Publicado en www.expansion.com
El Ejecutivo "incompatibiliza" que las clases pasivas reciban su pensión de retiro si deciden continuar trabajando. Los sindicatos han interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional.
“Si vivimos más años, es lógico que haya que trabajar más”. El ministro de Fomento, José Blanco, lanzaba hace unos días este mensaje, como un remedio natural para sortear los futuros problemas del sistema de pensiones. Sin embargo, el Gobierno ha tirado por tierra esta máxima al aprobar una “regla general” que impide a las clases pasivas –funcionarios– percibir la pensión de jubilación o retiro y ejercer a la vez una actividad “por cuenta propia o ajena”. Es decir, desincentiva su permanencia en el mercado de trabajo.
De esta forma, los funcionarios que desde el pasado 1 de enero decidan alargar su vida laboral deberán escoger entre percibir su pensión o dedicarse a otra actividad de modo continuado (esto es, que exija que se den de alta la Seguridad Social). Sólo hay una excepción para esquivar esta penalización: tener una incapacidad permanente total.
Según los laboralistas consultados, esta novedad implica una “penalización” a los miembros de la función pública –como profesores o médicos– que una vez llegada la edad de retiro deciden continuar trabajando por su cuenta.
Un alivio para el Estado
¿Pero cómo se explica el doble criterio del Gobierno? Desde el sindicato CSI-CSIF, que representa a los más de 2,5 millones de funcionarios que hay en España, apuntan que con este blindaje “el Ejecutivo se ahorra el dinero de la pensión de estas personas, al entender que la paga de retiro sólo la deben recibir quienes estén apartados totalmente del mercado laboral”.
“Se trataría de un criterio de austeridad”, según explican las mismas fuentes, pendientes aún de que el Ejecutivo dé una explicación sobre el nuevo criterio. En la práctica, el aplazamiento de la paga de jubilación a estas personas supone un verdadero alivio para las debilitadas cuentas de la Seguridad Social.
Y he aquí donde aparece el segundo escollo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2009 ya recoge esta “incompatibilidad” sobre la que, para asombro de los sindicatos y los partidos políticos consultados, ha vuelto a incidir el Gobierno, mediante un Real Decreto aprobado en el último Consejo de Ministros.
La sorpresa es que la nueva redacción, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), omite el párrafo donde se garantiza a las clases pasivas que recibirán su pensión una vez que finalicen –definitivamente– su actividad laboral. No obstante, Economía aseguró ayer que la redacción de este reglamento pendiente de publicación no añade ni recorta nada sustancial respecto al texto inicial.
En su día, el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional esta medida, al entender que debería debatirse en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, el foro en el que, desde 1995, se discute cualquier reforma o cambio que afecte al sistema de pensiones.
También CCOO ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, por entender que el Estado no puede dar luz verde a una medida de este tipo, sin previa consulta y negociación con los sindicatos, tal y como prevén la Ley de Libertad Sindical y el Estatuto de la Función Pública.
Los colectivos de los potencialmente afectados por este cambio son, en términos generales, los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado; el personal militar de carrera; ciertos interinos y los funcionarios de carrera transferidos a las comunidades autónomas. Además, el Régimen de Clases Pasivas también está integrado por los ex presidentes, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado y otros Altos Cargos Constitucionales.
