- Exigen el 'cese del intervencionismo de los partidos' en la Justicia
- Piden volver al sistema por el que los jueces elegían a los 12 vocales de CGPJ
- Creen que se debe considerar la Justicia como un prestación social
- Pide que se destine a este área el 3% del Presupuesto General del Estado
Los jueces decanos han propuesto este miércoles la necesidad de reabrir el debate sobre la introducción de tasas disuasorias a fin de evitar procesos "innecesarios" y "banales" y reducir así la carga de trabajo de los juzgados.
Esta es una de las iniciativas recogidas en las medidas urgentes para la reforma de la Justicia que han acordado los jueces decanos en su reunión anual, que en esta ocasión se ha celebrado en Vitoria, y que propondrán al nuevo gobierno del PP.
Así lo ha explicado el juez decano de Vitoria, Jose Luis Núñez, en la rueda de prensa que ha ofrecido al término del seminario junto con los jueces decanos de San Sebastián, Bilbao y Valencia, Eva Cerón, Pedro Viguer y Alfonso González-Guija, respectivamente.
Nuñez ha explicado que la tasa disuasoria podría evitar demandas "absurdas" o "querellas que son retiradas a la semana de su presentación" y que colapsan los juzgados.
El juez decano de Bilbao ha reconocido que es difícil la reimplantación de este pago que fue suprimido al inicio de la democracia porque se consideraba que limitaba el derecho de los ciudadanos a Justicia.
Sin embargo, ha reclamado la elaboración de un estudio "serio" que analice la situación y ha pedido que el poder legislativo se "plantee la posibilidad" de instaurarlo.
También han solicitado los jueces que el 3% del presupuesto general del Estado sea destinado a la Justicia y que dicha partida sea gestionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debería ser el "órgano vertebrador de la justicia en España".
En este sentido, los jueces decanos reclaman la consideración de la Justicia como prestación social, un concepto en el que "parece que solo incluye a la educación y la sanidad", ha señalado González-Guija.
Los desahucios, los despidos, las indemnizaciones por accidentes laborales que se tramitan en los juzgados también son prestaciones sociales, ha aclarado Núñez.
Han insistido en la necesidad de la agilización urgente de la Justicia en tiempos de crisis económica porque en los juzgados hay "miles de euros retenidos" por procesos judiciales cuya resolución se demora demasiado.
Para ello han pedido medidas legislativas para que se puedan, por ejemplo, dirimir asuntos mediante la presentación de informes periciales antes de iniciar un pleito.
Para acometer todas estas reformas han instado a las fuerzas políticas a alcanzar un "gran acuerdo nacional por la justicia", ya que el sistema actual de "dispersión y desorganización" entre el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el CGPJ ha resultado "ineficaz e ineficiente".
Asimismo, han reclamado volver al sistema por el que los jueces elegían a los 12 vocales de CGPJ, el "cese del intervencionismo de los partidos políticos" en sus órganos de gobierno y una "mayor contundencia de esta institución "frente a los ataques a la independencia judicial".
La necesidad de redefinir los partidos judiciales, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a la administración de Justicia y la creación de nuevas plazas de jueces son otras de las conclusiones de los jueces decanos que este miércoles han concluido su reunión después de tres días de trabajos.
La Comunitat Valenciana contará con cinco nuevos juzgados, tres de ellos mixtos, otro de primera instancia y otro de lo penal, entre este año y el primer semestre del que viene, según ha anunciado el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré. El presupuesto ronda los 1,5 millones de euros.
Cabré, quien ha comunicado esta decisión al Ministerio de Justicia, ha calificado de "necesaria" y "con carácter urgente" la puesta en funcionamiento de estos órganos judiciales, dada la "elevada" carga de trabajo que soportan los partidos judiciales.
En concreto, se crearán tres juzgados mixtos, de primera instancia e instrucción: el número 7 de Llíria, el número 4 de Massamagrell y el número 4 de Novelda. A ellos se unirá el juzgado de primera instancia número 4 de Torrevieja, y el cuarto juzgado de lo penal de Orihuela, con sede igualmente de Torrevieja.
La entrada en funcionamiento del primero de ellos, el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Llíria, podría ser inmediata, antes de finalizar el año o, como muy tarde, en enero de 2012, según ha comentado el conseller.
El segundo de ellos, previsto para Massamagrell, podría entrar en funcionamiento antes del próximo mes de abril junto con el de Novelda, que también podría estar en marcha a finales de marzo, y los restantes tardarían algo más, "debido a la necesidad de acometer diversas obras de adecuación de los locales", en palabras del conseller, que calcula que los ubicado en Torrevieja podrían entrar en funcionamiento a lo largo del primer semestre del año.
El conseller estima que el coste de adecuación de estas sedes rondará los 100.000 euros en el caso de Novelda y Massamagrell, y los 400.000 euros en el caso de los dos órganos judiciales previstos para Torrevieja. El presupuesto total de la creación de estas cinco nuevas unidades judiciales superará los 1,5 millones de euros, incluyendo la dotación de personal al servicio de la administración de justicia prevista para todos ellos.
"CARGA DE TRABAJO"
Jorge Cabré ha insistido en que el motivo de la creación de los nuevos juzgados y no otros "radica en la carga de trabajo que soportan los partidos judiciales afectados". Concretamente, y según los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dentro de los partidos judiciales en los que no hay división de jurisdicciones, Novelda, Llíria y Massamagrell son los que mayor número de asuntos ingresaron durante 2010 en materia civil.
Por su parte, los tres juzgados de primera instancia de Torrevieja están situados en los tres primeros puestos del ranking de asuntos ingresados por los juzgados de primera instancia el año pasado.
El conseller ha matizado igualmente que la solicitud para la inminente puesta en marcha de estos cinco juzgados "viene justificada también por la negativa, por parte del Ministerio de Justicia, a conceder los Jueces de Adscripción Territorial que solicitamos en su día debido al contexto de crisis económica en el que estamos inmersos", ha lamentado.
Barcelona, 28 nov (EFE).- El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha apostado hoy por que el personal de la Administración de Justicia pase a tener jornada partida como una de las medidas para mejorar la eficacia del sistema judicial.
La jornada actual -habitualmente de 7 horas seguidas por la mañana-, es "inadecuada" y habría que ir hacia una "partida", ha destacado Gómez Bermúdez en Barcelona, durante una ponencia titulada "Luces y sombras de la justicia de ayer y hoy" que ha pronunciado en un acto en el Parlamento de Cataluña.
El magistrado ha destacado que la gerencia de la justicia es "un desastre heredado desde hace siglos", que "no aprovecha ni los medios que tiene", lo que se traduce en un servicio judicial "lento".
Entre los puntos a mejorar, Gómez Bermúdez ha señalado a la jornada laboral de los funcionarios de justicia, demasiado corta, en su opinión, porque "de las siete horas deben dedicar seis a asistir a los magistrados en los juicios, y ya no les queda tiempo para la tramitación de expedientes".
A preguntas de Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor que ha recibido una carta de perdón de uno de los autores de la masacre, Bermúdez ha explicado que el arrepentimiento es un requisito para acceder al tercer grado, pero no es un elemento que pueda modifica los plazos de cumplimiento de la pena, establecidos por la ley.
"Una carta de perdón, si es sincera, es un principio hacia la resocialización", ha añadido el magistrado, quien juzgó los atentados del 11-M y que ha subrayado que, pese al dolor causado, la recuperación de un ciudadano debe considerarse como un logro de la sociedad.
Sobre la relación entre la justicia y los medios de comunicación, Gómez Bermúdez ha defendido que se retransmitan juicios de interés general, pero ha denunciado las filtraciones de sumarios: "Es un cáncer al que hay que poner remedio a través de una reforma legislativa".
También ha denunciado que se difundan imágenes de detenciones, ya que a su juicio es una forma de vulnerar la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de los arrestados, y ha abogado por investigar y sancionar a quiénes ofrecen las imágenes.
El magistrado ha restado culpa a los periodistas al asegurar que, en muchos casos, las imágenes son directamente distribuidas por los cuerpos policiales y, en otros, son también las fuerzas de seguridad quienes convocan a los medios minutos antes de llevar a cabo los arrestos.
Gómez Bermúdez ha sido uno de los ponentes de la jornada "Justicia y sociedad, a la búsqueda del diálogo perdido", organizada hoy por la Fundación Grup Set en el Parlamento de Cataluña. EFE
Tiene deberes pendientes y se enfrenta a una crisis en la que no puede ser víctima de los recortes. La mayoría de los colectivos implicados en el sistema judicial coinciden en que faltan recursos (plantilla y medios) para adaptar la Justicia al siglo XXI y que el ciudadano la vea como algo que le sea cercano. "La ciudadanía tiene que perder el miedo", aseguran en la Agrupación de Afectados por Errores y Negligencias Judiciales. Junto a estas preocupaciones, la necesidad de despolitizar el sistema para evitar injerencias.
Al margen de coincidencias, los colectivos también se centran en las peculiaridades de su día a día a la hora de hacer una radiografía del sistema. Y estas son sus propuestas:
Jueces. "Entra mucho papel y hay pocos medios para darle salida", explican en la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. El colectivo entiende que hay que "adaptar un sistema del siglo XIX al XXI", porque el siglo XX se cerró con tareas pendientes.
Fiscales. El Ministerio Fiscal debe gozar de "autonomía funcional y orgánica", explica Francisco Jiménez- Villarejo, presidente de la Asociación de Fiscales, que apunta también al impulso de "investigaciones patrimoniales eficaces" con oficinas de recuperación de activos dirigidas por un fiscal. Además, señala que "España debe dejar de ser el único miembro de la UE" que todavía no cuenta con una Ley de Cooperación Internacional.
Abogados. El Consejo General de la Abogacía Española apunta a "reformas radicales", como acabar con la "descoordinación competencial" o el "caos informático". Y ve "indispensable" garantizar el actual sistema de justicia gratuita, "el mejor del mundo", que prestan 36.000 abogados a diario.
Sindicatos. Las reformas deben ir encaminadas a una "Justicia más transparente, ágil, independiente, de acceso gratuito y en condiciones de igualdad", explica Flora Martínez, secretaria general del sector de Justicia de CC OO, que rechaza el copago judicial y eliminaría "privatizaciones y externalizaciones". En UGT consideran "imprescindible" el impulso de la "formación permanente de jueces y magistrados", y consideran la Justicia "un pilar básico del Estado de bienestar". Además, el sindicato reclama "mecanismos de participación institucional de la sociedad en la Justicia", nuevas unidades de judiciales y un pacto de Estado.
Amnistía Internacional. En materia de violencia de género "debería elaborarse un manual de buenas prácticas judiciales para la incorporación de la perspectiva de género". Además "debe reformarse la Ley de Protección de Testigos para garantizar la efectiva protección de las víctimas". Amnistía Internacional España también asegura que "deben garantizarse investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales" en relación a torturas o malos tratos policiales.
Afectados por negligencias. Desde la Agrupación de Afectados por Errores y Negligencias Judiciales defienden que los jueces "tienen que estar muy bien pagados" para evitar así "tentaciones", y actualmente "están lejos de ser el cuerpo mejor pagado". Además, la plataforma cívica pide adecuados "sistemas de depuración de negligencias, de posibles prevaricaciones" a la hora de determinar "quién juzga a los jueces".
Plataforma de Infancia. "Hay que adaptar el sistema judicial para los niños; un proceso que dure alrededor de dos años, para un niño de seis, ocupa el 30% de su vida", apunta Ángel Hernández, director de la Plataforma de Infancia. Además, aboga por "alternativas al internamiento" (servicios a la comunidad, entre otras) supervisadas por educadores.
15-M. El movimiento centra sus reivindicaciones en materia de Justicia en el "rechazo y condena de los políticos corruptos". Exige una ley que prohíba el acceso a las listas electorales de personas imputadas en causas de corrupción.
"Cuidado" con las promesas
La Justicia también entra en la carrera electoral, durante la que los principales partidos lanzan sus promesas para este ámbito. "Hay que tener cuidado. Durante la campaña hablan de Justicia, pero hablan desde la política", advierten desde la Asociación Francisco de Vitoria, que, refiriéndose a la cadena perpetua revisable –medida que propone el PP–, aseguran que "choca frontalmente contra la Constitución". Desde Plataforma de la Infancia abogan por "no modificar las leyes al calor del momento", sino con perspectiva, evaluación...
El chef Ferran Adrià, uno de los mejores del mundo, se ha caracterizado por introducir en el arte culinario novedosas técnicas como la llamada deconstrucción, que consiste en descomponer un plato más o menos clásico en sus ingredientes, conservando su sabor, aunque su aspecto sea totalmente distinto. La receta más celebrada realizada con esta técnica y que se ha convertido en un verdadero icono, es la tortilla de patatas deconstruida, aunque el propio Adrià, muy divertido, reconoció públicamente en televisión en 2009, que precisamente esa no había sido una creación suya.
La justicia española también está viviendo en estos días una cierta deconstrucción. Y, como dicen en el circo, en un más difícil todavía, los jueces parecen haber entrado en un proceso de desescribir sus propias reglas no escritas.
Verán, desde las primeras elecciones democráticas, cada vez que España entraba en periodo electoral, ya fueran comicios generales, municipales, autonómicos o europeos, los tribunales, desde el Supremo y el Constitucional hasta el último juzgado del último pueblo, entraban en una burbuja de neutralidad, que consistía en aparcar todos los procesos que pudieran tener el menor tinte político —salvo los relativos a la ley de partidos y la lucha antiterrorista— hasta que se hubieran celebrado las elecciones.
Obviamente, este comportamiento no estaba reflejado en ninguna norma de obligado cumplimiento, ni figuraba por escrito en ningún manual de buenas prácticas, pero tanto los partidos como los magistrados entendían que era una buena costumbre o tradición, que favorecía la convivencia y que, al remarcar la neutralidad política, destacaba la independencia del Poder Judicial.
Inicialmente daba la impresión de que también en este caso se seguiría la costumbre y se respetaría el parón electoral. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia señaló para el 12 de diciembre el juicio contra el expresidente Francisco Camps, por el asunto de los trajes de la Gürtel, la trama de corrupción que afecta al PP. El Supremo fijó para el 29 de noviembre el juicio a Garzón por las escuchas a los acusados y sus abogados de la famosa Gürtel, y la Audiencia Nacional había revocado, por falta de indicios, el procesamiento de tres policías del chivatazo del caso Faisán, que podría afectar al candidato del PSOE, Rubalcaba. Incluso el sumario de los ERE de Andalucía, que afecta a cargos de la Junta, parecía temporalmente ralentizado.
Además, era la primera vez en muchos años que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no impugnaban ninguna candidatura de la izquierda abertzale por su vinculación con ETA. Los jueces del Supremo y del Constitucional no iban a tener que reunirse hasta la madrugada, como en ocasiones anteriores, para pronunciarse sobre la validez de las listas de la coalición Amaiur.
Sin embargo, el día anterior al del inicio de la campaña electoral, Estela San José, la juez de Lugo que investigaba el caso Campeón, en el que se imputa un delito de tráfico de influencias al ministro de Fomento, José Blanco, que es candidato por esa circunscripción, elevó una exposición razonada al Supremo en la que se detallaban los indicios que existen contra él. Unas actuaciones bajo “secreto reforzado”, que solo custodiaban dos personas, y que no tardaron ni un día en ser publicadas a El Mundo. Así que hay quien se pregunta: ¿alguien está tratando de tomar posiciones ante el previsible cambio de Gobierno?
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha llamado a declarar como imputado en posibles delitos de cohecho y prevaricación al extesorero del PP Luis Bárcenas, por su presunta implicación en un fleco de la Gürtel, una operación de adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa con el consiguiente cobro de comisiones. También han sido citados como imputados José Manuel Férnandez Santiago, actual procurador en las Cortes de Castilla y León y expresidente del Parlamento autónomo y el exdiputado popular Jesús Merino. Este último, al igual que Bárcenas, está pendiente de que se resuelvan dos recursos contra el archivo de la causa que se seguía contra ellos en el Tribunal Superior de Madrid.
De modo que parece que algunos tribunales están deconstruyendo o desescribiendo esas reglas no escritas de aparcar temporalmente los casos políticos durante la campaña, aunque no está nada claro que, como en la técnica de Adrià, mantengan su sabor original.
La Generalitat inicia un estudio de la rentabilidad que tendría la medida que ahora disfrutan gratis jueces, fiscales y funcionarios
La crisis no sólo obliga, en ocasiones, a recortar en los presupuestos. También, en otros casos, incentiva la búsqueda de ingresos a través de recursos que en otras etapas ni se contemplaban. Y la Generalitat ha centrado su atención en las plazas de aparcamiento de las sedes judiciales más importantes de la Comunitat. ¿Por qué no cobrar por estacionar el vehículo? Esta es la pregunta que sobrevuela en los despachos del departamento autonómico, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.
Hasta ahora, por ejemplo en la Ciudad de la Justicia, la gran mayoría de jueces y secretarios judiciales y algunos fiscales y funcionarios disfrutan gratis de esta posibilidad. Un privilegio, según algunos. Motivos de seguridad, alegan los supuestos privilegiados. El caso es que disponer de parking -en algunos casos se reparten por turnos- es como un pequeño tesoro para los que trabajan en las dependencias.
La Conselleria ya está trabajando en esta idea y ha encargado un estudio para determinar la rentabilidad que tendría la medida. La propuesta concentra la atención en varias sedes: la Ciudad de la Justicia de Valencia (400 plazas); la Ciudad de la Justicia de Castellón (124 plazas); la sede de Elche (131 plazas) y los decanatos de los juzgados de Alicante (73 aparcamientos).
Uno de los objetivos de la iniciativa -si finalmente se aplica- es obtener dinero, claro está. Pero estas cantidades no se utilizarían para reducir la inversión de la Generalitat en Justicia sino para sumar nuevas inversiones, aclaran fuentes cercanas al proyecto. De tal forma que el dinero siempre repercutiría en Justicia.
Pero, además, existe otra razón alejada por completo del beneficio: democratizar el servicio. Hasta ahora, las plazas están acotadas a jueces, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios. Abogados, procuradores y graduados sociales, por poner algunos ejemplos, no tienen opción a disfrutar del aparcamiento en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La iniciativa permitiría abrir la puerta a estos grupos que también acuden casi a diario a la sede judicial.
El modelo que se plantea, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, no está relacionado con el de un aparcamiento privado. Ni mucho menos. Unas tarifas de mercado no tendrían sentido. Los gestores son conscientes de este extremo. Una de las principales referencias, por ejemplo, sería el aparcamiento del nuevo Hospital La Fe. Así, unas tarifas de entre 20 y 30 euros mensuales ofrecerían muy buenos resultados a la Conselleria. Sólo en la Ciudad de la Justicia estaríamos hablando de unos 100.000 euros al año. Casi el doble de esta cantidad si se incluye en el balance el resto de sedes judiciales.
Abonos mensuales y anuales
La anterior es una de las posibilidades: abonos mensuales para los usuarios de la Ciudad de la Justicia. Tampoco se descartar que pudieran ser anuales. Además, la idea que se baraja es reservar una determinada cantidad de espacio para usuarios que sólo necesiten dejar su vehículo unas horas al día.
En cualquier caso, siempre se dejarían libres un número de plazas para cargos institucionales, como la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva o la de la Audiencia Provincial, Carmen Llombart. De igual modo ocurriría con la fiscal jefe, Teresa Gisbert, por poner tres ejemplos de los más conocidos.
Lo que se descarta es el acceso de particulares, alejados de la Administración de Justicia, al citado aparcamiento. Esto no se ha previsto. Todos los profesionales deberían ir acreditados con una tarjeta, como la que ya existe para controlar los accesos al edificio sin la necesidad de tener que pasar por el detector de metales. La idea, pionera en la Comunitat, ya tiene algún antecedente en España. En concreto, en la provincia de Málaga.
La polémica por la adjudicación de las plazas de la Ciudad de la Justicia de Valencia llegó hasta el Tribunal Supremo. Los funcionarios reclamaban poder disfrutar de un mayor número de lugares de aparcamiento. El sindicato CSIF había reclamado una comisión para repartir las plazas, que nunca se creó. El TS rechazó su recurso.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha reconocido que uno de los principales problemas de las comunidades autónomas con competencias en Justicia es la gestión y pago del servicio de Justicia Gratuita.
Durante el desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) y Editorial LA LEY, De Rosa ha propuesto como solución la creación de una Agencia Estatal para gestionar este servicio y "garantizar los cobros, evitar disparidades en el pago a abogados o coordinar la realización de cualquier tipo de actividad".
Ha recordado el caso de la Comunidad de Madrid con una elevada carga de asuntos debido al auge de los procedimientos sobre extranjería y que anunció el estudio de la devolución de las competencias en Justicia. De Rosa ha defendido "realizar una cogestión a través de una Agencia que determinara lo que debe cobrar cada abogado" y aseguró que era contrario a la devolución de transferencias porque "supone un acercamiento de la gestión al ciudadano y a los abogados".
La Agencia Estatal que defiende De Rosa sería un organismo dependiente del Ministerio de Justicia para que el cobro del turno de oficio se realice de una forma adecuada con "un presupuesto que gestione" este servicio público. También gestionaría el sistema informático para proporcionar el servicio de Justicia Gratuito a nivel de todo el territorio nacional.
De Rosa también ha asegurado que es una apuesta por la Abogacía ya que la gestión que realizan los Colegios de Abogados "es acertada. El pago y el cobro del servicio se gestionaría por la Agencia Estatal y no por las comunidades autónomas". Para potenciar este organismo se necesitaría un pacto con el Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados para establecer los casos concretos de Justicia Gratuita.
La Agencia Estatal lograría una Justicia Gratuita "mejor gestionada y más ágil para garantizar este derecho a los ciudadanos". Además aseguró que se potenciaría la figura del Colegio de Abogados como colaborador.
También ha mostrado su desacuerdo con la figura del copago porque "realmente es un ‘repago': el ciudadano paga dos veces por un servicio público", ha reconocido De Rosa. Para ello propuso una gestión más adecuada de la Administración de Justicia, recordando que lo recaudado por el Ministerio de Justicia en tasas, depósitos, intereses y multas debería "repartirse entre las comunidades autónomas para modernizar la Administración de Justicia". Valoró en 5.000.000 de euros lo recaudado por el Gobierno en tasas judiciales.
REFORMA LEY DE PLANTA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL
De Rosa ha asegurado que la primera prioridad de la Justicia tras la cita electoral del 20N es la elaboración de un nuevo mapa judicial con una reforma de la Ley de Planta y Demarcación Territorial. "Propongo superar el partido judicial, que es una división obsoleta. Pido una Ley de Planta y Demarcación Territorial que prime la agilidad de la Justicia con ahorro en edificios y personal".
También defendió la concentración en las grandes ciudades de los grandes núcleos judiciales. La concentración ahorraría costes y evitaría el colapso, "que se encuentra en los órganos judiciales unipersonales", según De Rosa.
El vicepresidente del CGPAJ ha propuesto cambiar el modelo de juez para dejar de estar vinculado al órgano judicial y pasar a estar adscrito al caso o al procedimiento, "lo importante es el juez que resuelva el caso, no los gastos". Alabó la figura del juez de adscripción territorial.
PACTO DE ESTADO
Como segunda prioridad, De Rosa ha reconocido la necesidad de lograr un Pacto de Estado entre partidos políticos, comunidades autónomas y Gobierno para impulsar la modernización de la Justicia.
Debido a la crisis, "estamos en el momento adecuado, estoy convencido de la necesidad del Pacto". Además, en la precampaña electoral, los programas electorales de los partidos políticos están recogiendo propuestas judiciales.
"La Justicia ha entrado en el debate y creo que habrá grandes pactos. Confío en que la legislatura en la que entramos sea la de la Justicia", ha vaticinado De Rosa.
REFORMAS PROCESALES Y MODERNIZACIÓN
De Rosa ha defendido como tercera prioridad la modernización judicial y cambios en las leyes procesales. Para ello, ha propuesto desjudicializar determinadas materias y supeditar muchos asuntos al derecho administrativo, para evitar su ingreso en los juzgados.
"El 70% de la carga de los tribunales son ‘asuntos bagatela'. Hay que aumentar la apuesta por la mediación, la conciliación y el arbitraje". Recordó el caso de Francia donde con 65 millones de habitantes hay 6 millones de casos, mientras que en España con 45 millones de habitantes superamos los 9,5 millones de asuntos que entran en los tribunales.
El vicepresidente del CGPJ ha defendido que la "mediación esté en manos de los abogados antes de llegar el asunto a los tribunales". Que los registradores mercantiles tuvieran más competencias en temas de derecho concursal y que los notarios asumieran funciones en los divorcios de mutuo acuerdo.
Ha recordado la nonata reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que es interesante y puede ser utilizada en la futura legislatura, pues tiene mimbres para solucionar problemas penales".
De Rosa ha pedido sacar del debate el tema de si fiscal o juez instructor. Ha defendido que "quien instruya (al que denominó instructor) debe tener garantías de independencia e imparcialidad, todo lo demás son debates nominales".
También apoyó el mantenimiento de la acción popular, mostrándose contrario a su limitación, además "no soy partidario de su eliminación".
NUEVA OFICINA JUDICIAL
Sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ), De Rosa reconoció que su implantación se encuentra con un problema fundamental, "no va acompañado de un expediente digital que permita eliminar viejas formas de trabajo". Los abogados deberían presentar escritos de forma telemática y deben tener acceso al estado de su tramitación de forma ‘on line' durante el proceso.
"Se podrá invertir dinero, pero si no hay expediente digital no se soluciona la lentitud de la Justicia", según De Rosa, que defendió que habría que "crear un plan nacional para que el expediente judicial sea una realidad y en paralelo en todo el territorio nacional".
Sobre la implantación del expediente digital en la Audiencia Nacional, De Rosa ha asegurado que en la Sala de lo Social ha sido un éxito relativo, sin embargo en la Sala de lo Contencioso Administrativo "tiene graves problemas, porque el resto de unidades jurídicas no tienen informatizado el expediente" lo que provoca que tenga que volcarse a papel.
Para CCOO Almería esta medida influirá "muy negativamente" en el servicio público de Justicia, ya que las tareas que se llevan a cabo en los juzgados de guardia de Almería se han incrementado y exige una rectificación inmediata, ya que "la Administración de Justicia es la que más retraso acumula".
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Almería denuncia que la Delegación del Gobierno y Justicia de la Junta de Andalucía en Almería decidió ayer, sin previo aviso ni negociación, un recorte del 20% de la plantilla que presta los servicios de guardia en los Juzgados de Almería.
Hasta ahora, explica CCOO, el Servicio de Guardia era atendido por 5 funcionarios y desde el día 26 de octubre será atendido solamente por 4 funcionarios.
El Coordinador Sector de Justicia de CC.OO en Almería, Juan Francisco García Mañas, indica que "no encontramos ninguna lógica a esta reducción, ya que no está justificada en ningún caso, pues las tareas que se llevan a cabo en el Juzgado de Guardia no han disminuido sino que se han incrementado".
FSC de CC.OO cree que esta medida va a incidir de manera "muy negativa" en el servicio público y en el funcionamiento de los servicios de guardia en la Administración de Justicia.
En una guardia normal de un Juzgado se atienden innumerables situaciones: denuncias de ciudadanos, detenidos, requisitorias de otros juzgados, atestados de todo tipo, alcoholemias, juicios rápidos, libertades, fallecimientos o asuntos de extranjería.
Además, por las características de Almería, es muy frecuente la presencia de pateras, cuyos integrantes pasan a disposición judicial.
En una patera pueden venir de 50 a 80 personas, a las que se tienen que tomar declaración y decidir sobre su situación personal.
Desde FSC de CC.OO se exige una rectificación a la Administración. "Entendiendo las dificultades económicas existentes, pensamos que existen servicios públicos que no deberían verse afectados por los recortes, pues la Administración de Justicia ya es actualmente la peor valorada por los ciudadanos y la que más retraso acumula, y medidas como está solo contribuye a un empeoramiento de la ya deteriorada situación de la Administración de Justicia", indica Juan Francisco García Mañas.
CCOO ha lamentado este miércoles que no se recorte el número de los altos cargos en la Conselleria de Justicia, mientras se reducen recursos "necesarios para realizar la labor del personal". Para el sindicato, las medidas de ahorro anunciadas el martes por el titular de Justicia, Jorge Cabré, "deberían haber sido tomadas mucho tiempo atrás".
El sindicato se ha expresado en estos términos en un comunicado después de que el martes Cabré anunciara que la Conselleria de Justicia ahorrará en 2012 un total de 4.436.312,24 euros en energía, papel y otros conceptos, como taxis o alquiler de sedes.
En 2010, CCOO ya dirigió oficio a la Dirección General de Justicia solicitando un uso "racional" de los taxis puestos a disposición de los fiscales de toda la Comunitat, que estaban siendo "infrautilizados". Por el contrario, los funcionarios encargados de realizar los actos de comunicación a los ciudadanos "no disponen de medios suficientes para desempeñar su labor".
El sindicato entiende que el hecho de adoptar medidas de ahorro "debería ser una constante en la gestión de los recursos públicos y no se ha realizado hasta este momento". A juicio del sindicato, "anunciar ahora como un plan de ahorro lo que deben ser medidas lógicas de racionalización de recursos es un engaño a la opinión pública y motivo de sorna entre el personal de la Administración de Justicia".
CCOO ve "con preocupación" que únicamente cada funcionario disponga de 3,30 euros al mes para material de oficina, "imprescindible" para realizar su labor, "lo que compromete el abastecimiento que garantice el normal funcionamiento de las oficinas judiciales".
Otras medidas anunciadas ahora por el conseller Cabré "ya son habituales". Así, la entidad sindical ha asegurado que el papel de oficio "está prácticamente desaparecido de los órganos judiciales y ha sido sustituido en los últimos años por papel normal, al que se le incluye un sello en el momento de la impresión". Por el contrario, considera que "resulta incomprensible que una medida tan sencilla como la impresión a doble cara no se haya adoptado mucho antes".
Para el sindicato, estas medidas de ahorro anunciadas "contrastan con el mantenimiento de altos cargos en la Conselleria de Justicia y que deberían haberse reducido". "No está justificado el mantener una subdirección, un director general, un secretario autonómico y un conseller cuando en épocas anteriores la responsabilidad en Justicia era asumida en solitario por el cargo de director general", ha manifestado.
Considera "imprescindible" una reforma de la Justicia en España que pase por reestructurar el proceso penal o la modernización
El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, Federico Trillo, aboga por "repensar" el nuevo modelo de oficina judicial que se está implantando en España porque tal y como está concebida "no funciona".
Así lo ha asegurado Trillo en una rueda de prensa en Toledo, junto a presidente provincial del PP y diputado nacional, Arturo García-Tizón, donde mantendrá, a lo largo del día, un encuentro con las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y Procuradores.
Para Trillo, esta nueva oficina judicial, tal y como está aplicándose en Burgos y en Murcia, lejos de contribuir a acelerar o a desatascar la Justicia, "está generando nuevas bolsas de atascos y de retrasos".
ATASCOS EN LOS JUZGADOS
En esta misma línea, Trillo ha lamentado que la Justicia que más pleitos acumule en España sea la penal, ya que de nueve millones de nuevos asuntos ingresados en 2010 en juzgados y tribunales, 6,7 millones son de carácter penal.
De este modo, ha señalado la necesidad de reestructurar "todo el proceso penal" e introducir figuras que "desatasquen", como puede ser la mediación.
El dirigente del PP considera por tanto "imprescindible" la reforma de la Justicia en España ante la falta de rapidez y eficacia de la que se queja el ciudadano, por lo que ha planteado una manera de descongestionar los juzgados y tribunales mediante una nueva distribución y una nueva demarcación.
A ello ha añadido que debe llevarse a cabo una modernización en la justicia española, lamentado así que no haya en todo el territorio nacional un sistema informático capaz de interconectar a los distintos operadores jurídicos a nivel nacional.
El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa ha lamentado que en España existan ocho sistemas informáticos a los que se unen seis más desarrollado por las comunidades autónomas que han asumido las competencias, y que "todos ellos" sean incompatibles entre sí.
GASTO
Este hecho, según ha añadido, "dice mucho" de la falta de eficiencia y racionalidad en la aplicación de los gastos. Un gasto que Trillo ha considerado que para la justicia "ha sido escaso" y que "todos tenemos ahí cierta culpa".
"No se ha conseguido, en estos 32 años de Estado Constitucional de Derecho, que el porcentaje de la Justicia pase del 0,5 del total de los gastos generales del presupuesto del Estado", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que el gasto se ha aplicado "irracionalmente".
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Además, ha planteado la necesidad de acabar a su juicio con la instrumentación política del Ministerio Fiscal. "Nunca en la historia de la democracia hemos tenido un fiscal general --Cándido Conde Pumpido-- tan sectario, tan de partido y tan ineficaz en la organización de una Fiscalía, a la que solo ha contribuido a desprestigiar", ha insistido.
En consecuencia, según Trillo, será necesario reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, devolver al Consejo Fiscal las competencias para que sus dictámenes en los nombramientos "sean determinantes" y poner en marcha la reforma de Ley de Enjuiciamiento de reforma criminal.
TRANSFERENCIA DE JUSTICIA
Finalmente, preguntado por las transferencias en materia de Justicia en Castilla-La Mancha, Trillo ha aclarado que la decisión corresponde a los gobiernos de las comunidades autónomas, por lo que ha querido ser respetuoso con la potestad directiva de la presidenta del Gobierno regional, María Dolores de Cospedal.
No obstante, ha señalado que la voluntad del presidente del PP, Mariano Rajoy, de llegar a la Moncloa, es que en este campo se lleven a cabo las actuaciones por medio del diálogo tanto con las regiones que han asumido las competencias como con aquellas que todavía no lo ha hecho.
"Estoy seguro que en donde no va a encontrar el Gobierno de Mariano Rajoy ninguna dificultad será precisamente en el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha concluido.
Convocada una protesta para el día 10, aniversario del inicio el nuevo modelo
Se acerca el aniversario de la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial -día 10 de noviembre- y la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Burgos ya ha decidido convocar una concentración ese día para protestar por su mal funcionamiento.
Ha pasado casi un año y «no es la locura de noviembre de 2010, pero continúa con los mismos problemas de falta de coordinación de entonces», señala Alberto Arroyo, representante de los trabajadores por el sindicato STAJ. Hasta el punto, recuerda, que los secretarios judiciales -los máximos defensores de la reforma- «piden ahora más recursos humanos y más medios materiales para sostener» el nuevo modelo.
Las mejoras que la Nueva Oficina Judicial ha experimentado en su funcionamiento en estos meses han sido gracias, «sobre todo, al aumento de plantilla derivado de la contratación de personal interino de refuerzo», señala Arroyo. En estos momentos hay 28 trabajadores más que cuando se puso en marcha este modelo organizativo, «y sin ellos no sería sostenible». Los funcionarios advierten de que la actividad de la oficina -más lenta que hace un año- decaería de nuevo a muy bajos niveles si el Ministerio prescinde de esos empleados de refuerzo.
Su contrato, recuerda Arroyo, concluye el 30 de noviembre y «por el bien de la justicia en Burgos más vale que el Ministerio los renueve». Habrá de ser este Gobierno el que tome la decisión, ya que el próximo -sea del PP, como marcan las encuestas, o del PSOE- no tomará las riendas hasta Navidades.
De esos 28 trabajadores de refuerzo, 14 están en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Scop) Civil. «Si no continúan, la plantilla se queda en la mitad y el caos sería total», sostiene el representante de la plantilla.
Sobre la petición de los secretarios de más medios y más recursos, Arroyo indica que su «postura era ya indefendible, porque no saben cómo justificar el mal funcionamiento de la oficina». Carmen Velázquez, decana del Colegio de Procuradores de Burgos, está de acuerdo y declara que «ahora se dan cuenta de que el modelo echó a andar sin estar preparado».
En su opinión debería haber entrado en funcionamiento con el expediente digital completado y con un reparto eficiente de las plantillas. A su juicio, el SCOP civil nació muy corto de personal, mientras que en las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) a los jueces sobran trabajadores. En todas menos en la jurisdicción Penal, donde las UPAD de los juzgados de Instrucción van muy escasas de funcionarios.
La conselleria quiere ahorrar casi 4,5 millones al año con folios sin membrete y limitación del material de oficina - Los procedimientos serán escaneados en vez de fotocopiados, se eliminarán notificaciones internas en papel y se usarán menos taxis
Imprimir a doble cara, utilizar folios normales en lugar de papel de oficio o limitar a 10 euros por trimestre y funcionario el gasto en material de oficina son algunas de las medidas que la Conselleria de Justicia pondrá en marcha para ahorrar casi 4,5 millones de euros al año. El dinero, que supone el 20% del gasto actual de los juzgados de la Comunitat Valenciana o el 2% del presupuesto total de la administración de Justicia, se destinará a abonar a los proveedores y evitar los impagos actuales.
