A pocas horas de la celebración de la diada catalana, el pleno del Tribunal Constitucional iniciará el debate, que se prevé que dure tres días, para decidir si acepta o no la recusación planteada por la Generalitat y el Parlament de Cataluña contra el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos. A través de este mecanismo, las instituciones catalanas pretenden impedir que el magistrado tome cualquier decisión en la resolución de los 25 recursos, impugnaciones y conflictos de competencia que les afectan directamente.
El motivo principal de su rechazo se remonta al pasado mes de julio, cuando el diario El País publicó que de los Cobos había seguido pagando su cuota de militante del PP tras ser nombrado magistrado del tribunal de garantías, en diciembre de 2010. También motiva la recusación que el presidente del tribunal asegurara en un discurso pronunciado en diciembre de 2005, que el texto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que acababa de aprobar el Parlament suponía un “verdadero órdago para la estabilidad constitucional” del Estado y concluyera que esa fue “la primera manifestación política” de lo que califica como “desprecio” de los catalanes “hacia la cultura española”.
Según el artículo 127 de la Constitución, los jueces y magistrados tienen prohibido pertenecer a partidos políticos. Sin embargo, cuando se trata de miembros del Tribunal Constitucional, el artículo 159.4 precisa esa prohibición al desempeño de “funciones directivas” dentro de los partidos. El presidente del tribunal defendió, así -el pasado mes de julio- la legalidad de su afiliación. De los Cobos apeló también a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que hace referencia a esa limitación.
Esta militancia ‘autorizada’ ha arrojado, sin embargo, grandes sombras sobre la imparcialidad del presidente al frente del tribunal que defiende la Carta Magna. Por ello, el Parlament y la Generalitat pretenden apartarle de cualquier decisión sobre cuestiones como la impugnación de la declaración soberanista aprobada en enero por la cámara autonómica o los recursos presentados contra las corridas de toros, el euro por receta o las leyes catalanas de educación y cine.
En su condición de presidente, Pérez de los Cobos dispone del voto de calidad que permitiría deshacer un empate en el pleno del Constitucional, que consta de 12 magistrados, siete conservadores y cinco progresistas.
Por otro lado, en 2007, el tribunal aceptó la recusación presentada por el PP contra el magistrado Pablo Pérez Tremps para que no participara en el estudio del recurso de la formación conservadora contra el Estatuto de Cataluña. Pérez Tremps había redactado un dictamen sobre la legalidad del Estatuto a petición de la Generalitat, que le había pagado por ello 6.000 euros.
Publicado o 10/09/2013 en www.diariojuridico.com
