Publicado en www.laopinioncoruna.es
El Consejo General del Poder Judicial recibió más de 600 reclamaciones de usuarios ante el deficiente funcionamiento de los juzgados de la comunidad en los últimos doce meses
¿Caos o retrasos interminables? Sea cual sea la mejor definición, lo cierto es que los juzgados gallegos, como en toda España, atraviesan una situación tremendamente delicada. La sufren, día a día, en su trabajo, los funcionarios y, por supuesto, los ciudadanos. La otra cara del colapso en los tribunales. Las reclamaciones por el mal funcionamiento crecen año tras año, pero lo ocurrido durante el pasado 2008 desborda cualquier previsión, con un alza superior al 40%. Más de 600 denuncias en la comunidad en sólo 12 meses y mucha preocupación por el estado de los registros civiles, donde el aumento de las demandas en el último ejercicio por los tiempos de espera, las plantillas insuficientes y el horario es espectacular, superior al 217%.
Las reclamaciones por los problemas en los registros civiles suponen ya, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), más de la mitad de todas las quejas que se presentan. 130 durante 2008 en Galicia frente a las 41 de 2007. Uno de los mayores incrementos registrados en toda España, aunque el volumen de las demandas es muy superior en comunidades con mayor actividad, como Madrid -donde se alcanzaron el ejercicio anterior las 1.850-; en Valencia -con 879-; y Cataluña -donde se entregaron 753-. En comparación con 2004, el número de denuncias aumentó en los registros gallegos un 86%.
"Pese a la adopción por parte de la Administraciones competentes de diversas medidas para mejorar los registros civiles, su organización y funcionamiento sigue siendo uno de los flancos más débiles de la modernización de la justicia", apunta el CGPJ en su última memoria. Por eso, el órgano de gobierno de los jueces apuesta por su "desjudicialización". "El espectacular incremento del volumen de trabajo, la ampliación de sus competencias por sucesivas reformas legales y la complejidad de muchos de los expedientes que se tramitan han dado lugar al establecimiento de sistemas organizativos, basados en la limitación de las personas que pueden ser atendidas cada día", añade.
El CGPJ recuerda los "elevadísimos tiempos de espera en el exterior" de los registros para conseguir "uno de los limitados números" que se facilitan. "En muchos casos sin tener ninguna garantía de su efectiva obtención", continua. La opción de un sistema de cita previa tampoco convence a los magistrados. "Las fechas disponibles son tan lejanas que provocan el lógico malestar de las personas afectadas", apuntan. De ahí que sólo en cuatro comunidades se diera un descenso en el número de quejas: Cantabria (43%), Andalucía (33%), Valencia (10%) y Cataluña (4%).
Por primera vez la agilidad de los trámites pasa a un segundo plano entre los motivos de las protestas en toda la administración judicial y cede el primer puesto a las denuncias por una atención inadecuada. Casi el 80% de las 22.000 demandas recibidas en la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial se apoyan en vulneraciones de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Es decir, por la obligación de la administración a ser transparente, comprensible, atenta, avanzada, protectora con los más débiles y que mantenga una relación de confianza.
Como en el caso de los registros civiles en concreto, la distribución de las quejas en los órganos judiciales en general está directamente vinculada con la mayor o menor actividad en un territorio. De nuevo, Galicia experimentó en 2008 uno de los mayores aumentos en el número de reclamaciones. Hasta 602, lo que representa un 42,3% más que en el ejercicio anterior y frente al incremento medio en toda España del 27%. Madrid, Cataluña y Andalucía están a la cabeza, entre las comunidades con más reclamaciones, con 3.656, 1.972 y 1.903, respectivamente. En todo caso, el CGPJ quiere dejar claro que los datos no tienen por qué significar que son estos los territorios con peor funcionamiento de la justicia. "Hay muchos factores", matizan.
No todas las demandas caen en saco roto. Alguna es tan evidente, avisa de una situación tan alarmante, que el máximo órgano de los jueces toma medidas. Hasta una tercera parte de las reclamaciones. "El incremento progresivo de las reclamaciones apoya la conclusión del informe de que cada vez está más asentada la percepción que los ciudadanos expresan en sus escritos de que las quejas no son una mera expresión del descontento, sino que se conciben y utilizan por parte de los receptores del servicio como un cruce de participación y de contribución social a la mejora de las instituciones públicas", apunta el Poder Judicial.
Claro que en el caso de Galicia, de las más de 600 denuncias, sólo tres acabaron con mejoras, con la incorporación de más medios materiales. Muy lejos de las 2.268 reclamaciones que derivaron en la adquisición de más equipos, pero también la contratación de más personal en Madrid. O de las 532 efectivas en la Comunidad Valenciana y las 386 en Cataluña. Según su balance de 2008, el CGPJ calcula que el 35% de los motivos de denuncia expresados por los ciudadanos han generado "un avance real" en la calidad del servicio que prestan los órganos judiciales porque dieron lugar a medidas de mejora en el funcionamiento de juzgados y tribunales.
4.797 medidas en España, "la mayor parte de ellas consistentes en el refuerzo de personal (3.783), dotación de medios materiales, medidas procesales y relativas a la organización de la oficina judicial". Hace cuatro años, las quejas tenidas en cuenta fueron 496.