Fue el conseller en persona, Jorge Cabré, quien ayer se encargó de presentar en sociedad el plan de eficiencia en la gestión, una serie de actuaciones en diferentes ámbitos -ahorro energético, en papel y en otros conceptos como transporte o instalaciones- que busca "optimizar los recursos" existentes "aplicando el sentido común".
Las medidas no estarán plenamente activas hasta 2012, aunque en algunos casos las primeras experiencias se estrenarán en apenas una semana. Es el caso del plan piloto que se inaugurará en un juzgado de instrucción de Torrent. La sede será la primera en sustituir las fotocopias de los procedimientos judiciales por copias escaneadas de los mismos. Posteriormente, los resultados se compararán con los "del juzgado de al lado" a fin de comprobar cuál ha sido el ahorro en papel. Según las previsiones de la conselleria, con este proceder se dejarán de gastar cinco millones de folios al año o, lo que es lo mismo, 50.000 euros.
En esta misma línea se sitúa otra de las medidas estrella anunciadas ayer por Cabré: la sustitución del papel de oficio por el normal debido a que los folios timbrados "cuestan el doble" que los que carecen de marcas oficiales. A partir de ahora, los equipos multiimpresión de los juzgados se encargarán de estampar las marcas de agua en el papel judicial. Esta acción ahorrará un millón de euros anuales.
Otros 400.000 euros saldrán del material de oficina. A partir de ahora, los funcionarios sólo podrán gastar un máximo de 10 euros en bolígrafos, lápices o gomas de borrar cada tres meses. En caso de necesitar más útiles de escritura, el juzgado "tendrá que solicitarlos" a Justicia y "justificar el por qué de esa falta de material", advierte Cabré.
La impresión de sentencias a doble cara -el 30% del papel empleado en las sedes judiciales- también permitirá evitar un desembolso anual de 181.000 euros. La resolución judicial media necesita ocho folios, pero si se estampa a dos caras, la cifra se reduce a cuatro, lo que supone "un ahorro del 50%".
Las notificaciones también cambiarán tras la implantación del plan de eficiencia, puesto que se realizarán a través de Lexnet, un sistema virtual de intercambio de información entre los profesionales y los órganos judiciales. La acción permitirá dejar de gastar unos 16 millones de folios al año, lo que equivale a 150.000 euros.
Taxímetros en marcha
Los recortes previstos por la conselleria también alcanzan a los taxis, aunque Cabré prefirió ayer hablar de "una racionalización" del servicio. En realidad se trata de fomentar más la videoconferencia -el conseller pidió ayer a los jueces que hagan uso de este sistema de una vez- para evitar el gasto "inasumible" que actualmente generan los tiempos de espera de los vehículos al aguardar a los fiscales con el taxímetro en marcha.
Otras medidas consisten en mejorar los contratos de mantenimiento de las sedes, la activación del plan de eficiencia energética o el traslado a locales propios por los que no haya que pagar alquiler.
Quince expendientes sancionadores por fichar y marcharse
El conseller, Jorge Cabré, comunicó ayer que actualmente se están tramitando "entre 10 y 15" expedientes sancionadores a otros tantos funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia por los hechos que Levante-EMV destapó hace unos meses acerca de algunos trabajadores de la sede judicial que fichaban por la mañana y se marchaban a otros quehaceres.
Los expedientes, explicó el responsable autonómico de Justicia, se abrieron para tratar "los casos más graves, sangrantes y escandalosos". Algunos informes han sido resueltos ya y notificados a los interesados. Pese a que estos tienen la posibilidad de recurrir la sanción impuesta por la conselleria, "de momento no hay constancia de que se haya presentado ningún recurso" al respecto, según desveló el conseller, quien no quiso ofrecer más detalles sobre estos expedientes "para no vulnerar la intimidad de los funcionarios afectados". m. v. valencia
"Contemplen el último minuto de grabación, espectáculo sin par...la magia de la facundia...el poder de la razón", argumenta el juez en su resolución
La Inspección del Consejo del Poder Judicial estima en un informe que debe abrirse un expediente disciplinario al titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Santa Cruz de Tenerife, Álvaro Gáspar Pardo de Andrade, por redactar una sentencia en verso que se aparta de las habituales formas jurídicas y supone, entre otras cosas, “un agravio personal” de un “un juez a un ciudadano”. La parte condenada, María Teresa cabo Viso, directora de una academia de azafatas de vuelo de esta ciudad, presentó una queja el pasado 31 de marzo ante el Poder Judicial en la que tacha la sentencia de “completamente inadmisible", toda vez que, subraya, “ ha sido dictada en verso y sin ninguna fundamentación jurídica”, al margen de que supone “no solo una dejación de funciones [del juez], sino una afrenta a los ciudadanos” que ponen en manos de los jueces “sus controversias”. El pleito que el juez ha traducido a ripios y versos en su resolución, fechada el pasado 22 de febrero, es una demanda de una alumna contra la academia en la que pedía ser indemnizada porque el centro había incumplido las expectativas laborales que le prometieron.
Así razona el juez en los fundamentos jurídicos su decisión de que la academia indemnice con 5.240 euros a la demandante, Loreto Fagundo Daimiel: “Tinieblas del corazón. La resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la Sra. Cabo Vizo al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá, contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo (…) . La actora ha luchado con denuedo por su derecho durante tres años (tres cursos, tres viajes, denuncias a Consumo, reclamaciones extrajudiciales, notarios, procuradores,letrados, y comparecencia personal al juicio, privándole la demandada temerariamente de palabra al renunciar a su interrogatorio sin causa justificada ni previo aviso. Y es de justicia, por las razones que siguen, darle razón”.
El juez continúa: “El acta de exhibición. Prosiguiendo la razón el recorrido inverso del pleito, descubrimos en la audiencia —dolido, al fedatario exhibido—- otra vez el corazón.Ya las palabras no vuelan. Ya todo queda filmado, grabado, inmortalizado. En efecto, en la audiencia previa se aporta un documento público en el que el Sr. Notario da fe de que en el móvil de la también tenaz madre de la actora, se recibió a las 18:23 horas del 30 de enero del año 2009 un conocimiento de culpa de la Sra. Cabo Vizo en forma de SMS, con la confesión siguiente: siento no haberlo hecho mejor simplemente lo hice con el corazón” (…) “Solo una postrera recomendación a las instancias superiores, para el hipotético caso de que esta mariposa fuera atrapada en sus redes: contemplen el último minuto de grabación, espectáculo sin par... la magia de la facundia... el poder de la razón”.
Preguntado por los servicios de Inspección del Consejo, el juez ha explicado que las “referencias al corazón, lejos de ser gratuitas, apuntan al corazón de la prueba y, por ende, de la Litis”. Y señala que, dado que la sentencia ha sido apelada, “en breve conoceremos si el Tribunal Superior decide cortar sus “alas”. La sentencia de la apelación de la Audiencia Provincial no se las ha cortado. En ella, se rebaja a algo más de 4.000 euros la indemnización y se expresa que no comparte ni las formas ni los comentarios que vierte el juez en la sentencia, pero no pide que se deduzca testimonio contra el magistrado.
La inspección del Consejo señala en su informe que el juez, “como integrante de un órgano judicial, de forma consciente y voluntaria y con el propósito de ir más allá de lo que debe corresponder a la propia actividad judicial, empleó en la referida resolución las expresiones que se han relatado y que resultan ciertamente improcedentes (…) y completamente innecesarias con respecto al contenido y al fondo de la correspondiente decisión jurisdiccional”. Y añade: “En el presente supuesto, y siguiendo el criterio que se recoge en la resolución del CGPJ [Consejo General del Poder Judicial] de 5 de marzo de 2008, nos encontramos en presencia de unas manifestaciones de carácter innecesario e improcedente, con sustantividad propia, al margen del razonamiento jurídico en el que aparecen redactadas, y completamente ajenas al patrón normal propio de las costumbres judiciales y ala forma del lenguaje judicial común y generalmente aceptado”.
La inspección concluye “que procedería la apertura de Expediente disciplinario por la posible comisión de una falta leve del Art 419. 2 de la LOPJ al Magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Tenerife D.Álvaro Gaspar Pardo de Andrade”.
No es la primera vez que este magistrado tiene problemas por usar versos en sus sentencias. En 1999, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó resoluciones del este juez, entonces en la jurisdicción de familia de Santa Cruz de Tenerife, en las que incluía versos ripiosos o expresiones afrentosas. Como primera medida, el CGPJ ordenó una investigación, al final de la cual apreció indicios de falta leve, por “desconsideración a personas sometidas a su jurisdicción”, entonces sancionable con hasta 50.000 delas antiguas pesetas de multa. Entonces se analizaron pasajes de una sentencia de separación en la que el juez hacía rimas con los apellidos Triana y Sarmiento de los litigantes (Véase EL PAÍS del 6/4/1999): “Procede acceder a la separación/ que imploran tanto el señor Triana,/ al que no le da la real gana/ de soportar la tensión,/ como la señora Sarmiento,/ que no sufriendo escarmiento,/ tras su primer tropezón,/ persiste en el mismo tono,/ y aduciendo el abandono,/ suplica una solución".
Y, además, se dirigía a la hija de ambos, de tres años y de nombre Amanda ,reproduciendo el título de la canción de Víctor Jara Te recuerdo, Amanda, y con frases como: "Parece que vas superando paulatinamente tus problemas de metabolización de la leche".
La investigación del Servicio de Inspección del CGPJ apreció, tras examinar más de veinte resoluciones, no sólo ripios, sino frases "menospreciantes o afrentosas". Entre las rimas extravagantes, una sentencia de divorcio incluye: "Recuerde el progenitor:/ el yugo es perecedero;/ la paternidad sincera,/ plena, recta y responsable,/ eso sí que no, señor".
En otra sentencia reprocha a " todo un señor médico y doctor, con dos trabajos (...), no ya regatear, sino suprimir una cantidad de dinero en favor de un hijo", y en otra de separación aprecia "en la relación de pareja un grado de envenenamiento tan profundo que (...) invita a reflexionar sobre la miseria humana".
Otra regañina reciben dos litigantes, antiguos cónyuges, por su "empeño", dice el juez, "de "pasarse el paquete" (...), escudándose, bajo pretextos laborales uno, y educativos la otra, que, a mayor INRI [sic], es maestra de profesión".
El juez investigado alegó entonces a la inspección del CGPJ que el hecho de“adornar” sus resoluciones “debe entenderse no como un pero, sino como un plus, pues, si el fallo es bello además de justo, el derecho sale ganando”. Sin embargo, las conclusiones de la inspección son la iniciación de expediente disciplinario por falta grave o leve, que la comisión disciplinaria ha rebajado a leve y que corresponde abrirá la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sentencia dictada por la titular de un juzgado de Castellón considera que el recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) contra una decisión municipal "incurre en temeridad" e "insolidaridad identificable con mala fe" en momentos de crisis económica.
El fallo, al que ha tenido acceso EFE y que ha sido avanzado hoy por el diario El Mundo, es de la magistrada Laura Alabau, conocida por su negativa a casar a homosexuales cuando ejercía su labor como titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dénia y responsable del Registro Civil en este municipio alicantino.
En la sentencia, la jueza señala que sería "deseable, dada la grave crisis económica que vivimos, que el sindicato, y los agentes por él representados, estuvieran contentos y agradecidos por poder conservar sus puestos de trabajo, que gustosos aceptarían cualquiera de los cinco millones de parados existentes en España".
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón también señala que sería deseable que "no adoptaran iniciativas tendente a socavar los intentos de la Administración demandada de economizar gastos, conforme el principio de eficiencia, con la finalidad, entre otras, de poder conservar tales puestos de trabajo".
El sindicato presentó un recurso contra el Ayuntamiento de Onda (Castellón) al considerar que los agentes de la Policía Local realizaban los días 24 y 26 de diciembre, festivos en la localidad, y los sábados una "función que no les correspondía" y que consistía en estampar el sello en los documentos que recibían y guardarlos para su entrega el siguiente día hábil en el servicio correspondiente.
Según el fallo, esa labor es "mínimamente gravosa" ya que desde 2005 la presentación de documentos en sábado solo se ha producido en una ocasión cada cinco sábados de promedio, lo que significa que si el agente tiene una jornada de 150 o 160 horas mensuales, "de ellas ha destinado menos de cinco minutos cada mes a esa labor en los últimos seis años".
Además, añade que el coste de dotar dos funcionarios adicionales para prestar ese servicio sabatino asciende a 10.532 euros anuales y recuerda que en otros ayuntamientos, la Policía Local realiza esta función.
Según afirma la jueza, "como acertadamente se ha defendido por la parte demandada, la función de custodia, no solo del edificio consistorial, sino de su contenido, corresponde a la Policía Local" y añade que tampoco parece "excesivamente gravoso guardar en una carpeta un documento presentado uno de cada cinco sábados".
A su juicio, el recurso interpuesto por el sindicato "no solo incurre en temeridad, sino en insolidaridad identificable con mala fe pues de nuevo, se ha de considerar que con dichas actitudes se contribuye al despilfarro de los recursos públicos". EFE
«Con la democracia no se avanzó mucho en la independencia, pero la justicia está menos politizada»
«La zona rural está abandonada»
Carlos Cima (Limanes, Oviedo, 1930) es una institución del derecho procesal en Asturias. Secretario del Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Oviedo durante 24 años, terminó su carrera como secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y fue profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad de Oviedo hasta 2000, en que se jubiló. Entre sus distinciones destacan la de colegiado de honor del Colegio de Abogados y la cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort. Casado, dos hijos.
-Cuatro años. Tenía que estudiar a ratos perdidos, por libre y sin preparador porque seguía trabajando en la Hermandad de Labradores.
-La vida del opositor tiene fama de aburrida.
-No para mí. Aprobé el primero de jueces, pero suspendí el segundo y, acto seguido, preparé las de secretarios judiciales, ciento y pico temas menos. Las saqué. Luego hice dos oposiciones restringidas entre secretarios, que eran muy difíciles porque eran 60 temas monográficos seis meses antes, y tenía que prepararlas después de trabajar en el Juzgado. En la primera restringida saqué la tercera categoría y me nombraron delegado territorial de Castilla y León del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. Cobrabas parte en tasas y parte en sueldo.
-¿Se ganaba mucho?
-No. Aguanté en Riaño (León) porque estaba soltero y no tenía grandes apreturas. Luego estuve en Cistierna. En total, seis años. Venía a Oviedo cada 15 días, en el Carbonero, por el alto de Tarna, y me dejaba en Oviedo en la parada junto a la Audiencia. Volví a Oviedo cuando aprobé las segundas oposiciones restringidas, que fueron convocadas cuando yo estaba de viaje de novios en Barcelona. Tuve que interrumpirlo para prepararlas. Desagravié a mi mujer a los pocos años con un viaje a Palma de Mallorca. En el Colegio de Secretarios -del que entonces era delegado y formaba parte de la ejecutiva- querían que fuese a Madrid porque se ganaba más.
-¿Qué hace el secretario judicial?
-Velar por que se cumplan las garantías procesales, porque es el depositario de la fe pública judicial. Lleva a cabo la mayor parte de la ejecución procesal de las resoluciones judiciales.
-¿Qué recuerda de su llegada al Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Oviedo?
-El procurador Sors preguntó quién era el nuevo secretario y dijo al verme: «Pero si ye un guaje». Fuimos buenos amigos.
-Ya tenía 36 años...
-Lo normal era llegar a Oviedo con 60. Cuando se jubiló el agente judicial Felipe Pérez Antón, que tenía gran inteligencia natural, le sustituyó un policía municipal, ex cautivo, tan efectivo como bruto, de Caleao. Manolo García Miguel, juez en Llanes y natural de Tanes, lo había recomendado a Gaspar Bueres, secretario del Ayuntamiento. Bueres escribió a García Miguel: «Tu coterráneo pasó, pero si mandas al caballo pasa también».
-¿Era para tanto?
-Le mandé ir a buscar a un hombre al «polígano» -como decía él- de Otero y me escribió a la vuelta: «Nonbibehaqui». Cuando murió Pablo VI, había que poner la bandera a media asta y como la nacional estaba andrajosa, izó una republicana incautada al Movimiento Comunista en el paseo de los Álamos porque «taba nuevina».
-¿Fue bien recibido?
-Sí. Luis Riera Álvarez-Solís, secretario del Juzgado número 1, me preguntó si en Riaño usábamos toga y le contesté que allí, madreñes. Riera estaba a arancel puro, cobraba por cada caso. Cuando se jubiló, nos las arreglamos para que los de su época, que estaban a tasa, cobraran una pensión, sin haber cotizado a la Seguridad Social. Me dio su toga y la usé mientras estuve en activo. Cuando me jubilé, se la devolví al hijo, Luis Riera Posada, uno de los mejores alcaldes de Oviedo, que, con su concejal Francisco Folgueras, hizo mucho por la zona rural. Ahora está abandonada porque tiene pocos votos. Tengo casa en Limanes -voy casi a diario- y sitio reservado en casa El Manco, tienda mixta en Caravia.
-¿Qué cambios notó en los 24 años que siguieron?
-Tuve buenos magistrados: César Álvarez-Linera Uría, Jaime Barrio Iglesias y Antonio Lanzos. Luego pasé a la secretaría de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), con Eduardo Gota Losada de presidente once años. Me llevé bien con todos porque mi característica fue la lealtad.
-¿No hubo cambios del franquismo a la democracia?
-Pertenecí a Justicia Democrática de 1971 a 1976, que se extinguió. La coordinaba desde Valladolid Fernando Ledesma, luego ministro de Justicia en el primer Gobierno de Felipe González. Yo viajaba mucho a Madrid y me habló de ello José Antonio Enrech Salazar, hijo del interventor de fondos de la Diputación, al que había conocido en la oposición directa y me orientó hacia secretarios judiciales. Perseguíamos la independencia del poder judicial del legislativo y del ejecutivo. Los secretarios judiciales acompañábamos a la Policía en las entradas y los registros en lugar cerrado, normalmente en asuntos criminales y políticos. Eras testigo presencial, recogías pertenencias y las llevabas al Juzgado.
-¿Vio atropellos policiales?, ¿estuvo en la detención en casa de algún político conocido?
-Atropellos, no. Estuve en la detención de un socialista en Pumarín. No me acuerdo de quién era, pero sí de que me llamó Emilio Barbón para preguntar por él. Por cierto, en 1989, cuando se constituyó el TSJA, formó parte conmigo de una terna y el Consejo General del Poder Judicial lo eligió a él. Me propuso a la terna, casi sin conocerme, Adolfo Barthe Aza, por el CDS, que se portó como un paisano. Eligieron a Barbón, excelente compañero y buen jurista. Nunca estuve afiliado a nada y sólo fui a la manifestación de condena al 23-F.
-¿Con la democracia se avanzó mucho en la independencia de la justicia de los otros dos poderes?
-No se avanzó gran cosa, pero la justicia está menos politizada.
-Tuvo dos hijos.
-Nacieron en 1968 y 1969. Uno es gestor procesal en Toledo, que viene ahora destinado a instrucción 4, y otro, abogado en ejercicio. Los dos estudiaron en la escuela pública, de la que soy defensor.
-Buen momento para ser defensor ahora que el recorte de los presupuestos puede afectar a la escuela pública. ¿Qué le parece?
-Mal.
-Usted presidió la Asociación de Padres del Instituto Alfonso II.
-Tendría que haberse llamado asociación de madres, porque eran las que asistían a las reuniones. Transformé el instituto masculino en mixto. Hice una encuesta entre los padres y casi todos aprobaron que fuera mixto, algo en lo que me ayudó mucho el director. Ya había presidido la asociación del Fontán. Tomás Recio, gran latinista. Llevé la educación de mis hijos.
-¿Dejó poca tarea a su mujer?
-Las labores domésticas. Empecé a veranear cuando ella ya veraneaba en Valencia de Don Juan.
-¿Cómo llegó a profesor?
-En el Juzgado de primera instancia e instrucción me propuso Sandalio Álvarez-Linera que fuera profesor contratado, pero me negué porque no tenía tiempo. Pero en 1976 vino de catedrático Juan Montero Aroca, con Manuel Ortells Ramos, que llamo yo Escuela Valenciana de Derecho Procesal, que fueron a buscarme al Juzgado -porque yo tenía varias colaboraciones en revistas especializadas- y me contrataron como profesor ayudante. Al marcharse ellos, quedé como profesor agregado con permiso anual del Ministerio de Justicia.
-¿Cómo fue la docencia?
-Me encariñé con ella. Me enriqueció porque me obligaba a estudiar, aunque nunca lo había dejado. Fui creador de la Escuela de Práctica Jurídica, con Gerardo Turiel de director, muy buen profesor y compañero. Di clase hasta hace 4 años.
-¿Qué tal lleva la jubilación?
-Ceso ahora de secretario de la Academia Asturiana de Jurisprudencia. Después de jubilado fui dos o tres años magistrado suplente en la Sala civil-penal del Tribunal Superior de Justicia, cuando era presidente José Luis Pérez de Castro.
-¿Tiene otra afición aparte de la botellina de sidra?
-Que no puede faltar. No, mi destino fue siempre estudiar y trabajar. No echo nada de menos.
-¿Qué tal su vida hasta ahora?
-Estudiar y trabajar.
-¿Lo pasó bien?
-Normal.
-¿La familia pesó mucho?
-Mi mujer no se metía en nada, afortunadamente. Mis hijos, cuando les cuento que bajaba a coger el tranvía y eso, me dicen «ya está papá contando batallitas».
-¿Cómo se encuentra?
-Bien (mueve el bastón), con dirección asistida, por la artrosis de la rodilla derecha, que me está haciendo un daño tremendo.
Fue una de las escasas leyes respaldadas por la unanimidad de los políticos. Pero, tras seis años de aplicación, a la ley integral de Violencia de Género se le han detectado grietas, y algunas tan severas que desvirtúan su aplicación.
Los expertos consideran que falla la base misma la ley, la prevención, porque no se ha trasladado el combate contra el machismo a colegios e institutos, y los adolescentes continúan perpetuando el modelo patriarcal de los adultos. Falla la actitud de una parte de los jueces, quienes orillan el espíritu de la ley y lo que esta tipifica como delito ellos lo califican de simple falta. Fallan también las propias víctimas, muchas de las cuales no se ratifican en la denuncia y el agresor sale impune. Falla, igualmente, la valoración de riesgo por parte de la policía y la Guardia Civil: la mayoría de las 54 fallecidas en 2010 que habían presentado denuncia -el total de víctimas mortales fue de 73- habían recibido la calificación de "riesgo bajo o inexistente".
¿Naufraga el buque insignia del primer Gobierno de Zapatero? La mayoría de los expertos cree que no, que la ley integral aprobada en 2006 sigue siendo una buena ley, reconocida en la Unión Europea como una de las más vanguardistas y eficaces en la protección de la mujer, pero sí precisa de una amplia reforma.
Las cuatro juezas y los tres jueces que integran el grupo de expertos del Observatorio de Violencia de Género -creado por el Consejo General del Poder Judicial para supervisar la aplicación de la ley y la realidad del maltrato en España- han presentado un proyecto de reforma al Parlamento que matiza varias cuestiones que causan distorsión, pero coinciden en que el desajuste fundamental de la ley es la inseguridad jurídica que genera que una parte de los jueces la aplique conforme a los motivos que la generaron y otros actúen como si la ley nunca hubieras sido aprobada. Recientes sentencias así lo confirman.
Una violación del maltratador a su exesposa no es tal porque ella no opuso resistencia; una condena con orden de alejamiento por lesiones y amenazas es revocada porque la mujer está ilegalmente en España y la condena del novio le vendría muy bien para evitar su expulsión. Demasiadas ventajas para la mujer; el juez no se fio. Una víctima de la mafia rusa obligada a prostituirse nada pudo hacer contra su proxeneta porque el magistrado advirtió un detalle fundamental: ella tenía un móvil y sin embargo no lo usó para escaparse. ¿Que podían existir amenazas contra ella o su familia o desconocía el idioma y la legislación española? No influyó en el ánimo del juzgador. Si la mujer tardó seis meses en pedir auxilio, algún tipo de acuerdo tendría con su explotador, que resultó absuelto. Estas sentencias fueron dictadas, respectivamente, por las Audiencias Provinciales de Sevilla, Cantabria y Madrid.
Antecedentes de la fidelidad al diccionario en el término "zorra" del magistrado Juan del Olmo, miembro de la misma Audiencia, la de Murcia, que tampoco creyó que si una mujer duerme en el suelo del domicilio que comparte con el agresor lo hace por miedo, o que amenazar de muerte en un proceso de divorcio constituye delito. Igualmente, patear a la pareja no es "causa de dominación".
Esta expresión, la "causa de dominación", es probablemente el talón de Aquiles de la ley.
Tras las críticas unánimes originadas por la sentencia de la zorra, la asociación profesional a la que Del Olmo pertenece, Jueces para la Democracia (JpD, de carácter progresista, emitió un comunicado que generó una fuerte contestación interna entre sus asociados y fue rechazado por la mayoría de organizaciones feministas. El texto usaba expresiones como "campaña de desprestigio", "arma propagandística", "intereses ajenos a la recta formación de la opinión pública". La inmediata reacción de la dirección de JpD apuntaba -aunque no valoraba- el fondo de la polémica: "Coexisten dos líneas jurisprudenciales interpretativas. La primera, de corte literal, que entiende que para que exista un delito de violencia de género basta con que, en el marco de una relación sentimental, el varón golpee o amenace a la mujer. La segunda, de orientación finalista, que sostiene que, además, es preciso que se acredite en el caso concreto que la conducta presente rasgos distintivos de discriminación por razón de sexo, que evidencien la existencia de una situación de dominación del hombre sobre la mujer. Ambas opciones son jurídicamente admisibles, y muchos juzgados y tribunales aplican una u otra".
El problema, aunque el comunicado de JpD no lo mencionara, radica en cómo demuestra ante un tribunal una mujer maltratada que el agresor persigue, además de la vejación, un ánimo añadido de dominación. Responde la titular de un juzgado de Violencia de Género de Madrid que prefiere guardar el anonimato: "Si existe una lista de antecedentes de agresión y una sucesión de partes de lesiones a la víctima, se supone que son pruebas suficientes de dominación".
Pero ¿qué ocurre cuando ninguna de estas dos circunstancias se dan en una denuncia por maltrato?
Inmaculada Montalbán, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, asegura: "Eso es imposible de demostrar. Es una prueba diabólica, que además no está contemplada en la ley integral".
No está en la ley pero sí en una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que dirimió que la pelea que mantuvieron José María y su exmujer Sonia, ambos de Murcia, en la que él recibió arañazos y ella lesiones que tardaron cinco días en sanar: "No debe considerarse necesaria y automáticamente como violencia de género". Pudo ser una "trifulca matrimonial" con "agresiones mutuas", pero no "dominación del hombre sobre la mujer". Esta interpretación, creen los expertos del Poder Judicial, canalizó el malestar de una parte de los jueces ante una ley que acaparó numerosos recursos de inconstitucionalidad. Los magistrados más críticos exigen desde 2008 que la mujer demuestre ser víctima de una dominación machista reiterada.
Julián Sánchez Melgar, uno de los cinco firmantes de esa sentencia del Supremo, discrepó en un voto particular y recordó que ante "las razonables dudas" que existen a la hora de aplicar una ley que mide el delito con distinto rasero en función del género y puede desvirtuar la proporcionalidad de las penas, el Tribunal Constitucional legitimó la discriminación positiva en favor de las mujeres por "razones estadísticas e históricas". El alto Tribunal tuvo en cuenta la situación de desprotección de la mujer frente al varón y trató de compensarla, pero no aclaró las circunstancias concretas en que el espíritu de la ley tiene que ser trasladado literalmente a autos y sentencias. El mismo Tribunal Supremo dictó poco después otra sentencia, con Perfecto Andrés Ibáñez, en sentido contrario a la de 2006.
"En la justicia, la peor sensación para un cuidadano es pensar que el azar juega un papel decisivo; que si tienen suerte y les toca un juez consciente de la desventaja real de las mujeres fallará de forma distinta a si les correspondiera otro que no quiere o no puede orillar los milenios de misoginia que la sociedad arrastra", añade la juez de violencia de género.
El Poder Judicial ha propuesto al Congreso y al Senado una nueva redacción del artículo de la ley en la que al acto del maltrato se le añada la frase "con cualquier fin". Inmaculada Montalbán cree que esta nueva fórmula o una sentencia del Supremo de unificación de doctrina, "acabarían con esta preocupante sensación de inseguridad jurídica". La disolución de las Cortes ha dejado en suspenso la tramitación de la reforma.
El otro punto débil de la ley lo constituyen, en opinión del Consejo, las renuncias de las mujeres una vez iniciado el proceso de maltrato. Cerca del 15% del total de denuncias es archivado porque la mujer retira la demanda. Son las que padecen dependencia emocional con el agresor, y creen en su arrepentimiento y en que los episodios violentos cesarán porque en el fondo las quieren. En otras ocasiones, las mujeres dan marcha atrás porque no tienen casa donde vivir ni oficio para mantenerse.
Según la ley, si la mujer cuyo testimonio es la principal prueba de cargo retira la denuncia esta se archiva. Cuando se trata de un caso de especial gravedad, el fiscal puede proseguir la causa, pero la falta de colaboración de la víctima suele derivar en la absolución del maltratador. Para corregirlo los jueces proponen que la investigación prosiga de oficio, independientemente de la voluntad de la agredida, y que se incluya la violencia de género dentro de las categorías penales que conllevan seguimiento del agresor después de la condena, como ocurre ahora con pederastas, violadores y terroristas. La reincidencia que justifica la vigilancia se da también en la violencia machista. "Quien insulta y veja acaba pegando; y quien pega, repite. Eso lo vemos cada día en los juzgados", concluye la veterana juez que preside el Observatorio.
El órgano de gobierno de los jueces lamenta no haber sido escuchado en la reforma vía enmienda que favorece a los jueces con cargo político
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que pide al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y al presidente del Senado, Javier Rojo, que le consulte en lo sucesivo cualquier modificación legislativa que afecte a la Ley Orgánica del poder Judicial (LOPJ), aunque ésta se realice vía enmienda.
Los vocales han debatido en la sesión plenaria celebrada este lunes la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que introdujo vía enmienda un precepto que permite a los jueces, fiscales y secretarios judiciales que han tenido un cargo político computar este periodo como tiempo efectivo en su Carrera para no perder antigüedad en el escalafón.
Los miembros del órgano de gobierno de los jueces han decidido dirigirse a las Cortes, "desde el reconocimiento" a su "preeminencia política" y al "más estricto respecto de sus competencias", al no haber consultado a esta institución una materia "tan nuclear" que afecta al estatuto orgánico de los jueces y magistrados y que no venía incluida en el anteproyecto que se les sometió a debate.
El Pleno ha trasladado así "la conveniencia de que, ante cualquier modificación legislativa -aunque ésta sea por vía de enmienda- que afecte a las materias incluidas en el artículo 108.1 de la LPJ, pueda ser consultada al CGPJ, en su condición de órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial".
ALONSO, CAMACHO O ZOIDO, BENEFICIADOS
EL CGPJ realizó un informe sobre el Anteproyecto de reforma que le fue remitido en su día sobre otros cambios operados en la LOPJ, si bien este punto concreto se incluyó vía enmienda en el último trámite parlamentario.
El pasado martes, la Comisión Permanente del CGPJ ya tomó conocimiento de un escrito de queja remitido el Foro Judicial Independiente muy crítico con las formas con las que el Parlamento aprobó vía enmienda esta modificación legal en la Ley de Agilización Procesal.
El CGPJ ha aplicado la reforma en tres ocasiones hasta el momento. El pasado martes se pasó a situación de servicios especiales al diputado socialista por Córdoba Juan Luis Rascón, al igual que una semana antes se había hecho respecto del portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, y del alcalde del Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP.
Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 10 de octubre que el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Manuel Campos Sánchez, habían sido los primeros fiscales que han estrenado las ventajas incluidas en la nueva legislación. A éstos se ha unido recientemente el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, también fiscal de carrera.
La reforma supone la modificación del artículo 351 de la LOPJ, de modo que se permite a los miembros de la judicatura, a los fiscales y a los secretarios judiciales que ocupen cualquier cargo político o de confianza el pase a la situación de servicios especiales en la carrera judicial, con lo que mantienen el cómputo de antigüedad.
Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que el Consejo emitiera una manifestación institucional sobre el anuncio del cese definitivo de la violencia decretado por la banda terrorista ETA, finalmente este punto no ha sido incluido en su orden del día ni tampoco ha sido planteado por ningún vocal durante la sesión.
21/10/2011
Valencia: La plataforma Justicia Digna Ya convoca acciones de protesta durante el acto oficial de apertura del año judicial
20-10-2011. Repartirá pipas a todas las personas que se acerquen mañana a la Ciudad de la Justicia para denunciar las deficiencias y el deterioro progresivo de la justicia valenciana; concentración a las puertas del Palacio de Justicia a las 12:30.
Mañana 21 de octubre, día en que las autoridades inaugurarán en un acto protocolario el año judicial, la plataforma Justicia Digna Ya, integrada por las organizaciones sindicales CCOO, Intersindical Justicia, UGT y STAJ, ha convocado diversos actos de protesta para denunciar la situación de la justicia valenciana.
Según la plataforma, la actualidad no está para actos solemnes ni inauguraciones estériles y en contraste con el boato judicial que se repite año tras año, a primera hora de la mañana se repartirán raciones de pipas a todos los ciudadanos y ciudadanas que acudan a la Ciudad de la Justicia de Valencia, junto con una hoja en la que se les informa del deterioro progresivo del servicio publico de justicia. Se prevén repartir cerca de 40 kilos de pipas.
Además está prevista una concentración de protesta ante las puertas del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a partir de las 12:30 horas, con motivo de la celebración a las 13:00 horas del acto protocolario de inauguración del año judicial.
En el último año, se han suprimido 15 órganos judiciales que debían haber entrado en funcionamiento. Se han abandonado todos los proyectos de nuevas sedes judiciales, incluso los que ya estaban en marcha, incluso se han paralizado los juzgados por deudas con Correos. También se ha renunciado a la creación de nuevos juzgados y no se acomete la reforma de la oficina judicial.
Se anuncia el "copago" como forma de financiar las deudas de la mala gestión realizada. Debido a la oposición de la opinión pública, se abandonó inicialmente esta idea y se anuncia como solución mágica la supresión de partidos judiciales. La medida solo responde a un criterio económico de reducir costes, sin tener en cuenta ni el servicio público ni al ciudadano. No se garantiza una mejora en los tiempos de gestión de los procedimientos ni aseguran una agilización de la justicia. Los ciudadanos y ciudadanas van a tener más difícil el acceso a una justicia inmediata.
La plataforma Justicia Digna Ya, ha realizado en el ultimo año actos de protesta denunciando el deterioro de la justicia por la mala gestión de los dirigentes políticos y ve con seria preocupación el que los mismos responsables sean los encargados de abordar soluciones para el futuro.
Forman parte de la plataforma organizaciones sindicales con presencia en la Administración de Justicia (CCOO, Intersindical Justicia, UGT y STAJ). A los actos convocados se han sumado también partidos políticos que han mostrado su apoyo y participación.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia optó por no atender una queja planteada por los fiscales lucenses como consecuencia de las medidas adoptadas por las juezas de instrucción con relación al funcionamiento diario de sus oficinas judiciales. La sala de gobierno del alto tribunal les contestó a los representantes del ministerio público, que apoyaron por unanimidad el envío de la queja, que quien tiene competencias para adoptar alguna decisión, si fuera el caso, es la junta de jueces de Lugo.
En su momento, el alto tribunal recibió un escrito del fiscal provincial de Lugo impugnando las 15 normas impuestas por las juezas y las secretarias para agilizar y mejorar el funcionamiento de los juzgados y la calidad de los servicios prestados a la población. Las magistradas acordaron la imposición de las mismas después de que la fiscalía diese cuenta del mal funcionamiento de los juzgados de instrucción.
La sala del TSXG se dio por enterada de la impugnación y no entró a valorar ni las causas ni los modos aplicados por las juezas para aplicar el acuerdo. La decisión adoptada al respecto fue la de recordar a los fiscales que el único órgano competente para adoptar acuerdos sería la junta de jueces. Solo así serían los miembros de la sala de gobierno quienes podrían llevar a cabo un control de la legalidad por ser un órgano gubernativo superior.
De todos modos, quizás para navegar entre dos aguas, la sala hizo constar que, cualquier decisión adoptada al margen de la junta de jueces, carecería de validez.
Lo que en su momento decidieron los fiscales fue interpretado en medios allegados a los juzgados lucenses como una operación de gran calado. Tendría como finalidad que el alto tribunal gallego adoptase una decisión consistente no solo en reprobar a las juezas por sus quince normas sino de aplicarles alguna medida de tipo disciplinario. Algunas fuentes incluso indicaron que algún miembro de la fiscalía presuntamente esperaba que las juezas fueran inhabilitadas temporalmente por considerar de extrema gravedad la decisión que adoptaron a finales de agosto.
