LA Justicia no funciona, y las buenas formas del ministro Francisco Caamaño -en notorio contraste con su antecesor- no servirán de nada si no van acompañadas de un trabajo serio y eficaz. Hoy informa ampliamente ABC acerca del caos informático que paraliza las actuaciones de la Audiencia Nacional, el órgano jurisdiccional más mediático en el conjunto de la Administración de Justicia, cuyos problemas de funcionamiento se multiplican en otros muchos juzgados y tribunales españoles. Los sistemas Minerva y Lexnet no cumplen las expectativas que suscitó su puesta en marcha como parte de un plan informático diseñado para agilizar trámites y modernizar las oficinas judiciales. Una vez más, los buenos propósitos y la retórica triunfalista chocan de frente con la realidad: sólo hay un profesional informático para dar servicio a toda la Audiencia Nacional, y el juez decano, Santiago Pedraz, ha expresado por escrito su queja al Ministerio, sin obtener respuesta aún. Todo ello se traduce en retrasos en las notificaciones telemáticas y dificultades de todo tipo a la hora de coordinar la actuación con otros órganos para evitar situaciones tan dramáticas como el famoso «caso Mari Luz», que provocó una respuesta política que, a la hora de la verdad, ha resultado ser pura apariencia.
El colapso en un servicio público esencial para una sociedad moderna y compleja es, por desgracia, una realidad. Las quejas de los jueces no se reducen a una cuestión salarial o a una postura ideológica, como a veces pretende transmitir el Ejecutivo a propósito de la huelga reciente y de las reivindicaciones de un colectivo harto de trabajar en condiciones inaceptables. La comparación entre los medios de que dispone la Hacienda Pública y el estado lamentable de la burocracia judicial es fiel reflejo de un orden de prioridades que pone de relieve el desinterés de muchos políticos hacia el Estado de Derecho. La Constitución reconoce a todos, en su artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce -entre otras cosas- en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En las circunstancias actuales esta norma constitucional es papel mojado y la responsabilidad alcanza directamente al Gobierno como titular de las competencias para ofrecer a los jueces una cobertura material indispensable para trabajar como es debido.
Las cosas no se arreglan con nuevas y discutibles reformas procesales. Mucho menos, alentando directa o indirectamente un enfrentamiento artificial entre los titulares exclusivos de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado -es decir, los jueces y magistrados- con los secretarios judiciales y los demás funcionarios. Tampoco cabe confundir las garantías del ciudadano ante la Justicia con procedimientos arcaicos de notificación o con fórmulas burocráticas que provocan una lentitud exasperante. La informática es a día de hoy un instrumento auxiliar indispensable para prestar cualquier servicio público en condiciones razonables de calidad y eficiencia. Si las cosas funcionan así en la Audiencia Nacional es fácil suponer el lamentable estado de abandono que sufren otros muchos órganos jurisdiccionales. El CGPJ y, por supuesto, el nuevo ministro, tienen una buena oportunidad de demostrar su capacidad de gestión, más allá de los gestos obligados de cordialidad.
