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- "Desde el año pasado el incremento de asuntos judiciales debido a la crisis ha sido evidente, notable e importante. La evolución cuantitativa y cualitativa del caso Fadesa sigue siendo preocupante"
MÓNICA VÁZQUEZ | SANTIAGO -Hace un mes tomó posesión como presidente del TSXG, una plaza que llevaba tres años vacante. ¿Se ha resentido internamente el Tribunal por este retraso?
-Si la interinidad no es buena en ninguna institución, en una con funciones complejas como ésta lo debería ser menos y más cuando es una interinidad larga. De todas formas han sido tres años pero quizá como la Justicia está pasando por una situación de espera y de expectativa, lo fundamental se está produciendo ahora. Y lo importante es que ahora sí está cubierta.
-En una de sus primeras comparecencias públicas alertó de que los niveles de atraso en el TSXG el año pasado habían alcanzado los niveles de 2003 ¿Cómo ha empezado 2009?
-Los problemas están en las salas de lo Contencioso y lo Social. El número de asuntos pendientes en lo Contencioso a finales de 2008 ascendía a 18.658, mientras que en lo Social se ingresaron 6.158 y pendían 9.502, que es más o menos la bolsa de años anteriores. En cambio en lo Contencioso sí ha habido un incremento debido al elevadísimo número de asuntos nuevos que ingresó en 2008. En lo Social este problema se soluciona con más magistrados para dictar sentencia porque ésa es la función mayoritaria de esta sala. Hay un plan de refuerzo, que se está renovando en estos momentos e incluso están haciéndose gestiones para que se amplíe. La sala de lo Social necesita ese refuerzo no sólo por el retraso actual en la acumulación de asuntos pendientes sino por la previsible elevación de asuntos en función de la situación económica. Se ha notado ya un claro incremento en los juzgados de lo social de asuntos relacionados con despidos, extinciones de contratos de trabajo... Y todo esto se va a traducir de forma inmediata, de hecho se está notando ya, en el número de recursos que están entrando en la sala de lo Social.
-¿Las tres plazas de magistrado previstas para este año ayudarán a frenar el colapso?
-Lo que está previsto para este año son dos plazas de magistrado para lo Contencioso y una para la sala de lo Social además de otro juzgado de lo social en A Coruña. Esto sería una medida estructural pero por razones de coyuntura podrían pedirse refuerzos a mayores.
-En estas dos salas, sin embargo, ya se ha probado de todo: refuerzos, creación de más plazas? Ponerlas al día parece imposible.
-Yo haría una diferenciación. En lo Social si prospera el refuerzo que se está gestionando en este momento, muy superior al que hasta ahora venía funcionando, yo creo que se puede paliar el retraso o por lo menos, rebajarlo al nivel de entrada, unos 5.000 o 6.000 asuntos por año. El caso de lo Contencioso es distinto. Un nivel de entrada tan grande como el que tuvo en 2008 obedece a una situación coyuntural pero creo que requeriría un estudio concreto para poder bajar el nivel de pendencia que arrastra.
-Más allá del TSXG ¿cómo está repercutiendo la crisis en el resto de los juzgados?
-Pues en este arranque del año empieza a haber problemas específicos en los juzgados de lo Social y más aún en sitios concretos como A Coruña, Ferrol o Vigo, que tienen una litigiosidad social importante. Y cuando los juzgados están ya con el nivel de entrada al límite de lo racional, cualquier incremento produce una disfunción todavía mayor. Además, el problema del aumento del número de asuntos en lo Social no sólo es de cantidades sino de calidad porque normalmente hablamos de despidos o reclamaciones de derechos, es decir, asuntos en los que las partes se pelean. En otro aspecto los juzgados de Primera Instancia están reclamando refuerzos porque las reclamaciones civiles se han incrementado, otro reflejo de la situación socioeconómica. Al pairo de esto están los juzgados de lo Mercantil y el caso específico del juzgado número 1 de A Coruña, que desde noviembre tiene funcionando una unidad de refuerzo y al que se unió el mes pasado el nuevo Mercantil número 2. Pero aún así la evolución cuantitativa y cualitativa del caso Fadesa sigue siendo preocupante porque ha originado muchísimos expedientes derivados del propio concurso. El incremento en función de la crisis tanto en los juzgados de lo Social como en los de lo Mercantil ha sido evidente, notable e importante. Y ya se viene notando desde el año 2008.