La junta provincial de jueces se mantiene al margen
Los jueces de Lugo guardan silencio. Hasta ahora no hay constancia de que la junta se hubiese reunido para pronunciarse en un sentido u otro. No hubo, al menos públicamente, apoyo de ningún tipo a las dos magistradas por los avatares que pasaron con sus macro investigaciones. Tampoco, que se sepa, hubo pronunciamientos sobre las relaciones con la fiscalía tras el documento de los quince puntos polémicos.
La junta de jueces también permanece al margen de la convocatoria de la manifestación ciudadana de esta noche. Algunas fuentes, sin embargo, apuntaron que en los últimos días se habían producido movimientos pero, que se sepa, no llegaron a cristalizar. Parece que, por ahora, el único pronunciamiento sería el de la sala de Gobierno del TSXG dado a conocer tras una reunión mantenida a lo largo de la mañana de ayer.
Polémica comparación
Mientras tanto, después de conocerse la decisión alcanzada en la junta de gobierno del alto tribunal de Galicia sobre la petición de los fiscales, algunas fuentes expresaron que las polémicas críticas vertidas por escrito en la memoria anual de la fiscalía por el funcionamiento de los juzgados de instrucción no se ajustarían a la realidad. toda vez que los fiscales comparaban como era el desarrollo de la actividad diaria en el juzgado de menores con la que se lleva a cabo en los de instrucción. El primero, apuntaron diversas fuentes, tiene un volumen inferior a los 1.000 asuntos. Los segundos rozaron en ocasiones los 7.000.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha considerado que la "cuestión que se debe debatir no es si se devuelven competencias" en materia de Justicia de las Comunidades Autónomas al Estado, sino cómo trabajar" entre todas las instituciones para "ofrecer al ciudadano ese servicio razonable de calidad que se merece".
Tras inaugurar las jornadas jurídicas sobre 'El futuro del derecho del trabajo en un mundo globalizado', organizadas por CCOO en Alicante, y preguntada por los medios de comunicación de la intención de la Comunidad de Madrid de devolver las competencias en materia de Justicia, ha apuntado que el "debate de la Justicia" debe centrarse en "buscar las fórmulas para que, siendo conscientes de las circunstancias económicas, permitamos dotarnos de instrumentos para facilitar un servicio público de calidad como el ciudadano se merece". "Ese es el debate", ha dicho.
"La cuestión que se debe debatir no es si devolvemos competencias, sino cómo trabajamos, cómo colaboramos, cómo ponemos el esfuerzo en común todas las instituciones para intentar que la justicia pueda ofrecer al ciudadano ese servicio razonable de calidad que se merece", ha insistido.
Además, desde su punto de vista, "la devolución de las competencias exigiría una reforma de la Ley Orgánica o de los estatutos de autonomía, porque son competencias que están asumidas y que están previstas en el marco autonómico".
Los secretarios judiciales han reclamado este jueves al Ministerio de Justicia un incremento en la dotación de medios tecnológicos y una distribución del personal más eficiente que trabaja en la nueva Oficina Judicial que ha comenzado a funcionar en algunas ciudades españolas. Además, han advertido de que la falta de claridad en la definición de las competencias ha provocado "grandes conflictos" y "auténticas guerras" entre los empleados públicos.
"Ha habido grandes conflictos entre nosotros mismos, se han provocado auténticas guerras por lo que tiene que hacer uno u otro en cuanto a los aspectos procesales", ha explicado la directora del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) de Burgos, Pilar Rodríguez. Esta ciudad acogió hace un año la implantación de la nueva Oficina Judicial, una distribución que se planificó en 2003 aunque no fue hasta seis años más tarde cuando se acometieron las primeras acciones de su puesta en marcha.
Así se ha pronunciado Pilar Rodríguez en la conferencia 'Balance de la Oficina Judicial y modernización de la Justicia' celebrada en el marco de las XXV Jornadas de la Fe Pública Judicial, organizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) en el Palacio de Congresos de Cádiz.
La directora del SCOP de Burgos también ha explicado que ha sido necesario contratar a 20 interinos, quienes "ahora están empezando a rendir", y ha solicitado al Ministerio de Justicia que ciude "el aspecto psicológico". "La gente entró con una ilusión importante y ahora estamos resignados. Lo hemos pasado muy mal, la labor que se ha hecho es tremenda", ha señalado.
En su análisis, Rodríguez ha destacado los "grandes problemas" vinculados al funcionamiento de aplicaciones tecnológicas como Minerva y Lexnet y ha criticado que el programa informático de grabación de juicios para las salas de vistas, denominado Fidelius, "no funciona muchos días porque el sistema se cae". "Estamos en la sala y no funciona el sistema. Tenemos a su señoría con una cara de aquí a los pies y ese es el panorama con el que nos encontramos muchas mañanas", ha señalado.
PERSONAL "DESBORDADO"
El jefe de la sección del SCOP de Murcia, José Larrosa, también ha hecho balance sobre la puesta en marcha de la Oficina Judicial en los órdenes de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo así como en los seis juzgados de lo Penal de la ciudad. En concreto, ha advertido del "considerable" volumen de asuntos que asumen los juzgados de lo Contencioso mientras que las salas de lo Social están "prácticamente colapsadas". "Están desbordados", ha añadido.
En este contexto, Larrosa ha criticado la escasez de personal así como la dispersión de los edificios judiciales. Entre los problemas detectados en la Oficina Judicial de Murcia, ha citado la ausencia del expediente judicial electrónico, la indefinición de competencias y la falta de medios tecnológicos.
"Esta falta de personal se está supliendo con comisiones de servicio, prolongaciones de jornada o aumento de interinos", ha indicado, para señalar que el "coste cero" que prometía la implantación del nuevo modelo es "materialmente imposible". En cualquier caso, se ha declarado un firme partidario de la Oficina Judicial en tanto que se solventen las deficiencias de las que adolece.
Más de 200 secretarios judiciales se han reunido desde el miércoles en la capital gaditana en unas jornadas en las que también se homenajeará a la Constitución de Cádiz en una mesa redonda que llevará por título 'Constitucionalismo y Poder Judicial' y que pondrá fin a estas jornadas el próximo viernes.
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideró este jueves “necesario y positivo” un “clima social de tranquilidad y respeto” en relación a la labor judicial, y en concreto, respecto a la que llevan a cabo dos juezas de Lugo, las titulares de los juzgados de instrucción número uno, Pilar de Lara Cifuentes, y tres, Estela San José Asensio.
La sala de gobierno analizó este jueves las diferentes noticias publicadas sobre los casos que llevan estas juezas y la convocatoria para este viernes de una manifestación pública en defensa de estas magistradas, “convocada a través de pasquines repartidos por la ciudad, así como buzoneados y encartados en diarios y cuñas radiofónicas”.
Al término de la reunión, el alto tribunal gallego emitió un comunicado con tres puntos, que son, literalmente, los siguientes:
"La independencia es consustancial a la función judicial. Y, como dice la Constitución, todos debemos respetarla. En todo caso, los jueces tenemos mecanismos propios para su protección o exigencia, ajenos a actos como el anunciado para el día de mañana en la ciudad de Lugo.
Los juzgados de instrucción de Lugo vienen asumiendo sus funciones rectamente en los asuntos de que conocen. La sala de gobierno apoya decididamente su labor frente a todos, sin que puedan admitirse presiones de ningún tipo, vengan de donde vengan.
Poner de relieve, de nuevo, que cuanto más compleja sea la tarea judicial, más necesario y positivo es un clima social de tranquilidad y respeto en torno a la misma".
El presidente del TSXG acudió este miércoles a Lugo para reunirse, con carácter de urgencia, con las dos juezas. En una reunión preparatoria de la de este jueves en A Coruña, Miguel Ángel Cadenas mantuvo un encuentro de casi dos horas con De Lara y San José.
Las dos magistradas instruyen algunos de los casos más llamativos y polémicos destapados en los últimos años en Lugo, como las operaciones Campeón (sobre presunto cobro irregular de subvenciones) o Carioca (prostitución), o tramas de anulación de multas o de irregularidades en adjudicación de obras en Castro de Rei.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante el contenido del manifiesto de la plataforma ciudadana de apoyo a Pilar de Lara y Estela San José, decidió ayer mover ficha y su presidente realizó un viaje relámpago a la ciudad para reunirse de urgencia con las dos juezas. Miguel Ángel Cadenas llegó a Lugo acompañado por otro magistrado de la sala de gobierno del TSXG y ambos estuvieron reunidos con las juezas durante casi dos horas.
El alto tribunal gallego no fue consciente de la situación creada hasta que no recibió el manifiesto de la plataforma contra la corrupción y en defensa de las dos juezas, que ha convocado una manifestación de apoyo para el próximo viernes. No obstante, parece que lo que encendió las luces de alarma en el TSXG fueron las acusaciones que se recogen en dicho manifiesto, en el que se señala que ambas magistradas están sufriendo «una brutal campaña para expulsarlas de la ciudad» y que los cuerpos de seguridad las están espiando en lugar de protegerlas. A continuación, la plataforma pide la ayuda económica de los lucenses para su financiación.
Sin quejas
Según pudo saber este diario, en el TSXG nunca se ha recibido ninguna queja ni petición al respecto por parte de la juezas que instruyen las operaciones Carioca y Campeón, ni por parte de ellas ni por parte del Consejo General del Poder Judicial. Por eso, y para conocer directamente cuál es la situación, el presidente del alto tribunal, Miguel Ángel Cadenas, y otro de los miembros de la sala de gobierno de TSXG decidieron desplazarse hasta los juzgados lucenses para reunirse con ambas.
Los dos miembros del TSXG llegaron a los juzgados en torno a las 17.45 horas de ayer. Dentro ya estaba Estela San José, trabajando en su juzgado, y quince minutos después llegó Pilar de Lara. Pese a que no trascendió el contenido de la conversación, parece que el objetivo principal era conocer de manera directa cuál era la situación real y si realmente las dos magistradas precisaban de algún tipo de apoyo o protección, así como saber cuál era su papel en la formación de la plataforma.
El contenido de la conversación será trasladado hoy a los miembros de la sala de gobierno de TSXG, que analizarán la situación en una reunión extraordinaria que se ha convocado para tratar específicamente este asunto.
Miguel Ángel Cadenas y su colega en el TSXG abandonaron los juzgados lucenses en torno a las 19.45 horas y partieron rumbo a A Coruña. Se espera que hoy el TSXG emita un comunicado oficial después de la reunión de la sala de gobierno.
Estela San José y Pilar de Lara destaparon en tres años media docena de casos de corrupción en la ciudad donde nunca pasaba nada. «Lugo estaba en el siglo XIX y lo vamos a poner en el XXI», se les oyó decir y, a juzgar por sus investigaciones, llevan camino de conseguirlo. Caiga quien caiga.
Hace ahora tres años, Estela San José y Pilar de Lara eran dos juezas desconocidas, dos recién llegadas a una ciudad tranquila, donde se cumplían los tópicos habituales de este tipo de lugares. Todo el mundo se conoce y la vida discurre sin sobresaltos. Pero no era así. A finales de 2008, Estela San José se convirtió en jueza estrella a su pesar -al parecer, no le gusta tal denominación- cuando intervino las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico para destapar el primero de los grandes casos de corrupción.
Aunque el fiscal Izaguirre había registrado en mayo de 2006 la Diputación Provincial en la llamada operación Muralla (hoy aún irresoluta) y la propia San José desarrolló la operación Pollo con decenas de detenidos por explotación laboral unos meses antes, la investigación sobre la supuesta retirada de multas de tráfico se convirtió en la primera de las grandes redadas contra la corrupción. Por el juzgado número tres pasaron numerosos beneficiados por la anulación de sanciones, desde políticos hasta sacerdotes, con dos imputados como principales destacados, el jefe provincial del organismo y el subdelegado del Gobierno. Ambos dejaron sus puestos. La misma jueza investigó después un caso similar en la Policía Local.
Sin embargo, el salto a los medios de comunicación de ámbito nacional se produjo a raíz de la operación Rey, con la detención del exalcalde socialista de Castro de Rei y tres concejales por un supuesto caso de adjudicación irregular de obras.
Con las escuchas telefónicas como principal arma, la magistrada asestó este año el golpe definitivo. La caída de Jorge Dorribo y su imperio farmacéutico, a consecuencia de una investigación sobre tráfico de influencias para conseguir subvenciones, lleva camino de convertirse en una de las macrooperaciones judiciales más importantes de España.
La implicación de dos políticos autonómicos como Fernando Blanco (BNG) y Pablo Cobián (PP) y, sobre todo, del ministro socialista José Blanco hacen que el caso se salga de su jurisdicción, lo que supone ya hoy un empujón para su carrera, porque buena parte de la judicatura nacional está fijando sus ojos en ella. Y todo esto cuando su juzgado es el que se encarga de los delitos de violencia de género, con el volumen de trabajo que supone.
Decenas de tomos
Pilar de Lara no abrió tantos asuntos como su compañera, pero solo la operación Carioca suma tantos tomos como varios de estos casos juntos. La trama investigada en el juzgado número uno, donde están imputados altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía, hizo estremecer los cimientos de la ciudad. Proxenetas que campan a sus anchas, agentes con derecho de pernada, jefes de las fuerzas del orden que miran para otro lado, empresarios, hosteleros, constructores, médicos abortistas... Un submundo que afloró de repente ante los ojos de una sociedad acostumbrada a su plácida atonía.
La operación Carioca, cuyas primeras detenciones se realizaron en octubre de 2009, gira en torno a un cabo de la Guardia Civil y a un conocido empresario de los clubes de alterne, aunque tirando del hilo fueron cayendo otros agentes y sus jefes, y los jefes de sus jefes, hasta las máximas autoridades de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Lugo, que declararon como imputados, al igual que el exsubdelegado, el mismo sobre el que recaen las sospechas en el caso de las multas.
El círculo se cierra con la investigación urbanística, sobre todo en relación con la paralización de las obras del edificio de O Garañón, ese monumento al boom del ladrillo. Fue ordenada en su día por De Lara, aunque esta instrucción se sigue ahora en el juzgado número dos.
De Lara y San José son la punta de lanza de la investigación contra la corrupción y durante estos tres años no siempre se sintieron respaldadas en sus actuaciones, tanto dentro de los propios muros de los juzgados como desde las fuerzas del orden que, además, están eventualmente a sus órdenes.
Las dos juezas tienen sus detractores, por razones obvias. Decenas de personas a las que imputaron, sus familiares y sus abogados no hablan precisamente bien de las causantes de sus problemas judiciales. El principal móvil de sus críticas se centra en que tienen todos los asuntos abiertos, lo cual es una evidencia. Ninguno llegó a juicio por ahora. Ni siquiera hay un solo escrito de acusación del ministerio fiscal.
Esta demora, además de ser relativa, no siempre es responsabilidad única de las magistradas. Además, tres años en los juzgados son un periodo relativamente breve si se tiene en cuenta que un expediente común -donde todo está claro o hay una autoinculpación- puede tardar al menos dos años en llegar a juicio. Ninguno de estos es un expediente simple, ni mucho menos. Todavía queda un largo camino y, por lo que parece, muchas sorpresas por descubrir.
José Blanco tiene motivos para estar preocupado. No solo por las graves acusaciones vertidas contra él por Jorge Dorribo, el empresario que asegura haberle pagado 400.000 euros en comisiones, sino porque la jueza que investiga el caso del fraude de las subvenciones públicas en Galicia, y que ha salpicado de lleno al ministro de Fomento, Estela San José, se ha ganado la reputación de ser implacable con la corrupción.
A sus 38 años, soltera, sin hijos y considerada próxima al PP -militó en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura-, San José se ha labrado fama de inflexible, independiente, meticulosa y muy estricta. El propio Blanco ya lo ha podido comprobar: la juez no sólo ha rechazado levantar el secreto de sumario de la llamada Operación Campeón, como reclamaba el portavoz del Gobierno y número dos del PSOE, sino que lo ha prorrogado hasta el próximo 7 de noviembre.
Dorribo también sabe de primera mano que es una jueza de armas tomar. La semana pasada, al concluir la declaración de más de tres horas que el empresario -imputado y en libertad condicional- prestó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, de la que ella es titular, San José le advirtió que si filtraba a la prensa cualquier detalle relacionado con la investigación o con su propia declaración "volvería de inmediato a la cárcel", según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas al caso.
San José, vallisoletana, llegó a Lugo hace seis años para hacerse cargo de todos los casos de violencia machista de la provincia, la especialidad de su juzgado. Pero durante todo este tiempo no sólo ha mostrado mano dura con los maltratadores: también con los corruptos. Y el empeño que pone en su trabajo le ha granjeado tantos apoyos como enemistades. Sus enemigos, según las fuentes consultadas, se cuentan por decenas. Sobre todo desde que en 2008 destapó una trama de retirada fraudulenta de multas en la Jefatura de Tráfico de Lugo.
Dimisiones 'preventivas'
Aquel escándalo se llevó por delante al jefe provincial de Tráfico y al subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, que presentó su dimisión de forma preventiva para, según dijo entonces, "no perjudicar" a su partido, el PSOE. Una estrategia que ahora parecen haber copiado los parlamentarios autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que presentaron su dimisión nada más filtrarse la declaración judicial de Dorribo, en la que éste acusa también a ambos del cobro de comisiones. El ministro de Fomento, en cambio, ha dejado claro que no piensa seguir su ejemplo.
Tirando del hilo -pinchazos telefónicos mediante- de las multas perdonadas, San José se encontró con el ovillo de un caso de prevaricación y tráfico de influencias en el concello de Castro de Rei, que desembocó en la detención del alcalde socialista, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, dos del PSOE y uno de Terra Galega, que habrían favorecido a empresas constructoras locales.
La Operación Campeón ha servido, tras la presunta implicación estelar de Blanco, para cimentar su leyenda más allá de Lugo. Pero en Galicia hace tiempo que se convirtió en una jueza estrella. Y, según dicen sus muchos detractores, también excesivamente mediática. Cuando Telecinco estrenó la serie Sin tetas no hay paraíso, San José llamó a la cadena privada para expresar su protesta por el trato degradante a la mujer que, a su juicio, ofrecía el programa. Y en 2007, tras poner en marcha la Operación Pollo contra una mafia que explotaba a trabajadores marroquíes en granjas lucenses, la propia jueza hizo una colecta en su juzgado para comprar comida y llevarla ella misma a los hambrientos jornaleros.
Una reclamación común es la implantación del expediente digital
La Nueva Oficina Judicial (NOJ) ha supuesto toda una revolución organizativa en la forma de trabajar de la Justicia. En esta idea coinciden todos los sectores, desde jueces y magistrados, hasta abogados, procuradores y funcionarios.
Sin embargo, la percepción de cómo está siendo su implantación en León –la Oficina Judicial comenzó a funcionar en los juzgados de Sáenz de Miera y en la Audiencia Provincial el 8 de junio– dista (y mucho) entre unos profesionales y otros.
Mientras que los sindicatos denuncian problemas en los juzgados desde julio, el Colegio de Abogados continúa dando un margen de confianza y el juez decano, Juan Carlos Suárez-Quiñones, insiste en que el proceso de adaptación sigue un ritmo adecuado. Eso sí, pese a que se aventuraba que después del verano la Oficina Judicial estaría a pleno rendimiento, trabajadores y abogados coinciden en que todavía habrá que esperar.
Las organizaciones sindicales reclaman más medios, una mejor reubicación de los espacios, aumentar la plantilla y continuar con los refuerzos de personal; esta última solicitud ya se ha hecho realidad y estos refuerzos continuarán, al menos, un mes más, según se han comprometido desde el Ministerio de Justicia.
El representante de CCOO de Justicia, Javier Fuente, critica que uno de los principales ‘nudos’ del nuevo sistema se centra en el Servicio de Ordenación del Procedimiento donde se recibe toda la documentación del registro y de ahí se da traslado a otros servicios comunes o a las Upad (Unidades de Apoyo Directo) a los jueces.
Fuente precisa que en el Servicio de Ordenación del Procedimiento trabajan 45 funcionarios pero debido al ingente volumen de trabajo precisan de siete refuerzos. No es el único servicio que los necesita y, por ejemplo, tres trabajadores apoyan a los ocho funcionarios del registro.
María Jesús Rodríguez (UGT) recuerda que ha sido necesario incluso echar mano de la bolsa de interinos para poner en marcha este nuevo sistema de ‘ventanilla única’ en León.
Los sindicatos también consideran que haber unificado el registro y la oficina de información ralentiza porque obliga a atender tanto solicitudes de los ciudadanos como de los profesionales en un mismo espacio.
La ampliación de los juzgados de Sáenz de Miera sirvió para acoger las nuevas dependencias de la Oficina Judicial y las salas de vistas y las oficinas han sido redistribuidas. Desde CCOO aseguran que “es un caos” encontrar un juzgado determinado y exige reubicar los espacios porque las montañas de papeles impiden a los funcionarios trabajar en unas condiciones adecuadas.
Los problemas informáticos también están presentes en la cartera de peticiones de mejora, ya que se están repitiendo incidencias registradas en otras ciudades donde se había implantado la Oficina Judicial.
CSI-F ha trasladado propuestas a la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia y plantea eliminar “toda burocracia innecesaria” y redefinir las tareas y funciones.
Una demanda común de todos los profesionales pasa por la puesta en marcha del expediente digital que facilitaría el trabajo de la NOJ. UGT recuerda que una de sus reclamaciones era haberlo implantado previamente para “haber evitado muchos problemas”.
León, junto a Burgos, será pionera en decir definitivamente adiós al papel a finales de año o principios de 2012 gracias al expediente digital. De momento, en el proceso de digitalización trabajan unas 150 personas (30 desde León y el resto desde el centro nacional de catalogación en Madrid).
Por su parte, Eduardo López Sendino, secretario del Colegio de Abogados de León, asegura que la propia puesta en marcha de la Oficina Judicial supuso un cierto retraso en la tramitación de los procedimientos pero, reconoce, que “estamos en período de ajuste aunque bastante mejor que al principio”.
López Sendino señala que “sigue habiendo disfunciones, problemas de retraso y de coordinación” pero con la implicación de todos “el trabajo sale adelante”. De momento, desde el Colegio de Abogados siguen dando un margen de confianza a la NOJ que ha aprovechado el ‘parón’ de agosto para agilizar trabajo ya que es un mes prácticamente inhábil.
Por último, el juez decano ha manifestado que ya se ha acometido una ampliación en alguna dependencia y que se mejorará el espacio en otra parte del SCOP. También indica que se han solicitado refuerzos y prolongaciones de jornada de secretarios judiciales y funcionarios y Suárez-Quiñones subraya que hace más de seis meses que se está trabajando en el expediente digital; en concreto, ahora se están catalogando los procedimientos para que a principios de año se comience a funcionar con el expediente digital en alguna jurisdicción.
La única sede de esta jurisdicción en Algeciras atendió en 2010 casi 1.700 asuntos, lo que ha llevado al TSJA a reclamar la creación de un nuevo juzgado · El Colegio de Graduados Sociales pide soluciones
La elevada tasa de paro y, por tanto de desempleados, en la provincia de Cádiz, sumados a los Expedientes de Regulación de Empleo y al cierre de empresas forman parte del triste panorama laboral gaditano que, sin embargo, no acaba ahí, en simple estadística. Esta realidad tiene otra faceta, más importante si cabe, que es el drama social.
Un despido lleva aparejado el cobro de una prestación por desempleo y, antes, una indemnización por parte de la empresa. Pero, ¿qué ocurre cuando un negocio cierra o se declara insolvente para pagar a sus trabajadores, a los que ha tenido que despedir? Todo esto tiene un escenario: los juzgados de lo Social.
En la provincia de Cádiz existen siete: tres en la capital gaditana, otros tres en Jerez y uno en Algeciras, que se encarga de atender a todo el Campo de Gibraltar.
Sin embargo, y pese a que puedan parecer suficientes, los datos reflejan lo contrario. Según datos del Colegio de Graduados Sociales, en cada uno de esos juzgados se ha atendido en 2010 unos mil asuntos anuales: 7.000 en toda la provincia. No obstante, la avalancha de casos por la delicada situación laboral gaditana, hace que haya demandas presentadas a las que se les está señalando los juicios a finales de 2013 e, incluso, comienzos de 2014. Así lo explicó a este periódico el presidente de dicho Colegio, José Blas Fernández, quien además detalló que causas presentadas en los juzgados en 2009 y 2010, ni siquiera tienen aún fecha de juicio.
Según los datos incluidos en la memoria de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), entre las tres sedes (Cádiz, Jerez y Algeciras), se resolvieron el pasado año un total de 6.646 asuntos. De ellos, 2.473 corresponden a los de la capital gaditana; 1.223 al de Algeciras; y 2.950 a los de Jerez. Sin embargo, quedaron pendientes al final del año un total de 7.505 asuntos: de ellos, 4.166 pertenecen a Jerez. Dicho informe añade otro dato: la media de asuntos que ingresó el pasado ejercicio cada órgano judicial.
Para entender este aspecto hay que explicar lo que en el ámbito judicial se entiende por módulo, que es la media de asuntos que se entiende asumible en cada juzgado al año. En el caso de los juzgados de lo Social, el TSJA estima que esa media anual es de 850 asuntos. Pues en el informe se explica que, en cada uno de los tres juzgados de Cádiz capital entró el pasado año una media de 936 asuntos (un 10,1% más de lo estipulado); en el de Jerez, 884 (un 4% más); pero el más llamativo es de Algeciras: 1.652 asuntos por cada juzgado, un 94,4% más de lo asumible y el porcentaje más alto de toda Andalucía. Por ello, el propio TSJA recomienda la creación de un nuevo órgano judicial en la comarca algecireña, "ya que en los últimos cinco años su carga de trabajo ha sido un 60% de media superior al módulo de entrada", señala el informe.
Cada uno de los siete juzgados de lo Social en la provincia, al igual que el resto, tiene que tratar asuntos que se refieren a despidos, conflictos colectivos, reclamación de cantidades, Seguridad Social y otras reclamaciones.
Otra pata de este problema, según el presidente del Colegio de Graduados Sociales, es la situación de "bloqueo" que, según estima, padece el Fondo de Garantía Social (Fogasa). Este órgano es el encargado de hacer frente a los pagos a los trabajadores en caso de imposibilidad diversa por parte de sus empresas. José Blas Fernández lo resume así: "Si me despiden, hago primero la conciliación, después la demanda de despido, espero a que me cite el juzgado, se da audiencia, si la empresa no aparece la tienen que citar en el BOE, se celebra juicio, ponen la sentencia y después se ejecuta; si no existe la empresa, paga el Fogasa. Así pueden pasar cuatro o cinco años para cobrar. Es una situación caótica porque los jueces no pueden más".
Por otra parte, Fernández sigue manteniendo otra tesis: que los jueces de lo Social deben estar especializados. "Hoy, cualquiera acude a esta jurisdicción. Hay que hacer una reforma para que cada juez natural sea especialista en la materia. Eso de que yo sea juez de lo Penal y porque se haya quedado una vacante libre en lo Social me pasen allí sin tener ni idea, eso hace mucho daño". Por eso, explica que el Colegio que preside pretende solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no tanto crear un juzgado de lo Social más, porque en épocas de menos trabajo quedará libre y un juzgado cuesta mucho, como que pongan más jueces de apoyo". Recuerda que en los años 80 en Cádiz, cuando se desbordó la situación social por otra crisis, "venían jueces de Sevilla o de Jerez como apoyo. Son jueces eventuales pero especialistas, que resuelvan problemas. Si no es especialista, no hacemos nada. Y también hay que meter personal especializado: los tribunales no pueden improvisar a funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo o de cualquier otro sitio".
Por último, José Blas Fernández reclama una modificación de la Ley de planta y demarcación judicial, la que dictamina que los asuntos que ocurran en los diferentes municipios gaditanos se vean en los juzgados de Cádiz, Jerez o Algeciras.
Según explica, también ocurre que la gratuidad de los procesos hace que se recurra en exceso y, por tanto, se saturen más los juzgados. Para él, "es verdad que en la jurisdicción social se pleitea gratuitamente y quien no tiene nada que perder lo hace, pero habrá que poner coto a esta situación para que, como en el resto, tenga un coste porque eso paralizaría muchos asuntos. Mucha gente que dice que se va al juzgado por una reclamación y le dicen que tiene que pagar abogado o procurador, y no lo hace; muchas veces es un filtro para muchos que, por ejemplo, recurren por recurrir, sin creer siquiera que tienen razón y dilatan el procedimiento por si suena la flauta".
"Sin paro y con el juicio en 2013"
Un caso de los muchos que se dan en la provincia: espera que le toque su turno
En una época en la que el cierre de empresas o la sucesión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no tiene precedentes en la provincia de Cádiz, son muchos los casos de trabajadores que se ven obligados a acudir al juzgado para reclamar lo que es suyo.
Si se trata de un empleado de una empresa fuertemente asentada en el entramado laboral e industrial gaditano, se tiene la "suerte", entendida como ayuda, de que suele ser la Administración laboral directamente y los grandes sindicatos los que se encargan de intentar solucionar el asunto y lograr que el futuro de esos empleados sea, al menos, igual que el presente que tenían.
Pero, ¿qué ocurre cuando no es el caso? ¿Qué sucede cuando se trata de un trabajador de una pequeña empresa cuyo cierre no aparece en informativos o periódicos? Son muchos. Hay que recordar los casi 175.000 parados de la provincia.
Noelia es uno de esos casos. Empleada en un pequeño negocio, fue despedida en noviembre del año pasado. Las difíciles circunstancias económicas hicieron que su empresa le adeudara varias nóminas, además de la preceptiva indemnización.
"Se acordó que me pagarían una cantidad por el despido y aún estoy esperando que me la paguen". Por eso, no tuvo más remedio que interponer una demanda por reclamación de cantidad en el Juzgado de lo Social.
Su sorpresa llegó cuando se enteró de que la fecha para la vista de su caso se había fijado para octubre, pero de 2013. "El paro se me acaba ahora en octubre, de este año, y no voy a ver un euro, en caso de que me paguen, hasta dentro de dos años. No sé a dónde me voy a agarrar para comer".
De momento, Noelia vive con su madre, pensionista como muchas en España, con una pensión de las habituales, baja. Ella estima que la cantidad que se le adeuda puede rondar los 10.000 euros y, hasta la fecha, de su antigua empresa no sabe nada.
"No sé si ha cerrado o ha desaparecido, el caso es que hasta dentro de dos años no sabré cuándo puedo pagar; y si además la empresa no aparece, tendré que reclamar que me pague el Fondo de Garantía, con lo que serán seis meses más de espera, como poco. Esta es la realidad".
El sindicato CCOO ha denunciado hoy la eliminación de 141 empleos en los juzgados civil, social y de violencia sobre la mujer de Cataluña, plazas que el Departamento de Justicia asegura que serán reubicadas a otras jurisdicciones.
En un comunicado, el sindicato ha vinculado la supresión de esas plazas a los recortes que el Departamento de Justicia está aplicando en materia de personal de la administración de justicia y asegura que quedarán suprimidas definitivamente.
Por su parte, fuentes del Departamento de Justicia han precisado que la eliminación de esas plazas no comportará ningún despido, ya que las personas que las ocupaban serán reubicadas en otros juzgados donde son más necesarios.
Asimismo, la consellería ha apuntado que la mayoría de esas plazas ya eran vacantes, porque no habían sido cubiertas desde su creación porque no ser de imperiosa necesidad.
Según CCOO, Justicia justifica esa eliminación en el descenso de actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer, civil y laboral, aunque el sindicato niega que hayan disminuido las causas en esas jurisdicciones.
El “esto no marcha” para resumir lo que ha supuesto el cambio organizativo vuelve a escucharse en los juzgados de la capital, sólo que con más fuerza. Ayer jueves unas sesenta personas, la mayoría funcionarios, pero también procuradores y abogados, se concentraron a instancias de la junta de personal para reclamar al ministerio que mantenga los diez puestos de trabajo de refuerzo (cesan el 30) que consideran imprescindibles para sostener el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP), nuevo y a decir de los funcionarios insostenible.
Palabras como “desbarajuste”, “más retraso que antes” y “esto se hunde” son las que más pronuncian los operadores jurídicos, muy críticos con la puesta en marcha de un sistema organizativo que, a ocho meses de su implantación, está dando serios problemas que obligan a los funcionarios a trabajar jornadas maratonianas de mañana, tarde y noche (muchos prolongan su jornada hasta las ocho y media de la tarde porque no dan abasto); además de complicar las cosas. Un trámite sencillo, que se resolvía con una única resolución ahora requiere tres o cuatro: “para que esto funcione necesitaríamos cincuenta personas más, y encima nos van a quitar lo poco que han previsto”, explica Carmen Romero, presidenta de la junta de personal.
¿Encierro?
A la concentración de ayer le seguirán dos más de quince minutos los próximos miércoles 19 y 26 de este mes y la junta de personal se está planteando incluso hacer un encierro de funcionarios. El temor de los trabajadores es que de aquí al 30 de noviembre, a los diez interinos que cesan el 30 de este mes se unan otros cinco más, también contratados hace unos meses para poner los servicios comunes al día.
Procuradores: el problema es serio
Concha Lozano, presidenta del Colegio de Procuradores, participó en la concentración al tiempo que su colectivo difundió un comunicado de apoyo a los funcionarios, contra los despidos de interinos y por la readmisión de los cuatro puestos que cesaron a final de septiembre. En opinión de Lozano la situación de los juzgados es de “total desbarajuste”, sobre todo en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (que tramita el grueso de los asuntos).
Lozano habla de “un problema muy serio” y asegura que hay más retraso que antes, opinión que comparte el abogado laboralista Salvador López, también en la concentración de ayer, que dice que en los juzgados de lo Social, que tramitan todo lo relativo a pagos y reclamaciones de trabajadores que se quedan sin empleo, hay 1.800 demandas guardadas sin registrar. Y dice que si antes una demanda se resolvía en tres o cuatro meses, ahora ese periodo se ha ampliado a seis meses o un año.
“Y no es porque no trabajen los funcionarios, me consta que hacen lo que pueden. Es que esto es un desastre, un juzgado no controla un asunto hasta tres o cuatro días antes de que esté señalado el juicio”.
Una reclamación de cantidad que se resolvía en cuatro meses, ahora tarda hasta un año
El ‘corazón’ del organismo de la Oficina Judicial (Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) está a punto de dejar de latir por el aumento de presión y la frecuencia del ritmo ‘cardiaco’.
A punto del ‘crack’, según el análisis que hacen los juristas que sufren a diario la realidad que se vive en los Juzgados de la plaza del Trillo desde el 9 de febrero de este año, día que entró en funcionamiento el nuevo modelo de Oficina Judicial. Las demandas desbordan los juzgados, y más del 50% ya tienen retrasos, según afirmaron ayer a este diario funcionarios del cuerpo de gestión.
El Ministerio de Justicia presentó a bombo y platillo la nueva Oficina Judicial (experiencia piloto puesta en marcha en varias capitales, entre ellas Ciudad Real). Aseguraron que iba a poner en hora el reloj de la Administración de Justicia, anclada en el siglo XIX. La judicatura, abogacía, procuraduría y Junta de Personal advirtieron antes de su entrada en funcionamiento de los problemas que podía acarrear este nuevo modelo, que se ‘vendió’ como la panacea para ‘curar’ los males endémicos de la Justicia. La nueva Oficina Judicial empezó a rodar en pista de vértigo y semanas después los jueces estallaron ante tanto fallo informático. Ahora, siete meses después de su puesta en marcha, la Junta de Personal de los Juzgados de Ciudad Real ha fijado un calendario de movilizaciones después de la concentración y pitada protagonizada ayer en las puertas de los Juzgados por algo más de medio centenar de funcionarios para exigir que se mantenga el personal interino y de refuerzo. Reivindicación a la que se sumaron abogados y procuradores, que coincidieron en calificar de «muy seria la situación», ya que, según afirmaron, los Juzgados están al borde del colapso.
2.000 procedimientos pendientes. Antes de la puesta en marcha del nuevo modelo de Oficina Judicial «quedaban unos 300 procedimientos en cada uno de los tres Juzgados de lo Social al terminar el año», pero ya con fecha para juicio u otro tipo de vista. «Ahora hay unas 2.000 demandas que ni siquiera están señaladas (con fecha para su resolución)», aseguró Manuel Román Fonseca, funcionario del cuerpo de gestión adscrito a la Unidad Procesal de Apoyo Directo al Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad Real.
