Hoy tuvo lugar la reunión de la mesa de negociación sobre el Registro Civil y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que continuará el próximo martes 29 de julio.
CCOO NO RENUNCIARÁ A CONSEGUIR QUE EL GOBIERNO RETIRE
SU DECISIÓN DE PRIVATIZAR EL REGISTRO CIVIL Y REITERÓ SU ROTUNDA OPOSICIÓN A LA PRIVATIZACIÓN DE ESTE SERVICIO PÚBLICO
EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE SIN GARANTIZAR TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL Y AFIRMA TAJANTEMENTE QUE NO PUEDE OBLIGAR A LAS CCAA CON COMPETENCIAS A MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO ACTUALMENTE EXISTENTES.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE SIN GARANTIZAR TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL Y AFIRMA TAJANTEMENTE QUE NO PUEDE OBLIGAR A LAS CCAA CON COMPETENCIAS A MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO ACTUALMENTE EXISTENTES.
El Ministerio de Justicia ha afirmado rotundamente que no
iba a discutir el modelo de Registro Civil y su privatización, y solo discutiría
sobre la redacción de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 20/2011 partiendo del
texto que había remitido unos días antes. No obstante, CCOO ha vuelto a denunciar la entrega a los Registradores Mercantiles de
la gestión del Registro Civil supone la privatización de un servicio público y,
además de la huelga convocada por CCOO para el día 8 de octubre, seguiremos luchando
con todos los medios sindicales a nuestro alcance, incluidas las acciones legales (civiles y
penales) que estimemos oportunas, para evitar
que esta ley cercene aún más los derechos y condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras y propine un nuevo ataque a la ciudadanía.
CCOO ha rechazado de plano el texto propuesto
por el ministerio pues el mismo no asegura todos y cada uno de los puestos de
trabajo existentes a día de hoy, no garantiza que, como mínimo, se seguirán
percibiendo las mismas retribuciones, y tampoco garantiza que, en ningún caso, habrá
movilidad geográfica.
El ministerio sigue afirmando, con palabras exclusivamente, que
en su ámbito de gestión, se compromete a que todo el personal (titular e
interino) tendrá un puesto de trabajo, pero reconoce que no puede garantizar el
de las CCAA con competencias pues una vez más se justifica con no poder
interferir en sus competencias. Sin embargo el Subsecretario de Justicia es
incapaz de garantizar con hechos para su ámbito de competencia todos los
puestos de trabajo, las retribuciones y la localidad de origen, y es por ello
por lo que
CCOO ha exigido que en el texto debe aparecer sin ningún género de dudas:
- Que, en los órganos judiciales y fiscales de cada localidad donde actualmente hay un Registro Civil exclusivo, se incrementarán las plazas de cada cuerpo, en número igual o superior a las plazas que actualmente compone la plantilla de los RC exclusivos. En el caso del Registro Civil Central el incremento de plazas deberá hacerse en los Órganos Centrales de Madrid capital.
Además, ese incremento de plantillas deberá ser negociado con las organizaciones sindicales, pues es totalmente inasumible para CCOO que el ministerio pretenda reubicar a estos trabajadores en plazas ya vacantes, ya que de ser así se estarían perdiendo (amortizando) plazas en la Administración de Justicia a efectos de concursos, oposiciones… - Que todos los funcionarios que actualmente están destinados en los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados Paz, quedarán destinados automáticamente en la oficina judicial de paz de la misma localidad, que el ministerio dice que se crearán, y que CCOO exige que se reconocerán expresamente como centro de destino en el art. 622 de la LOPJ y la Disposición Transitoria 12ª de la misma.
- Que en ningún caso habrá cambio de municipio para ningún trabajador que preste servicios en un registro civil y para CCOO sólo se garantizará esta cuestión si se incluye en el art. 624 de la LOPJ nuestra enmienda “en ningún caso supondrá cambio de municipio” siempre que se respeten, además, todos y cada uno de los actuales partidos judiciales, cuestión ésta que con el Anteproyecto de LOPJ hoy por hoy, no está garantizado en absoluto.
El ministerio ha manifestado que los destinados en Juzgados
de 1ª Instancia o mixtos con funciones de registro civil seguirán destinados en
dichos juzgados, y si fuese necesaria una reordenación posterior, se respetará
la localidad, precisamente por esta cuestión, para CCOO es imprescindible que se
recoja en el art. 624 de la LOPJ
que la reordenación de efectivos “en
ningún caso supondrá cambio de municipio” y además CCOO ha exigido al ministerio
que aporte todas las plantillas de cada juzgado con competencias de registro
civil de todo el Estado, (incluidos los Registros civiles únicos y el Registro
Civil Central) para poder concretar in situ la situación en la que quedarían
los trabajadores.
El ministerio tampoco se ha comprometido claramente a crear
tantas plazas como las existentes en los Registros civiles únicos de su ámbito de gestión y en el Registro
Civil Central (cuyas funciones en este último caso serán asumidas por el futuro
registro civil y mercantil de Madrid).
Pese a la
insistencia de Comisiones Obreras con las Oficinas judiciales de Paz, el
ministerio vuelve a responder con vaguedades y a no concretar si serán centro
de destino en iguales condiciones que los actuales Juzgados y Agrupaciones de Juzgados
de Paz y si absolutamente todos los destinados en ellos estarán destinados
también en las referidas Oficinas, el
ministerio da la callada por respuesta.
Ante esta dinámica y puesto que el ministerio ya había
anunciado que tendríamos una nueva reunión para la semana próxima, pues el
trámite de enmiendas se cerraría la primera semana de septiembre (y no como
había dicho en la reunión informativa anterior que se cerraría hoy mismo), el
ministerio ha conminado a las organizaciones sindicales a remitirle nuestras
propuestas por escrito y que, una vez estudiadas, volvería a remitir una nueva
redacción de la referida Disposición Transitoria, pero ya anuncia que va a ser
difícil que pueda recoger todo lo que las organizaciones sindicales proponemos.
Ante las dudas que plantea el propio
ministerio sobre la extensión de la propia redacción de la Disposición
Transitoria que, según él, debiera ser una norma marco de
mínimos para abrir un proceso posterior de negociación en cada ámbito, CCOO le ha puesto encima de la mesa una sencilla
redacción que englobaría todo lo que venimos exigiendo:
“En aplicación de esta ley
permanecerá inalterable el número de puestos de trabajo de cada cuerpo de
funcionarios de la
Administración de Justicia existente en la actualidad en cada
localidad del Estado y ningún trabajador o trabajadora titular ni interino verá
disminuidas las retribuciones que actualmente percibe por cualquier concepto,
incluidas las indemnizaciones por servicio de guardia, ni podrá ser obligado a
cambiar su localidad de destino."
Con esta redacción se salvaguardan todos y cada uno de los
aspectos (no amortización de plantillas, iguales retribuciones y localidad de
destino) que venimos exigiendo tanto para el territorio ministerio como para
las CCAA con competencias, pero el
Ministerio ha sido incapaz de aceptarlo en ese momento, lo que nos lleva a dudar
sobre cuáles son sus verdaderas intenciones pues hasta el momento ni en la LOPJ ni en la reforma del
Registro civil se garantizan absolutamente los derechos de los trabajadores,
por lo que de mantener esta posición, CCOO seguirán adelante con la movilización
prevista para el próximo otoño a la que llamamos a todos los trabajadores/as y
a todas las organizaciones sindicales pues el
ministerio nos demuestra una y otra vez que una cosa es lo que dice y otra muy
distinta lo que está dispuesto a poner por escrito.