Publicado en www.larioja.com
La firma electrónica, las notificaciones por SMS o los instrumentos web se incorporarán de forma paulatina
El Consejo General del Poder Judicial garantizó ayer que todos los órganos judiciales del país estarán conectados entre sí en los próximos 18 meses gracias a las nuevas tecnologías. La implantación será progresiva en las distintas autonomías y afectará, en un primer paso, a trámites básicos que se hacen entre juzgados por un determinado asunto procesal. País Vasco, Navarra y Canarias serán las primeras comunidades en abandonar el uso del papel y hablar entre sí en tiempo real: ocurrirá antes del 1 de junio. Ya en verano se unirán Cataluña y Andalucía, y el resto lo harán de forma paulatina hasta cerrarse el círculo a finales del 2010.
La idea es que un juzgado de Pontevedra pueda emitir por vía telemática un exhorto sobre un aviso de pleito a un ciudadano que vive en Almería. Se evitaría así el farragoso trámite actual (fax, papel) que puede demorar el procedimiento unos días, unas semanas o hasta un mes. Una circunstancia que en ocasiones pone en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
La conexión informática no será sólo entre los distintos órganos judiciales autonómicos y estatales, sino también con otras Administraciones o entidades públicas, caso de la Fiscalía, Policía, Agencia Tributaria o Seguridad Social.
Pese a carecer de iniciativa legislativa y capacidad presupuestaria, el órgano de gobierno de los jueces confía plenamente en el Ministerio de Justicia para su puesta en marcha. Y aluden de forma concreta al paquete económico que el ministro Francisco Caamaño presentó la semana pasada en el Congreso: 600 millones de euros destinados a la modernización de la administración procesal.
Expediente digital
De forma paralela a la interconexión de los juzgados se implantarán sistemas informáticos más precisos que permitan el uso de canales electrónicos como la firma digital, el SMS o los instrumentos de la web para las salas de vistas. El objetivo es garantizar a los ciudadanos el derecho a realizar actos procesales por medios digitales, como por ejemplo se hace ahora en los bancos.
Sin ir más lejos, en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares todas las competencias ya se pueden realizar a través de una aplicación informática. Se trata de un programa piloto que ha costado 300.000 euros.
Desde el Poder Judicial se celebra «como agua de mayo» el dinero que el Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa para informatizar la administración procesal. Para este fin tendrá lugar una reunión de la Comisión Mixta (Ministerio-Consejo) después de Semana Santa y, de forma paralela, el gobierno de los jueces contactará con las comunidades para que contribuyan económicamente al impulso modernizador.
Fin de la ronda institucional
Asimismo, Caamaño concluyó ayer con una visita a la sede de la Fiscalía General del Estado su ronda de contactos con todos los sectores del mundo de la Justicia, que comenzó al poco de tomar posesión el pasado 23 de febrero.
En ese tiempo, el ministro se ha reunido con asociaciones de jueces, con el Consejo General del Poder Judicial, con los colectivos de secretarios y ha presentado en el Congreso de los Diputados las líneas maestras de su departamento. Caamaño garantizó «la autonomía del Ministerio Público» frente a los poderes políticos en sus palabras a los fiscales de sala.
PLAZOS DEL CAMBIO
Sistema de registro único: con esta herramienta que entrará en vigor en verano se podrá conocer la situación procesal de los registros de todos los juzgados
Servicio procesal común: para finales de año se implantará un sistema compatible para todas las autonomías que verifique, por ejemplo, si un acusado con una causa abierta en Andalucía tiene otra pendiente en Asturias.
Interconexión entre juzgados: de forma progresiva en todas las comunidades desde el 1 de julio hasta finales del 2010.