El Colegio de Abogados celebra la festividad de la patrona más reivindicativa con duras críticas al Ministerio de Justicia por parte de la presidenta de la Audiencia y el decano de la institución
El Colegio de Abogados ha celebrado la festividad de Santa Teresa más reivindicativa de los últimos tiempos. El decano, Cipriano Arteche, aseguró ayer que el Ministerio de Justicia «ha tirado el dinero» con la nueva Oficina Judicial. «Se pretendía una mayor eficiencia y está ocurrido todo lo contrario», aseveró tras señalar que la abogacía está muy preocupada y molesta, palabra que suscribió la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón, que hasta ahora no se había mostrado (lleva año y medio en el cargo) tan reivindicativa, «preocupada y molesta».
Alarcón enumeró alto y claro el listado de carencias. «La Justicia en Ciudad Real presenta claras deficiencias que suponen una merma en la tutela judicial efectiva», remarcó para, a renglón seguido, denunciar que en Ciudad Real el número de jueces «es claramente inferior», siendo muy elevada la cifra de jueces sustitutos, lo que obliga a hacer encaje de bolillos para cubrir vacantes, sobre todo, en Alcázar, Tomelloso y Puertollano. Una situación que la presidenta de la Audiencia Provincial confesó que le inquieta sobremanera, máxime cuando no hay previsión de aumento de plantilla.
Tras reclamar más jueces, pasó a detallar las carencias de la nueva Oficina Judicial. Transcurridos ocho meses (entró en funcionamiento el 9 de febrero) el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (el ya famoso SCOP) está generando «una bolsa de trabajo imposible de sacar adelante», aseguró la presidenta de la Audiencia Provincial. El personal está «muy cualificado», el problema, según Alarcón, es estructural y de escasez de plantilla. Llegado a este punto dijo que un tercio de los señalamientos (la celebración de juicios) se está suspendiendo. Mejor pronóstico tiene, según los datos que maneja, el Servicio Común General. El de ejecución funciona, «aunque de forma lenta».
En el rosario de carencias y deficiencias, la máxima responsable de la Justicia en Ciudad Real citó el sistema informático, calificándolo de «mal endémico» por la «constante caída del sistema».
En definitiva, «se ha producido el efecto contrario». En lugar de conseguir una Justicia más ágil con el nuevo modelo de Oficina Judicial, «tenemos una Justicia más lenta». La presidenta de la Audiencia Provincial coincidió plenamente con el decano del Colegio de Abogados, quien aseguró que el modelo «ha fallado porque no se le ha dotado de medios».
Arteche dijo que hay un déficit «muy importante, no sólo de medios técnicos, que ya lo sabíamos, sino también de personal». Así que «resulta paradójico que cuando llevamos un tiempo reivindicando que se necesita más personal para que la Oficina Judicial funcione, se nos restrinja ahora el personal, es decir, que se despidan a cuatro personas y que haya previsión de diez despidos más», precisó.
El decano afirmó que no se está avanzando acorde con lo dicho. «Hablaban (el Ministerio) de la oficina digital, pero dónde están los escáneres para que los juristas puedan desde su despacho, desde su ordenador, acceder al expediente digital sin necesidad de gastar papel y tener que acudir al Juzgado», ironizó Arteche, quien reiteró: «El modelo ha fallado porque no se le ha dotado de medios. La Justicia no interesa a los políticos porque no da votos. Y estamos padeciendo esa rémora hace muchísimos años». Ahora queda confiar en que a partir del 20-N cambien las cosas «por que si no vamos a la debacle. Estamos en un momento muy conflictivo, con una crisis económica muy profunda y todo eso se trasluce en los juzgados porque las reclamaciones crecen en todos los ámbitos de la Justicia», señaló el decano tras asegurar que la situación de algunos abogados es muy preocupante. «Los clientes tienen problemas muy serios y dificultades para pagar a los honorarios a sus abogados», concretó.
De arbitraje y otros retos
Cipriano Arteche aprovechó al máximo el acto institucional celebrado en el salón de música del antiguo casino con motivo de la festividad de Santa Teresa, patrona de los abogados. Fue reivindicativo convencido de que las cosas pueden mejorar si en Madrid tienen en cuenta esta tierra y la Justicia. De momento, el decano del Colegio de Abogados se refirió a los retos que se han marcado después de coincidir con el fiscal jefe, Jesús Caballero Klink, en la importancia de recurrir al arbitraje para resolver algunos pleitos. Así, mientras el Ministerio de Justicia está obcecado en la nueva Oficina Judicial y otros planes para poner en hora el reloj de la Justicia, sin conseguirlo, la Fiscalía y la Abogacía apuestan por dar un empuje a la vía arbitral, la mediación en un pleito como solución rápida y eficaz al conflicto sin necesidad de acudir a los juzgados y tribunales. A juicio del decano, hay que ir en esta dirección para mayor agilidad. Al hilo de ello, volvió a referirse a la Oficina Judicial para remarcar que los abogados se pueden pasar toda la mañana buscando un expediente, de un Servicio Común a otro, de allí a un tercero ..., y descubrir al final de la jornada que está en un carrito. «Se ha actuado con improvisación y la tutela judicial efectiva corre peligro», sentenció tras destacar que hay que revisar la retribución de los abogados del Turno de Oficio.
Plantean la necesidad de reformar el Estatuto autonómico y lamentan que la Justicia sea tratada como "la hermana pobre del Estado"
Las asociaciones de jueces y fiscales han criticado este jueves la intención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de devolver las competencias de Justicia al Gobierno central.
En declaraciones a Europa Press, han resaltado que esta voluntad refleja su "impotencia como gestora" y que esta materia no aporta réditos electorales.
Así, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, ha remarcado que la intención de la presidenta autonómica demuestra su "incapacidad" para gestionar "adecuadamente" los recursos materiales y personales que tiene atribuidos. "Refleja su impotencia como gestora para hacer frente a las responsabilidades que tiene encomendadas", ha añadido.
A su juicio, el debate no debe centrarse en la eficacia o no de la descentralización. "En ningún caso se debe a las deficiencias estructurales del sistema", ha indicado Ramírez, que ha añadido que la paralización del Campus de la Justicia o la deuda del turno de oficio sólo revelan la "falta de capacidad de gestión" de Aguirre.
"FALTA VOLUNTAD POLÍTICA"
Desde la asociación Francisco de Vitoria, Joaquín González ha coincidido en que la devolución de las competencias al Gobierno central plantearía la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía y ha subrayado que la inversión corresponde a "quien haya asumido los medios materiales y personales".
En este sentido, ha lamentado que la Justicia "no da un rédito electoral" y es tratada como "la hermana pobre del Estado". Ha argumentado que España apenas dedica el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para mejorar la eficiencia judicial, cuando la inversión debería rondar el 3 por ciento.
El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, ha puesto en duda que las competencias puedan ser devueltas al Estado, "desde el punto de vista constitucional". "Tal y como está el diseño constitucional es difícil que pueda haber competencias de ida y vuelta", ha indicado.
La asociación se ha mostrado partidaria de que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el órgano encargado de ostentar las competencias en materia de Justicia.
Finalmente, la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, ha asegurado que el anuncio de Aguirre pone de relieve, una vez más, "la falta de voluntad política de preocuparse por la Justicia y por que ésta funcione". "Me parece poco serio", ha agregado.
La presidenta de Madrid considera que ha sido "insuficiente" la subida presupuestaria del 230% desde 2003 para mejorar la eficiencia judicial
"La justicia tiene que tener sus raíces en las competencias del Gobierno de la nación. La justicia tiene un carácter nacional y porque de esta división duplicación no se ha derivado ningún beneficio para los ciudadanos. Por eso, Vamos a impulsar la devolución de estas competencias", ha dicho esta tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante su intervención en la Asamblea de Madrid. Aguirre ha anunciado que su grupo parlamentario (PP) "presentará una Proposición no de Ley (PNL) para impulsar la devolución de las competencias de Justicia al Gobierno central".
La presidenta popular ha respondido así a una pregunta parlamentaria de Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea madrileña, sobre el estado de la justicia madrileña. "Hemos hecho un esfuerzo presupuestario sin precedentes para mejorar y modernizar la administración de la justicia", ha manifestado la jefa del Ejecutivo autonómico, y ha añadido: "El presupuesto ha subido de 150 millones a 350 millones, un incremento del 230% que no está mal". Aguirre ha recordado que ya en su discurso de investidura alertó sobre la escasa mejora de la Justicia en Madrid a pesar de que, según ella, ha aumentado los recursos. "Porque hemos tenido ese incremento y porque ese incremento y porque no se ha producido una mejora de la justicia es por lo que tenemos que estudiar qué es lo que podemos hacer para mejorar esta cuestión", ha zanjado. Por su parte, De Velasco le ha replicado: "Ha sido un esfuerzo importante, pero insuficiente. Alguien de su Gobierno dijo no hace mucho que la justicia es carajal. Creo que es un tema que no les gusta. Se han oído voces de devolver las competencias al Estado. Lo entendemos, lo comparto y estamos de acuerdo y estamos dispuestos a colaborar para encontrar una solución a esta en la lamentable situación".
No es la primera vez que se oyen voces en el Gobierno regional para devolver las competencias de Justicia al Estado. Hace unas semanas, el vicepresidente regional, Ignacio González, ya insinuó la posibilidad de entregar la gestión de la Justicia. Pero hacerlo no resulta tan fácil. El ministro de Justicia alertó sobre las crecientes demandas de autonomías gobernadas por el PP para devolver competencias. "Las comunidades que tienen las competencias ya transferidas tienen que cumplir con su responsabilidad y devolverlas implicaría una reforma de la Constitución y de los Estatutos. Cuando uno los redacta, la Constitución permite asumir las competencias que uno quiere. Se negocia la transferencia y se valora económicamente tras largos debates y discusiones. No se puede ser autonomista para las maduras y no para las duras", señaló el ministro este verano.
Ante la iniciativa del Gobierno de Madrid, Federico Trillo ha declarado que no apoya la intención de Aguirre de devolver las competencias de Justicia. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP considera que "no toca revisar las transferencias" de las regiones.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa, al pago de las costas y a una indemnización a la madre del menor de 4.000 euros, mientras que lo ha absuelto de un delito de prevaricación dolosa, todo ello en una sentencia en la que la Sala acuerda solicitar al Gobierno que conceda al magistrado el indulto parcial y reduzca la condena a seis meses de inhabilitación.
Durante el juicio, la Fiscalía modificó sus conclusiones provisionales y pasó de pedir diez años de inhabilitación a solicitar la libre absolución del magistrado, mientras que la acusación particular ejercida por la madre del pequeño elevó a definitiva su petición para el magistrado de 20 años de inhabilitación y 14.400 euros de multa, así como el pago de una indemnización de 60.000 euros a la madre; de 100.000 euros al menor, y de 12.000 euros al otro hijo menor de la querellante. De su lado, el abogado del juez pidió la libre absolución de su patrocinado.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que cuenta con el voto particular de uno de los magistrados, la Sala de lo Penal condena al juez por un delito de prevaricación culposa, un delito que lleva aparejadas penas de entre dos y seis años de inhabilitación, lo cual "se considera excesivo para sancionar el hecho delictivo y una respuesta penal desproporcionada en atención a la gravedad del hecho, en relación con el mal causado". Así, argumenta que, "aún cuando se imponga el mínimo legal posible, resulta demasiado severo tal reproche punitivo por su cierta desproporción con el mal causado por la infracción", por lo que decide solicitar el indulto parcial de la pena.
Tras hacer un relato de los hechos considerados probados, asevera que el acusado "dictó y firmó un auto resolviendo la medida cautelar solicitada sin trámite procesal alguno, sin dar traslado ni pedir informe al Ministerio Fiscal, sin oír previamente, y pese a conocer sus domicilios, a ninguno de los progenitores del menor, ni al padre ni a la madre, a quien se atribuía una actitud reticente u obstativa al cumplimiento de lo acordado" por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que estableció que los padres "respetarán el deseo de los hijos de tomar parte en las estaciones de penitencia de las hermandades a que pertenecen".
El TSJA argumenta que el objeto de enjuiciamiento "no es valorar en abstracto la decisión de autorizar a un menor salir en la procesión de la Hermandad del Silencio, ni tampoco si esa decisión estaba amparada por el artículo 158.3 del Código Civil", que son, según añade, "los únicos aspectos sobre los que se ha centrado machaconamente la prensa y también, por cierto, los únicos valorados por la Audiencia Provincial de Sevilla a la hora de resolver el recurso de apelación que les fue planteado". Hay que recordar que la Sección Segunda dio la razón al juez Serrano al entender que su decisión se apoyó "en razones de urgencia y necesidad".
"OBVIÓ CUALQUIER TRÁMITE PROCESAL"
"No podemos confundir ni distorsionar el verdadero objeto procesal penal, pues se trata exclusivamente de valorar la actuación seguida por el juez en su condición y cargo de juez tras asumir una actuación y competencia procesal que, en principio, no le correspondía", todo ello, además, "tras obviar cualquier trámite procesal, preconcibiendo, en cierta forma, el supuesto hecho a resolver y desembocando precipitadamente en una conclusión sobre 'peligrosidad moral o física' que no parece corresponderse con la realidad objetiva y temporal, ya que no se evidenciaba en modo alguno peligro inmediato ni evidente del menor".
Al hilo de ello, y tras dejar claro que "no se trata de valorar la personalidad, ideas o convicciones del juez Serrano" sino de analizar "su exclusiva actuación profesional exteriorizada procesalmente el día 30 de marzo de 2010", subraya que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla "no pudo valorar ni profundizar en las condiciones, previas y coetáneas, en que adoptó la medida cautelar, por lo que se quedó en la periferia".
En primer lugar, el TSJA analiza la posible responsabilidad penal dolosa del acusado, y asevera que "no creemos suficientemente probado que haya incurrido en una evidente, patente, flagrante y clamorosa acción o dejación en el ejercicio de sus funciones; tampoco que haya ejercido arbitrariamente el poder que le confiere su condición de juez, ni que haya actuado por mor de su capricho y, en fin, que haya buscado lesionar el mejor derecho o el interés colectivo, todo ello a sabiendas y con plena conciencia de que se actúa al margen del ordenamiento jurídico".
NIEGA LA EXISTENCIA DE "UN CONCIERTO PREVIO"
Para ello, "debía haberse acreditado suficientemente, cuando menos, un concierto previo para el resultado procesal que valoramos", tal y como defendió la acusación particular, pero asegura que ello "no ha quedado debidamente acreditado". "Podemos admitir que está indiciariamente acreditada la existencia de algún contacto previo entre el letrado Joaquín Moeckel con el acusado acerca del asunto que llegó a su conocimiento", pero "lo que no cabe es deducir una actuación conjunta y deliberada para forzar la Ley y urdir una estrategia procesal que permitiera 'sortear' la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, inicialmente competente, y desembocara en la asunción propia de tal asunto como urgente, para aplicar el artículo 158 del Código Civil".
Por ello, lo absuelve de un delito de prevaricación dolosa, tras lo que analiza la posible responsabilidad penal culposa del acusado, pues "queda reflejado que tuvo conocimiento claro de la precedente actuación judicial de otro órgano jurisdiccional, pero aceptó su propia competencia a través de un trámite de medida cautelar por persona interpuesta a los progenitores custodios", todo ello "omitiendo trámites procesales y cualesquiera vías de solución alternativas para el conflicto surgido con motivo de un deseo exteriorizado por un menor, que no peligro ni perjuicio inmediato, prejuzgando voluntades de personas no escuchadas, que vieron sensiblemente eliminados sus derechos y garantías procesales".
En esta línea, insiste en el hecho de que "resplandece una imprudencia consistente en un completo desinterés por el conocimiento exacto de la real dimensión del conflicto, que determinó la vulneración de las normas esenciales del procedimiento", entre ellas "las garantías de todo justiciable, como la oportunísima y perfectamente posible audiencia de los propios padres".
"PUSO SU FUNCIÓN JUDICIAL AL SERVICIO DE INTERESES DE PARTE"
"Por más que no haya quedado establecida la connivencia del acusado con el entorno de los solicitantes de la medida, o sus abogados, ni el dolo, Serrano no evitó ni se cuidó en absoluto de no poner su función judicial al servicio de intereses o pretensiones de parte, validando la argucia procesal tramada por quienes asesoraron al solicitante de la medida, partiendo como premisa, sin comprobación alguna, de la versión de los hechos presentada por personas en las que imprudentemente confió", argumenta.
En este sentido, incide en el hecho de que la actuación procesal del juez "revela detalles de significativa desatención, ligereza o falta de cuidado graves", a lo que se añade que la resolución dictada por el acusado "es manifiestamente injusta" por el hecho de "convertirse el juez en instrumento, por temeridad o negligencia grave, de un ardid procesal sin desplegar las mínimas garantías y equilibrios procesales".
En la sentencia, el TSJA acuerda incoar expediente y pieza separada de corrección disciplinaria contra el letrado de la acusación particular, ya que "se ha excedido en el ejercicio legítimo de su función e incumplido las obligaciones que le imponen las leyes".
Muy chistosa la duquesa octogenaria con su boda, con su novio y con su arte bailando por sevillanas. Pero tiene poca gracia que en el siglo XXI la mayor terrateniente del país siga siendo la titular de la casa de Alba: una familia feudal que es la más grande de España desde los tiempos de la reconquista. ¿Qué tipo de sociedad permite que el reparto del botín de las guerras medievales sea, seis siglos después, uno de los factores económicos más determinantes? ¿Cómo es posible que Andalucía y Extremadura aún padezcan una ineficaz estructura agraria latifundista, hija de las victorias castellanas frente a Al Andalus y madre del subdesarrollo histórico que arrastra el sur de España?
La duquesa de Alba no sólo es la principal terrateniente patria, con 32.000 hectáreas. También está entre los que más subvenciones agrícolas cobran de los fondos europeos. Sin embargo, el principal debate político sobre los problemas del campo en esta campaña electoral no están siendo ni los latifundios ni estas indignantes subvenciones a los grandes terratenientes. El problema, al parecer, son los subsidios que cobran los jornaleros, que es la palabra española para definir a esa misma clase social que en Brasil llaman los “sin tierra”. Aquí también los tenemos, son varios cientos de miles, y hay un político catalán, llamado Duran i Lleida, que duerme cada noche en el Hotel Palace pero critica a esos jornaleros que cobran el PER y “se pasan la mañana en el bar”. Duran olvida dos cosas. La primera, que ese subsidio es una mínima ayuda por desempleo, no un sueldazo. La segunda, que el PER es injusto no por el subsidio en sí, que es miserable, sino porque sólo es una aspirina contra el cáncer: un pequeño paliativo para una enfermedad infinitamente más grave.
Los recortes actuales en el gasto público autonómico se veían venir. La combinación de cuatro factores los hacían inevitables: la abrupta caída de los ingresos tributarios y transferencias que nutren las arcas autonómicas, las restricciones al endeudamiento, la inercia que gobierna la dinámica del gasto autonómico y, desde 2010, la cicatería de la Administración central a la hora de anticipar fondos o posponer devoluciones. Al menos desde principios de 2009 venimos advirtiendo de esta inminente crisis de los servicios públicos. Dicho lo anterior, existen algunas cuestiones que sí me llaman la atención.
Primero, que las autonomías han renunciado a usar su autonomía financiera para subir ingresos y, así, reducir el déficit sin tener que recortar tanto por el lado del gasto. Salvo algunos incrementos menores en el tipo marginal máximo del IRPF, a lo más que se ha llegado es a dejar para más adelante promesas de rebajas fiscales, como las de la Xunta actual. De hecho, gobiernos como la Generalitat catalana, ahora inmersos en draconianos planes de ajuste y con deseos irrefrenables de birlarle la mitad de la paga extra al personal sanitario, se han permitido aprobar recientemente rebajas fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones que minan la progresividad del sistema fiscal.
Segundo, el ataque a lo público. Es sorprendente como se ha retorcido el discurso para pasar de un generalizado cabreo con las agencias de rating, supervisores bancarios, entidades financieras y especuladores sin escrúpulos en 2008, a que en 2011 nos hayamos olvidado de ellos y nos concentremos en los empleados públicos como origen del mal. El problema es el Estado del bienestar y sus trabajadores. Es falso que tengamos una buena sanidad y educación públicas. Lo bueno está en lo privado. En lo público están los vagos maestros que trabajan 20 horas a la semana. Además, ya puestos, ¿por qué debemos pagarle la educación a los hijos de los trabajadores, una vez que saben leer y escribir? ¿Para que luego les quiten los puestos de trabajo a nuestros adocenados hijos? Esta cadena argumental no es imaginaria. Incluso dicen que existen presidentas autonómicas que la asumen como propia.
Tercero, la pasividad de los partidos situados en la izquierda ideológica. Parecen más ocupados en sus líos internos que en armar un discurso global y coherente, con una reforma fiscal y el combate contra el fraude en su frontispicio. Los sindicatos quedan solos ante el peligro. Y los grupos de presión lo saben. Refuerzas sus ataques contra ellos, incidiendo en los vicios y errores que efectivamente han cometido, para deslegitimarlos. Escuchando a algunos tertulianos de éxito, el ser sindicalista parece motivo suficiente para la lapidación pública.
Cuarto, a los recortes en los servicios públicos se le suman los recortes en la obra social de las cajas de ahorro, de la mano de una inesperada y discutible privatización de un patrimonio social acumulado durante muchas décadas. Si la participación de NCG en el nuevo banco se reduce a un 10%-15% del total, mucho me temo que el extraordinario suplemento que suponía la obra social respecto a las políticas autonómicas va a quedarse reducido a algo poco más que testimonial. Salvo, claro está, que la Xunta se convierta en accionista de referencia del nuevo banco o que alguien consiga que de la nueva entidad brote otro rara avis en el mapa bancario español como es la Fundación Barrié. Me parece más factible lo primero.
Quinto y último, el centralismo de las propuestas de solución, sobre todo las que proceden del Partido Popular. Si Mariano Rajoy gana las elecciones generales y obtiene mayoría absoluta no me cabe ninguna duda de que, en lo que queda de década, viviremos una ola recentralizadora en España. A algunos les gusta la idea. A otros no. Habrá que votar en consecuencia.
Pero los buenos políticos siempre encuentran oportunidades de echarle una paletada de tierra a Montesquieu, como en este final de legislatura: aprovechando que la ley de agilización procesal pasaba por el Senado, han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces que ocupen cargos políticos pasen a la situación administrativa de servicios especiales, que es tanto como decir que cuando se van a la política se les guarda la plaza que tuvieran y que cuando retornan se les cuentan los años que han estado fuera como si hubieran estado en activo, así que ni se retrasan en el escalafón ni pierden trienios. Las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta reforma alegando que deteriora la independencia de la justicia y su imagen de imparcialidad.
Jueces para la Democracia ha señalado agudamente que se trata de una reforma "inexplicable", tanto que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, no contiene exposición de motivos. Por mi cuenta, añado que esa falta de explicación está en todo el procedimiento legislativo: el proyecto de ley de agilización procesal entró en el Pleno del Senado el 13 de septiembre (es decir, en el último momento de un proceso que empezó en el Congreso el 11 de marzo de 2011) sin llevar una sola referencia a la reforma de la LOPJ y cuando salió el 14 ya tenía una disposición final en que se le añadía la nueva redacción del artículo 351 de la LOPJ y una disposición transitoria para darle efectos retroactivos.
¿Cómo lo consiguieron sus excelencias? Lo hicieron aprovechando que el artículo 125 del Reglamento del Senado permite que, de común acuerdo, todos los grupos del Senado puedan introducir "modificaciones" (es decir, pequeños cambios inferiores a una enmienda) a una ley. Y como todos estaban de acuerdo, pues todos tienen jueces en sus filas, no hubo necesidad de debate; de tal forma que el único rastro que se encuentra en el Diario de Sesiones es la aprobación por asentimiento de unas crípticas "propuestas de modificación con números de registro 68730 y 68731".
Su contenido no se supo hasta que se publicó en el Boletín del Congreso del 20 de septiembre, donde apareció sin el correspondiente "mensaje motivado" del Senado que exige el artículo 90 de la Constitución. Tampoco mereció una sola referencia en el Pleno del Congreso del 22 de septiembre; 343 votos a favor, una abstención, ninguna explicación. ¿Pero por qué hay que explicar lo evidente y entretener al pueblo con temas abstrusos?, diría alguno de los muchos políticos que han considerado que el 15-M no estaba falto de razón en sus críticas a la opacidad de la política. Con el mismo desparpajo podría zafarse de la pregunta, ¿pero modificar una ley orgánica en el último segundo, aprovechando una ley ordinaria, no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que haya una conexión material entre las enmiendas y la ley (STC 119/2011)? Hombre, diría nuestro político, me extraña que no vea la conexión entre una ley de agilización procesal y la nueva forma de agilizar el paso de la política a la judicatura.
La Ley Orgánica 12/2011 es inconstitucional por la forma en que se ha tramitado y, además, también lo es por su contenido, ya que viola las prohibiciones que la Constitución establece para los jueces de desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos y presentarse a las elecciones mientras estén en activo (artículos 127 y 70) porque la finalidad de esas prohibiciones es impedir que los jueces participen en política. Y ahora pueden hacerlo igual que los demás funcionarios, sin más limitación que el requisito formal de no tener el carnet de militante.
Un régimen legal de los jueces respetuoso con la Constitución debería ser igual que el establecido para los militares, pues tienen similares prohibiciones constitucionales: si los militares tienen que colgar sus uniformes para entrar en política, los jueces deberían de colgar sus togas. Sin embargo, la ley dice lo contrario: que cuelguen las togas, pero sin miedo, que no solo se las vamos a guardar, sino que las lavaremos y plancharemos para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas.
Pero los buenos políticos siempre encuentran oportunidades de echarle una paletada de tierra a Montesquieu, como en este final de legislatura: aprovechando que la ley de agilización procesal pasaba por el Senado, han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces que ocupen cargos políticos pasen a la situación administrativa de servicios especiales, que es tanto como decir que cuando se van a la política se les guarda la plaza que tuvieran y que cuando retornan se les cuentan los años que han estado fuera como si hubieran estado en activo, así que ni se retrasan en el escalafón ni pierden trienios. Las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta reforma alegando que deteriora la independencia de la justicia y su imagen de imparcialidad.
Jueces para la Democracia ha señalado agudamente que se trata de una reforma "inexplicable", tanto que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, no contiene exposición de motivos. Por mi cuenta, añado que esa falta de explicación está en todo el procedimiento legislativo: el proyecto de ley de agilización procesal entró en el Pleno del Senado el 13 de septiembre (es decir, en el último momento de un proceso que empezó en el Congreso el 11 de marzo de 2011) sin llevar una sola referencia a la reforma de la LOPJ y cuando salió el 14 ya tenía una disposición final en que se le añadía la nueva redacción del artículo 351 de la LOPJ y una disposición transitoria para darle efectos retroactivos.
¿Cómo lo consiguieron sus excelencias? Lo hicieron aprovechando que el artículo 125 del Reglamento del Senado permite que, de común acuerdo, todos los grupos del Senado puedan introducir "modificaciones" (es decir, pequeños cambios inferiores a una enmienda) a una ley. Y como todos estaban de acuerdo, pues todos tienen jueces en sus filas, no hubo necesidad de debate; de tal forma que el único rastro que se encuentra en el Diario de Sesiones es la aprobación por asentimiento de unas crípticas "propuestas de modificación con números de registro 68730 y 68731".
Su contenido no se supo hasta que se publicó en el Boletín del Congreso del 20 de septiembre, donde apareció sin el correspondiente "mensaje motivado" del Senado que exige el artículo 90 de la Constitución. Tampoco mereció una sola referencia en el Pleno del Congreso del 22 de septiembre; 343 votos a favor, una abstención, ninguna explicación. ¿Pero por qué hay que explicar lo evidente y entretener al pueblo con temas abstrusos?, diría alguno de los muchos políticos que han considerado que el 15-M no estaba falto de razón en sus críticas a la opacidad de la política. Con el mismo desparpajo podría zafarse de la pregunta, ¿pero modificar una ley orgánica en el último segundo, aprovechando una ley ordinaria, no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que haya una conexión material entre las enmiendas y la ley (STC 119/2011)? Hombre, diría nuestro político, me extraña que no vea la conexión entre una ley de agilización procesal y la nueva forma de agilizar el paso de la política a la judicatura.
La Ley Orgánica 12/2011 es inconstitucional por la forma en que se ha tramitado y, además, también lo es por su contenido, ya que viola las prohibiciones que la Constitución establece para los jueces de desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos y presentarse a las elecciones mientras estén en activo (artículos 127 y 70) porque la finalidad de esas prohibiciones es impedir que los jueces participen en política. Y ahora pueden hacerlo igual que los demás funcionarios, sin más limitación que el requisito formal de no tener el carnet de militante.
Un régimen legal de los jueces respetuoso con la Constitución debería ser igual que el establecido para los militares, pues tienen similares prohibiciones constitucionales: si los militares tienen que colgar sus uniformes para entrar en política, los jueces deberían de colgar sus togas. Sin embargo, la ley dice lo contrario: que cuelguen las togas, pero sin miedo, que no solo se las vamos a guardar, sino que las lavaremos y plancharemos para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas.
La división de poderes no parece que le guste demasiado a nuestros políticos. Posiblemente piensen que como Montesquieu murió en 1775, su teoría no sirve hoy día para atender las necesidades del pueblo, por el que tanto se desviven, siendo suficiente con celebrar elecciones libres periódicamente. Por eso, aprueban siempre que pueden leyes que, retorciendo el significado de la Constitución, les permitan socavar la independencia del Poder Judicial. Sin duda, la más importante de ellas es la forma de elección de los 12 magistrados del Consejo General del Poder Judicial que, si a principios de la década de 1980 eran elegidos por los propios jueces (con un injusto sistema mayoritario, por cierto), desde 1985 son elegidos por las Cortes. Así que, primero, los designan entre el PSOE y el PP y después se reúnen Zapatero y Rajoy para consensuar el nombre del presidente del Consejo. Bien mirado, no deja de ser una forma de dividirse el poder.
Pero los buenos políticos siempre encuentran oportunidades de echarle una paletada de tierra a Montesquieu, como en este final de legislatura: aprovechando que la ley de agilización procesal pasaba por el Senado, han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces que ocupen cargos políticos pasen a la situación administrativa de servicios especiales, que es tanto como decir que cuando se van a la política se les guarda la plaza que tuvieran y que cuando retornan se les cuentan los años que han estado fuera como si hubieran estado en activo, así que ni se retrasan en el escalafón ni pierden trienios. Las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta reforma alegando que deteriora la independencia de la justicia y su imagen de imparcialidad.
Jueces para la Democracia ha señalado agudamente que se trata de una reforma "inexplicable", tanto que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, no contiene exposición de motivos. Por mi cuenta, añado que esa falta de explicación está en todo el procedimiento legislativo: el proyecto de ley de agilización procesal entró en el Pleno del Senado el 13 de septiembre (es decir, en el último momento de un proceso que empezó en el Congreso el 11 de marzo de 2011) sin llevar una sola referencia a la reforma de la LOPJ y cuando salió el 14 ya tenía una disposición final en que se le añadía la nueva redacción del artículo 351 de la LOPJ y una disposición transitoria para darle efectos retroactivos.
¿Cómo lo consiguieron sus excelencias? Lo hicieron aprovechando que el artículo 125 del Reglamento del Senado permite que, de común acuerdo, todos los grupos del Senado puedan introducir "modificaciones" (es decir, pequeños cambios inferiores a una enmienda) a una ley. Y como todos estaban de acuerdo, pues todos tienen jueces en sus filas, no hubo necesidad de debate; de tal forma que el único rastro que se encuentra en el Diario de Sesiones es la aprobación por asentimiento de unas crípticas "propuestas de modificación con números de registro 68730 y 68731".
Su contenido no se supo hasta que se publicó en el Boletín del Congreso del 20 de septiembre, donde apareció sin el correspondiente "mensaje motivado" del Senado que exige el artículo 90 de la Constitución. Tampoco mereció una sola referencia en el Pleno del Congreso del 22 de septiembre; 343 votos a favor, una abstención, ninguna explicación. ¿Pero por qué hay que explicar lo evidente y entretener al pueblo con temas abstrusos?, diría alguno de los muchos políticos que han considerado que el 15-M no estaba falto de razón en sus críticas a la opacidad de la política. Con el mismo desparpajo podría zafarse de la pregunta, ¿pero modificar una ley orgánica en el último segundo, aprovechando una ley ordinaria, no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que haya una conexión material entre las enmiendas y la ley (STC 119/2011)? Hombre, diría nuestro político, me extraña que no vea la conexión entre una ley de agilización procesal y la nueva forma de agilizar el paso de la política a la judicatura.
La Ley Orgánica 12/2011 es inconstitucional por la forma en que se ha tramitado y, además, también lo es por su contenido, ya que viola las prohibiciones que la Constitución establece para los jueces de desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos y presentarse a las elecciones mientras estén en activo (artículos 127 y 70) porque la finalidad de esas prohibiciones es impedir que los jueces participen en política. Y ahora pueden hacerlo igual que los demás funcionarios, sin más limitación que el requisito formal de no tener el carnet de militante.
Un régimen legal de los jueces respetuoso con la Constitución debería ser igual que el establecido para los militares, pues tienen similares prohibiciones constitucionales: si los militares tienen que colgar sus uniformes para entrar en política, los jueces deberían de colgar sus togas. Sin embargo, la ley dice lo contrario: que cuelguen las togas, pero sin miedo, que no solo se las vamos a guardar, sino que las lavaremos y plancharemos para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas.
Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional y profesor visitante en el University College de Dublín.
El exministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Manuel Campos, se han convertido en los primeros beneficiarios de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los jueces y fiscales que dan el salto a la política mantener la antigüedad y el escalafón en sus respectivas carreras.
Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), Fernández Bermejo y Campos Sánchez, ambos fiscales, han sido los primeros en estrenar las ventajas incluidas en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobó el pasado 22 de septiembre en el último Pleno que celebró el Congreso antes de su disolución.
A través de sendas órdenes del Ministerio de Justicia, Fernández Bermejo y Campos Sánchez han pasado de estar en excedencia a disfrutar de la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal. Tal como prevé la nueva legislación, este estatus se aplica con carácter retroactivo.
MÁS DE CUATRO AÑOS DE RETROACTIVIDAD
Así, a efectos prácticos Fernández Bermejo disfrutará de esta situación de servicios especiales desde el 12 de febrero de 2007, el día en que fue nombrado ministro de Justicia. Dejó el cargo dos años después tras conocerse que había coincidido en varias cacerías con el juez Baltasar Garzón, que entonces instruía el 'Caso Gürtel' en la Audiencia Nacional y, desde entonces, ha sido diputado.
Fernández Bermejo, que no forma parte de las listas del PSOE para las elecciones del 20 de noviembre, es fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Gracias a la nueva reforma, al exministro se le computarán "como servicios efectivos en la Carrera Judicial" los años que lleva en política.
Por su parte, Campos ocupó la plaza de fiscal en el Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia hasta el 18 de abril de 2007, cuando se convirtió en diputado del PP en el Asamblea de Murcia. Dos años después fue nombrado consejero de Justicia de esa comunidad y desde el pasado mes de junio ocupa la Consejería de Presidencia. También en su caso, pasa a estar en situación de servicios especiales desde la fecha en que pidió excedencia para dedicarse a la política.
EL MISMO PUESTO, EN CUANTO HAYA HUECO
Ambos y todos los que estén en su misma situación y soliciten pasar de la excedencia a los servicios especiales, una vez que pidan reingresar en la Carrera Judicial quedarán adscritos "con carácter provisional" a la plaza que ocupaban cuando estaban en activo, con la misma categoría y orden jurisdiccional.
Cuando se produzca la primera vacante de su categoría y, en su caso, turno en el Tribunal Supremo, los Superiores de Justicia, la Audiencia o los Juzgados en los que trabajasen ésta "se les adjudicará fuera de concurso y con carácter preferente". Eso sí, deberán abstenerse de intervenir en "asuntos concretos vinculados con su actividad política".
Fernández Bermejo y Campos Sánchez no son los únicos que han dejado las togas por la política y que en cualquier momento podrían volver a la Justicia con los mismos derechos. Entre otros, los jueces en excedencia José Antonio Alonso (portavoz del PSOE en el Congreso), Juan Luis Rascón (ex diputado socialista por Córdoba) y Juan Ignacio Zoido (alcalde de Sevilla).
La Generalitat y los abogados fomentarán el uso del catalán
La justicia catalana ha dictado a lo largo del 2010 seis veces más sentencias en castellano que en catalán, 221.000 frente a 37.000 aproximadamente, una cifra similar a la que se había registrado el año anterior.
Así lo ha explicado este martes en el Palau de la Generalitat el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, durante la firma de un convenio con la Conselleria de Justicia y el Consejo del Colegio de Abogados de Catalunya (CICAC) para impulsar el uso del catalán entre los abogados.
"Es de los ámbitos más atrasados (en el uso del catalán) y esperamos que las cosas comiencen a cambiar", ha deseado Mascarell en declaraciones a los medios tras la firma del acuerdo.
