No hay etiqueta más gastada que la de "corporativismo" para descalificar actitudes de procedencia judicial de las que se discrepa. Conozco, en cambio, modalidades de corporativismo, como el de grupo político, que gozan del impagable privilegio de la invisibilidad. Por algo será. Diré también que reducir lo que está pasando en medios judiciales a mero síntoma de cerrada fijación en sórdidos intereses personales, de quienes sólo buscarían eludir su responsabilidad, es, antes que un error culpable, una miope estupidez.
La situación de la Administración de justicia es gravemente crítica, por la acumulación progresiva de diversos factores. Entre éstos, una correlación de necesidades y medios de ejemplar desequilibrio. Con endémica tendencia a potenciarse, merced al socorrido recurso de ampliar la respuesta judicial con un mero "tirar de BOE". A lo que ahora se sumarán las secuelas de conflictividad producto de la crisis.
Preside semejante estado de cosas la crónica ineficiencia de la gestión ministerial, de la que es buena muestra una oficina judicial en la que toda disfuncionalidad tiene su asiento. Con -¡todavía!- su decimonónica definición de roles y elevadísimos índices de interinidad del personal. Por no hablar, en el orden penal, de la probada incapacidad para promover con eficacia reformas procesales urgentes; mientras el Código sufre un compulsivo reformismo de oportunidad marcado por la improvisación y la desatención a las consecuencias.
Sobre el medio judicial pesa, además, la escandalosa incapacidad de las fuerzas política para pactar en serio medidas legales imprescindibles, que demandan acuerdos solventes cuyo desarrollo, que no cabe en una legislatura, tendría que ser inmune a la odiosa sinrazón del electoralismo.
Recordaré también que el marco judicial está asolado, desde hace más de veinte años, por la patética deriva, parálisis a veces, del Consejo. Gravísimo fenómeno de causa política y efectos perversos en todo el sector y su cuenta de resultados.
Un contexto tan atormentado por la superposición de elementos inductores de caos, es el caldo de cultivo ideal de intolerables faltas de profesionalidad, que las hay y no siempre encuentran sanción eficaz. Pero es también el increíble espacio donde gran número de jueces honestos derrocha esfuerzos no retribuidos, e incontables horas de vida privada. Sin más razón que su respeto por los valores en juego y un grado de autoexigencia que, en muchísimas ocasiones, carecerá de apreciación en la política de nombramientos; tan permeable, en cambio, al juego de oscuras influencias. Y hay que hablar, por ejemplo, de horarios interminables de trabajo sumamente delicado, realizado bajo la presión que supone el peso creciente de la estadística y la gravedad de los asuntos, sobrevolados, con harta frecuencia, por presiones diversas. Y por la atención, a veces arbitraria, de los media; que, por cierto, prestarían un gran servicio informando, con rigor y en concreto, de la deficientísima dotación de muchos órganos judiciales, aunque no venda.
Que tal sea la forma natural de ejercicio de la jurisdicción era algo asumido. Pero ocurre que ya no se trata, sólo, de trabajar más de lo razonable y en condiciones precarias. También hay que afrontar el riesgo de que, dado algún incumplimiento, no importará que la carga de trabajo sea materialmente inabarcable, ni cuáles las condiciones en que el mismo se presta. Sobre todo, ahora que -¡a su edad!- algunos eminentes juristas del Gobierno han descubierto la responsabilidad objetiva por el resultado... incluso de acciones ajenas de difícil previsión. Y lo rentable que resulta desviar la atención popular de lo que, en buena medida, son efectos -éstos bien previsibles- de la infradotación y la penosa gestión de los recursos.
El momento es muy delicado, incluso límite, y sería suicida desatender la gravedad de la situación, que responde a causas estructurales y exige respuestas en este mismo plano; del que surge la desazón que hace pensar incluso en el recurso a la huelga. Algo nada descabellado en principio, porque el juez, que, es verdad, ejerce poder, tiene un estatuto funcionarial. No como, por ejemplo, el parlamentario, que, además, no sabría frente a quién hacerla: pues decide sobre su propia carga de trabajo, su sueldo, sus dietas y su pensión; y, por lo que se sabe, que es poco, no se trata tan mal.
Con todo, entiendo que la huelga es un medio último -jurídicamente defendible y con antecedentes de ejercicio en países del entorno- que, salvo casos extremos (así el de Italia, por el berlusconiano proyecto de demolición del modelo constitucional de justicia), debería excluirse de ámbitos públicos como éste que tienen encomendados intereses tan sensibles. Al respecto, encuentro más pertinente un esfuerzo por explicar bien lo que pasa, la legitimidad del recurso a la misma y que estaría justificada si faltase el compromiso político que se necesita. Pero que, no obstante, se renuncia, responsablemente, a su uso pensando en el justiciable de a pie.
2 de xaneiro de 2009