-Preocupa también el importante volumen de sentencias pendientes. 2007 se cerró con 13.000 penas sin ejecutar. ¿Con cuántas acabó 2008?
-Aún no hay datos concretos para 2008. Eso lo clarificará la memoria pero creo que la situación grosso modo se puede considerar estabilizada porque la evolución de entrada de asuntos no lleva a otra conclusión. Las ejecutorias desde hace muchos años han supuesto un problema específico dentro del funcionamiento de los juzgados, pero la situación está estabilizada.
-Pero en el caso concreto de A Coruña, los jueces de lo Penal han advertido ya de que la situación es crítica y 2008 se cerró con 7.000 sentencias pendientes, más que el año anterior...
-Lo que han pedido los jueces coruñeses, otra cosa es lo que nos den, es, aparte de un juzgado de vigilancia nuevo, otro órgano de instrucción porque la entrada de asuntos supera el módulo. Pero yo creo que la problemática de los juzgados de instrucción no tiene un significado cualitativo distinto del que pueden tener los restantes órganos judiciales en A Coruña, a pesar de que a lo mejor en las ejecutorias puede tener un matiz agravado. Pero las necesidades específicas y las posibilidades de creación de nuevos órganos se verán en la memoria.
-¿Pero sería necesario crear, como demandan desde hace años, un juzgado exclusivo para sacar las sentencias pendientes?
-Hay que mantener la cautela en ese asunto porque esa especialización es un paso difícilmente reversible. Podría ser necesario pero es un problema que requiere un examen riguroso y específico de la situación de la jurisdicción penal y, concretamente, de las ejecutorias porque no hay marcha atrás y porque se le asignaría una competencia tan especializada que tendría que estar muy justificada.
-En la jurisdicción penal, otra patata caliente ha sido la última reforma en materia de seguridad vial. ¿Se están detectando problemas en los juzgados por la avalancha de delitos de tráfico?
-Yo creo que eso está funcionando de forma correcta. Mayoritariamente son alcoholemias, conducciones ilegales... Y no hay en este momento un problema concreto con el funcionamiento de este tipo de juicios rápidos. Tanto es así que se han levantado voces pidiendo soluciones similares en el ámbito civil. Y personalmente me parece una buena solución. ¿Si hay muchos casos? Pues parece ser que sí, que conducimos indebidamente, pero casi siempre la competencia es muy repetitiva y hay muchas conformidades, y eso es algo que facilita enormemente la tramitación.
-Pero los jueces sí se han quejado de que hay pocas plazas de trabajos comunitarios en Galicia. ¿No era un problema previsible cuando se reformó la norma?
-Claro, ¿pero quién tiene que prever eso? Al juez le viene todo dado, la competencia, el instrumento legal y la infraestructura. El juez no tiene el poder de decir: "Mañana hay que crear un puesto aquí". Él tiene que ejecutar una sentencia y a lo mejor la situación infraestructural que en ese momento está disponible no le permite hacerlo.
-Atraso, falta de medios e infraestructuras... Como presidente del TSXG supongo que usted no puede secundar una huelga, ¿pero comparte las reivindicaciones de sus colegas?
-Las reivindicaciones de las asociaciones judiciales son básicamente las mismas de las que estamos hablando. Nueva oficina judicial para delimitar funciones entre juez y secretario, infraestructuras, más medios materiales, más plazas de juez, incorporar las nuevas tecnologías como la firma digital, la comunicación por vía telemática, la interconexión con otras administraciones... Nadie ha discutido la necesidad de estas reivindicaciones. El problema es la huelga como instrumento de reivindicación y ahí entramos ya en otro nivel de discusión.
-¿Y qué opina usted de ese instrumento de presión? ¿Pueden o deben los jueces ir a la huelga como en febrero para hacerse oír?
-El derecho de huelga de los jueces no es un problema voluntarista de decir yo soy partidario, yo no soy partidario. Sobre este tema se han discutido varias cuestiones: si tenemos derecho a la huelga; si hay un instrumento legal que viabiliza este ejercicio; si la huelga de los jueces tiene las mismas limitaciones que la de un trabajador ordinario o un funcionario público; y en último término se ha discutido sobre la necesidad o conveniencia de que los jueces, ya sea en febrero o mayo, realicen una huelga. Sobre el derecho de huelga, mayoritariamente se opina que sí lo tenemos, otra cosa es las limitaciones concretas y el cómo. No hay prohibición expresa pero la Constitución sí dice que los jueces somos Poder de Estado. En la medida en que estimemos compatible una cesión de la actividad con el mantenimiento de la función jurisdiccional, los jueces tendrían derecho a la huelga. Pero yo en este momento no veo que haya razones en este sentido, máxime cuando las asociaciones y el ministro de Justicia están en negociaciones y hay constituida una comisión mixta entre el Poder Judicial y el Ministerio para alcanzar un acuerdo social por la Justicia. En este sentido no me parece que concurra ese presupuesto fundamental que justifica una huelga, que es básicamente un instrumento de solución de problemas , no de creación.
