Publicado en www.eleconomista.es
Los funcionarios judiciales van a tener que portar una tarjeta personal que permita a los ciudadanos identificarles. Al menos, así lo va a proponer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Ministerio de Justicia y a todas las comunidades autónomas, dado el elevado número de quejas recibidas por los ciudadanos por deficiencias en el trato recibido, según ha señalado hoy Gabriela Bravo, portavoz del Consejo, durante la presentación del Balance de Actuación del Servicio de Inspección de juzgados y tribunales de los dos últimos años.
Bravo ha explicado que las quejas de los ciudadanos durante el año 2010 se elevaron a un total de 2.200, la mayoría de ellas referidas a conflictos generados en el trato personal de los funcionarios de la Administración de Justicia con los ciudadanos, provocados por "faltas en la atención debida" o incluso a deficiencias de "educación", si bien puntualizó que recibieron respuesta en un plazo inferior a los dos meses.
Por ello, dotar a este personal de tarjetas de identificación es algo, a juicio de la portavoz, "absolutamente esencial" a la hora de proporcionar al ciudadano las herramientas para poner una queja o reclamación relativa al funcionamiento del servicio de la Justicia, ya que, ha recalcado, el ciudadano que realiza trámites relacionados con la administración de Justicia "debe saber con quien habla". Además, ha añadido, que esto es "algo normal en otras Administraciones como Sanidad".
En este sentido, el presidente de la Comisión de Inspección del CGPJ, Pío Aguirre, ha indicado que la redacción de un Reglamento de quejas y denuncias es uno de los objetivos marcados por el Plan de Inspección previsto para el presente año 2011.
Un plan, que prevé, asimismo, la redacción de un nuevo Reglamento del Servicio de Inspección, dotar al Servicio de Inspección de una mayor transparencia de su labor, llevar a cabo un plan de formación para los inspectores, realizar un seguimiento de la efectiva implantación Nueva Oficina Judicial o continuar con las visitas presenciales a los distintos juzgados y tribunales.
Además, se prevé el establecimiento de un sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales que permitirá, ha explicado el presidente de la Comisión, ofrecer datos relativos a cuántos jueces se necesitan y en qué jurisdicciones concretas, entre otros.
Jueces sancionados
Bravo ha explicado, además, que durante el pasado año 2010, un total de 336 órganos judiciales fueron objeto de visitas presenciales por parte del servicio de inspección del CGPJ. Por lo que se refiere a los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y magistrados, el balance señala que se ha pasado de 71 en el año 2009 a un total de 47 en 2010, año en que se sancionó a un total de 41 jueces.
En este sentido, Bravo ha explicado que la cifra no supone si quiera el 1 por ciento -concretamente se trata del 0,8 por ciento, ha puntualizado- de los miembros que integran la carrera judicial, compuesta por 4.600 jueces y magistrados. También descendió, según el balance, el número de informaciones previas abiertas. Concretamente, han sufrido un descenso del 61,7 por ciento entre 2008 y 2010, al pasar de 2.485 en 2008 a 952 en 2010. Las diligencias informativas también experimentaqron un descenso, de un 84,7 por ciento, al registrarse 143 en 2008 a 22 el año pasado.
Por otro lado, según el balance, durante el pasado año se llevaron a cabo un total de 300 planes de refuerzo, la mitad de ellos, ha explicado la portavoz, destinados a apoyar a los distintos juzgados de lo mercantil y de lo social que vieron intensamente incrementada su carga de trabajo con motivo de la crisis económica.
Finalmente, Aguirre ha adelantado que el próximo martes, se reunirá la Comisión Disciplinaria para estudiar la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre que anuló un acuerdo del CGPJ por la que se suspendía de su cargo al titular del juzgado de primera instancia nº 4 de Málaga, por la comisión de 6 faltas muy graves, al considerar que el procedimiento sancionador había caducado al superar los seis meses de plazo máximo para resolver que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A este respecto, el presidente no ha descartado la opción de solicitar al poder legislativo la ampliación del mencionado plazo a un año, como está previsto para otros funcionarios de la Justicia.
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