El plan de trabajo --en el marco del ya suscrito en 2008 para fomentar el uso del catalán-- ofrecerá cursos de catalán a los abogados fomentando que sea lengua vehicular, el acceso libre y gratuito a un traductor automático castellano-catalán de textos jurídicos y el fomento de manuales jurídicos en esta lengua, entre otras acciones.
En la misma línea Mascarell se ha expresado la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, que espera que el plan de trabajo promocione "un uso importante en el día a día del catalán en los juzgados".
NO VALORA LA ACTUACIÓN DE LOS MOSSOS
El delegado del Colegio de Abogados de Vic y representante del CICAC, Antoni Molas, se ha felicitado por la renovación del acuerdo con la Generalitat en el que ha reconocido que se ha notado "una diferencia presupuestaria lógica" derivada de los recortes del Govern por la crisis.
Por otra parte, Bozal se ha negado a valorar la postura del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que consideró desproporcionada la actuación de los Mossos d'Esquadra en las detenciones de los 'indignados' en la Ciudad de la Justicia al no querer mezclar cuestiones: "No estamos en un acto que se haya de hablar de este tema", ha zanjado.
Abogados de extranjería consideran "una extralimitación" el cuestionario de cultura general para obtener la nacionalidad española
Adiós al trivial para los extranjeros que aspiran a obtener la nacionalidad española. El Registro Civil número 2 de Barcelona, que desde hace dos meses venía planteando cuestionarios de cultura general a algunos inmigrantes (véase EL PAÍS de ayer), ya no lo seguirá haciendo ya que la responsable de las preguntas -que los abogados de extranjería consideran "una extralimitación" que "carece de cobertura legal"- ha dejado de sustituir a la titular de la plaza, María del Mar Ortega.
"Las preguntas se practican no a iniciativa de quien suscribe, sino por la juez que me sustituye en periodos vacacionales y de permiso oficial", puntualizó ayer Ortega en un comunicado emitido a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). EL PAÍS trató, antes de publicar la información, de confirmar quién era la autora de las preguntas, sin que el TSJC ofreciera una respuesta.
Ortega aseguró ayer que las preguntas sobre cultura general, que no están previstas por la ley, "se han dejado de utilizar" desde que se reincorporó a su puesto tras las vacaciones.
Los extranjeros que viven en Barcelona y quieren ser españoles se enfrentan, desde hace dos meses, a un examen peculiar. A la juez encargada del Registro Civil de la ciudad, María del Mar Ortega, le ha dado por plantear cuestionarios de cultura general a quienes aspiran a obtener la nacionalidad. A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, la ley no prevé en ningún caso someter al aspirante a un test que incluye preguntas sobre la historia reciente del país -"¿Quién fue Carrero Blanco?"- su ordenamiento jurídico -"cite y explique un artículo de la Constitución Española"- e incluso preguntas trampa: ¿Dónde termina el Camino de Santiago?
Entre los extranjeros empadronados en Barcelona circulan ya chuletas con las respuestas óptimas a esa suerte de Trivial. Los abogados expertos en extranjería creen que la iniciativa es "arbitraria" o, cuando menos, "discrecional". Pero no todos sus clientes pasan por el mal trago, sino que son escogidos de forma aleatoria cuando acuden a la entrevista en las oficinas de la plaza del Duque de Medinaceli, un personaje histórico sobre el que, de momento, no hay preguntas.
"Acreditar conocimientos no es un requisito que exija la ley. Este examen de la EGB confunde la adaptación a la cultura española con el nivel cultural", denuncia Olga Hernández, de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería (ACPE). Los letrados de esta asociación han acompañado a sus clientes a las entrevistas y han sido testigos de las preguntas. Según Hernández, la iniciativa "carece de cobertura legal". Otro abogado que acredita los cuestionarios es Antoni Segura, vocal de la comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que ve en la actuación de la juez una "extralimitación".
Algunas preguntas, sostiene Segura, son excesivas y pondrían en un brete a ciudadanos con DNI español. "Aunque la ley no lo pide, es razonable que un aspirante a la nacionalidad sepa quién es el rey de España o el presidente del Gobierno. Pero es más dudoso que tenga que saber si existe la cadena perpetua", razona. Otras cuestiones de índole personal -"¿Qué puede aportar usted a este país?"- le parecen innecesarias: "¿Qué clase de pregunta es esa?".
Para conceder la nacionalidad a un extranjero, el Código Civil exige que su residencia sea "legal y continuada" y que muestre "buena conducta cívica" y "suficiente grado de integración en la sociedad española". El reglamento del Registro Civil añade que el encargado del expediente deberá "oír personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles". Todavía un peldaño por debajo de esas normas, existe una instrucción aprobada en 2007 por la Dirección General de los Registros y del Notariado -que depende del Ministerio de Justicia y decide, en última instancia, sobre la concesión de la nacionalidad- que insiste en que el extranjero "demuestre su conocimiento de la cultura del país, como signo de integración social". Pero no habla de cuestionarios. El año pasado se detectó un conflicto similar en el registro civil de Getafe, en Madrid. "Aquí habíamos visto algo parecido en pueblos pequeños, pero nunca en una capital como Barcelona", puntualiza.
Los abogados de ACPE se encontraron con el cuestionario a la vuelta de vacaciones. "Los clientes salen de allí blancos y nerviosos. Nos hemos dedicado a recopilar las preguntas. Una chica nigeriana respondió que el presidente de la Generalitat era Joan Laporta. Pero lo más divertido es que luego hablamos con el marido, que es español, y él también creía que Laporta es el presidente", cuenta con sorna. Hernández cita el caso de otra persona que contestó "Messi y Ronaldo" a la pregunta sobre dos deportistas españoles.
Como los test son recientes y los plazos en extranjería, muy largos -se están dando citas sobre nacionalidad para de aquí a dos años- se ignora si tienen consecuencias. Es decir, si la juez va a emitir informes positivos o negativos según las respuestas que se le brinden. Este diario intentó ponerse en contacto, sin éxito, con el Registro Civil. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña precisó que no se han recibido quejas por ese tema. Y Segura añade que, desde hace una semana, los funcionarios no están haciendo test. "No sabemos por qué. Igual está renovando las preguntas, porque siempre son las mismas y nuestros clientes ya se las saben".
Extranjeros a examen
- Motivos por los que quiere ser español
- ¿Qué cree que aporta al país?
- ¿Qué le gusta de España?
- Nombre dos deportistas españoles
- Diga el nombre de dos escritores españoles
- ¿Cuál es la obra más famosa de Cervantes?
- ¿Dónde termina el camino de Santiago?
- Moneda actual y moneda anterior en España
- ¿Forma parte España de la Unión Europea?
- ¿Cuantas comunidades autónomas hay en España?
- Diga algún artículo de la Constitución Española y explique alguno
- ¿Existe la pena de muerte en España? ¿Y la cadena perpetua?
- ¿Quién es el presidente de la Generalitat?
- ¿Quién fue el presidente del Gobierno en la transición?
- ¿Quién fue Carrero Blanco?
- Fecha del golpe de Estado
- Nombre a cinco reyes de España
- ¿Qué cordillera separa España de Francia?
- ¿Puede decir el nombre de algunas de las islas de las Canarias?
Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible en la vida de los ciudadanos. A través de la Red los usuarios pueden encontrar respuesta a cualquier asunto en tan solo unos segundos. En los últimos años también ha servido como herramienta fundamental de apoyo para iniciar o realizar trámites administrativos. Rellenar formularios o pedir cita previa para iniciar distintas gestiones con la Administración son dos de las posibilidades que actualmente hacen la vida más fácil a los ciudadanos.
Pero para que estas gestiones puedan ser realizadas por los ciudadanos es necesario que las distintas instituciones cuenten con los sistemas adecuados. En esta ocasión, el Ministerio de Justicia, ha puesto su punto de mira mejorar uno de los organismos que almacenan la "vida" de los ciudadanos: el Registro Civil.
La multinacional de Tecnologías de la Información Indra, colabora con la Dirección General de Modernización del Ministerio de Justicia a poner en marcha su plan de actualización de los Registros Civiles a través del proyecto Regius.
Este proyecto consiste en implantar un sistema informático que permite a los funcionarios tramitar de forma electrónica los procedimientos administrativos de los registros civiles como, por ejemplo una solicitud de nacionalidad por residencia. También permite conocer el estado de cada expediente en cualquier momento, saber quiénes son los interesados o ver de una sola vez la documentación asociada al expediente.
El nuevo sistema Regius se integra con la aplicación informática Inforeg. Esta aplicación gestiona los libros registrales y almacena la información de inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios y tutelas del Registro Civil. También permite la emisión los certificados solicitados por los ciudadanos, como por ejemplo un certificado de nacimiento.
Cuando un ciudadano inicia un procedimiento en el registro civil, el funcionario usará el sistema Regius para tramitarlo, asegura el responsable del proyecto, Antonio Maroto González. Si este procedimiento termina con un apunte en el registro, será la aplicación Regius la que automáticamente suministre los datos que ya obran en su poder para registrarlos en Inforeg sin que el funcionario tenga que volver a introducir los datos ya recogidos en REGIUS. En esto consiste la integración.
Antes si un procedimiento se resolvía con un asiento en Inforeg, el funcionario debía teclear los datos necesarios para la práctica del asiento. Ahora es posible trasladar los datos automáticamente desde Regius a Inforeg.
De todos los posibles procedimientos normalizados que se han definido, se ha elegido un grupo para su lanzamiento en el piloto del sistema Regius. Estos procedimientos son los más demandados por los ciudadanos y generan una gran actividad en los registros. En concreto son los relativos a: nacionalidad por residencia; Régimen Económico Matrimonial; nulidad, separación y divorcio; matrimonio civil; rectificación de errores; matrimonio en el extranjero; y adopciones internacionales.
GESTIÓN DE CITA PREVIA Y DOCUMENTOS
El sistema Regius no se limita a la pura gestión de los expedientes, también aborda otros aspectos de soporte a los funcionarios y servicio al ciudadano, como la facilidad de cita previa. El sistema permitirá a los ciudadanos concertar citas, vía Internet, en aquellos Registros civiles donde se determine la conveniencia de la puesta en marcha de este servicio. Con este paso, los registros civiles se unen a otras áreas de la Administración que ya ofrecen este servicio como la Dirección General de Policía (cita previa para el DNI) o Sanidad (cita previa para consulta).
Según apunta Antonio Maroto González, se presenta un calendario y las horas de atención libres, para que el ciudadano elija la que más le convenga. La aplicación tiene en cuenta el calendario de atención del registro al que se pide cita, por ejemplo en lo relativo a las fiestas locales, así como el número de funcionarios que están disponibles para la atención al ciudadano. El sistema también tiene en cuenta la duración estimada del procedimiento o trámite administrativo que implica el servicio objeto de la cita, de cara a evitar la formación de colas.
Sin embargo, por el momento, Regius no permite aún la tramitación telemática por parte del ciudadano. Regius es una herramienta para que el funcionario realice electrónicamente tareas que realizaba manualmente. El ciudadano debe aportar la documentación que proceda al funcionario para que la estudie y resuelva la solicitud.
No obstante, se está desarrollando el proyecto Registro Civil Sin Papeles que permitirá, en aquellos procedimientos que lo admitan, la tramitación telemática de las solicitudes por parte de los ciudadanos.
Este sistema también incorpora un modelo documental unificado que ha definido el Ministerio de Justicia. Este modelo documental es un conjunto de documentos modelo que van a ser de uso común para todos los registros civiles que usen Regius. De esta forma se unifica el texto de los escritos que recibe el ciudadano, con independencia del registro civil del que proceda.
Al mismo tiempo, se simplifica el trabajo de los funcionarios que no tienen que asumir la carga de gestionar su propio conjunto de plantillas por sus propios medios, ni tendrán que ir modificándolas para mantenerlas al día puesto que la gestión de las plantillas se hace de forma centralizada.
Las plantillas no son rígidas. Siempre pueden ocurrir situaciones que exigen alguna redacción o dato adicional, o que no recogen exactamente lo que el funcionario debe indicar en el caso concreto que tiene ante sí. En este sentido la flexibilidad de las plantillas supone una garantía al funcionario de que podrá siempre usar la aplicación en cualquier situación que pueda presentarse
PROTECCIÓN DE DATOS
Al tratarse de un sistema que maneja constantemente datos importantes para los ciudadanos, la seguridad es la base de este sistema. Tal y como afirma el responsable del proyecto Antonio Maroto González, los datos se almacenan en los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia. Estos se comunican dentro de una red privada -en contraposición a una red pública- y sólo los funcionarios u organismos autorizados tienen acceso a la misma. "Los mecanismos de seguridad utilizados siempre se dirigen a cumplir con los criterios básicos de seguridad de autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad", asegura.
El objetivo final del sistema Regius es ayudar a la gestión del día a día de los Registros Civiles Municipales, simplificar el trabajo de tramitación de documentos, facilitar la preparación de escritos mediante el uso de plantillas y aprovechar al máximo las herramientas informáticas.
La implantación inicial de este sistema de gestión se ha realizado en tres registros civiles piloto -Guadalajara, Valladolid y Burgos-, y a partir de mes de octubre se irá extendiendo al resto de registros civiles principales hasta la finalización del despliegue masivo prevista para diciembre de 2011.
La primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Justicia, organizada por el Ministerio de Justicia, ha premiado una iniciativa de tutorías personalizadas y los cursos de formación online desarrollada en Euskadi, según ha informado el Gobierno vasco.
En concreto, la práctica premiada, denominada 'Innovación en la formación y en la gestión del conocimiento: las tutorías personalizadas en el puesto de trabajo y los cursos de formación online', ha obtenido el reconocimiento en la categoría reservada a ejercicios en el ámbito organizativo y de gestión.
La experiencia puesta en marcha por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno vasco se basa, según han explicado sus responsables, "en la convicción de que la capacitación y la formación adecuada para el eficaz desempeño de sus funciones son imprescindibles para que una organización funcione con parámetros de calidad".
La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal ha abierto dos líneas de actuación para facilitar, principalmente al personal funcionario interino, una formación práctica que le capacite para desempeñar sus tareas de manera eficiente: tutorías personalizadas en el puesto de trabajo y cursos de formación online.
Las tutorías consisten en que personal con experiencia en el desempeño de un puesto forme a compañeros y compañeras que carecen de ese conocimiento. La formación práctica, de 20 horas, se proporciona en el mismo puesto de trabajo fuera del horario laboral.
Por otra parte, los cursos online se imparten en una plataforma e-learning y están abiertos durante un mes, accesibles al alumnado únicamente fuera del horario laboral. La matriculación es gratuita y no conlleva ninguna compensación horaria para el alumnado.
Actualmente se dan cursos de jurisdicción Civil y Penal, y está preparado también el de información general, dirigido al personal interino sin experiencia en la Administración de Justicia.
Asimismo, se encuentran en fase de preparación cursos de Mercantil, Social, Contencioso Administrativo, Ejecución Civil, Ejecución Penal y el procedimiento de menores en Fiscalía.
En esta primera edición del premio del Ministerio, que pretende impulsar las buenas prácticas en el ámbito de la Justicia, también han sido galardonadas iniciativas presentadas por el Banco Español de Crédito, el Servicio Común Procesal de Ejecución de Murcia y miembros de la REDINJU (Red de Información Judicial para la modernización de la Justicia).
Jueces para la Democracia expresó este sábado su absoluta disconformidad con la propuesta de introducir la cadena perpetua revisable en el ordenamiento jurídico español que ayer realizó el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, durante la Convención Nacional de dicha formación política que se está celebrando en Málaga.
En declaraciones a Servimedia, el portavoz de dicha asociación, José Luis Ramírez, tachó la medida de “populista, desacertada e incompatible con la Constitución”.
“La Carta Magna establece que las penas deben estar orientadas a la reinserción, explicó, y aunque revisable, la cadena perpetua es por definición incompatible” con este concepto, apuntó Ramírez.
Según señaló, el sistema penal español “es de los más duros de Europa”, con condenas que pueden llegar a los 30 años e incluso a los 40 en casos de terrorismo.
“Plantear la cadena perpetua cuando el ordenamiento jurídico ya permite penas de hasta 40 años es ceder al populismo a la hora de legislar”, declaró el portavoz.
En su opinión, dicha medida supondría “una política simbólica que no responde a ninguna necesidad” y que tampoco ayudaría a reducir la criminalidad.
Ramírez destacó que “numerosos estudios han demostrado que un endurecimiento de las penas no disminuye la delincuencia”, y apuntó a “las medidas sociales y en especial a la mejora de los procesos de investigación y de persecución” como soluciones al fenómeno de la criminalidad.
De acuerdo con Ramírez, si un delincuente tiene la impresión de que no será investigado o de que su juicio tardará mucho tiempo, “la sensación de impunidad será mayor y eso sí fomenta la criminalidad”, concluyó.
La Sala de Gobierno Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó el regreso de los juicios penales a O Barco, según anunció ayer el portavoz de los abogados valdeorreses, José Antonio Iglesias. Indicó que los jueces ourensanos se desplazarán al edificio judicial barquense una vez cada seis meses.
No obstante, la decisión, según acordó en la mañana de ayer la Junta de Jueces de Ourense, será recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial en aras a que, según esgrimen los magistrados de la ciudad, 'es un acuerdo más simbólico que práctico, sin efectividad real'. A su entender, 'el escaso número de asuntos' no justifica los desplazamientos a esa villa.
Los juicios penales dejaron de celebrarse en el Juzgado de O Barco en 2005, pasando a desarrollarse en Ourense. Desde entonces, todas las partes -abogados, peritos, testigos, forense o agentes de la Guardia Civil y Policía Local- deben desplazarse hasta la ciudad por la carretera N-120, empleando hasta 90 minutos en cada viaje.
JUNTA DE JUECES
Asimismo, la Junta de Jueces acordó introducir modificaciones al proyecto para construir un nuevo edificio judicial en la ciudad. Reclaman, entre otras cuestiones, una sala por juzgado, plazas de aparcamiento, así como que el Juzgado de Menores continúe en el edificio de la Audiencia.
Más de 160.000 familias españolas se encuentran inmersas en procesos de ejecución hipotecaria que aún no han concluido en el desahucio, que podría producirse antes de que finalice el año, según advirtió este viernes la asociación de consumidores Adicae.
Además, la asociación señala que existen más de 270.000 hipotecados que tienen cuotas impagadas y aún no han sido demandadas por sus respectivas entidades financieras, así como 140.000 familias que han sido embargadas desde 2008.
Adicae alerta de esta situación tras conocer que los desahucios tramitados por los juzgados españoles alcanzaron un nuevo récord histórico en el segundo trimestre del año, al sumar un total de 16.464 ejecuciones, un 21,2% más que en el mismo período de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La asociación considera que estos datos "expresan la extrema gravedad social y económica del problema hipotecario en España" y reclama el Gobierno la aprobación de una moratoria a los embargos que evite que miles de ciudadanos pierdan su vivienda en los próximos meses.
Por último, Adicae recuerda que esta moratoria se podría aprobar por decreto del Consejo de Ministros, antes de las próximas elecciones generales del 20 de noviembre, ya que el Gobierno, hasta la fecha, la "única respuesta que ha dado a las propuestas es que las trasladaba al Ministerio de Economía".
Con el final de ETA en el horizonte, esa reforma ya no se aplicaría a los miembros de la banda
Hace poco más de un año el PP ya propuso en el Congreso, como enmienda a la reforma del Código Penal, un sistema de cadena perpetua revisable. La enmienda fue rechazada en el Congreso.
La propuesta del PP suponía para delitos muy graves condenas de 20 años, sin ningún tipo de beneficio. Al cabo de ese tiempo se establecía un sistema de revisión que podía cancelar la cadena perpetua si había un pronóstico favorable de reinserción, el condenado muestra arrepentimiento y se satisfacen sus responsabilidades civiles. Esa pena, según la propuesta del PP, no sería revisable en casos muy graves de terrorismo.
Esa fue casi la única discrepancia con el PSOE en la reforma del sistema de penas para establecer un sistema de libertad vigilada para prolongar la condena, incluso para cuando ya se hubiera cumplido los años impuestos en la sentencia. Esta reforma, ya en vigor pero aplicable solo dentro de 40 años a los que cometan delitos muy graves en este momento, fue contestada por juristas.
Como estas reformas no pueden ser retroactivas, las medidas que propone el PP solo serían aplicables a delitos cometidos a partir de su reforma. Es decir, con el final de ETA en el horizonte, esa reforma ya no podría ser aplicable a los miembros de la banda.
En todo caso, en contra de la opinión en la que se asienta la propuesta del PP, España pasa por ser uno de los estados con penas más altas, tras las sucesivas reformas y endurecimientos acordados desde 1995. Es falsa la premisa de que en España las penas sean muy bajas.
Cometer un delito muy grave puede llevar aparejada una condena de hasta 40 años. En esos casos, como suele llevar aparejadas condenas por delitos conexos como pertenencia a banda armada o asesinatos múltiples, los beneficios penitenciarios se aplican al total de la condena, es decir, se cumplen efectivamente los 40 años. En esos casos, por tanto, la pena es mucho más dura en la práctica que con la cadena perpetua, revisable, porque no hay opción a suspender el cumplimiento.
De hecho, en otros países europeos hay cadenas perpetuas revisables, pero raramente llega el cumplimiento efectivo a los 40 años.
La Constitución dice que las penas estén orientadas "hacia la reeducación y reinserción social”. El PP asegura que esa inconstitucionalidad de la cadena perpetua se salvaría con la revisión a los 20 años, momento en el que se comprobaría si se ha cumplido ese precepto constitucional de reeducación y reinserción.
Y hay juristas que cuestionan que el actual sistema de 40 años de cumplimiento efectivo, con medidas posteriores de libertad vigilada, no vayan también contra ese precepto constitucional.
España es uno de los países europeos con mayor proporción reclusa y los casos polémicos de condenas breves por delitos graves de terrorismo son aquellos que se cometieron antes de de las sucesivas reformas legales. Curiosamente, se corresponden al Código Penal en vigor al final del franquismo.
Un contrato blindado con un retiro de 16,5 millones de euros. Ese fue el precio que pagó la antigua Caixa Galicia, ahora fusionada con Caixanova, para decirle adiós a quien durante 29 años fue su primer ejecutivo, José Luis Méndez. Descontados los impuestos, percibió 8,5 millones del fondo de pensiones de la entidad y otros 2,7 como indemnización por rescisión anticipada de su contrato. Las cantidades netas fueron avanzadas por El Confidencial
El retiro dorado se conoce el día en que la caja comunicó a los sindicatos que la obra social es "insostenible". No hay dinero para mantener el ingente patrimonio inmobiliario (93 edificios nobles y otras sedes) y más de 300 empleados, que temen despidos.
La de Méndez es la cuantía más alta -de las conocidas- recibida por un alto cargo de cajas en España. Sumada a las prejubilaciones en Novacaixagalicia, la entidad que aglutinó a las cajas gallegas, la cifra alcanza 40 millones. El proyecto recibió dos inyecciones de dinero público (3.600 millones) y está ahora en manos del Estado en un 93%. Fuentes cercanas a Méndez señalan en su descargo que esa cifra es la acumulada para su pensión a lo largo de 29 años como director general en la caja, y que dejó su puesto renunciando a parte de la indemnización que le habría correspondido al tener un contrato blindado que le permitía alargar su vida laboral hasta los 70 años
Méndez, que presumía de haber convertido una caja provincial en una de las seis mayores del país, también fue el artífice de la expansión territorial de Caixa Galicia, que pagó caras sus inversiones en el ladrillo. Ahora arrecian las críticas, pero el 16 de septiembre de 2010, cuando con 65 años comunicó que se marchaba, el consejo le aplaudió. "No se habló de su jubilación, lo único que nos dijeron es que renunció a ciertas cantidades y que por razones de seguridad, la caja seguiría sufragando durante 24 meses la empresa que se encarga de vigilar su casa", recuerda un exconsejero. "El consejo entendió la decisión personal de Méndez, agradeciendo y elogiando la ingente tarea de quien ha sido el primer ejecutivo de la caja gallega durante los últimos 29 años", dijo la nota oficial.
Su vinculación con Caixa Galicia continúa en la presidencia de la fundación Claudio San Martín, que le proporciona coche oficial y secretaria. También forma parte de varios consejos de administración en representación de Novacaixagalicia, como el de Sacyr (retribución anual bruta de 66.000 euros más 22.000 por la comisión de nombramientos) o el de Tecnocom (93.000 euros).
"Hay que levantar las alfombras y abrir las ventanas", reclamó ayer UGT, en referencia al también dorado retiero, en 2006, de otro exdirectivo de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, ahora copresidente de la entidad y consejero del banco resultante. "En 2002 había más de 700 millones de pesetas en el fondo (cuatro millones de euros). No hace falta ser muy listo para saber que era de Gayoso", dijo José Ramón del Pliego.
Por otra parte, la exdirectora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ha sido denunciada ante la Audiencia Nacional por el abogado Diego de Ramón, que acusa a los directivos de estafa, falsedad documental y un delito societario. El caso está en manos del juez Fernando Grande-Marlaska, informa Manuel Altozano.
Discurso de Steve Jobs en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford el 12 de junio 2005
El discuso de graduación que Steve Jobs impartió el 12 de junio de 2005 en la Universidad de Stanford está considerado como ejemplo de oratoria, por su estilo pero sobre todo por la carga emocional de su contenido, lleno de humildad, nada que ver con la pomposa presentación a la que recurría en el lanzamiento de cada uno de sus productos tecnológicos. En él habló de la muerte, tras haber sido diagnosticado un año antes con una rara forma de cáncer de páncreas.
"Me siento honrado de estar con vosotros hoy en esta ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. Yo nunca me licencié. La verdad, esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria.
Hoy deseo contaros tres historias de mi vida. No es gran cosa. Sólo tres historias. La primera trata de conectar puntos. Me retiré del Reed College a los seis meses y seguí yendo de modo intermitente otros 18 meses más antes de abandonar los estudios. ¿Por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven estudiante de universidad, soltera, que decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por estudiantes graduados. Por lo tanto, todo estaba arreglado para que apenas naciera fuera adoptado por un abogado y su esposa; salvo que cuando nací decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña. De ese modo, mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntándoles: "Tenemos un niño no deseado; ¿lo quieren?". Ellos contestaron: "Por supuesto".
Cuando mi madre biológica se enteró que mi madre nunca se había graduado en la universidad y que mi padre tampoco tenía el graduado escolar se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Sólo cambió de parecer unos meses más tarde cuando mis padres le prometieron que algún día iría. A los 17 años fui a la universidad. Ingenuamente elegí una casi tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres, de clase obrera, se fueron en la matrícula. Seis meses después yo no había sido capaz de apreciar el valor de su esfuerzo. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y tampoco sabia si la universidad me ayudaría a deducirlo. Y ahí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Decidi retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. En ese momento fue aterrador, pero mirando hacia atrás es una de las mejores decisiones que he tomado. Prescindí de las clases obligatorias, que no me interesaban, y comencé a asistir irregularmente a las que sí consideraba interesantes.
No todo fue romántico. No tenía dormitorio, dormía en el suelo de las habitaciones de amigos, llevaba botellas de Coca Cola a los depósitos de 5 centavos para comprar comida y caminaba 11 kilómetros, cruzando la ciudad todos los domingos de noche, para conseguir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. La mayoría de cosas con las que tropecé, siguiendo mi curiosidad e intuición, resultaron ser posteriormente inestimables. Por ejemplo, en ese tiempo Reed College ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país. Todos los afiches, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente escritos en caligrafía a mano en todo el campus. Como había abandonado el curso y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender. Aprendí de los tipos serif y san serif, de la variación en el espacio entre las distintas combinaciones de letras, de lo que hace que la gran tipografía sea lo que es. Era artísticamente hermoso, histórico, de una manera en que la ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante.
A priori, nada de esto tenía una aplicación práctica en mi vida. Diez años después, cuando estaba diseñando el primero ordenador Macintosh, todo tuvo sentido para mí. Y todo lo diseñamos en el Mac. Fue el primer ordenador con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, el Mac nunca habría tenido múltiples tipografías o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y como Windows no hizo más que copiar a Mac, es probable que ningún PC la tuviese. Si nunca me hubiera retirado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía, y los ordenadores personales carecerían de la maravillosa tipografía que llevan. Por supuesto era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy, muy claro mirando hacia el pasado diez años después.
Reitero, no podéis conectar los puntos mirando hacia el futuro; solo podéis conectarlos mirando hacia el pasado. Por lo tanto, tenéis que confiar en que los puntos, de alguna manera, se conectarán en vuestro futuro. Tenéis que confiar en algo, lo que sea. Nunca he abandonado esta perspectiva y es la que ha marcado la diferencia en mi vida.
La segunda historia es sobre amor y pérdida. Fui afortunado, porque descubrí pronto lo que quería hacer con mi vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple había crecido a partir de nosotros dos en un garaje, transformándose en una compañía de dos mil millones con más de 4.000 empleados. Recién habíamos presentado nuestra más grandiosa creación -el Macintosh- un año antes y yo recién había cumplido los 30.
Luego me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una compañía que fundaste? Bien, debido al crecimiento de Apple contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la compañía conmigo. Los primeros años las cosas marcharon bien. Sin embargo, nuestras visiones del futuro empezaron a desviarse y finalmente tuvimos un encontronazo. Cuando ocurrió, la Dirección lo respaldó a él. De ese modo a los 30 años estaba afuera. Y muy publicitadamente fuera. Había desaparecido aquello que había sido el centro de toda mi vida adulta. Fue devastador. Por unos cuantos meses, realmente no supe qué hacer. Sentía que había decepcionado a la generación anterior de empresarios, que había dejado caer el testimonio cuando me lo estaban pasando. Me encontré con David Packard y Bob Noyce e intenté disculparme por haberlo echado todo a perder tan estrepitosamente. Fue un absoluto fracaso público e incluso pensaba en alejarme del valle [del silicio, California]. No obstante, lentamente comencé a entender algo. Todavía amaba lo que hacía. El revés ocurrido con Apple no había cambiado eso ni un milímetro. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Y decidí empezar de nuevo.
En ese entonces no lo entendí, pero ser despedido de Apple fue lo mejor que podía haberme pasado. La pesadez de tener exito fue reemplazada por la iluminación de ser un principiante otra vez. Me liberó y entré en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los siguientes cinco años, fundé una compañia llamada NeXT, otra empresa llamada Pixar, y me enamoré de una asombrosa mujer que se convirtió en mi esposa. Pixar continuó y creó la primera película en el mundo animada por ordenador, Toy Story, y ahora es el estudio de animación de más éxito a nivel mundial. En un notable giro de los hechos, Apple compró NeXT, regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en NeXT constituye el corazón del actual renacimiento de Apple.
Con Laurene tenemos una maravillosa familia. Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no me hubiesen despedido de Apple. Fue una amarga medicina, pero creo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No perdáis la fe. Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tenéis que encontrar lo que amáis. Y eso es tan válido para el trabajo como para el amor. El trabajo llenará gran parte de vuestras vidas y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que creéis que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Si todavía no lo habéis encontrado, seguid buscando. No os detengáis. Al igual que con los asuntos del corazón, sabréis cuando lo habéis encontrado. Y al igual que cualquier relación importante, mejora con el paso de los años. Así que seguid buscando. Y no os paréis.
La tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años leí una cita que decía algo parecido a "Si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto". Me impresionó y en los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto: "Si hoy fuera en último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer?" Y cada vez que la respuesta ha sido "no" varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo.
Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso todo eso desaparece a las puertas de la muerte, quedando solo aquello que es realmente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón.
Casi un año atrás me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en el páncreas. ¡Ni sabía lo que era el páncreas! Los doctores me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mis expectativas de vida no superarían los seis meses. El médico me aconsejó irme a casa y arreglar mis asuntos, que es el código médico para prepararte para morir. Significa intentar decir a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años, en unos pocos meses. Significa asegurarte que todo esté finiquitado de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa despedirte.
Viví con ese diagnóstico todo el día. Luego por la tarde me hicieron una biopsia en que introdujeron un endoscopio por mi garganta, a través del estómago y mis intestinos, pincharon con una aguja el páncreas y extrajeron unas pocas células del tumor. Estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me contó que cuando examinaron las células en el microscopio, los doctores empezaron a llorar porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático, curable con cirugía. Me operaron y ahora estoy bien. Es lo más cerca que he estado a la muerte y espero que sea lo más cercano por unas cuantas décadas más.
Al haber vivido esta experiencia, puedo contarla con un poco más de certeza que cuando la muerte era puramente un concepto intelectual: Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo, no quiere morir para llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y es como debe ser porque la muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida. Es su agente de cambio. Elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ahora mismo, vosotros sois lo nuevo, pero algún día, no muy lejano, seréis los viejos. Y seréis eliminados. Lamento ser tan trágico, pero es cierto. Vuestro tiempo tiene límite, así que no lo perdáis viviendo la vida de otra persona. No os dejéis atrapar por dogmas, no viváis con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitáis que el ruido de las opiniones ajenas silencie vuestra voz interior. Y más importante todavía, tened el valor de seguir vuestro corazón e intuición, porque de alguna manera ya sabéis lo que realmente queréis llegar a ser. Todo lo demás es secundario.
Cuando era joven, había una asombrosa publicación llamada The Whole Earth Catalog, una de las biblias de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Steward Brand no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y la creó con un toque poético. Fue a finales de los 60, antes de los ordenadores personales y de la edición mediante microcomputadoras. Se editaba usando máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google en tapas de cartulina, 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista y rebosante de hermosas herramientas y grandes conceptos. Steward y su equipo publicaron varias ediciones del The Whole Earth Catalog y luego, cuando seguía su curso normal, publicaron la última edición. Fue a mediados de los 70 y yo tenía vuestra edad. En la contraportada de la última edición, había una fotografía de una carretera en medio del campo a primera hora de la mañana, similar a una en la que estaríais haciendo dedo si fuérais así de aventureros. El pie de foto decía: "Seguid hambrientos. Seguid alocados". Fue su mensaje de despedida. Siempre lo he deseado para mí. Y ahora, cuando estáis a punto de graduaros para empezar de nuevo, es lo que os deseo. Seguid hambrientos. Seguid alocados".
Madrid vive y sufre desde principios del curso escolar un duro conflicto que enfrenta al profesorado de los institutos de enseñanza secundaria y a la dirección ultraliberal del PP madrileño. Las asambleas de profesores junto a las organizaciones sindicales resisten la ofensiva de la derecha más doctrinaria y reaccionaria. Frente a una Consejería de Educación que dirige con mano de hierro la campaña de cerco, empequeñecimiento y deterioro de la escuela pública, el profesorado se ha empeñado en defender la escuela pública y los derechos y los valores de cohesión social, igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes y democracia real basada en una ciudadanía formada, informada, crítica y consciente de sus derechos y obligaciones.
Profesores y profesoras muestran su voluntad de defender la escuela pública, participan de forma mayoritaria en las asambleas de sus centros, distritos y pueblos, acuden a las manifestaciones centrales, desarrollan una imaginativa actividad que aglutina y concita el apoyo de sus comunidades educativas, ofrecen los datos reales del recorte y la desorganización organizada por las autoridades de la Consejería de Educación en sus centros, intentan sumar a compañeros de infantil y primaria para que con sus propios ritmos y reivindicaciones aporten nuevas energías al movimiento de resistencia y tratan de convencer al conjunto de la ciudadanía de la justeza y el carácter social y educativo que no gremial de sus reivindicaciones.
Las autoridades educativas, los dirigentes de la Comunidad de Madrid (CAM) y del PP y los tertulianos y turiferarios que ríen sus gracietas y jalean los recortes de recursos educativos no han ahorrado infamias en su esfuerzo por confundir, mentir y ocultar las razones y los objetivos de la lucha del profesorado. Presentan a los profesores como vagos que trabajan 18 horas a la semana y no quieren trabajar 2 horas más. Otras veces, como liberados sindicales, perroflautas del 15-M que se cuelan en las asambleas donde se vota la huelga, agentes políticos de Rubalcaba, etcétera. Uno a uno, los insultos, la confusión y las difamaciones han sido desmontados. Finalmente, la CAM se ha atrincherado en el intento de reducir y confundir el conflicto educativo con la pelea electoral partidista, sabedores de que en ese terreno tienen mucho que ganar: cohesionan a su electorado y meten cuñas en el movimiento unitario del profesorado y las comunidades educativas de los centros.
Los dos recientes días de huelga, 4 y 5 de octubre, han vuelto a demostrar que la defensa de la escuela pública sigue contando con el apoyo de la mayoría de los claustros de profesores de los institutos. En torno a dos tercios del profesorado de secundaria ha secundado la huelga. La nueva y masiva manifestación ciudadana del 4 de octubre contó con más de 70.000 personas, evidenció las simpatías y el respaldo social que despierta la lucha de los profesores y supuso un contundente toque de atención a las autoridades educativas para que revoquen las instrucciones y los recortes que han impuesto y no toquen ni sigan deteriorando la escuela pública.