-Las críticas contra la politización de la Justicia van en aumento. ¿Qué opina de que cargos clave como la Presidencia de un TSJ se conviertan en moneda de cambio entre partidos?
-Tanto el Poder Judicial como los jueces tenemos competencias que nos vienen dadas por ley, no las elegimos. Y en estas competencias hay cuestiones que tienen carga política, asuntos que intrínsecamente también son en esencia políticos. Cuando un órgano resuelve dentro de esas competencias no es que se esté politizando sino que está resolviendo un asunto que tiene carga política, que es algo totalmente distinto. De modo que si la institución que sea resuelve como debe hacerlo, se puede criticar su decisión desde la racionalidad, pero no deslegitimarla por haber resuelto. La independencia del juez no es algo negociable, forma parte de la propia estructura del Poder Judicial. Es la obligación del juez actuar con independencia.
-¿Le molesta que, a modo de crítica, le cuelguen la etiqueta de juez progresista?
-A mí no me molesta ese adjetivo pero eso sí, bien entendido. Para mí el término progresista refleja una especial sensibilidad personal, profesional y social, no es patrimonio de nadie y tampoco una consecuencia ineludible de pertenecer a una determinada asociación. Ojalá yo respondiese un poco al significado real de ese adjetivo.
"Ser un juez progresista significa tener una especial sensibilidad"
Pregunta. Resulta increíble que las nuevas tecnologías sigan sin llegar a la justicia, que ni siquiera se puedan cruzar datos entre jueces, fiscales y policía. ¿Es falta de coordinación?
Respuesta. Es un problema de inversión. En los órganos judiciales es fundamental cruzar datos, pero nunca existió un sistema que permitiese hacerlo y eso ya generó problemas. No es un problema de coordinación. Pero la independencia, la esencia de nuestra profesión, ha sido durante mucho tiempo también nuestro mayor problema. El juez es independiente, pero entonces es como una especie de residuo que está ahí y no cuentan con él salvo que sea indispensable. La independencia tiene un precio personal y a veces institucional. Cuando la falta de nuevas tecnologías se convierte en un problema generalizado es cuando todo el mundo se pone a trabajar en resolverlo, y es lo que está sucediendo.
P. Independencia sí, pero fue la falta de consenso político lo que bloqueó el Consejo del Poder Judicial y en Galicia se tardó tres años en nombrar un presidente del TSXG. ¿Influye en la mala imagen de la Justicia?
R. Puede influir. Pero el Consejo es el que tiene mandato legal para hacer los nombramientos. La censura se puede formular por no haberlo nombrado antes y por el contenido de la decisión. La demora en el Tribunal Superior de Galicia ha sido una disfunción absoluta, pero no puede deslegitimar al órgano que nombra ni al nombrado.
P. ¿Nunca recibió presiones?
R. Nunca. El juez no es que pueda, es que debe rechazar cualquier tipo de presión efectiva o insinuación. Es su obligación, es la esencia de su función y un mandato explicito de la Constitución, sólo está subordinado a la ley. No es negociable.
P. ¿Le molesta que los políticos comenten sentencias?
R. Es un problema de sensibilidad política, pero la censura de este tipo de actuaciones, cuando se producen, no debe venir del juez, sino de la propia sociedad, y fundamentalmente de los medios de comunicación.
P. Es el primer presidente del TSXG de tendencia progresista. ¿Va suponer una impronta diferente en el ejercicio del cargo?
R. En mi actuación profesional no, en absoluto. Yo siempre trato de aclarar lo de progresista. No rechazo en modo alguno la adjetivación, sería absurdo, pero sí quiero matizarla. Para mí significa tener, y es cómo me siento, una especial sensibilidad. Nada más. Una especial sensibilidad en el aspecto personal, en el profesional y en el social. No se tiene esa condición de progresista por pertenecer a una determinada asociación, sino que es algo que se ha adquirido a lo largo de la vida, por las propias vivencias personales, familiares y fundamentalmente profesionales.
