Publicado en www.laopinioncoruna.es
- En una primera fase se estudiarán los archivos del Tribunal Superior de Xustiza y las Audiencias Provinciales y luego se extenderá la criba al resto de juzgados de la comunidad
Las montañas de documentos y expedientes que se acumulan cogiendo polvo en los edificios judiciales de toda Galicia se verán sustancialmente reducidas en los próximos años. La Xunta ha dado el primer paso para destruir toda la documentación judicial prescrita o innecesaria que almacenan los juzgados gallegos desde hace varias décadas. Las primeras estimaciones de la Dirección Xeral de Xustiza apuntan a que aproximadamente 1,2 millones de expedientes no pasarán la criba, aunque parte de la documentación analizada se conservará debido a su valor histórico y documental o a la importancia que pueda tener para futuras reclamaciones por parte del afectado.
El proceso de selección y limpieza de todos estos expedientes recaerá sobre la Junta de Expurgación de la Documentación Judicial, un órgano adscrito a la Consellería de Presidencia y encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este comité de expertos, del que también formarán parte un fiscal, un secretario, un funcionario elegido por la Xunta y un técnico especializado en archivos, será el encargado de evaluar uno por uno todos los papeles almacenados en las principales sedes judiciales de Galicia pero también en todos los juzgados unipersonales de la comunidad.
Se trata de un trabajo arduo y lento que, como explican desde la Consellería de Presidencia, podría prolongarse durante tres años una vez que esté constituida ya la Junta de Expurgación. El primer año, los expertos se centrarán en el análisis y selección de los documentos archivados en el Tribunal Superior de Xustiza y las cuatro audiencias provinciales, de donde la Xunta prevé expurgar unos 200.000 expedientes. En una segunda fase, más larga y compleja por lo que podría durar dos años, la Junta estudiará los fondos conservados en los archivos de los pequeños juzgados, en los que estiman que se destruirán otro millón de expedientes.
Tercera limpieza en España
De momento, la Xunta sólo ha dado el primer paso con la publicación en el DOG del decreto por el que se constituye la Junta de Expurgación. Por eso, todavía es pronto para saber cuándo se iniciará el proceso de catalogación y selección de los archivos y mucho menos la destrucción de aquellos que se consideren inútiles.
Este será el tercer procedimiento de expurgo de la historia judicial española y también el más importante debido a que el papeleo generado por la Administración judicial se ha multiplicado en las últimas décadas. El primero se realizó en 1923 y el segundo en 1962. Por eso, la noticia ha cogido por sorpresa a jueces y secretarios, que en la gran mayoría de los casos no han vivido en persona un procedimiento de expurgo pero coinciden en la urgencia de la medida ante la saturación de las sedes judiciales.
Los palacios de justicia de Galicia llevan años desbordados por la acumulación de documentos antiguos. Es el caso de la Audiencia de Ourense, en cuyos sótanos ya no cabe ni un legajo y la nueva documentación se deriva al edificio de la antigua cámara de propiedad. "Es increíble lo que hay ahí abajo. Hay gente que entra con mascarilla y hace años tuvimos problemas con las ratas", explica José Luis Roig, secretario judicial en esta provincia.
Cuando los expertos empiecen a bucear en los archivos judiciales, sin embargo, su tarea no consistirá sólo en deshechar documentos. También deberán identificar aquellos expedientes que por su contenido, las personas a las que se refieren o la fecha en la que fueron emitidos merecen ser conservados en el Archivo Histórico por su valor patrimonial o en los archivos judiciales territoriales. Será la Junta de expurgación la que decida qué documentos se salvan de la quema aunque antes deberá escuchar la opinión del organismo competente en conservación del patrimonio.
Y es que junto a miles de expedientes ya concluidos e incluso prescritos sin ningún interés conviven en los juzgados gallegos informes que datan de hace 100 años e incluso más. "En A Fonsagrada tenemos documentos del año 1870 y si los hay en este juzgado, los habrá en muchos más", explica Luis Villares, titular del Juzgado de Instrucción de A Fonsagrada (Lugo).
Además, todos los fondos judiciales de la Guerra Civil o que tengan que ver con la aplicación de la ley de vagos y maleantes tampoco se tocarán para evitar que se pierdan documentos que puedan servir de base para exigir una reparación o indemnización en virtud de la ley de memoria histórica. Pero incluso documentos sin ningún valor podrán ser recuperados por las partes implicadas. Para eso, se publicará en el DOG la relación de los documentos a destruir y se abrirá un periodo de dos meses durante el que los interesados podrán solicitar la devolución de los escritos.
La decisión de la Xunta de encomendar a un grupo de especialistas la limpieza de los archivos judiciales responde a un Real Decreto del año 2003 en el que se obliga a todas las comunidades a iniciar este proceso. Sin embargo, la ya de por sí complicada situación de la Justicia en España ha hecho que el expurgo de los juzgados se iniciase con cierto retraso. De momento sólo otras tres comunidades han cumplido con el requisito aunque en la Dirección Xeral de Xustiza aseguran que en cuanto al nivel de ejecución no hay grandes diferencias.
. Valencia. La Comunidad Valenciana es la que lleva más adelantado el proceso de depuración de sus archivos judiciales. A finales del año pasado, de hecho, la consejera de Justicia informó al Parlamento valenciano de la destrucción de dos millones de expedientes judiciales fechados entre 1942 y el año 2000. La Junta encargada de la limpieza, con todo, se constituyó en 2006 y tardó más de un año en hacer pública una relación con los documentos que proponía destruir. Se eliminaron más de 725.000 toneladas de papel que se destinaron al reciclaje.
. Cataluña. A finales de 2007, Cataluña aprobó el decreto por el que creaba su Junta de Expurgo aunque a día de hoy aún no está cuantificado el volumen de documentos que se van a destruir.
. Andalucía. Aunque fue la primera en aprobar un decreto para depurar sus archivos, el proceso lleva años paralizado y no se han dado pasos visibles.
