Detectados problemas de seguridad informática en los juzgados gallegos
El centro de protección de datos de Xustiza ya tuvo que ser trasladado por estar sometido a una alta inseguridad
Espacios sin vigilancia, humedad, falta de ventilación y caídas eléctricas reducen la integridad de los expedientes
Publicado en www.lavozdegalicia.es
La práctica mayoría de los juzgados de Galicia no están preparados para afrontar con garantías la reclamada modernización del caudal de trabajo que genera la administración de Justicia. De hecho, los sistemas y programas informáticos empleados en los edificios judiciales de la comunidad sufren graves carencias que ponen en peligro el archivo, custodia y organización de los expedientes y casos que pasan por las manos de los magistrados y personal judicial.
Una valoración elaborada el mes pasado por la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica de la Xunta admite y alerta de que en términos generales las 49 sedes judiciales existentes en Galicia conviven con una notable «carencia de medidas de seguridade» en la vigilancia, salvaguarda y acondicionamiento de los espacios reservados para la ubicación de sus servidores y ordenadores centrales.
Problemas variados
Habitáculos con humedad, ausencia de ventilación, falta de espacio o la fácil accesibilidad de personas ajenas a la administración de Justicia se suceden, entre otros problemas, en los servicios informáticos centrales de las diversas sedes judiciales, poniendo en peligro el acceso, archivo y confidencialidad de los expedientes que tramita cada juzgado.
Habituales caídas en el suministro de energía eléctrica se suman, según el dictamen elaborado por el citado departamento de la Consellería de Presidencia, a los riesgos de seguridad que ya acumulan las sedes judiciales, aumentando así la posibilidad de pérdida de información.
Pero las mermadas garantías que la mayoría de los edificios judiciales están ofreciendo a los sistemas informáticos empleados se extienden incluso a las instalaciones de la propia Xunta. Según señala Presidencia en el referido informe, una de las primeras medidas que el actual Gobierno se vio obligado a tomar en lo que se refiere a la infraestructura de la administración judicial fue la del traslado al centro de protección de datos de la Xunta del que custodiaba la Dirección Xeral de Xustiza con información sensible de los juzgados gallegos. Los problemas de climatización y los bajos niveles de seguridad fueron detectados así incluso en el núcleo de la organización del sistema judicial gallego.
Tras efectuar dicho traslado, la compra de equipos de alimentación ininterrumpida ocupa en la actualidad a la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, dentro de un plan de medidas urgentes para dotar de mayores niveles de seguridad informática a los juzgados, cuyo coste se prevé que supere los 2,1 millones de euros.
«Obsolescencia grave»
Además de los problemas detectados con los servidores y los ordenadores centrales de casi todos los juzgados, las revisiones efectuadas en los últimos meses establecen que «a dotación orixinal de equipos instalados nos órganos xudiciais non foi acompañado dun plan de renovación continuada dos equipos», lo que ha derivado en una situación de «obsolescencia grave», según reconoce la propia Xunta. Por ello, se ha decidido que antes de abril sean sustituidas todas las unidades anteriores al año 2005, así como que la renovación de los equipamientos informáticos que acumulen más de cinco años se produzca a partir de ahora de manera continuada, así como ampliar la capacidad de las redes de comunicación, en situación crítica en el 20% de los casos hasta hace escasos meses.
Los registros a mano suplen la carencia de un sistema central e interconectado
El caso del asesinato de la niña Mari Luz en Huelva evidenció que cada juzgado en España es una isla. Mientras una sala buscaba al acusado para obligarle a cumplir una condena, el presunto asesino se presentaba periódicamente en el tribunal de al lado sin que nadie lo llegara a privar de la libertad que gozó para acabar presuntamente con la vida de la pequeña.
Para evitar situaciones como esa, el Ministerio de Justicia puso en marcha un sistema informático de interconexión de juzgados llamado Minerva NOJ, pero que a día de hoy está muy lejos de conseguir que la información fluya con garantías entre jueces y personal autorizado de dicha Administración.
Sistema no centralizado
De entrada, en Galicia, como en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, no hay todavía un Minerva central que ordene, archive y facilite el acceso a los expedientes y notificaciones, sino que cada una de las 49 sedes judiciales gallegas cuenta con su propio sistema operativo facilitado por el ministerio. La Xunta considera que eso constituye un «auténtico problema» al recortar la operatividad de un sistema que necesita que se activen además a mano las advertencias para los condenados o sospechosos de los casos que generan una mayor alarma social.
El Ejecutivo gallego asegura que ya está trabajando para que a medio plazo se pueda conseguir un sistema centralizado y único desde el que se pueda dar servicio a todos los juzgados, como interconectarlos entre sí con garantías de seguridad.
Registro de peligrosos
A falta de la interconexión de los juzgados, se ha creado dentro de Minerva un registro administrativo en el que se deja constancia de los condenados por casos de violencia doméstica, pederastia o agresiones a menores, pero como señalan profesionales de la Justicia y admite la Xunta, su funcionalidad y actualización depende de la voluntad de los funcionarios encargados de rellenar dicho listado en cada sede. Carece así de automatismos que vinculen dicho registro con las sentencias u órdenes de comparecencia para condenados en libertad condicional o pendientes de juicio.
El supuesto sabotaje de Lugo se atribuye a un error humano
Las alarmas sobre la seguridad informática de los juzgados gallegos se dispararon a finales de diciembre cuando un sumario secreto que instruía el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo desapareció la misma madrugada en la que se había tomado testimonio a implicados en la operación Carioca contra la trama de los burdeles.
El caso dio lugar a la apertura de una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial por si se trataba de un sabotaje informático, ya que en principio había desaparecido el expediente en el que constaban los testimonios de detenidos como un inspector de policía o un funcionario local. La jueza del caso presentó una protesta a la Xunta, encargada de la infraestructura técnica y física de los juzgados de la comunidad.
Fuentes del Ejecutivo admiten que un fallo de coordinación entre dos departamentos a la hora de explicar a la magistrada lo ocurrido hizo que creciese el malestar judicial y las sospechas sobre un posible sabotaje y borrado del expediente. La Xunta mantiene en todo caso que dicha eliminación no se produjo y que todo fue fruto de un error humano, como aseguran que se explicó a instancias judiciales, pero con un mes de retraso.
Proceso automático
La versión de los servicios informáticos autonómicos se centra en el sistema de desconexión automática que los ordenadores de los juzgados tienen implantado y que hace que a las doce de la noche se cierre cualquier aplicación abierta, a la vez que se hace un autograbado de los nuevos archivos en una unidad central de cada sede.
Esa desconexión se produjo, según la Xunta, en la madrugada que el juzgado tomaba declaración a los detenidos sin que desde dicho tribunal se avisase a los técnicos para evitar la desconexión. La Xunta añade que el grabado automático de datos permitió recuperar las declaraciones y el resto del expediente, aunque el encabezamiento del sumario hubiese quedado bloqueado y aparentemente desaparecido.
La Xunta señala por último, que el personal encargado de los sistemas informáticos judiciales está sujeto a un estricto contrato de confidencialidad.
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