P. Usted se estrenó reclamando más y mejores medios, que es competencia de la Xunta. ¿Debería la comunidad autónoma asumir más competencias?
R. Es un problema relativo, lo fundamental es que quien tenga las competencias, las ejerzca debidamente. Me da lo mismo que sea aquí o allá. A lo mejor si la comunidad autónoma asume competencias que hoy tiene el Consejo General o el ministerio, puede que, por su proximidad, las soluciones sean o más reales o más eficaces, quizás sí. Pero la situación está como está. A lo mejor habría que crear un Consello da Xustiza Galega. Depende de cómo se conciba.
P. ¿Está a favor?
R. Si sólo tiene funciones consultivas o representativas, no tendría excesivo sentido. Otra cosa es si tiene competencias efectivas, como evaluar de forma más próxima las necesidades, los problemas y buscar soluciones. Pero es pura hipótesis. Me parecería bien si fuese así, pero siempre que esté en completa armonía y sea compatible con el Consejo del Poder Judicial.
P. ¿Ayuda tener un ministro gallego?
R. Ilusiona más. Después hay que atenerse a los resultados. Estamos expectantes.
P. Llámese congestión o colapso de la Justicia, es un mal endémico. ¿Llegará realmente algún día el remedio?
R. Cuando la situación deficitaria es tan especial como la que estamos viviendo, porque afecta a muchos aspectos, a los medios, a la estructura, a la organización, incluso a la formación, la medida tiene que ser integral. Y eso es lo que en el momento actual se está intentando afrontar con, por un lado, la reforma de la oficina judicial, y por otro a través de la determinación de las cargas de trabajo, replantearse la planta judicial, el número de jueces y fiscales, el acceso a la carrera judicial o la implantación de medios tecnológicos.
P. ¿El número de asuntos judiciales pendientes, que era muy alto en Galicia, aumentó?
R. Creo que no, la situación está estabilizada. La cifra es elevada porque entra mucho asunto nuevo y se incrementó por la crisis económica. Galicia es la quinta comunidad con mayor entrada de asuntos judiciales.
P. ¿Se adoptaron medidas extraordinarias ante ese aumento de casos por la crisis?
R. Se está produciendo ahora. En Galicia, el año pasado aumentaron en un 200% los concursos de acreedores de empresas [antigua suspensión de pagos], hubo 247 frente a 81 en 2007. Y los despidos pasaron de ser 3.300 a 5.188 al cierre de 2008. Van a seguir aumentando. Tiene un efecto añadido perverso, nos puede llevar a confundir un déficit coyuntural de medios y plantilla judicial con un déficit estructural. A lo mejor hace falta una plantilla de ocho personas, pero sólo temporalmente. La situación económica afecta a órganos concretos, en los juzgados, pero también en los de apelación de segunda instancia, sobre todo en materia de lo social. Hay previsión de darle preferencia a determinadas causas, como los despidos. Pero hay asuntos relacionados con la Seguridad Social que tardan más en resolverse.
P. ¿Y ahí la pendencia es grande?
R. Sí, sobre todo en la Sala de lo Social del Tribunal Superior, que tiene un plan de refuerzo que se está intentando incrementar con más magistrados. El problema en esa sala es resolver recursos contra sentencias en primera instancia. La solución es aumentar, de forma temporal, el número de magistrados. Al cabo de seis meses, se verá si se mantiene o no ese refuerzo. Como ocurrió con los casos del Prestige o de Fadesa.
P. En el caso del Prestige, ha sido especialmente sangrante la lentitud, casi seis años.
R. Es una causa inmensa, cuantitativamente y en complejidad. Lo importante es que se celebre el juicio oral cuanto antes.
P. La crisis también puede suponer que no haya dinero para incrementar los medios que requiere la Justicia.
R. La crisis puede poner de relieve deficiencias estructurales en la Justicia que estaban ahí pero que ahora se hacen inocultables. En ese sentido, bienvenida sea la crisis. En situación de normalidad, los juzgados ya venían afrontando mal que bien el trabajo. Cuando hay un plus de trabajo y de exigencia de respuesta, lo que aflora es la verdadera dimensión del problema de los juzgados. Pero creo que el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio y las comunidades autónomas están trabajando en dar a esta situación un impulso definitivo, con el plan integral de modernización de la Justicia. No es una actualización sino dotar a los órganos judiciales de medios esenciales para lograr un funcionamiento regular de la Administración judicial.
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