Las líneas que siguen pretenden aportar algunos datos sobre el deterioro que sufre en Madrid la escuela pública y una reflexión sobre los factores que pueden obstaculizar la continuidad del movimiento ciudadano que pretende preservar, frente a las autoridades educativas de la CAM, una escuela pública de calidad.
1. Los recortes han sido drásticos y evidentes
Por muchos esfuerzos que hagan para denominarlos ajustes o reorientación del gasto son recortes de recursos educativos que traban aún más las escasas posibilidades de frenar el deterioro de la escuela pública y sus secuelas más escandalosas: las altas tasas de fracaso escolar en los barrios en los que se ceba el paro, el empleo precario, los bajos salarios y la falta de oportunidades que ofrece el sistema educativo a los hijos de las familias trabajadoras de menor renta. Las comunidades educativas de cada centro conocen y sufren las consecuencias de esos recortes. Saben la disminución exacta en el número de profesores que se ha producido en cada instituto y la reducción de actividades de apoyo, refuerzo, desdobles, laboratorios, talleres, extraescolares, atención a alumnos con necesidades especiales y a las familias, etcétera… que se realizaban el curso anterior y que dejarán de realizarse este año. Conocen también parte de los retrasos, la desorganización, los cambios de criterios y la inseguridad jurídica que han sufrido y siguen sufriendo los profesores y los equipos directivos de los centros en estas primeras semanas del curso.
A estas alturas, un mes después de haber comenzado el curso y el conflicto, la Consejería de Educación aún no ha proporcionado el número exacto de profesores interinos que se han quedado sin trabajo y de profesores en expectativa (funcionarios de carrera sin destino definitivo) que siguen en su casa cobrando parte de sus sueldo y que no saben aún en qué centro, con qué horario y qué asignaturas van a impartir este curso. Los sindicatos hablan de 3.000 empleos suprimidos; la Consejería de Educación reduce significativamente esa cantidad, pero no proporciona ninguna cifra exacta.
Las cifras cantan: si a cada uno de los cerca de 20.000 profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de FP en la enseñanza pública que según datos oficiales de la Consejería trabajaban en los institutos madrileños en el curso 2009-2010 se les aumenta de media 2 periodos de docencia directa a la semana, tenemos un total de 40.000 horas semanales que no podrán dedicarse a las tareas que se realizaban antes. Si esas 40.000 horas las dividimos por las 20 horas que debe impartir semanalmente cada profesor resulta que sobran 2.000 profesores que se han encontrado de pronto sin trabajo. ¡Menuda solución para la crisis: 2.000 parados más y 2.000 profesores menos!
El resultado final de ese recorte no puede ser otro que un deterioro de las clases que se imparten (por saturación de horas lectivas e incremento del número de alumnos por aula) y de las actividades no directamente lectivas (porque dejan de realizarse o se van a hacer deprisa y corriendo) que son imprescindibles para el buen funcionamiento de los centros y la buena marcha del proceso de aprendizaje. Deterioro que, en contra de lo que se cree, no supone una disminución significativa del gasto público, porque lo que es un ahorro para la CAM va a suponer un fuerte desembolso en las prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, dado que la mayoría de los profesores interinos llevan años desarrollando su labor y tienen derecho a percibirlas durante los próximos dos años.
2. Hay un trasvase de recursos públicos hacia el negocio privado
Junto a la eliminación de recursos educativos en la escuela pública se da un hecho de parecida gravedad: se intensifica el desvío de recursos financieros a favor de intereses privados (escuelas totalmente privadas y escuelas privadas financiadas con dinero público a las que se ha convenido en denominar centros concertados)
El ahorro en costes laborales (salario bruto más costes de la seguridad social a cargo de la CAM) asociados a la supresión de 2.000 empleos de profesores de secundaria supone un gasto medio aproximado de 40.000 euros anuales por cada profesor. Por tanto, un recorte de 80 millones de euros anuales. ¡Atención!, ese coste laboral de 40.000 euros anuales por profesor supone un salario neto mensual medio de alrededor de 1.800 euros.
Al tiempo que la Consejería de Educación perfilaba la cuantía y la forma de implementar ese recorte, el BOE núm. 118 (de fecha 18 de mayo de 2011) publicaba la Ley 9/2010 de 23 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid mediante la que se elevaba de 10.000 a 30.000 euros por miembro de la unidad familiar el límite de ingresos para poder deducir en la declaración de la renta (IRPF) los gastos derivados de la enseñanza obligatoria. Así, en tiempos de austeridad y recortes extremos en las prestaciones públicas que recibían desempleados, familias sin ningún otro tipo de ingresos y personas en grave riesgo de exclusión social, otras familias, con ingresos de hasta 60.000 euros anuales, podrán desgravarse 900 euros por hijo en su declaración de la renta. De esta forma, 64,7 millones de euros (según estimaciones de la patronal ACADE, que agrupa a la mayoría de los Centros de Enseñanza Privados de España) del dinero de todos se destina a financiar los gastos educativos en centros privados de familias con posibles. Una ayudita propagandística de 900 euros por cada hijo que curse sus estudios en escuelas privadas que sustenta una hueca libertad de elección y que permitirá deducir el 15% de los gastos de escolarización, el 10% de los gastos de enseñanza de idiomas (extraescolares) y el 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, tanto en centros totalmente privados como concertados.
No pareció suficiente a la Consejería de Educación. El 29 de agosto de 2011, el Director General de Becas y Ayudas a la Educación firmaba nuevas Instrucciones con más ayudas para financiar las actividades extraescolares de los centros privados concertados y contribuir a “la integración de los alumnos en el centro”. Para actividades de apoyo, refuerzo y estudio asistido, la dotación máxima por curso escolar será de hasta 350 euros por grupo y hora semanal. Para actividades de carácter cultural, científico, artístico y deportivo, otros 260 euros con las mismas condiciones. No se establece ningún tope ni cifra aproximada de los fondos públicos destinados a subvencionar esas actividades extraescolares en centros concertados; pero el cálculo no es difícil: cada hora de actividad que sobrepase el horario lectivo, suponiendo que implique a la mitad de los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que cursan sus estudios en colegios privados y concertados, supondrá en torno a 3,9 millones de euros. Multiplíquense esos 3,9 millones de euros por dos o tres horas diarias y por cinco días a la semana y tendremos una cifra aproximada del monto total de la ayuda que se concede a los centros totalmente privados y a los privados concertados.
Las ayudas a la escuela concertada no acabaron ahí. El mismo Director General de Becas y Ayudas a la Educación firmaba hace apenas una semana, el 28 de septiembre de 2011, unas nuevas Instrucciones relativas a la autorización de incrementos de precios de hasta un 3% respecto a los del curso 2010-2011 de las actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios escolares que serán subvencionadas en la cuantía mencionada antes. De esta forma, las subvenciones de la Consejería de Educación a la escuela privada no se destinan preferentemente a aliviar los costes que pagan las familias, también permitirán sufragar en mayor medida que hasta ahora los costes de las empresas privadas que hacen de la educación su negocio.
Doble vara de medir los recursos públicos que se destinan a escuelas públicas y privadas y doble política educativa encaminada a aumentar la rentabilidad del negocio educativo, abrir espacios para las empresas privadas dentro y fuera de las escuelas públicas y reforzar los negocios mercantiles, religiosos y electorales conexos.
3. La tendencia al desgaste de la movilización del profesorado
Las recientes jornadas de huelga del 4 y 5 de octubre demuestran que la mayoría del profesorado tiene la firme voluntad de mantener el pulso a las autoridades educativas. Los datos indican, no obstante, que el seguimiento ha sido ligeramente inferior al de la anterior tanda de huelgas del 20, 21 y 22 de septiembre. Conviene no menospreciar la tendencia al desgaste, pero tampoco magnificarla.
También se han podido percibir indicios y evidencias que señalan en dirección contraria: la extensión del debate y la movilización hacia otros niveles educativos (infantil, primaria, régimen especial, etcétera), la mayor participación del alumnado y de las asociaciones de madres y padres de alumnos y el avance en la comprensión y receptividad de la mayoría social –incluyendo, por tanto, sectores sociales que no simpatizan con los sindicatos o la izquierda política- con la defensa de la escuela pública que realizan conjuntamente las comunidades educativas.
Algunas de las causas que explican el seguimiento algo menor de las dos últimas jornadas de huelga son difícilmente evitables, vienen determinadas por el peso de los descuentos en los salarios netos que perciben los profesores (pérdida de un 5% del salario mensual por cada día de huelga) y por el desánimo que provoca en un sector del profesorado la falta de perspectivas de negociación derivadas del encastillamiento de la CAM en su política de deterioro y desorganización consciente de la enseñanza pública y en el infame y grosero tratamiento que reservan al profesorado.
Otros factores que potencian la tendencia al desgaste pueden ser contrarrestados con una gestión más inteligente de la movilización, buscando limitar su impacto sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y sobre la organización de sus familias y haciendo más visible la preocupación del profesorado por estos asuntos. De igual forma, sería muy importante no facilitar la intentona de los dirigentes de la CAM de reducir el conflicto educativo a un componente más de la pelea electoral y, complementariamente, a una defensa gremial de privilegios. Para ello, sería conveniente que se dedicaran mayores y más continuados esfuerzos a tareas explicativas directas con los entornos sociales de los centros y una mejor modulación de los mensajes que se emiten; especialmente los que se hacen a través de unos medios de comunicación que, en general y con las sabidas excepciones, muestran permeabilidad a las iniciativas, razones y argumentos del profesorado.
Hay un factor de enorme complejidad que requiere del espíritu unitario y la inteligencia colectiva del profesorado para solventar su impacto negativo sobre la continuidad del movimiento. Existen dos dinámicas organizativas contradictorias que hasta ahora no han obstaculizado demasiado el desarrollo de la movilización en defensa de la escuela pública, pero que de no tratarse abierta y claramente pueden en cualquier momento dar la puntilla al movimiento: por una parte, las asambleas de profesores de la mayoría de los centros que conforman las aspiraciones comunes del conjunto del profesorado y definen las iniciativas y propuestas movilizadoras que consiguen un mayor respaldo; por otra, cinco sindicatos con muy desigual grado de representatividad entre los trabajadores de la enseñanza que deciden conjuntamente sus propias iniciativas, contando más o menos con las asambleas, y tienen muy desigual predisposición a aceptar la autonomía y las decisiones de las asambleas.
Algunos sindicatos y algunos profesores entienden, en mi opinión de forma equivocada, esa doble dinámica organizativa como una expresión de la pugna que enfrenta a los defensores del papel central de los sindicatos en la orientación y solución de este conflicto y a los que cuestionan ese liderazgo sindical y muchas de las actuaciones concretas de los sindicatos. En una versión más moderada, tratan de explicar los roces entre asambleas y sindicatos como el resultado de una rivalidad entre dos legitimidades que pretenden definir independientemente los contenidos y el calendario de las movilizaciones y las formas que éstas adoptan.
A mi entender, las contradicciones existentes entre ambas dinámicas y estructuras organizativas no son en modo alguno intratables y han podido ser superadas hasta ahora de manera razonable, aunque no por ello se han ahorrado algunos agrios debates que muestran cierta incomprensión de la energía y la fuerza que aportan sindicatos y asambleas al movimiento y la falta de finura en el tratamiento de las diferencias y los distintos puntos de vista y percepciones existentes. A la postre, las fricciones que se producen entre asambleas y sindicatos no son muy distintas que las que se dan entre los sindicatos y en el propio seno de las asambleas.
El problema fundamental que puede presentarse a partir de ahora es que la intensidad de las contradicciones aumente y dificulte la unidad en la movilización. Impedir esa escalada exige un mayor esfuerzo para tratar de forma constructiva y democrática las diferencias y una mayor masa crítica del profesorado dispuesto a aportar cordura y flexibilidad al movimiento para que la defensa de la escuela pública no pierda en las próximas semanas presencia, representatividad e iniciativa.
No es tarea fácil enfrentarse a las instancias de poder de la CAM, pero hasta ahora se ha podido mantener, reforzar y extender el conflicto en defensa de una escuela pública de calidad y por la dignidad del profesorado que trabaja en la escuela pública. Juntos se ha resistido. Juntos se puede ganar.
España fue uno de los primeros países de Europa en tener un sindicato de clase, la Unión General de Trabajadores. Fundada en 1888, la UGT tuvo unos comienzos muy duros debido al miedo que latía en el alma de la mayoría de los trabajadores de un país gobernado por la represión y la superstición. Pablo Iglesias, consciente de ello, optó por caminar despacio y no exponer a la organización a riesgos que mermasen su credibilidad y sus posibilidades de crecimiento. Paso a paso, contra la opresión clerical y policial, la UGT se fue consolidando hasta que fue capaz, en agosto de 1917, de organizar la primera huelga general seria de la historia de España. Aquella huelga por los derechos políticos, económicos y sociales de los trabajadores marcó un hito en el sindicalismo español: Es a partir de entonces, y de los hechos de octubre en Rusia, cuando los oligarcas españoles comenzaron a pensar que un nuevo actor había aparecido en el escenario de la vida pública. Había dos soluciones, una la deseada por los hombres de la Restauración y por los franquistas que pasaba por aniquilar a los sindicalistas, la otra, negociar. A partir de 1936, se impondría durante cuarenta años, la primera.
La Condederación Nacional del Trabajo, nació en 1910 como resultado de los diversos movimientos anarquistas que desde finales del XIX habían arraigado en Andalucía, Cataluña y Madrid. Durante la década anterior a la dictadura de Primo de Rivera, ante la brutalidad policial y empresarial, un sector de la CNT propugnó la acción directa, estrategia que perduraría durante los años republicanos y la guerra. La CNT fue reducida a la mínima expresión durante la dictadura criminal de Franco, miles de dirigentes y militantes sindicalistas fueron torturados y ejecutados, incautados sus bienes y eliminado todo rastro sobre de su memoria, hasta el punto que hoy, en octubre de 2011, la mayor parte de sus archivos siguen estando en Amsterdan.
Por su parte, Comisiones Obreras comenzó a dar sus primeros pasos a mediados de los años cincuenta, cuando cientos de militantes comunistas se infiltraron en los sindicatos verticales jugándose la libertad y la vida por la libertad, el progreso y la vida de los demás. Las comisiones de la minero-siderúrgica de Ponferrada, las de Laciana, las de pozo de La Camocha, las de las industrias barcelonesas, vizcaínas y madrileñas lograron en 1962 plantar cara a la tiranía con la primera huelga general visible realizada dentro del régimen contra el régimen. Imposible reconstruir la historia de nuestro país sin tener en cuenta el inmenso sacrificio de los militantes de esas tres organizaciones sindicales, cada una con su estrategia diferente, para mejorar la vida de sus congéneres jugándose día a día su vida sin más recompensa que la satisfacción del deber cumplido, sin dar cabida al medro, sin dejarse llevar ni por cantos de sirena ni por caramelos envenenados.
Como bien explica en su último artículo Manuel García Bel, está claro que la derecha quiere acabar con los sindicatos del mismo modo que lo quiso Margaret Tacher durante su reinado inglés. Los sindicatos son el mayor elemento dinamizador de la sociedad, el mayor y mejor instrumento de que disponen los trabajadores y la sociedad en general para luchar contra la desigualdad. Sin sindicatos de clase no hay respuesta adecuada a los abusos del poder ni a la querencia explotadora de los dueños del capital. Sin embargo, las críticas vertidas durante los últimos lustros desde determinados medios contra los sindicatos, unida al lavado de cerebro sufrido por millones de trabajadores que nada quieren saber de quién está por debajo social y salarialmente, han tenido efectos devastadores.
La derecha ha vendido la imagen de unos sindicatos acomodados que viven de las subvenciones y del trabajo de los demás. De modo que, nada más fácil que emprenderla contra los liberados sindicales, puesto que esperan réditos electorales de esa acometida salvaje. Para combatir esa campaña urdida a lo largo de muchos años, es preciso hacer autocrítica, reconocer que algo se ha hecho mal y retomar la estrategia que en su día utilizó Comisiones Obreras para introducirse y darle la vuelta a los sindicatos verticales franquistas. Los sindicatos de clase han hecho lo indecible por la estabilidad económica del Estado, quizá demasiado. Llegada es la hora de mirar hacia los parados, hacia quienes trabajan en la economía sumergida o en condiciones precarias –que son ya la inmensa mayoría de los currantes-, ganar su confianza y utilizar esa fuerza para luchar contra quienes quieren tener esclavos en vez de trabajadores dignos y cultos. La tarea no es fácil dada la situación económica, pero cuando nacieron la UGT y la CNT, cuando Comisiones se infiltró en el aparato franquista, todo era muchísimo más duro. Los liberados sindicales –nacidos para plantear las aspiraciones, quejas y propuestas de los trabajadores sin miedo a las represalias de los patrones- han de jugar aquí un papel importantísimo, pues hasta ahora la ley está de su lado y tienen que ser la vanguardia de la respuesta contundente que se merece la derecha al margen de las siglas tras las que su política se esconda.
Eliminando liberados sindicales con el aplauso de quienes nunca, por su educación “apolítica” y sentimental, creyeron en el progreso colectivo, la derecha se quita de en medio uno de los principales obstáculos para desmotar nuestro incipiente Estado del Bienestar y da un terrible golpe a la contestación ciudadana, dejando abierta la puerta a la negociación individual obrero-empresario, a la lucha fratricida entre trabajadores y a una desestructuración social de consecuencias nefastas para todos menos para los que dicen tener la salten por el mango. La acción decidida y contundente en toda Europa de unos sindicatos de clase fuertes es el arma más eficaz de los trabajadores y la única respuesta que entenderán quienes siendo los responsables insaciables de esta crisis, se erigen ahora, como si no supieran nada, en nuestros salvadores para hacernos hincar las rodillas de aquí a la eternidad.
Los presidentes de las Audiencias Provinciales han afirmado porque la Nueva Oficina Judicial ha incrementado la burocratización. Según ha expuesto el presidente de la Audiencia de La Rioja Alfonso Santiesteban "no es posible un funcionamiento rápido y eficaz de la misma si no se dimensiona adecuadamente la plantilla de los Servicios Comunes, especialmente del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento".
En la rueda de prensa también ha participado el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Miguel Collado; el consejero del Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja Emilio del Río; la directora general de Justicia, Cristina Maiso, y los presidentes del resto de las Audiencias. Santiesteban ha presentado en este acto las conclusiones alcanzadas en las jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales, que se han celebrado en La Rioja.
También respecto a la Nueva Oficina Judicial, el riojano ha recalcado que "es imprescindible mejorar el funcionamiento de los sistemas informáticos y de grabación de juicios". Además, "el expediente digital o electrónico debe implantarse de forma inmediata, ya que resulta imprescindible para garantizar el éxito de la Nueva Oficina Judicial".
Otra de las conclusiones alcanzadas atañe a posibles reformas estructurales. Así, Santiestebal ha reclamado que "la autonomía presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial se extienda a la previsión de los gastos de funcionamiento de los órganos judiciales, especialmente para la atención de las necesidades más precarias mediante refuerzos y apoyos, evitando que la decisión final quede en las administraciones que ostenten las competencias".
Los presidentes también han propuesto reformas en las apelaciones civiles. "Las Audiencias Provinciales proponen, que en todo caso, los recursos se resuelvan siempre por tres magistrados, en cuanto a órgano colegiado que son, admitiendo la limitación de recursos en procedimientos verbales salvo que afecten a derechos fundamentales", ha leído Santiesteban.
Además, "los recursos de apelación se interpondrán indicando con claridad y precisión los pronunciamientos impugnados y los motivos de la impugnación". Así, "los presidentes deberán ordenar la celebración de las vistas orales asignando periodos de intervención a cada parte, en función de las cuestiones alegadas y su importancia; y pudiendo solicitar aclaraciones a los abogados y pudiendo hacerles preguntas".
Por último, "en determinados supuestos las sentencias se dictarán oralmente. De esta manera, los presidentes de las Audiencias Provinciales consideran que se ganaría celeridad transparencia y justicia material".
REFORMA PENAL
El presidente de la Audiencia de La Rioja a exigido además "que se revise la Ley del Jurado en cuanto a su competencia para enjuiciar ciertos delitos" y ha propuesto que "se eliminen los delitos de allanamiento, amenazas y otros".
En su opinión, "es necesario implantar juzgados para instruir asuntos de delincuencia organizada y corrupción en las capitales de provincia. Si existe una Policía y una Fiscalía especializados, debe existir un Juzgado que pueda acometer casos de corrupción que no sean competencia de la Audiencia Nacional".
Además, "es preciso que las víctimas del delito sean mejor tuteladas por la Justicia y se regule de forma más detallada y adecuada su posición y su presencia ante los tribunales, evitando que sean victimizadas y dotándoles de un estatus autónomo. Esto aumentaría su confianza en la Justicia".
ESTATUTO DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES
La última conclusión refiere a las audiencias provinciales. Y es que, según Santiesteban, "es necesaria la coordinación entre todas las Audiencias Provinciales del territorio nacional para conseguir una Justicia más ágil, transparente y eficaz para los ciudadanos".
MIGUEL COLLADO
"La justicia no nos gusta", ha afirmado el vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Collado. Por ello, "proponen cambios", ya que si bien la Justicia es un "poder compartido" entre Administraciones, esto no es excusa para que sea "desordenada".
Además, "las competencias no están para tenerlas, sino para ejercerlas correctamente". Por eso, ha opinado Collado, los que no puedan hacerlo, no deben asumirlas.
En este sentido, Collado ha exigido "cambios legislativos" que "eviten dilaciones y procedimientos caducos y sin sentido". Y es que, "lo importante es impartir justicia a los ciudadanos y no los procedimientos". Además, ha reclamado una Justicia "titular" y no "sustituta; una organización judicial "lógica", con una nueva oficina "al servicio de los jueces"; y "procedimientos sencillos, ágiles y que faciliten la decisión del juez".
CONSEJERO DE JUSTICIA
Para concluir, el consejero de Presidencia y Justicia Emilio Del Río ha apostado por "demostrar que, de la misma forma que cuando hemos asumido otras competencias como educación, servicios sociales o sanidad hemos gestionado mejor estas materias, estamos en posición de trabajar para que el funcionamiento del sistema judicial en La Rioja sea más ágil, eficaz y rápido".
Del Río no ha olvidado que para convertir este reto en una realidad será "necesaria la colaboración con otros organismos, ya que se trata de una competencia compartida" y ha subrayado que "mejorar este servicio básico para los ciudadanos es uno de los objetivos principales de esta legislatura".
En opinión del consejero, La Rioja ha sido capaz de "hacerlo bien" --en cuanto a las competencias-- "sin subir impuestos" gracias a que no hay "Policía, ni radios y televisiones autonómicas", lo que ha calificado de "gastos superfluos".
Una agresión en la calle se saldó con multa de 90 euros; una amenaza de muerte, con 20 euros - El tribunal no vio pruebas de que hubiera dominación machista
Una agresión de un hombre a su pareja en la calle fue castigada con multa de 90 euros; unas amenazas de muerte salieron más baratas: 20 euros. Al menos una quincena de sentencias de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia han absuelto desde 2010 a presuntos maltratadores condenados en instancias inferiores, algunos de ellos con antecedentes por maltrato en el hogar. Solo durante el mes de agosto del año pasado, los jueces ponentes de esta sala, entre los que se encuentra el magistrado Juan del Olmo, anularon una docena de penas en cuestión de semanas argumentando que "no toda agresión de un hombre a su esposa o compañera sentimental debe ser castigada mecánicamente como un delito de violencia de género".
La última de estas sentencias que firma Del Olmo, conocida el lunes, anuló una condena por amenazas a un hombre que avisó a su hijo de que su mujer acabaría en una "caja de pino". En esa sentencia, el juez sostiene que llamar "zorra" a la mujer, como hizo el acusado, no fue un insulto, sino que destacaba su astucia. Esa sentencia recibió ayer un aluvión de críticas. Pero revisando las sentencias emitidas por este tribunal se encuentran otras muchas, más de una quincena, que aplican un criterio similar.
Los ponentes de estas sentencias absolutorias o revocatorias de condenas razonan sus fallos en que para que se aplique la Ley de Violencia de Género, que endurece las penas para el varón agresor, tiene que haber un componente machista probado, y en el resto de casos tiene que aplicarse el Código Penal.
La Audiencia Provincial se apoya en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2009 decía que "no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer debe considerarse necesaria y automáticamente como violencia de género". Este argumento fue esgrimido por el Supremo en un caso concreto de agresiones mutuas dentro del matrimonio. El Tribunal Constitucional validó la Ley de Violencia de Género en julio de 2010 y estableció que la desigualdad en el trato de las agresiones según el sexo estaba justificada en que se trata de combatir "una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas".
Durante el verano de 2010, una sentencia de la Audiencia murciana consideró que amenazar de muerte a una mujer por pedir el divorcio no era delito. La Sala reconoció en la sentencia que "hubo una amenaza", pero la pena del acusado se quedó en una multa porque los jueces estimaron que "no aparece por ningún lado el necesario elemento machista de intento de dominación o subyugación por parte del hombre hacia la mujer".
Esta es la tesis principal defendida por el ponente Del Olmo en esta y otras sentencias como, por ejemplo, la que se utilizó para rebajar la pena impuesta a un hombre de Fortuna (Murcia) que abofeteó, tiró al suelo y propinó una patada a su pareja. En este caso, la Audiencia tampoco vio "dominación machista" en esta actitud y pidió en su fallo que este tipo de casos no se juzgaran a través de la actual Ley contra la Violencia de Género sino que fueran juzgados a través del Código Penal como otras agresiones comunes.
El tribunal estimó que los hechos no eran constitutivos de un delito de maltrato familiar, sino de "una falta de lesiones". El acusado fue condenado a una multa de 90 euros.
En otra sentencia de la Audiencia Provincial, se redujo la pena a un hombre previamente condenado por una amenaza de muerte a su mujer. Tuvo que pagar dos euros durante 10 días a la denunciante. La magistrada argumentó que la expresión "te voy a matar" no era una amenaza directa a la mujer ni manifestaba "dominación" hacia ella.
Para los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial murciana, dormir en el suelo por temor a la pareja tampoco constituye una prueba para contrastar un delito de maltrato. La mujer que denunciaba había sido insultada por su marido que la había quemado con un cigarrillo. Sin embargo, otra sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de junio de este año tampoco veía pruebas de maltrato. Además, se argumentó que "la decisión de la víctima de dormir en el suelo no es directamente imputable a la acción del acusado". El presunto agresor fue absuelto porque, además, según los jueces de la Audiencia, "no hubo lesiones".
Los miembros actuales de la Sección Tercera son Juan del Olmo, que fue el instructor del 11-M en la Audiencia Nacional, María Jover Carrión y Augusto Morales Limia. En los dos últimos años otras dos mujeres han estado en la sala como sustitutas: Beatriz L. Carrillo y Francisca I. Fernández.
Los ataques contra la enseñanza pública, a través de los recortes presupuestarios, la reducción de los recursos disponibles y la ya endémica carencia de inversión en nuevos centros, está generando un frente de rechazo que no se disuelve, como por el contrario pretendían las autoridades regionales del PP, a la cabeza de las mismas la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre y su consejera de educación Lucía Figar. Esta política de recortes en el servicio público de la enseñanza se localiza ahora en la secundaria, pero se está extendiendo de forma rápida a la enseñanza universitaria. La convergencia de profesores, alumnos y PAS de la Universidad con las luchas en la enseñanza secundaria es cada vez más necesaria, y se está cuajando en algunas autonomías y se podrá comprobar en varias citas previstas para este mes de octubre. La convocatoria de una marcha estatal de la educación, el 22 de octubre, es un punto álgido de este proceso de presión y de protesta ante el plan sistemático de degradación de la enseñanza pública que están llevando a cabo, anticipándose al cambio de gobierno en las elecciones del 20-N, una serie de CC.AA. con gobiernos conservadores (o de centro derecha como se dice ahora). En Madrid, esta tarde una impresionante manifestación ha recorrido sus calles, como se puede comprobar en la imagen. A continuación se ofrece un resumen de esta manifestación y de la convocatoria de la marcha del día 22 de octubre.
Miles de personas, 100.000 según los convocantes, se han manifestado este martes entre Neptuno y la estación de Metro Sevilla, en la calle Alcalá, en defensa de la enseñanza pública con pitos, pancartas, y gritos de 'Esperanza dimisión' después de la cuarta jornada de huelga en los IES de la Comunidad de Madrid contra los recortes en Educación.
El secretario general de CC.OO. Enseñanza Madrid, Francisco García, ha criticado que se le pidan "sacrificios" a la enseñanza pública mientras se le ponen "autopistas de cuatro carriles a la privada" y ha remarcado nuevamente la movilización "sin precedentes" que nuevamente ha protagonizado este martes el sector educativo.
García ha cifrado en un 71 por ciento el seguimiento de esta cuarta jornada de huelga y ha hecho hincapié en que los profesores no se movilizan por "una reivindicación laboral sino en defensa de la enseñanza pública" y ha incidido en la movilización de la comunidad educativa (padres, alumnos, profesores) destacando los encierros en los centros.
Por otra parte, por la mañana, los sindicatos docentes más representativos a nivel nacional -FE-CC.OO, FETE-UGT, CSIF, STES-I y ANPE- han recordado la convocatoria de la Marcha del 22 de octubre en Madrid por la enseñanza pública.
Acompañados de los escritores Almudena Grandes y Luis García Montero, los portavoces sindicales han aprovechado para hacer una defensa de la escuela pública y de todos los profesionales que trabajan en ella, así como para condenar las iniciativas llevadas a cabo por varios gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, Cataluña, Murcia y Navarra, entre otros, donde los docentes están protagonizando huelgas y protestas.
Por último, los sindicatos han asegurado que es muy posible que convoquen una huelga general de la enseñanza tras las elecciones del 20 de noviembre, si el Gobierno electo generaliza la política de recortes que se están llevando a cabo en varias comunidades autónomas.
Rechazar media paga extra de Navidad o despidos masivos. En concreto unos 1.500 empleados interinos que trabajan en el sectorsanitario cuyos contratos no se renovarán para cumplir con el recorte de la Generalitat en salud. Otra alternativa que afectaría a más personal sería recortar el 25% de la jornada laboral -y del salario- a 6.000 empleados. La medida ha provocado el rechazo de los cerca de 41.000 empleados del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que deberían renunciar a parte de su nómina para evitar despidos en la plantilla. El complemento salarial que exige la Generalitat supone unos 1.200 euros para médicos y jefes de personal, 700 euros para una enfermera o unos 400 para la categoría de los celadores.
Los sindicatos han recibido la propuesta con escepticismo porque rechazan el recorte de la paga de Navidad ya que sería a fondo perdido. El resto de medidas que reclama la Generalitat consiste en congelar y aplazar otro tipo de complementos que, más tarde o temprano, el personal sanitario acabaría cobrando. Los representantes sindicales han explicado la propuesta a los cerca de 500 sanitarios que se han concentrado durante horas frente a la sede del ICS. La multitud de trabajadores ha respondido a la propuesta de la Generalitat reclamando la convocatoria de una huelga y han pedido a los dirigentes que no suscribieran ningún acuerdo con la Generalitat.
Los cerca de unos 500 sanitarios han vuelto a cortar el tráfico del centro de Barcelona a primera hora de la tarde de hoy en protesta por los recortes de la Generalitat en la sanidad pública. Los manifestantes se han concentrado ante la sede del Instituto Catalán de la Salud (ICS), donde la gerencia del organismo se ha reunido esta tarde con los representantes sindicales para abordar recortes en la nómina del personal como la supresión de la mitad de la paga extra de Navidad. El Gobierno catalán pretende ahorrar 45 millones de euros hasta final de año a costa del sueldo de los 41.000 médicos y enfermeros del ICS, medida que rechazan los sindicatos y que la semana pasada ya provocó que los manifestantes cortaran el tráfico en el Eixample barcelonés.
Tras aquellas protestas, en las que los manifestantes incluso accedieron al despacho del ICS donde se realizaba la reunión y boicotearon el encuentro, los Mossos d'Esquadra han blindado hoy la sede del Instituto Catalán de la Salud. Los cerca de 500 trabajadores de la sanidad que se manifestaban se han agolpado a las puertas del edificio, cortando el tráfico a la altura de la calle de Balmes con la de Gran Via, una de los principales arterias del centro de la capital catalana.
Poco antes de empezar la reunión de esta tarde se han vivido momentos de tensión y empujones entre los sanitarios y el fuerte dispositivo policial, formado por más de una cincuentena de Mossos d'Esquadra de la brigada móvil de antidisturbios. Los manifestantes, equipados con batas blancas, silbatos y pancartas, han vuelto a pedir la dimisión del consejero de Salud, Boi Ruiz, debido al nuevo recorte salarial que sufrirán los profesionales del ICS para cumplir la reducción presupuestaria diseñada por el consejero.
Reunión por la puerta lateral
Las protestas de los sanitarios han forzado que los representantes sindicales citados a la reunión con la Generalitat hayan tenido que acceder al edificio por una puerta lateral. La entrada principal se hamantenido cerrada y custodiada por un doble cordón policial para evitar incidentes como los de la semana anterior. Los manifestantes, por su parte, no han dejado de arremeter contra la Generalitat con lemas como "Tu enfermedad perjudica al sistema sanitario, cuidate solo".
Los representantes sindicales han recordado que el objetivo de la reunión es conocer la propuesta de recorte salarial, pero que no la piensan acatar. Todos han coincidido en señalar que rechazarán cualquier recorte salarial y que no descartan la convocatoria de una huelga masiva en el sector así como en los hospitales públicos de Cataluña.
La propuesta de la Generalitat consiste en reducir el 25 % los contratos temporales o eventuales y eliminar el 50% de complementos salariales, que se descontarían en la paga extra de Navidad. Esta medida supone unos 1.100 euros menos para un jefe de servicios, unos 800 para un médico, 700 para una enfermera y cerca de 400 para un celador.
El juzgado de lo Penal de Alzira usa el baño como archivo y la gente espera en la calle por la falta de espacio
La ciudadanía a menudo critica el deficiente funcionamiento de la justicia pero viendo la situación que viven muchos juzgados es difícil creer que los errores no formen parte del día a día.
Un ejemplo de los problemas más habituales de este ámbito está en el juzgado de lo Penal número 15 de Alzira que está al límite y muestra de ello es el aspecto que presenta sus dependencias. Se ha convertido en una imagen habitual de estos centros de trabajos que las pilas de expedientes cubran cualquier rincón de las instalaciones. Pero en este juzgado de Alzira la falta de espacio ha provocado que los funcionarios tengan que entrar al baño para buscar documentos, ya que el servicio se ha convertido en otro archivo improvisado.
A pesar de que este juzgado de lo Penal se constituyó en 2007 en la capital de la Ribera, en sólo cuatro años se ha visto colapsado. Una de las circunstancias que ha provocado esta situación es que este juzgado está ubicado en un bajo anteriormente utilizado por el Servef en la plaza de la Generalitat y que ahora se ha dividido en dos locales independientes, sólo uno de ellos empleado para el juzgado.
Las reducidas dimensiones del local también provocan que la sala de vistas, en muchos de los juicios que se celebran, no pueda albergar a todos los interesados, entre abogados, partes y testigos. Todos estos inconvenientes que denuncian los trabajadores del juzgado también afectan de forma negativa a los usuarios.
Ni baño público ni sala de espera ni unas simples sillas para esperar a ser atendidos. Las decenas de personas que pasan a diario por estas dependencias judiciales tienen que esperar en la calle su turno ya que no existe ninguna zona vacía y adecuada para ser utilizada como sala de espera.
La falta de espacio es una de las principales quejas de la plantilla del juzgado que desde hace tiempo, además de realizar las funciones propias de su puesto, se las tienen que ingeniar para buscar un lugar para depositar el gran número de expedientes que tramitan.
La gran cantidad de papel que se amontona en esta oficina también provoca la proliferación de insectos ya que algunos expedientes están durante años en las instalaciones. Y es que pese a las campañas realizadas para modernizar la administración de justicia y la implantación de sistemas informáticos, en los juzgados sigue mandando el papel.
A la falta de espacio se suma la falta de personal ante el gran volumen de trabajo al que este juzgado tiene que hacer frente y que en los últimos años se ha multiplicado.
Ante el aluvión de casos que llegan a diario a este sede judicial, Justicia decidió doblar al juez y secretario para poder sacar adelante más causas. Sin embargo, la plantilla de funcionarios no se ha incrementado de forma proporcional. Unas diez personas tramitan cada vez más casos ya que al día se pueden celebrar una media de ocho juicios en esta sede que cubre un amplio partido judicial.
