ventanas y la iluminación es inadecuda.
En cuanto al resto del edificio, CCOO denuncia el hecho de que las instalaciones eléctricas que se estaban realizando quedaron inacabadas, con los cables al aire en espacios accesibles para cualquier persona.
El sindicato pone de manifiesto, asimismo, que tanto los funcionarios como el público tienen que sortear constantemente elementos tan dispares como baldosas, radiadores y puertas, que están amontonados por todo el edificio antiguo sin ningún tipo de aviso de peligro. Como también había informado este periódico hace una semana, CCOO también pone de manifiesto que la cubierta está tapada con lonas y que los ascensores de acceso a la cuarta planta están inoperativos.
Además de poner estos hechos en conocimiento de Inspección de Trabajo, CCOO remitió otro escrito a la Dirección Xeral de Xustiza en el que solicita una serie de medidas urgentes tendentes a garantizar las condiciones de seguridad e higiene en las distintas dependencias de los juzgados. En concreto, piden el traslado del Juzgado de Primera Instancia 3 a otro local, incluso fuera de la sede judicial; la retirada del material que está esparcido por distintas dependencias; el remate de las obras eléctricas; la puesta en funcionamiento del ascensor central para garantizar el acceso a la última planta y la reposición del tejado.
Representantes del sindicato también se reunieron ayer con el alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, para solicitar la presentación de una moción demandando la creación en la ciudad de una sección de la Audiencia y un juzgado de Primera Instancia de Familia, así como su interlocución con Xustiza para que se repongan las medidas de seguridad en el Palacio de Justicia. Al parecer, por el momento, el alcalde solo se comprometió, también a petición de CCOO, incrementar las plazas de aparcamiento en el frente de los juzgados, retirando para ello parcialmente la verja que delimita la zona reservada para las obras.
Los sindicalistas le preguntaron, además, por la nueva ciudad de la Justicia e Irisarri les anunció que en este primer semestre se realizará la repartición de las parcelas del Sánchez Aguilera y que posteriormente se cederá el suelo a la Xunta.
Respecto a ese futuro edificio, los representantes de CCOO se preguntan si realmente será una construcción para albergar todas las dependencias o solo un añadido. Sus sospechas se fundan en que el Plan de Infraestructuras de Xustiza tiene aprobados para Ferrol 2,2 millones para las obras de mejora del antiguo Palacio de Justicia que ahora mismo se encuentran paralizadas y otros tres millones para el nuevo edificio, en 2012. Este último montante resulta a todas luces insuficiente para el partido judicial de Ferrol, según CCOO, puesto que es igual que los destinados para los juzgados de Cambados y Vilagarcía, frente a los 15 millones de Vigo, Ourense o Pontevedra.
