Publicado en www.lavozdegalicia.es
En adelante, todas las demandas que se presenten en Galicia por responsabilidad patrimonial contra el Sergas serán tramitadas en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Santiago, por estar en esta ciudad la sede del Servizo Galego de Saúde. Hasta ahora estos asuntos eran competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuya sede está en A Coruña, pero un auto del Supremo ha dispuesto un cambio de jurisdicción.
La orden ya es firme, una vez concluidos los trámites pertinentes. Tras ser examinadas las alegaciones de las partes y con el visto bueno de la propia sala y de la Fiscalía Superior, todas las reclamaciones al Sergas -incluidas las que están en trámite en el Tribunal Superior- serán evaluadas en los dos juzgados de lo contencioso-administrativo que existen en Santiago. Sin embargo, los letrados de la Xunta y del Sergas discreparon de esta interpretación.
La decisión lleva aparejado el traslado a Santiago de los 400 recursos contra el Sergas que se tramitan en el alto tribunal. Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo esta fuga de trabajo supone un cierto alivio, ya que esta jurisdicción es, con diferencia, la que más atasco padece.
En la otra cara de la moneda están los dos juzgados de Santiago, ya que, si ya están desbordados, la llegada de estos procedimientos va a suponer un engorro. Además, no se trata de 400 casos cualesquiera. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Sergas son de gran complejidad jurídica, que requieren una cierta especialización.
Los más perjudicados, no obstante, serán los ciudadanos que han interpuesto estas 400 demandas. De entrada, el traslado supone una demora en la resolución de los casos, que algunos abogados cuantifican en dos o tres años. Supone además un desembolso adicional de dinero, ya que tendrán que contratar un procurador en la capital gallega, lo que supone el pago de entre 1.000 y 1.500 euros. Si esta cantidad la multiplicamos por los 400 casos, la cifra resultante se encuentra entre 400.000 y 600.000 euros.
Quejas de los abogados
La decisión no ha sentado nada bien entre los abogados especializados en derecho sanitario. «No estamos nada contentos», dice Alfonso Iglesias, de la Asociación de Afectados por los Errores Médicos. Ha pedido al Tribunal Superior que los casos en los que se ha practicado la prueba, tengan escrito de conclusiones y solo quede dictar sentencia, no sean remitidos a Santiago. Por su parte, Cipriano Castreje, de la Asociación del Defensor del Paciente, lamenta la situación creada. «Ahora hay que explicárselo a los clientes, otorgar nuevos poderes y contratar nuevos procuradores, y desde luego el paciente no tiene la culpa de que esto suceda», concluye.