Esta es una de las reivindicaciones que se realizan desde los sindicatos, la necesidad de ampliar la plantilla para acelerar los procesos y mejorar la atención al ciudadano. Todas estas reclamaciones han sido remitidas a la Dirección General de Justicia sin que por el momento se hayan puesto medidas para solucionar las importantes deficiencias. Una de las soluciones que por el momento seguirá esperando es la construcción del Palacio de Justicia que iba albergar todas las dependencias judiciales de la ciudad de Alzira.
La cantidad incluye la indemnización y el coste del seguro que cubre el pago del sueldo íntegro hasta la muerte de los directivos
El cambio de ejecutivos en las cajas de ahorros está desvelando algunas escandalosas indemnizaciones por despido, sobre todo porque se trata de entidades que han tenido que ser rescatadas con el dinero de todos los ciudadanos. Los últimos datos conocidos son los de los exdirectivos de Novacaixagalicia: entre la indemnización y el coste del seguro que cubre el pago del sueldo íntegro hasta su muerte, la entidad ha destinado 23,6 millones para hacer frente al contrato de tres altos ejecutivos.
Así, a José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, le ha correspondido una indemnización de 10,8 millones; al exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, 7,5 millones y al ex director general adjunto, Javier García Paredes, 5,3 millones. A éste último directivo le correspondían 10 millones, pero según fuentes próximas a Paredes, renunció a 4,7 millones porque le parecía una cantidad excesiva.
Pero las indemnizaciones no acaban aquí. Hace un año también abandonó la entidad Jose Luis Méndez, el que fuera director general de Caixa Galicia desde 1981 hasta 2010, nada más y nada menos que 29 años. Méndez tuvo que dejar la caja porque el Banco de España no permitió que continuara en la gestión de la entidad fusionada ya que le hacía responsable de su delicada situación. Se desconoce la indemnización exacta de Méndez, pero según fuentes próximas a la entidad su pensión es millonaria.
Además, Méndez, que sigue como presidente de la Fundación Caixa Galicia, tiene derecho a coche, chófer y seguridad privada que también paga la caja gallega. Méndez se jubiló de Caixa Galicia el 16 de septiembre, tras cumplir 65 años. Dos de sus hijos estaban colocados en la caja como altos ejecutivos. Se trata de Yago Méndez Pascual, que se fue en el pasado abril y era el director de empresas para fuera de Galicia, y José Luis Méndez Pascual, hasta junio pasado consejero delegado de la Corporación.
Comisiones Obreras preguntó en el consejo de administración de la caja, celebrado el viernes pasado, por el coste de las indemnizaciones de los altos directivos. Sin embargo, la respuesta fue que eran "cuestiones privadas" y no se facilitó la cantidad.
El acusado tenía antecedentes cuando fue juzgado por estos hechos, al haber sido condenado anteriormente por un delito de malos tratos en el ámbito familiar
La Audiencia Provincial de Murcia ha revocado una condena por amenazas a un hombre que, entre otros insultos, llamó "zorra" a su mujer y le aseguró al hijo de ambos que "la vería en una caja de pino". El acusado, que había sido condenado a un año de cárcel, sólo tendrá que cumplir una pena de ocho días de localización permanente por una falta de amenazas leves. Durante el juicio, cuya sentencia ha sido ahora revocada, admitió haber insultado a su mujer pero su defensa argumentó que utilizó la palabra zorra para "describir la actitud de un animal que debe actuar con especial precaución." El acusado tenía antecedentes cuando fue juzgado por estos hechos, al haber sido condenado anteriormente por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Las razones del Juez Juan del Olmo, ponente de la sentencia, son que la palabra zorra no siempre proyecta "desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer" porque tiene otras acepciones -como por ejemplo la de "persona astuta"- y que dicha palabra no es "expresiva de una posición de dominio o una exigencia de sumisión".
De fondo, un debate abierto en la judicatura de toda España tras varias sentencias del Supremo que ha tenido reflejo en la jurisprudencia sentada por la Audiencia de Murcia. En Noviembre de 2009 el Alto Tribunal emitía una sentencia en la que decía que "No toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género". Tras ella, la Sección tercera de esta sala ha emitido varias sentencias similares absolviendo a presuntos maltratadores en las que se asegura que "para que se aplique la ley de violencia de género, tiene que haber un componente machista, en el resto de casos tiene que aplicarse el código penal."
En varias de ellas el ponente era el Magistrado Del Olmo que, siguiendo estos criterios, ha anulado ahora la condena de un año de cárcel que un juzgado de Cartagena había impuesto al acusado por un delito de amenazas a pesar de considerar probado que el acusado, en una conversación telefónica con un hijo de la pareja, llamó "zorra" a su mujer y confesó que "algún día" la vería "en el cementerio, en una caja de pino".
La pena del hombre ha sido revocada porque, según la sentencia, "llamar zorra a la esposa no constituye menosprecio o insulto, si quien utiliza este término lo hace para describir a un animal que debe actuar con especial precaución". Según la sala, esta palabra, utilizada en una conversación entre adultos puede no considerarse ofensiva "si se hace para destacar la astucia de la persona." La Audiencia hace suyas así las tesis de la defensa del acusado que argumentan que la palabra "no se utilizó por el acusado en términos de menosprecio o insulto, sino como descripción de un animal que debe actuar con especial precaución, a fin de detectar riesgos contra el mismo".
El diccionario de la RAE contempla varios significados para la palabra "zorra". EL primero hace alusión a la hembra del zorro, la segunda a un "carro bajo y fuerte para transportar pesos grandes" y la cuarta es "prostituta". La quinta acepción que aparece en el diccionario es coloquial y reza así: "persona astuta y solapada."
La sentencia usa esta última acepción en su razonamiento final y añade que el acusado no emitió ninguna "palabra o expresión que proyectase desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer o que fuera expresiva de una posición de dominio o exigente de sumisión". Tras este razonamiento, "no aprecia en los hechos probados que en el comportamiento del denunciado hubiera una situación de dominación sobre su mujer."
El plan del Gobierno griego plantea crear una "reserva laboral" que permite suspender parte de la paga a los funcionarios como paso previo a su despido, una vez transcurrido un año.
El Consejo de Ministros del Gobierno griego ha aprobado este domingo el despido de 30.000 trabajadores del sector público, según han informado fuentes gubernamentales. Estos despidos son parte de los recortes para cumplir con las condiciones impuestas por la troika -Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Europea- a cambio del segundo rescate financiero pactado en julio.
El plan del Gobierno griego plantea crear una "reserva laboral" que permite suspender parte de la paga a los funcionarios como paso previo a su despido, una vez transcurrido un año. Es en esta reserva en la que se pretende incluir de aquí a final de año a 30.000 trabajadores del sector público que podrían ser finalmente despedidos.
"La medida de la reserva laboral ha sido aprobada por unanimidad", ha anunciado un viceministro que ha participado en el Consejo de este domingo en declaraciones a Reuters bajo condición de anonimato mientras aún se celebra la reunión.
En 2012, el déficit se situará en el 6,8%
Además, el Ministerio de Finanzas griego ha informado oficialmente de que el déficit público aprobado hoy por el Gobierno para 2011 es del 8,5 por ciento del PIB, muy por encima del 7,6 por ciento fijado como límite en virtud del rescate de la troika. En cuanto a 2012, el déficit se situará en el 6,8 por ciento del PIB, ligeramente por encima del 6,5 fijado como objetivo en el segundo rescate.
"Quedan tres meses cruciales para terminar 2011 y la estimación definitiva del déficit del 8,5 por ciento del PIB se puede lograr si los mecanismos del Estado y los ciudadanos responden adecuadamente", ha explicado el Ministerio en un comunicado oficial.
Ildefonso Rubio, de 61 años, lleva exactamente la mitad de su vida trabajando en el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) como funcionario. El mismo lugar donde su mujer está contratada como laboral, aunque recientemente ella ha estado en paro. “Nos ha pasado que yo, con un puesto fijo, no he cobrado a tiempo y ella sí ha recibido el desempleo. Tiene su gracia, ¿eh?”. Pero Rubio y el resto de los 313 empleados públicos de Barbate no se ríen. Desde hace año y medio acumulan continuos retrasos en el pago de sus nóminas. El consistorio no tiene dinero para abonar sus sueldos a tiempo. “Algunos nos ven unos privilegiados por ser funcionarios. Creen que ganamos mucho y trabajamos poco”. Pero la vida de Rubio lo desmiente.
A pocos años de concluir su vida laboral, Rubio se ha visto de bruces con la peor crisis que recuerda. “Este pueblo siempre ha tenido problemas pero, al menos, nosotros siempre habíamos cobrado”. Barbate, municipio marinero con enormes posibilidades, se ha atascado en una crisis casi crónica derivada de polémicas políticas, el hundimiento del sector pesquero tradicional y los límites que imponen el parque natural de la Breña y el polígono militar del Retín, que se llevan gran parte de su suelo. “Yo creo que todo empezó con Juan Guerra”, opina el funcionario. Recuerda cómo su pueblo fue protagonista cuando se destapó el caso de corrupción que afectó al hermano del entonces vicepresidente del Gobierno. “Desde entonces no levantamos cabeza. Como si alguien hubiese dictado que a Barbate no se le podía dar ni agua”.
Cuando Rubio empezó a trabajar en el Ayuntamiento, su empleo no era tan envidiado. “Cobraba unas 20.000 pesetas (120 euros), lo que ganaba un pescador en una semana”. Empezó en la recaudación de impuestos y desde hace años es administrativo en el área de Servicios Sociales. “Aquí se ven las caras de la crisis, los verdaderos dramas”. Pero ahora esos trabajadores del Ayuntamiento son también potenciales reclamadores de ayudas porque no cobran sus sueldos.
“Todo empezó poco a poco. Dejamos de cobrar a principios de mes y empezamos a hacerlo a mediados. Y cada vez se retrasaba más”, recuerda Rubio. Luego llegaron nóminas impagadas, pagas extras no cobradas y deudas que llamaban a las puertas. Ahora mismo el Ayuntamiento acaba de darles la extraordinaria del verano pero tienen tres sueldos pendientes. “He tenido que tirar de los ahorros. Porque ni mi mujer ni yo cobramos”. Tienen tres hijos a su cargo, de entre 30 y 18 años, y un nieto. “Los dos mayores están en paro. Y el pequeño estudiando”. Le duele la falta de esperanza. “Antes te decían que si estudiabas, tendrías trabajo. Ahí están mis hijos, con una carrera y esperando un empleo”.
Rubio, junto a sus compañeros, protesta cada media hora a las puertas del Ayuntamiento. Esta semana han impedido el acceso a los concejales y también han protestado en Sevilla. No culpan aunque sí exigen soluciones al alcalde, el socialista Rafael Quirós, quien, a pesar de los problemas económicos de su pueblo, revalidó mayoría absoluta en mayo. El consistorio no recibe apenas ingresos ni ayudas estatales por acumular una deuda millonaria con la Seguridad Socia. El regidor Quirós admite que no tiene tiempo de gestionar porque toda su jornada la dedica a buscar dinero para las nóminas.
El sueldo de Rubio apenas alcanza los 1.500 euros. “Y eso que llevo 30 años. Aquí somos casi todos mileuristas”. Por eso se lamenta de los que siguen criticando a los funcionarios como él. “Habrá de todo. Pero yo trabajo mucho y ahora ni cobro”.
La mayoría de los 1.332 empleos perdidos desde enero son interinos
La Administración catalana también adelgaza. La Generalitat ha prescindido de una media de 5,5 trabajadores al día desde el pasado mes de enero, o 166 al mes, o un total de 1.332 personas entre enero y agosto, cuando la nómina pública pasó de 166.639 a 165.307 empleados. Estas cifras se refieren solamente a los trabajadores de los departamentos, no al llamado sector público, que engloba las empresas y consorcios públicos. Sobre este capítulo no se han publicado datos oficiales más allá del año 2009.
En su mayoría, la pérdida de puestos de trabajo corresponde a personal interino, empleados que ocupaban plazas que han desaparecido por la reestructuración de la Administración —por la reducción de tres departamentos— o que ocupaban el lugar de un funcionario de carrera que ha regresado a su puesto, explican fuentes del Departamento de Gobernación. También hay casos de plazas de personal que se ha jubilado y no se han reemplazado o de cargos de confianza o asesores que han regresado a ocupar su plaza. No son, formalmente, despidos con indemnización, sino rescisiones de contrato.
La pérdida de empleo públicos registrada este año rompe la tendencia de los últimos tres (2008, 2009 y 2010). Coincidiendo con la segunda legislatura del Gobierno tripartito, los trabajadores de la Generalitat aumentaron en 3.809 personas. El Gobierno de CiU ya advirtió desde su entrada en el Ejecutivo de su voluntad de adelgazar la Administración. En marzo, la secretaria de Administración y Función Pública, Pilar Pifarré, habló de un exceso (greix, dijo, en catalán) de empleados dedicados a tareas burocráticas. Lo cuantificó entre 15.000 y 20.000 personas dedicadas a tareas de gestión y realización de trámites cuya función habría que “replantear”. “Es absolutamente prescindible”, subrayó Pifarré. En el caso de las empresas públicas, el propio Departamento de Gobernación ha reconocido que habrá expedientes de regulación de empleo que afectarán a 1.450 personas.
Los sindicatos llevan tiempo clamando contra la reducción de puestos de trabajo en el seno de la Administración. El responsable del sindicato UGT en la Administración catalana, Xavier Casas, habla del “desmantelamiento de la Generalitat”. “La Generalitat se ha construido picando piedra para lograr competencias y autogobierno, y lo hemos hecho con una ratio de empleados muy inferior a la de otras comunidades o países del entorno. Con estos recortes, no se podrán sostener los servicios públicos”.
La situación, explica Xavier Casas, es de “prepánico” en las empresas públicas, donde los expedientes de regulación de empleo ya están anunciados. De momento, solo se ha presentado y firmado el de GISA, que afecta a 70 personas. Pero se esperan en otras empresas como el Incasòl, la Agencia Catalana del Agua y el Instituto Cartográfico.
La cuestión está tan presente entre los delegados sindicales del sector que ayer unos 70 representantes de UGT en empresas dependientes de la Administración se reunieron en Barcelona para compartir impresiones y analizar estrategias que seguir ante los despidos que se avecinan.
La responsable de la Función Pública de CC OO, Josefina Pujol, augura que la pérdida de empleo entre los interinos aumentará mucho cuando se publiquen las cifras del mes de septiembre, “por la cantidad de maestros interinos que este año no se han contratado”. Pujol subraya, además, la “gravedad de no disponer de cifras en el sector público”. “La Generalitat ha creado tantas empresas que ha acabado perdiendo su control, tanto político como de gestión”, dice, y asegura que el número de bajas en las empresas públicas va al mismo ritmo que en los departamentos de la Administración.
Además de las advertencias sobre la reducción de plazas, antes del verano el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, enervó a los funcionarios cuando les advirtió: “Es posible que se les pida que trabajen lo mismo por un poco menos”. Mas-Colell habló de “modificar jornadas”, de “trabajar algo más cada día o tener menos vacaciones”. “De distribuir el dolor entre todos”, concluyó el consejero.
CCOO fue ya desde su fundación algo más que un sindicato. En un primer momento, bajo la dictadura franquista, fue un movimiento sociopolítico que unificaba las reivindicaciones de los trabajadores con la lucha por las libertades. Fue sin duda, y junto al Partido Comunista, el tronco básico de la resistencia democrática. CCOO nació con voluntad unitaria y sólo la diversidad sindical que otros, fundamentalmente UGT, promovieron lo obligaron a reconvertirse en un sindicato de “nuevo tipo”. La voluntad unitaria a partir de los propios trabajadores ha sido siempre un objetivo en la historia de CCOO.
Recientemente, CCOO consiguió rectificar, desde la base, la deriva burocratizadora y de gobierno desde arriba que fue imponiendo la dirección de José María Fidalgo. El y alguna otra gente tenían una concepción jerárquica del sindicato, basada en un principio más propio de un “despotismo ilustrado”, donde hay unos pocos que saben, que una organización democrática donde la vinculación con las bases siempre ha sido prioritaria como era CCOO. Esta deriva “despótica” fue alimentando un planteamiento “salvador del país” y centralista que le llevó progresivamente a aislarse y enfrentarse con algunas de las organizaciones mas importantes como Catalunya y Madrid y amplios sectores del Metal y Transportes.
El último Congreso del sindicato comportó un cambio radical, la candidatura de Ignacio Fernández Toxo fue ganando consenso entre sectores diversos de la organización, y finalmente el sindicato acordó no renovar el mandato a Fidalgo. La nueva dirección encabezada por Toxo optó por un cambio radical. En el ámbito interno acabar con las tendencias anquilosadas y enfrentadas, a partir de un proceso de integración de las diversidades. En el ámbito de la actuación del sindicato poner por delante los intereses de la gente a la que se representaba: los trabajadores. Y esta prioridad tanto a en la vida laboral como en el ámbito del conflicto social y la relación con la patronal y el Gobierno.
Se respiran nuevos aires en el sindicato, CCOO es hoy el referente más claro de la izquierda social organizada y junto con la unidad de acción con UGT, la base del movimiento sindical y de la izquierda social.
El acto del 24 de Septiembre en Vistalegre ha sido en este sentido demostrativo. Ha sido una afirmación sindical y política del sindicato ante los difíciles momentos que tendremos que afrontar, tanto en el ámbito socio-económico de crisis, como en el político ante un eventual triunfo de la derecha. CCOO ha enseñado músculo pero no sólo eso, ha reivindicado su orgullo como organización al servicio de los trabajadores y ha dejado clara su voluntad de afrontar desde la negociación o el conflicto la nueva etapa. Todo ello con un objetivo claro, que no sean los trabajadores y la ciudadanía en general los que tengan que pagar la crisis que otros han producido. Luchar para evitar que la salida de la crisis se haga con una sociedad con un deterioro irreversible del limitado Estado del bienestar que aún tenemos.
CCOO sabe que el sindicalismo, y el intento de limitarlo y debilitarlo, es un objetivo claro de la derecha en el camino de la Thatcher. Debilitando a CCOO, debilitando al movimiento sindical organizado se debilita a la izquierda social en un momento en que la izquierda política está, por una parte descalificada como en el caso del PSOE y por otra parte en fase embrionaria como es el caso de la izquierda alternativa.
Es claro que como ya demuestran diversos dirigentes del PP, en comunidades donde gobiernan se trata de reducir la fuerza y la presencia de los sindicatos sea reduciendo de forma drástica sus liberados, es decir la gente que acumula horas sindicales de otros delegados sindicales, como recortando las subvenciones institucionales. Todo ello a la vez que se lanza una campaña más burda en unos casos o más sutil en otros por parte tanto de responsables políticos de la derecha, portavoces mediáticos o medios de comunicación. Ataques que van acompañados desgraciadamente por la posición de algunos sectores alternativos ácratas o de la izquierda marginal, e incluso desde sectores del 15M, que no hacen más que bailar al son de la derecha.
Porque es evidente que como sucedió con Aznar el principal obstáculo de un gobierno de derechas será la izquierda social organizada, es decir los sindicatos y especialmente CCOO. En tiempos de Aznar con mayoría absoluta fueron los sindicatos los que con la Huelga General doblegaron al Gobierno del PP y su “Decretazo” y fue el inicio de su decadencia. La derecha lo sabe y por eso es el enemigo a batir, pues es donde sabe que esta la oposición más real, y menos miedo le tiene a organizaciones movimentistas que pueden tener momentos álgidos pero que después se diluyen como azucarillos ya sea por el intento de manipulación de minorías o por su propio cansancio.
CCOO es muy consciente de la dificultad del tiempo que se avecina y me consta que ya está tomando las decisiones para afrontarlo, ligero de equipaje, pero sabiendo como ya dijo Marcelino Camacho de otras situaciones anteriores “no nos doblegarán”.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentó la semana pasada el informe sobre la modernización del lenguaje jurídico, encargado a un grupo de expertos, entre ellos, el presidente de la RAE. En su intervención defendió la necesidad de que el Derecho hable "como habla la gente", y reclamó a los profesionales y a las instituciones el empleo de un lenguaje comprensible por "el derecho de los ciudadanos a comprender lo que le dice la Justicia. El problema no está en el lenguaje jurídico, al que tantos males se le imputan, sino en los juristas". En el informe, figuran entre las recomendaciones, la conveniencia de no emplear términos en latín, a lo que tanto acostumbran los profesionales del Derecho. Se deberá, sin duda, a que el latín es una lengua ajena a la comprensión del pueblo, lo que no es nuevo: ya Don Quijote explicaba al Caballero del Verde Gabán que "el grande Homero no escribió en latín, porque era griego, ni Virgilio escribió en griego, porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche".
El paso de los años, y especialmente cuando el lenguaje es técnico, no ha aliviado la complejidad de los textos legales, más enmarañados si cabe. Las normas son excesivamente largas y han perdido claridad, y eso pese a que el Código Civil sentencia que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. En muchas ocasiones, nos vemos obligados a cumplir con lo incomprensible, con aquello que quizá no ha llegado a entender ni su redactor. Ya jugó con esta idea Lope de Vega, en uno de sus sonetos, incomprensible a posta, al terminar preguntando "¿Entiendes Fabio lo que voy diciendo? -Y cómo si no lo entiendo- Mientes, Fabio, que yo soy quien lo digo y no lo entiendo".
El problema se agranda con la dificultad de comprender los textos y las normas de obligado cumplimiento; no digamos las sentencias. Y es que el legislador, los jueces, y un gran número de profesionales, no han dejado de usar una jerga indescifrable para sus destinatarios, que pese a su buena formación, pueden terminar perdiendo la razón. Hace ya años que desaparecieron los correctores de estilo, que antaño iluminaron y clarificaron los textos legales, y buena falta nos hacen. Habría que plantearse la conveniencia de recuperar tan respetable y justificado oficio. Más ahora, cuando el exceso de legislación abruma y los cambios normativos son tan frecuentes y opacos, que cuando por fin los afectados entienden y conocen algunas normas, éstas ya han perdido su vigencia ¿y quién se entera?
Recientemente, el Parlamento catalán, se ha planteado sortear las trabas administrativas derivadas de la descomunal maraña de normas legisladas por él, impulsando un consejo asesor que elimine la legislación innecesaria acumulada en los últimos 30 años. A su vez, en la Comunidad Valenciana, la consejera de infraestructuras, Isabel Bonig, ha comentado que la intención del Consell es "refundir, clarificar y agilizar la normativa urbanística y medioambiental, para evitar interpretaciones erróneas o confusión en la interpretación".
Si la dificultad en el ámbito legislativo es grande, en el de la jurisprudencia no es menor y el número de sentencias y sus contenidos resulta abrumador. Al hilo de ello, en la Audiencia Provincial de Gerona se ha detectado una plaga de roedores que invaden especialmente la Sección 4ª y la fiscalía. Los funcionarios temen que los roedores se ceben con no pocos expedientes que se hallan apilados en el suelo; habría que preguntarse si no se tratará de "ratas de biblioteca" empeñadas en descifrar las ininteligibles sentencias de sus señorías. A base de intentar comprender tantos y tan confusos legajos se puede caer en la locura. Algo así le ocurrió al Quijote en su ansiedad por leer libros de caballería, intentando desentrañar el sentido de frases en ellos transcritas como "la razón de la sinrazón que a mí razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejoÉ".
Y qué decir de la materia tributaria. Pese a la necesidad de emplear un lenguaje técnico, la claridad de las normas es imprescindible para que a la fobia que suscitan los impuestos, no se una el rechazo por la dificultad de comprenderlos. La brevedad brilla por su ausencia en las leyes reguladoras de los principales impuestos, que contemplan la casuística, asemejándose a reglamentos y desatendiendo el dicho jurídico que recomienda que los preceptos sean breves. Adam Smith, en su obra cumbre "La riqueza de las Naciones" ya sugería que los impuestos fuesen claros, conocidos y justos, para su mejor cumplimiento; y tal recomendación nunca se ha cumplido. La prueba es que Albert Einstein afirmó que "lo más difícil de comprender en el mundo es el impuesto sobre la renta".
Pese al tiempo transcurrido, los legisladores siguen adoleciendo de falta de sencillez, y, si bien es cierto que el lenguaje jurídico y económico requiere una mayor precisión que el vulgar, el alto coste que implica para los ciudadanos la exigencia de los tributos y la administración de justicia, exige una mayor transparencia en las normas que favorezca su conocimiento; condición inexcusable para que, entre otras cosas, no se sientan legitimados para su incumplimiento. En fin, como se concluye en el informe del Ministerio de Justicia, que se escriba como se habla. Claro está, siempre que se hable claro y bien.
Varias autonomías recortan a las personas dedicadas a tiempo completo a representar a los trabajadores - Los afectados vuelven a sus puestos sin traumas, pero la presencia sindical se resiente - ¿Eran demasiados?
El pasado 1 de septiembre, tras cinco años dedicada a tiempo completo a ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores como liberada sindical, Maite Gómez -de 42 años y afiliada a Comisiones Obreras desde los 27-, se reincorporó a su puesto de trabajo en un centro social para personas mayores de San Blas, un barrio obrero de Madrid.
Si le preguntas que cómo lo lleva, su primera reacción coincide con la de todos los exliberados consultados para este reportaje: estupendamente. "No me ha afectado nada", empieza Gómez. "Mi trabajo me encanta y ahora tengo más tiempo para mi familia. Porque muy al contrario de la idea de que los liberados sindicales trabajan poco, es al revés. Antes estaba ocupada mañana y tarde y ahora vuelvo a tener mi horario de ocho a tres de la tarde. Salgo ganando de largo".
Al igual que ella, cientos de liberados sindicales (trabajadores que dedican su jornada a mediar entre empleados y empresa y cuyo puesto está asegurado) se incorporaron tras las vacaciones a sus viejos puestos de trabajo. Madrid encabeza la lista de comunidades donde los liberados de las Administraciones públicas han sufrido un duro recorte. Basándose en el artículo 38 del Estatuto del Empleado Público, que permite suspender los acuerdos públicos por la crisis económica, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha revocado los numerosos convenios alcanzados durante años con los sindicatos -muchas veces para evitar conflictos laborales- y ha reducido el tiempo de representación sindical al estrictamente legal.
La traducción es que se han recortado de 75 a 40 las horas mensuales de representación sindical y se han perdido unos 1.900 liberados (de un total previo al recorte de 3.500), según los cálculos de la propia Aguirre, aunque se trata de una aproximación. Por su parte, José Javier Cubillo, secretario de Organización de UGT, estima que se han perdido el 65% de los liberados sindicales en Madrid.
La medida, según Aguirre, se traducirá en el ahorro de 73 millones de euros. La necesidad de recortar gastos debido a la crisis ha sido también el argumento esgrimido por al menos otras seis comunidades, que han seguido o han anunciado que van a seguir los pasos ya adoptados en Madrid: Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.
El debate sobre si el esgrimido ahorro justifica los recortes o si tras la decisión se esconde la intención de mermar la fuerza sindical, está abierto. "El que se estén dando unos recortes tan fuertes te indica que se estaba muy por encima de lo que establece la ley", empieza Miguel Rodríguez-Piñedo, catedrático de la Universidad de Sevilla de Derecho Laboral y consultor de PwC. "Pero también hay que decir que el mínimo legal no es muy generoso. A efectos prácticos se traduce en que los sindicatos van a tener muchas más dificultades".
Rodríguez-Piñedo cree que el recorte es especialmente doloroso al haber afectado a los liberados: "Suelen ser gente muy activa, con experiencia, son los sindicalistas de élite. No son un chollo de los sindicatos, son un servicio público a los trabajadores. Es un recorte más al Estado de bienestar. No recuerdo que se hayan producido nunca reducciones de este tipo, pero es cierto que la situación en la que estamos no tiene precedente".
Desde algunas organizaciones empresariales, esta nueva senda se ve necesaria para capear la crisis. "Lo que se está haciendo es ajustarse de unos máximos a unos mínimos que permite la ley", dice Francisco Aranda, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. "Partimos de la base de que estamos a favor de la representación sindical, un derecho sagrado recogido en la Constitución. Pero como las condiciones económicas cambian necesitamos aumentar la productividad y recursos humanos que produzcan bienes y servicios. Mientras no se baje del límite que fija la ley, no hay nada que criticar. En España partíamos de unas cifras de liberados muy elevadas. Solo en el sector privado hay 290.000 representantes sindicales, un dato francamente elevado teniendo en cuenta que el 92% de las empresas por número de trabajadores son pymes y autónomas".
No todo el mundo opina así. Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, cree que el ahorro no justifica las medidas adoptadas: "Son cifras minúsculas, se ha ido a lo más mediático, haciendo recaer sobre los sindicatos una especie de sombra sobre su capacidad para ejercer sus propias funciones y lo que se está haciendo es ponerles impedimentos".
Valdés va más allá: "Lo que están haciendo las Administraciones públicas al modificar unilateralmente los acuerdos que ellos mismos firmaron, es mermar el principio base de aquellos acuerdos, que es la promoción de la actividad sindical", continúa. "No se les impide su actividad, porque se respeta la ley, pero se retrocede".
Desde los sindicatos los recortes se han recibido como un ataque, pero también con cierto pragmatismo. Así, José Javier Cubillo, secretario de Organización de UGT, huye en su análisis del derrotismo: "Un 35% de los liberados permanece, ha sido un cambio importante pero no nos ha dejado inoperantes, todo funciona con normalidad, con algo más de apretura, pero también ha servido para plantearnos que las cosas pueden ser de otra manera". "Las administraciones tienen menos gente, estábamos mucho mejor antes, pero hay que apañarse", prosigue. "No nos han puesto a las patas de los caballos. Otra cosa es si nos conformamos y no, no nos conformamos".
El secretario de Organización de UGT no oculta que el recorte ha tenido un efecto purga: "En algún caso ha servido para eliminar situaciones encubiertas que no conocíamos, acuerdos a los que se había llegado de que se liberase a Fulanito o Menganita... Digamos que ha obligado a todo el mundo a estructurarse y se están aprovechando mejor las horas".
Francisco Díaz, de 52 años y liberado sindical de UGT desde hace cinco, reacciona al comenzar la conversación con un do de pecho. En septiembre, él también regresó a su puesto como auxiliar administrativo en el centro de extracción de sangre de Madrid (el autobús que recorre la comunidad extrayendo sangre a voluntarios). ¿Que cómo lo lleva? "Pues bien. Laboralmente estoy estupendamente. Al mal tiempo, buena cara. En su momento me leí el acuerdo que se firmó, vi lo que había y el día 1 me incorporé al trabajo tan ricamente. No lo llevo mal, estando en la calle, un día en un sitio y pasado en otro, se conoce a mucha gente".
Los liberados sindicales llevan meses oyendo que son un gasto superfluo cuando no cosas más duras. Les ha afectado. Por eso reaccionan con orgullo. Pero si rascas un poco, salen las heridas. "¿Si me da pena? No, y eso que me gustaba ser liberado y atender a los trabajadores...", comienza explicando Francisco Díaz. "¿Si me duele? Claro que me duele. Yo me he incorporado a mi puesto estupendamente pero veo los problemas que pueden surgir con el recorte y me afectan. Veo como poquito a poco se pierden derechos que se han tardado años en conquistar. La empresa ahora puede hacer muchas cosas en las que antes a lo mejor se frenaba. Tienen las manos libres", dice con amargura. "Hay gente que llega nueva y que no puede abrir la boca porque entonces ya nos les llaman a hacer suplencias. Me afecta, porque veo que pueden hacer cualquier chapuza y la gente no sabe bien dónde dirigirse, no como antes".
Un requiebro similar sufre Maite Gómez, de CC OO, a media conversación: "Soy sindicalista porque lo llevo en las tripas, si veo que hay injusticias, sea liberada o no, reacciono. El problema es que mientras que antes me dedicaba a la labor sindical a tiempo completo ahora tengo 40 horas al mes para todo, es decir, un día", empieza a explicar. "Llevo 32 centros de mayores, tres comedores sociales y un centro social. No tengo tiempo material para visitar los centros. ¿En qué ha cambiado la situación? En que sencillamente no se puede hacer acción sindical. Lo único que podemos es apagar fuegos".
Cuando recibe quejas de trabajadores de alguno de los centros que le corresponden, Gómez les deriva a la central sindical, aunque allí los recortes también han afectado: "Una sola persona hace lo que antes hacían tres. Como trabajadores esto nos afecta muchísimo. La gente cuando tiene un problema ahora no sabe a quién dirigirse, es casi imposible contactar con los poquitos que somos. Lo que quieren es cargarse los derechos adquiridos sin ningún tipo de oposición".
Luis Costa, de 39 años, y empleado del Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid, otro exliberado sindical de CC OO que se reincorporó a su puesto hace un mes, transmite el mismo mensaje: "En lo personal lo llevo bien, con normalidad", empieza a explicar. "Volver a mi puesto no me ha provocado ningún trastorno, al revés, me permite planearme mejor porque ser liberado implica muchos sacrificios y no hay horario. Pero eso a mí no me consuela. Lo que me preocupa son todas las medidas que se están tomando y que van en perjuicio de los trabajadores. Temo por mi puesto de trabajo".
El recorte de liberados no solo ha afectado a quienes ya no lo son, sino también a quienes siguen siéndolo y ahora tienen que asumir más carga de trabajo. Maximiliana Bejarano, de 49 años y liberada en la Federación de Servicios Públicos de UGT -cuyo personal, dice, se ha reducido a un tercio- resume su sensación con claridad: "Lo vivo con mucha tristeza. Ni rabia, ni cabreo, ni impotencia, me da pena... Nos han dejado tiritando".
En el último mes, los distintos sindicatos han podido testar cómo se están viviendo en sus filas los cambios. "Hay gente que lo vive peor y otros mejor", dice Javier Díaz Toril, secretario general sectorial de la Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid de Comisiones Obreras. "Unos entienden que ha sido un golpe a la base, y otros intentan animarse y pensar en cómo reestructurarnos. Y luego hay gente que se ha cabreado... porque se ha cabreado con el mundo".
Los cambios en su área han sido importantes: "De cerca de 500 secciones sindicales nos hemos quedado con 36", dice. "Hay centros que se han quedado sin comité de empresa". Díaz Toril pone el ejemplo de la residencia de personas mayores de San Martín de Valdeiglesias, a 78 km de Madrid, que se ha quedado sin créditos para las tareas sindicales. "Tienen que hacerlo fuera de la jornada laboral como antes de 1978", se queja. "Es duro, pero hemos perdido lo logrado en 33 años. No nos queda otra que retrotraernos al pasado, reestructurarnos e intentar recuperar con el tiempo derechos que acabamos de perder... Pero me temo que no podremos".
Aunque insiste en que el cambio ha mejorado su calidad de vida, la exliberada Maite Gómez saca a la sindicalista que lleva dentro hacia el final de la conversación. Explica que no se ha resignado. Le está dando vueltas al coco para encontrar formas de hacer frente a los recortes. "Lo que quería el Gobierno regional lo ha conseguido... O no", empieza. "Ahora lo que nos toca es idear nuevas estrategias que les pillen desprevenidos. Desde luego, la forma en que se trabajaba antes es imposible. Es lo que te queda. Si yo no puedo hacer acción sindical como hasta ahora porque me han quitado ese derecho, si a los trabajadores les han quitado los comités de empresa históricos, tengo que buscar otra forma para poder llegar a la gente, es de cajón".
-¿Qué tipo de cosas?
-No puedo decirlo.
-¿Quizá sacarle más partido a las redes sociales y otras herramientas de Internet?
-Bueno, por ahí van los tiros.
Los recortes en las comunidades
- Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) ha suspendido los acuerdos públicos y ha ajustado el número de liberados sindicales de la Administración autonómica a lo establecido por la ley, suprimiendo horas sindicales equivalentes a 1.930 liberados sindicales de los 3.500 que había, según sus estimaciones. Hay unos 180.000 empleados públicos.
- Galicia. El Ejecutivo de Feijóo (PP) ha anunciado el recorte de 120 liberados sindicales, alrededor del 20% del total de los que existen en la Administración autonómica.
- Baleares. El Ejecutivo, del PP, también ha recortado el número de liberados institucionales: 89 dejarán de serlo y 221 verán reducidas sus horas. Los sectores más afectados son Educación y Sanidad. Los sindicatos tendrán además que dejar sus sedes en edificios públicos -serán reagrupados en una sola- y dejarán de recibir las ayudas y los fondos para la Acción Sindical, 205.000 euros anuales.
- Comunidad Valenciana. Alberto Fabra (PP), presidente de la Generalitat valenciana, ha reducido en 197 los liberados sindicales de la administración autonómica. 90 formaban parte de un "cupo institucional" que se pactó en la época de Joan Lerma y que fue mantenido por los sucesivos presidentes de la Generalitat.
- Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal (PP) ha anunciado como parte del Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos -un duro plan de recortes con el que pretende ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012- la reducción de 500 liberados sindicales y la eliminación de las subvenciones directas a sindicatos y patronales.
