Publicado en www.elpais.com
Todos los decretos que aprueben los ministerios deberán adjuntar un informe de "impacto normativo" que garantice que no generarán nuevas cargas administrativas o trámites burocráticos. La orden, que será aprobada este mismo mes por el Consejo de Ministros, se encuadra en el compromiso del Gobierno de reducir un 30% de la burocracia de la Administración durante esta legislatura, lo cual supondría al Estado un ahorro equivalente al 1% o el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según estimaciones de la Unión Europea. En euros, entre 10.000 y 15.000 millones.
La exigencia del nuevo informe se sumará a la de otros ya aprobados esta legislatura, sobre impacto autonómico y de género de las medidas que adoptan los departamentos ministeriales. En total, el plan de reducción de cargas burocráticas ha supuesto ya la adopción de 80 medidas desde el pasado verano. A ellas se sumarán otras 50, que serán aprobadas en febrero.
El compromiso que asumió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su investidura para reducir las cargas administrativas durante esta legislatura supera en un 5% a la exigencia de la Unión Europea a todas las administraciones de su ámbito.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, encargada de sacar adelante este reto, encuadra estas medidas en una "concepción moderna de la reforma de la Administración, que aprovecha las posibilidades que ofrece la sociedad de la información para reducir las cargas burocráticas". Según explica, "los beneficiarios son los ciudadanos, que verán simplificados sus trámites individuales, las gestiones de las empresas y de los profesionales. De este modo contribuimos al aumento de la productividad general".
Salgado no es nueva en estos quehaceres, pues participó en la reforma de la Administración que promovió el primer Gobierno de Felipe González, a comienzo de los años ochenta. Sin embargo, considera que el proyecto actual es claramente distinto: "En aquella ocasión se puso el énfasis en la seguridad jurídica de la reforma. Ahora, el énfasis está en que la Administración contribuya al aumento de la competitividad y de la productividad de las empresas".
El traslado de la estrategia europea de simplificación administrativa resulta singularmente relevante para España, según Salgado, porque la distribución de competencias entre las comunidades autónomas genera en ocasiones duplicidades normativas innecesarias. En el terreno empresarial, la simplificación administrativa tendrá aún más impacto porque priman las firmas de tamaño reducido.
El plan gubernamental define seis áreas prioritarias de actuación: el derecho de sociedades, la legislación fiscal, las estadísticas, la contratación pública, el medio ambiente y las relaciones laborales. Se centra en aquellos procedimientos que faciliten los trámites burocráticos de los ciudadanos, los de creación de empresas, los de liberación de recursos para el crecimiento de éstas, los de abaratamiento de costes y los de fomento de la inversión productiva.
La Administración General del Estado medirá el ahorro de la reforma por medio de un modelo de costes estándar. Aunque el plan ha sido diseñado sólo para ella, ha establecido mecanismos de colaboración con todas las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de impulsar estas medidas de simplificación administrativa en sus ámbitos de competencia. El Ministerio de Administraciones Públicas tiene orden de coordinarse con los subsecretarios de los ministerios afectados para realizar el seguimiento del plan. También deberá informar periódicamente del desarrollo de éste al Consejo de Ministros, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
La avanzadilla de la reforma han sido 80 medidas de simplificación burocrática, aprobadas en los Consejos de Ministros del 27 de junio y 14 de agosto pasados. Entre ellas figuran la implementación de medios telemáticos, en sustitución del tradicional papel, con la interconexión electrónica de los sistemas de información de las administraciones públicas; la ventanilla única apuntada en el proyecto de transposición de directiva de servicios y la reducción de plazos en la tramitación de expedientes. Esas medidas afectaron a procedimientos de los ministerios de Economía y Hacienda, Interior, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo, Comercio y Administraciones Públicas, Sanidad y Consumo y Ciencia e Innovación.
La mayoría de las nuevas medidas entrarán en vigor en los próximos días. Así sucede, por ejemplo, con la aceleración de las devoluciones del IVA para empresas y autónomos que opten por recibirlas mensualmente en lugar de esperar a la devolución anual que rige actualmente para la mayoría de las empresas. O con las bajas de vehículos para desguaces, que ya pueden ser gestionadas de forma electrónica a través de los centros autorizados.
Internet, en el corazón de la reforma
Entre las medidas del Gobierno para recortar la burocracia figuran las siguientes:
- Todos los contribuyentes que lo deseen podrán designar un domicilio electrónico para recibir notificaciones. Por ejemplo, podrán solicitar que se le envíe el formulario del IRPF a esa dirección virtual. Se evita así el envío en un soporte físico de esa misma documentación al domicilio fiscal del contribuyente. También se podrá consultar por vía telemática a la Dirección de Tributos.
- Se amplía el número de procedimientos y trámites de todo tipo relacionados con la Agencia Tributaria que podrán resolverse con cita previa concertada el día que elija el contribuyente, en vez del designado por la Agencia, como ocurría hasta ahora.
- Muchos de los trámites que hasta ahora se podían realizar a través de Internet, como la presentación de la declaración de la renta u otros trámites con la Agencia Tributaria, se podrán hacer también desde teléfonos móviles.
- Se podrán realizar transferencias de vehículos por vía telemática. Asimismo, los centros de reconocimiento de conductores podrán enviar por vía electrónica a Tráfico la certificación médica exigida a los conductores para que puedan obtener o renovar en el acto el permiso de conducir.
- Se dará la opción de realizar el pago de sanciones de tráfico a través de Internet, teléfono móvil y teléfono fijo.
- Posibilidad de emitir la tarjeta de Inspección de Vehículos en formato electrónico.
- Mejorar el acceso electrónico de la Tesorería de la Seguridad Social a los registros y bases de datos de organismos públicos. Así se podrá verificar la identidad y el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de empresas sin tener que pedirles documentos que ya obran en poder de otros departamentos.
- Un servicio proporcionará información sobre el precio de carburantes en todas las estaciones de servicio.
- Elevar de 120.000 a 350.000 euros del importe de los contratos de obras para los que no es exigible la clasificación de las empresas que concurren a la licitación. Por ello se reducen los requisitos previos para participar en los procesos de licitación y se favorece el acceso de las pymes a la construcción de obra pública.