- La Rioja. Pedro Sanz (PP) ha anunciado que en octubre desvelará un "plan de austeridad", que incluirá, entre otras medidas, la disminución de los liberados sindicales -ahora hay 103- y un nuevo impuesto medioambiental para las empresas energéticas.
- Murcia. El número de liberados sindicales de la Administración regional se ha reducido aproximadamente en un 30% con los recortes emprendidos por el ejecutivo, del PP.
Hace tiempo que el paro dejó de ser la consecuencia de unos intereses económicos para convertirse en una especie de fenómeno atmosférico del que nadie tiene la culpa. Y es que hay cosas que no se pueden remediar: si hace frío, el agua se hiela; si no se riega, la planta se muere. Y si no se abarata el despido, no crece el árbol del empleo. Lo mismo sucede ahora con el Recorte, presentado como una consecuencia natural de la situación económica. No hay intereses, no hay ideología en la mano que mueve las tijeras.
Aceptemos (sólo porque esta columna es muy corta) que para equilibrar las cuentas hay que frenar el gasto. Aceptemos que es imposible modificar nuestro sistema impositivo o luchar contra el fraude fiscal para conseguir más ingresos. Bien, pues ahora que no hay dinero para todo, es el momento más adecuado para hacer política.
Ahorrar en la enseñanza y en la sanidad o racanear con el dinero de los dependientes no es una consecuencia inevitable de la situación económica, sino una decisión ideológica al servicio de unos intereses. Porque igual que se bajan las pensiones y se reducen las prestaciones sociales del Estado, se pueden reducir los cargos públicos, establecer en 3.000 € al mes el sueldo máximo en la Administración, incluido el rey; ahorrar las pensiones de los expolíticos que tengan otros ingresos, recortar gastos corrientes, incluido el parque móvil; vender las televisiones autonómicas, interrumpir la financiación de la escuela concertada, suspender la financiación de la Iglesia, anular los fondos dedicados a la promoción de ciertas lenguas, eliminar instituciones y renunciar a la compra de armamento.
Este es el caso de una pareja real, empadronada en Cornellà, que prefiere mantener el anonimato porque ni él ni ella aún han comunicado a sus respectivas familias la que iba a ser una feliz noticia: su próximo enlace matrimonial. De momento no será así porque, víctimas de la austeridad llevada al límite, los funcionarios del registro civil de Cornellà han decidido, como si de un servicio médico se tratara, que las nupcias no son una intervención quirúrgica urgente. Hasta el próximo 25 de octubre, como muy pronto, el registro civil de Cornellà no iniciará el trámite de ningún nuevo expediente matrimonial. No solo eso. Con el propósito de desatascar el tapón de papeles que se les acumulan sobre la mesa, han pedido al ayuntamiento, donde los concejales casan a unas 25 parejas al mes, que no se arriesgue a programar bodas con menos de cinco meses de margen.
Él y ella (por mantener el anonimato) fueron al registro antes de las vacaciones de verano. Su propósito era celebrar la ceremonia civil el 17 de marzo del 2012. No puede decirse, pues, que se durmieran en los laureles.
«SENSACIÓN DE IMPOTENCIA» / De aquella primera visita no salieron contentos, pero tampoco lo hicieron excesivamente preocupados. Los funcionarios se excusaron. Con motivo de las vacaciones, el personal era escaso. Había otras prioridades. Les invitaron a no volver hasta el 19 de septiembre. Tomaron nota y lo hicieron. Dejaron pasar incluso unos días de margen. El pasado jueves regresaron al registro civil para iniciar el trámite. «Tampoco tenemos suerte esta vez. Nos han dicho que hasta el 25 de octubre no tramitarán ningún expediente de matrimonio, y tampoco nos han asegurado que partir de esa fecha puedan hacerlo». Así se lamentaba él en un correo electrónico a un amigo. «Tengo sensación de impotencia». Concluye en su misiva que celebrar la unión matrimonial el 17 de octubre le parece cada vez más inviable.
¿Qué dicen al respecto los funcionarios? No es posible reproducir aquí una respuesta entre comillas porque no la dan. La situación de colapso es tan acentuada que lo común ya es que no descuelgan el teléfono ni a los usuarios ni tampoco (esto sí es un síntoma bien singular) a los funcionarios municipales responsables de cursar las bodas civiles. Estos, simplemente, han recibido de parte del registro civil una sugerencia: alarguen plazos.
Hasta ahora, cuando una pareja iniciaba el trámite y pretendía que la ceremonia se celebrara no en las frías dependencias del registro sino en el más acogedor Museu Palau Mercader del Ayuntamiento de Cornellà, los técnicos municipales buscaban una fecha para al cabo de tres meses. Era el tiempo necesario para que el registro completara el trámite administrativo.
BODAS POR LOS PELOS / Comenzaron a intuir que algo iba mal cuando algunos expedientes llegaban a las dependencias municipales la misma semana del enlace matrimonial. Finalmente, los responsables del registro dieron el paso. Ni por medios ni por personal podían garantizar que jamás dejarían sin papeles a una pareja en el altar municipal, así que sugirieron una solución. No se comprometan con nuevas bodas antes de cinco meses.
Finjamos que las elecciones se han convocado de buena fe, como si no hubiera habido ya un traspaso de poderes ni Rajoy hubiera sido tocado por el dedo de Zapatero como en su día fue tocado por el de Aznar. Simulemos que Zapatero no ha transmitido al electorado la idea de que la solución a la crisis es de derechas, incluso de extrema derecha. Hagamos como que no hemos oído decir a Felipe González, por poner un ejemplo, que el mejor Zapatero es el anti-Zapatero de los últimos meses. Comportémonos como si a Rubalcaba no le hubieran hundido el barco desde la mismísima Moncloa apenas iniciada su singladura. Aparentemos que el PSOE ha apurado su programa electoral hasta las heces y que no ha tomado ninguna decisión importante que se encontrara fuera de él. Proclamemos que la reforma fraudulenta de la Constitución fue de verdad para calmar a los mercados (que siguen de los nervios) y no para decirnos de forma subliminal quién manda aquí. Guardemos las formas, por favor. Acudamos a las urnas como si quienes se presentan son quienes se presentan y quienes ganan son quienes ganan, procedamos como si fueran a mandar aquellos a los que votamos, como si viviéramos en una democracia en la que la política da órdenes a la economía y no la economía a la política. Vamos a imaginar que el heredero, al que llamaremos vencedor, no será el chico de los recados de un Gobierno de facto formado por especuladores. Que a nadie se le ocurra tirar de la manta, poner las cartas boca arriba, aguarnos la fiesta. Creámonos que los candidatos pueden decir al pueblo la verdad. Afrontemos en fin la campaña con el espíritu entre resignado e ingenuo de quien se dispone a jugar una partida de parchís en un día de lluvia. Respetemos las reglas, por estúpidas, bobas o arbitrarias que parezcan. Sale el que saca cinco y si te como cuento veinte. Venga.
Los trabajadores interinos en la Administración de Justicia deberán asistir a un curso de formación obligatorio y eliminatorio, así como garantizar que poseen conocimientos sobre las herramientas informáticas de los órganos judiciales, según la reforma publicada hoy por el Diari Oficial de la Comunitat.
La citada orden modifica algunos extremos del proceso de selección de interinos e incluye una valoración de nuevos méritos de los aspirantes, como garantizar que posean conocimientos específicos sobre las herramientas informáticas empleadas actualmente en los órganos judiciales y fiscalías.
Asimismo, para garantizar una preparación previa en aquellas materias que van a ser objeto de su trabajo, se primará la superación de ejercicios en procesos selectivos anteriores a los Cuerpos de la Administración de Justicia y se impartirá un curso de formación en materias técnico-procesales.
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha opinado que esta orden responde "a las reiteradas quejas y reclamaciones por parte de jueces, magistrados y secretarios judiciales sobre la necesidad de una mayor formación para los funcionarios interinos".
Además, la orden también amplía el plazo de servicios prestados de doce a veinticuatro meses para pasar a la bolsa de trabajo en último lugar, lo que implica que el funcionario interino solo pasará al último lugar de la bolsa cuando haya prestado veinticuatro meses de servicio o más y se mantendrá en los primeros puestos durante al menos dos años.
"De este modo se prima el conocimiento adquirido y se compagina el derecho al trabajo de todos los aspirantes, con la necesidad de contar con un personal de mayor cualificación, profesionalidad y experiencia en los órganos judiciales de la Comunitat", ha concluido el conseller.
Finalmente, la reforma prevé el nombramiento de un funcionario con funciones de tutor sobre el interino en lo casos en que el responsable del juzgado motive la necesidad. EFE
CC OO, ELA, CSIF, LAB y UGT denunciaron ayer el despido de 14 trebatzailes (técnicos de euskera) en la Administración de Justicia. Dicen las centrales que se trata de profesionales que llevaban «cuatro años dinamizando la normalización lingüística» en los juzgados, «traduciendo al euskara los modelos de los escritos, dando clases de formación lingüística... haciendo realidad el euskara como lengua vehicular en los palacios de justicia».
A juicio de los sindicatos, los despidos incumplirían los acuerdos laborales firmados en 2010, en los que se garantizaban esos puestos e incluso se recogían partidas presupuestarias para ellos. «¿Quién garantizará ahora los derechos lingüísticos de la ciudadanía?», se preguntan las centrales en un comunicado divulgado ayer. «El Gobierno vasco ha destruído empleo, ha agredido al euskara y ha roto de forma unilateral el acuerdo firmado con los sindicatos», añade el escrito.
Desde el Departamento de Justicia replican que los trebatzailes no son funcionarios, que en el área de normalización lingüística de la Administración de Justicia trabajan doce personas dedicadas también a temas de euskaldunización y que lo que se ha hecho es reestructurar el servicio de forma que las tareas que venían desarrollando los trebatzailes las van a asumir los funcionarios.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha abogado hoy por replantar el servicio común de tramitación de la Oficina Judicial, tras observar que esta forma de trabajar ralentiza los procedimientos judiciales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha afirmado este jueves que "sería una muy buena noticia para todos los ciudadanos españoles" que se produjera una marcha atrás en el proceso de las transferencias en materia de Justicia.
Concepción, que ha abierto en el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano de Valladolid los cafés de redacción que organiza la Agencia Efe, es consciente de que hay autonomías que no estarían dispuestas a dar esa marcha atrás en el proceso de transferencias y que "una cosa es el ser y otra el deber ser", pero ha considerado que sería bueno un poder judicial "único".
Ha abundado en que él siempre ha "apostado" y ha "defendido" que el Poder Judicial sea "único" para todo el Estado español y que la administración de Justicia "en cuanto a medios personales y materiales esté centralizada" en el Consejo General del Poder Judicial.
En este contexto, ha añadido que así se evitarían las "diferencias manifiestas" que existen en las diecisiete Comunidades Autónomas en este asunto.
Para Concepción, se trata de "una cuestión política de difícil calado", pero ha insistido en que para conseguir "la igualdad en el tercer poder del Estado y para conseguir esa autonomía e independencia también económica del Poder Judicial sería un paso imprescindible".
En el caso de Castilla y León, donde el proceso de traspaso de las transferencias al Gobierno autonómico está pendiente desde hace años, ha celebrado que el nuevo consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, haya retomado los trabajos para intentar asumir esta gestión y lo haya hecho "con verdadero interés".
Sin embargo, el presidente del TSJCyL ha lamentado que la Junta de Castilla y León haya empleado ya "demasiado tiempo" en hacer estudios y ha recordado que durante seis años existió una Gerencia de Justicia que se dedicó a este cometido "con ignorados resultados".
Concepción ha asegurado que su defensa de una Justicia financieramente centralizada es compatible con su opinión de que la transferencia en Castilla y León es "urgente", porque hasta que aquello que es "un deseo" se consiga, la Comunidad "no puede estar en desigualdad de oportunidades".
A dos meses de las elecciones generales, el magistrado ha reconocido que le preocupa que "ninguno de los dos grandes partidos ahonda" cuando se refiere a asuntos vinculados con la Justicia.
Bildu
Ha analizado también la participación del partido Bildu en las instituciones y "no hay más que leer los medios de comunicación para darnos cuenta del error de aquella resolución" que supuso la entrada de Bildu en las instituciones.
"Tengo la convicción de que la mayor parte de los españoles es contraria a que un partido que ampara el terrorismo esté presente en las instituciones", ha opinado el presidente del TSJCyL.
Respecto a la repercusión de la situación de crisis económica en los Juzgados y en concreto sobre las hipotecas, Concepción se ha mostrado partidario de plantear un cambio legislativo sobre la dación en pago, lo que supondría que, al devolver la vivienda al banco, la deuda queda saldada.
El presidente del TSJCyL ha explicado que ya existen resoluciones de tribunales de algunas Audiencias sobre la dación en pago como medida de cancelación de las hipotecas y ha considerado que "quizás sería necesario un cambio legislativo" para que esa solución pudiera verse reflejada.
Necesidades humanas y materiales
Concepción ha repasado las necesidades en infraestructuras humanas y materiales y ha insistido en demandar los refuerzos y las sedes judiciales que ha solicitado "reiteradamente y el Ministerio deniega de forma sistemática por razón presupuestaria, salvo honrosas excepciones".
Son precisas plazas de magistrados en los organismos judiciales colegiados y existe una "verdadera necesidad" de sedes judiciales, ha demandado el presidente del TSJCyL.
Sobre el trabajo concreto que se desarrolla en los Juzgados, Concepción ha abogado por replantear el servicio común de tramitación de la Oficina Judicial, tras observar que esta forma de trabajar ralentiza los procedimientos judiciales.
"El servicio común de tramitación del procedimiento debiera reformarse o suprimirse", ha considerado Concepción, tras la experiencia de diez meses desde la puesta en marcha del nuevo diseño de la Oficina Judicial.
Como una forma de descargar la administración de Justicia ha definido el sistema de mediación, en el que Castilla y León ha sido pionera en España al dispensar métodos alternativos a la Justicia que ya han obtenido "buenos resultados".
«Lo más urgente es establecer el número de fiscales, jueces, funcionarios, que son necesarios para sacar adelante el trabajo que en estos momentos tiene el país»
El barómetro del Consejo General de la Abogacía Española acaba de ser publicado. Los abogados salen bien parados en el cuarto pulso interno y externo de la Abogacía que ha realizado Metroscopia. Los letrados siguen subiendo en gran media, según el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer Díaz, «por la justicia gratuita», que cada vez «mejora de calidad y atiende mejor y más completamente al ciudadano».
Los plazos de la justicia continúan siendo largos, admitió Carnicer, quien durante su visita días pasados al Colegio de Abogados de Lorca, aseguró que es hora de encontrar una forma de «flexibilizar los plazos para que las causas no se eternicen», a la vez que pidió que se doten a los juzgados de los «elementos y recursos necesarios» para que no se tenga que esperar «siete o doce años la solución de una causa».
También se manifestó acerca de necesidad de que se produzcan las transferencias de Justicia a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dijo que éstas «mejoran sensiblemente las prestaciones a los ciudadanos» cuando se producen. Sobre la dispersión de los juzgados lorquinos, repartidos en siete sedes judiciales del casco antiguo y del barrio de San Cristóbal, señaló que esa situación «siempre es negativa».
-¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia española en estos momentos?
-Son muchos, por desgracia. Acabamos de dar a conocer el cuarto barómetro que elabora Metroscopia, la empresa encargada de realizar el estudio para el Consejo General de la Abogacía Española, dirigido por el profesor José Juan Toharia. La Abogacía Española cada tres años financia un estudio de opinión para saber qué piensa la ciudadanía del trabajo de los abogados. Ese es su objetivo, pero es muy difícil conocer cómo van los abogados si no sabemos cómo va la justicia. Y por eso, el estudio se amplia también a la judicatura, fiscalía, a la administración de justicia... Los abogados sacamos bastante buena nota. Respecto a los jueces hay valoraciones muy positivas, como que son la última esperanza para defender incluso la democracia, pero de alguna manera se critica la lentitud.
-¿Qué nota sacan los abogados?
-Entre los profesionales de la justicia hay que decir que los abogados siguen subiendo. Mi criterio personal es que en gran medida por la justicia gratuita, que cada vez mejora de calidad y atiende mejor y más completamente al ciudadano.
-¿Qué critican de la justicia en ese barómetro?
-Hablan de que las leyes y el lenguaje judicial en general es difícil. Les parece muy complicado. Tenemos que conseguir mejorarlo. Acabo de formar parte de una comisión precisamente para la modernización del lenguaje de la justicia, su adecuación al de la calle. No sé si conseguiremos satisfacer a la ciudadanía. Estamos dispuestos, evidentemente, a mejorar cada día, pero son muchos siglos de abandono de la administración de justicia. Son demasiadas sus carencias, y en tiempos de crisis no creo que sea el caldo de cultivo más favorable para que se solucionen. Si acaso, iremos mejorándola poco a poco.
-¿En qué nivel se encuentra la justicia española?
-Seguimos teniendo que avanzar. Los que han leído el barómetro, no solo yo, piensan que los ciudadanos no están muy acertados, que la justicia está mejor de lo que ellos la perciben. Quizás los ciudadanos se equivoquen, y si no aciertan, además de mejorar la justicia tendremos que hacer un esfuerzo por informar a los ciudadanos de lo que realmente está pasando. Tal vez nos estemos separando, también los abogados, de ese contacto permanente con los grupos de ciudadanos que de alguna manera conforman lo que es el estado real de las cosas. Se están haciendo reformas legislativas que suprimen recursos y ponen dificultades siempre para recurrir y actuar en el juzgado y eso no es mejorar la administración de justicia. Eso es reducir la actividad de la justicia, que es otra cosa.
-Hace unos días el economista y socio director de J&A Garrigues Ricardo Gómez-Barreda aseguraba que los litigios tributarios se alargan hasta once años en los tribunales... ¿Qué le parecen estos plazos?
-Garrigues conoce muy bien la justicia no solo española, sino también la justicia en el mundo. Hay que decir que la justicia en el mundo también es muy lenta, pero eso no debe justificarnos. La justicia lenta, no es justicia, sencillamente. Hay plazos dentro de la ley que son excesivamente largos y, otros, son muy cortos. Es hora de encontrar una forma de flexibilizar los plazos para que las causas no se eternicen. Pero, sobre todo, es hora ya de dotar a los juzgados de los elementos y recursos necesarios para que no tengan que esperar siete o doce años la solución de una causa.
-¿Cómo se pueden acortar los tiempos?
-No voy a fijar aquí una posición, en absoluto, pero sí que creo que hay muchas posibilidades de mejorar el rendimiento de la justicia para que las demoras excesivas no se produzcan. Hay que reconocer que hemos mejorado, que estamos mejor que hace unos años, especialmente en el Tribunal Supremo pero todavía, sobre todo, en la sala tercera del Tribunal Supremo, hay una demora de años.
-Los juicios rápidos, los procedimientos abreviados... ¿tienen unos plazos más cortos?.
-Me decía hace unos días un compañero de Madrid que había ido a interponer un juicio rápido, un procedimiento abreviado. Fíjese los nombres que les damos, juicio rápido, procedimiento abreviado, y le habían dicho que se lo señalaban para el año 2015. Interpuesto ahora, para el año 2015. Lo más urgente es establecer el número de fiscales, jueces, secretarios y funcionarios de la administración de justicia, que son necesarios para sacar adelante el trabajo que en estos momentos tiene el país. Hay que hacer un estudio concienzudo y detectar los problemas.
-Se producen incongruencias, por ejemplo, juzgados idénticos, con más o menos la misma cantidad de casos, pero que unos van más ágiles que otros.
-Sí, eso ocurre. Hay juzgados que aparentemente tienen la misma carga de trabajo que otros y que van más retrasados o más adelantados. Eso no lo entienden los ciudadanos. Quizás falta marcar unos plazos, concertados por el juez y las partes. En los tribunales europeos las intervenciones se pactan. Yo añado algo más, que también se pacten los tiempos de respuesta. En materia de civil se ha hecho mucho, pero en penal prácticamente nada. Hay que grabar todas las pruebas. Eso de que el interrogado tenga que contestar y luego el juez traducirlo para que se pase al acta por un secretario creo que está atrasado. Faltan ideas para seguir avanzando en la justicia.
-Murcia aún no tiene transferidas las competencias de justicia. ¿Puéde verse perjudicado el servicio que se presta a los ciudadanos con respecto a otras comunidades autónomas que sí las tienen?.
-Desde luego mi experiencia es que cuando se transfieren las competencias en materia de justicia mejoran sensiblemente las prestaciones a los ciudadanos. No sé si el momento actual de crisis afectaría. También hay que tener en cuenta la estrategia de la Comunidad Autónoma para conseguir digamos una transferencia más vestida.
-Lorca tiene siete emplazamientos para los juzgados...
-Eso siempre es negativo. La dispersión de órganos judiciales siempre es negativo, pero la concentración en un punto no estratégico es peor todavía. Los órganos judiciales tienen que estar cerca de los ciudadanos, de los funcionarios.
"Inexplicable" e "injustificable" son algunos de los adjetivos que las asociaciones de jueces y fiscales han dedicado a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por vía de enmienda en la ya de por sí polémica Ley de Agilización Procesal. El cambio prevé que los jueces y fiscales que ocupen puestos políticos de responsabilidad queden en situación de servicios especiales, en vez de excedencia voluntaria como hasta ahora, lo que les permite no perder antigüedad y, por tanto, su puesto en el escalafón.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FV) coinciden en criticar reformas, como la aprobada, porque creen que "merman inevitablemente la visión que la ciudadanía tiene sobre la independencia de los miembros de la carrera judicial, ya que puede generar razonablemente la sospecha acerca de si se están remunerando servicios prestados", en palabras de JpD. Esta asociación añade que, al ser sus "efectos retroactivos, además, perjudica las legítimas expectativas jurídicas de otros compañeros de carrera".
Entre las asociaciones de fiscales no hay unanimidad. La conservadora Asociación de Fiscales muestra "su preocupación" por la aprobación sin los preceptivos informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recuerda el caso Vera por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó a España. Esa resolución se refería al caso GAL investigado por Baltasar Garzón cuando volvió a su juzgado tras dejar el Ministerio del Interior.
Sólo la UPF a favor
La única asociación que comparte la reforma y cree que no se puede perjudicar a las personas "que se dedican al interés público" es la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue portavoz uno de los que podrían resultar beneficiados con la reforma, el ministro del Interior, Antonio Camacho, quien no tiene previsto retornar a la carrera fiscal, porque ya se ha anunciado que encabezará la lista del PSOE por Zamora.
En lo que la presidenta de la UPF, María Moretó, sí coincide en la crítica es en considerar "un sistema poco transparente" el que se introduzca la reforma por vía de enmiendas en el tiempo de descuento de su tramitación parlamentaria. Una práctica que ya se ha puesto a prueba con distinto resultado. Fue el sistema elegido para el último endurecimiento de la Ley del Menor y también se trató de utilizar para modificar el secreto sumarial en la ley con la que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quiere agilizar el trámite procesal.
Marcelino Sexmero, portavoz de Francisco de Vitoria, dijo a este diario que es una iniciativa hecha "con nocturnidad y alevosía", que otorga "un privilegio indebido a quien cumple un servicio en la política".
Para Pablo Llarena, de la APM, el sistema vigente hasta ahora servía para "disuadir" a los jueces ante la posibilidad de marcharse a la política, y "favorecerlo es un error". A su juicio, "no es conveniente que los jueces estén en la política comprometiendo su imparcialidad".
Pilar Jiménez Bados, de la Asociación de Fiscales, sostiene que el tránsito por la política de jueces y fiscales "afecta a la imagen de imparcialidad" de ambas carreras, lo que "aumentará la desconfianza de los ciudadanos en quienes imparten" Justicia.
Desde la UPF se asegura que la "independencia es tan personal", que el no haber abandonado nunca el juzgado o el destino no la garantiza, por lo que el mérito de ser juez o fiscal para ser ministro no debe suponer luego un perjuicio.
JpD sostiene haber defendido siempre "la importancia de la Política con mayúsculas" que "exige la toma de decisiones no partidistas en todo aquello que afecta a la estructura institucional del Estado".
Es la sexta comunidad autónoma con la tasa de delincuencia más baja . Nueve de cada diez condenados son varones y casi el 20% acumulaba en su historial al menos otro delito
Ni los robos ni las agresiones. Conducir a velocidades estratosféricas, ponerse al volante con una copa de más o circular de forma temeraria son los delitos que más vistas coparon el año pasado en los juzgados gallegos. Hasta un 49% de las condenas dictadas en Galicia en 2010 fueron por infracciones en carretera, nueve puntos por encima de la media nacional. Según el balance de delincuencia difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los más de 263.000 asuntos juzgados el año pasado en España, un total de 107.833 fueron por infringir normas de tráfico. Y en Galicia, un total de 7.030 infracciones cazadas en carretera derivaron en un proceso judicial. Unas cifras que se traducen en una media de 19 automovilistas gallegos que se enfrentan cada día a penas de prisión por pisar más de la cuenta el acelerador o por circular con una tasa de alcohol superior a la permitida.
El elevado índice de juicios por delitos de tráfico es una situación que se repite en los órganos judiciales desde 2008, año en el que entró en vigor la reforma del Código Penal en materia de tráfico que recoge penas de cárcel para los kamikazes al volante. Pese al volumen de infracciones penales cometidas en la red viaria gallega en 2010, la cifra se redujo respecto al año anterior en un 7,5%, ejercicio en el que se contabilizaron un total de 7.600 delitos al volante. Desde Tráfico atribuyen este descenso al endurecimiento de las penas para los conductores más kamikazes, una mayor vigilancia policial en las carreteras así como a las campañas de concienciación de la DGT.
Al igual que la tasa de infracciones penales en carretera supuso una mejora respecto a 2009 en la comunidad, el balance de delincuencia en Galicia también se cerró en cifras positivas en relación al año anterior, al pasar de los 15.346 delitos contabilizados en 2009 a los 14.312 en 2010 (-6,7%). Estas estadísticas convierten a Galicia en la sexta comunidad con el índice más bajo de delitos por cada mil habitantes (5,12), por detrás de Castilla y León (4,31), Madrid (4,37) Castilla-La Mancha (4,59), Extremadura (4,92) y Aragón (4,99). En el extremo opuesto están Murcia (7,60), Baleares (7,46) y Canarias (6,75). En cuanto a los condenados, Galicia ocupa un puesto mejor en el ranking nacional, ya que es la cuarta autonomía con menos penados por cada mil habitantes (4,06), solo por detrás de Castilla y León (3,45), Madrid (3,62) y Castilla-La Mancha (3,76). A la cabeza de comunidades con más penados están, Murcia, con 6,16 por cada mil habitantes, seguida de Baleares (6,09), Canarias (5,64) y La Rioja (5,20), que superan en más de un punto por encima de la media nacional (4,55).
Por sexos, nueve de cada diez condenados son varones, mientras que por grupos de edad la más frecuente es la franja de entre 41 y 50 años con más del 20% del total de condenados en la comunidad. La práctica totalidad de los delitos (90,7%) fueron cometidos por ciudadanos españoles, una tasa más elevada que la media nacional que se sitúa en el 71,7%.
El informe del INE también alude a la reincidencia de los condenados. En el caso de Galicia, el 82,2% de los penados el año pasado no tenían antecedentes -1,1 punto por debajo de la media nacional-. Mientras que los enjuiciados que tenían otro delito se reducen a un 12,8% (1.463), los que arrastraban otras dos infracciones penales apenas llegan a los 400 y los que acumulaban más de tres delitos fueron un total de 205. De las más de 32.000 condenas dictadas el año pasado en Galicia, más de la mitad fueron penas privativas de otros derechos (17.756), el 25% de multas (8.287), otro 20,2% penas privativas de libertad (6.628) y un 0,07% (23) expulsiones del territorio nacional. Entre las penas privativas de otros derechos, las más frecuente fue la de trabajos en beneficio de la comunidad (20,2%). De las penas privativas de libertad, la más común fue la prisión (6.384).
Robos, lesiones y delitos contra la seguridad vial. Por este tipo de infracciones, los jueces gallegos condenaron el año pasado a un total de 790 menores, lo que la convierte en la cuarta comunidad autónoma con la tasa de delincuencia juvenil más baja: 15,6 delitos cometidos por menores de edad por cada 1.000 habitantes. Un índice de solo mejoran Castilla-La Mancha (12,29), Cataluña (12,92) y Navarra (14,4). A la cola, están La Rioja, con 29,7 delitos de jóvenes por cada mil habitantes y País Vasco (26,65).
Este tipo de delitos fue en aumento el año pasado, que en toda España se contabilizaron un total de 18.238 condenas, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a 2009. La mayoría de los delitos cometidos fueron los robos, seguidos de las lesiones y infracciones penales en materia de tráfico. Según los datos del INE, el 84,1 % de los menores condenados fueron varones mientras que por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso (32,8 %), seguido del de 16 años (29,4 %). La mayoría de los condenados era de nacionalidad española (76,1 %), aunque la proporción de extranjeros aumentó hasta el 23,9 %, frente al 22,4 % del año anterior. Dos de cada tres menores condenados cometieron una única infracción y uno de cada tres más de una.
Entre las medidas más frecuentes adoptadas por los jueces, están la libertad vigilada (34,7 %), la prestación en beneficio de la comunidad (21,1 %) y la realización de tareas socio-educativas (12,5 %).
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha aprobado finalmente el documento que siete de sus vocales habían suscrito para reclamar a todas las fuerzas parlamentarias un Pacto de Estado por la Justicia que impulse las reformas necesarias para poner al día este servicio frente a la crisis.
El órgano de gobierno de los jueces reunido en Pleno este miércoles ha optado por una mera "toma en consideración" de la propuesta, que servirá para una reflexión y análisis internos, han informado fuentes de este órgano.
Otras fuentes señalan que varios vocales han puesto en evidencia que quizá no es el momento para aprobar estas reclamaciones a la clase política cuando en el seno del Consejo no se alcanza el consenso necesario para llevar a cabo funciones como la de realizar nombramientos en la cúpula judicial.
En la sesión de este miércoles, la ausencia de consenso ha impedido cubrir la plaza vacante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tendrá que ser convocada en el BOE por tercera vez.
La propuesta, que suscribían siete vocales que representan a todas las sensibilidades ideológicas del Consejo, parte del estudio de diversas encuestas que en las últimas semanas han valorado de forma muy negativa la labor del órgano de gobierno de los jueces. Uno de ellos es el Barómetro de la Abogacía cuyos resultados, dados a conocer el pasado día 13, colocan al CGPJ como una de las instituciones peor valoradas.
Según este estudio, ocho de cada diez españoles ve necesaria una reforma "urgente" y "profunda" del órgano de gobierno de los jueces y seis de cada diez piensa que depende en sus decisiones del Ejecutivo o de las distintas formaciones políticas.
El escrito que se proponía al Pleno para su aprobación señala que el CGPJ, "como órgano político", no puede ignorar la valoración que los ciudadanos hacen del mismo ni ser ajeno al alejamiento y la desconfianza que existe ante esta institución.
"Debemos reflexionar seriamente y tomar medidas que nos permitan avanzar en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en general y de los jueces y magistrados en particular", concluían los vocales firmantes, que son, además del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, los vocales Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Manuel Almenar, José Manuel Gómez Benítez, Miguel Collado y Margarita Robles.
MEJORAR POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS
Los firmantes recordaban en su propuesta que en el Pleno del Consejo del mes de junio se acordó iniciar un proceso de reflexión y que como consecuencia de ello se debe seguir trabajando en mejorar la política de nombramientos para cargos judiciales (para primar los principios de mérito y capacidad) y profundizar en la optimización de recursos.
Los vocales denunciaban también "el olvido en el que incurren en ocasiones las fuerzas políticas en relación a la Administración de Justicia, obviando que el adecuado funcionamiento de la misma no solo es esencial para el efectivo ejercicio de los derechos y libertades, sino además, un elemento dinamizador de primera magnitud en un contexto de crisis económica como el actual".
Por ello, en la propuesta que iba al Pleno se proponía solicitar formalmente a los grupos políticos, además de inversiones en los juzgados y tribunales, "marcos normativos propios del siglo XXI que permitan una Administración de Justicia más ágil y eficaz". Entienden que la herramienta adecuada para impulsar estas medidas es un Pacto de Estado por la Justicia.
RECLAMAN AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA
Además, reclamaban autonomía presupuestaria para el CGPJ "que debería tener una primera plasmación inmediata en la asunción plena por este órgano de los planes de refuerzos y sustituciones y de la determinación de la política de creación de plazas judiciales.
Los vocales firmantes de la propuesta advierten también que "alteran intencionadamente la verdad quienes amparándose en la legítima critica" al CGPJ "desprestigian la labor de los casi cinco mil jueces y magistrados acusando genéricamente, sin matices, a los titulares de los órganos jurisdiccionales, de una supuesta politización, obviando el trabajo que con dedicación realizan".
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han criticado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que, a su juicio, favorece a los jueces y fiscales que ocupen un cargo político, que podrán volver a su puesto sin perder la antigüedad.
En declaraciones a Efe, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, se ha mostrado en contra de esta reforma, que, en su opinión, supone "un privilegio" para quien ha ocupado un cargo político y puede volver a la carrera judicial no solo en las mismas condiciones en las que la ha abandonado, sino guardando una preferencia a la hora de elegir destino.
Para Sexmero, esta norma está impulsada "para colocar a ciertos ministros actuales en el caso de que vuelvan a la carrera judicial" y supone "una barbaridad" por cuanto "esas preferencias y privilegios no casan con la norma general".
También ha censurado la tramitación de esta modificación legislativa "con nocturnidad y alevosía", sin que nadie se haya enterado de esta reforma.
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, ha calificado de "vergonzosa" esta reforma, que, desde su punto de vista, se ha hecho "para favorecer a determinadas personas" como "un juez que es portavoz del PSOE en el Congreso o un secretario de Estado de Justicia", en alusión al diputado José Antonio Alonso y a Juan Carlos Campo.
Ha lamentado que esta modificación legislativa se haya aprobado en el último momento sin la tramitación adecuada y sin el dictamen del Consejo General del Poder Judicial.
Se trata de "una de las tantas chapuzas que se hacen en contra de la independencia del Poder Judicial y en contra del Estado de derecho", ha dicho Varona, quien ha afirmado que la reforma "favorece a unos pocos en contra de mucha gente que lleva años trabajando en el Poder Judicial".
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Parlamento permitirá que jueces y fiscales que pidan una excedencia voluntaria para desempeñar un cargo político o público sean considerados en situación de servicios especiales.
Jueces para la Democracia quiere hacer público su rechazo a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la cual se permite a los miembros de la judicatura que ocupen cualquier cargo político o de confianza o cargo público representativo, el pase a la situación de servicios especiales en la carrera judicial, con todos los efectos inherentes, y entre ellos el cómputo de antigüedad.
Estimamos inexplicable que se haya aprobado una reforma de esta envergadura al final de una legislatura truncada anticipadamente, con el consenso de las fuerzas parlamentarias mayoritarias, sin ningún debate previo riguroso y suficientemente publicitado sobre los pros y los contras de la propuesta. Es llamativo, a este respecto, que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, que opera la reforma, no contenga preámbulo alguno ni exposición de motivos que den cuenta de las razones de la modificación legislativa.
Mediante esta reforma se sustituye la figura hasta ahora vigente de la excedencia voluntaria, con las salvedades contempladas en el artículo 351 de la LOPJ, de modo que el ocupar cualquier puesto de designación política, con independencia de su vinculación con la Administración de Justicia y de su rango, determinará la situación de servicios especiales. Y ello, con la innecesaria referencia a que, una vez se produzca el reingreso en el servicio activo, se producirá un deber de abstención respecto de aquéllos “asuntos concretos vinculados con su actividad política.", ya que tal limitación venía contemplada, como no podía ser de otra forma, entre las causas de abstención y recusación.
Desde Jueces para la Democracia siempre hemos defendido la importancia de la Política con mayúsculas, como modo de ordenar el hecho irreductible de la pluralidad humana adoptando decisiones colectivas. De ahí la trascendente labor que tienen asignada quienes se dedican habitual o ocasionalmente a la misma. No compartimos la visión sesgada, en el mejor de los casos ingenua, de quienes conciben a la judicatura como el único Poder bueno actuando en un concierto dominado por otros Poderes malignos. Sin embargo, la Política con mayúsculas exige la toma de decisiones no partidistas en todo aquello que afecta a la estructura institucional del Estado. Reformas, como la aprobada, merman inevitablemente la visión que la ciudadanía tiene sobre la independencia de los miembros de la carrera judicial, ya que puede generar razonablemente la sospecha acerca de si se están remunerando servicios prestados, máxime cuando sus efectos son retroactivos, lo que, además, perjudica las legítimas expectativas jurídicas de otros compañeros y compañeras de carrera.
Por todo ello, reiteramos nuestro rechazo a esta injustificable reforma de nuestro estatuto.
Publicada en la web del CEJ la siguiente noticia: ABIERTA LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 ...
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