Magistrados, fiscales, secretarios, abogados y funcionarios se movilizan juntos por primera vez contra el "tasazo" - El juez decano tacha de "lamentables" las declaraciones del ministro y le replica que la protesta "no es por la paga extra"
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Los tribunales de toda España pararon ayer durante una hora -entre las 12.00 y las 13.00 horas- en lo que fue una clara muestra del rechazo de la judicatura a las políticas de Gallardón, entre ellas el tasazo y la privatización del Registro Civil. En Galicia, el seguimiento fue masivo, pero fue en Vigo donde se vivió la manifestación más multitudinaria, al reunir a más de 700 personas. Abogados, procuradores, secretarios judiciales, funcionarios, forenses y sindicatos, junto a ciudadanos y representantes políticos, se concentraron ante los juzgados y después salieron en manifestación por calle Coruña hasta la plaza de América, cortando el tráfico. Se corearon consignas que pedían la dimisión del ministro. Al menos una decena de jueces participaron en la concentración en la calle antes de unirse a su propio acto en la sala de juntas y algunos fueron a la manifestación, entre ellos una magistrada de la Audiencia, una de Familia y un juez laboral. La presencia más discreta en la protesta fue la de los fiscales, con apenas media decena de representantes del Ministerio Público que salieron a la calle y después fueron a la junta de los jueces.
En la concentración, en la que se recabaron firmas de rechazo a las tasas, se vieron togas, pegatinas reivindicativas e incluso hubo gaitas que amenizaron la marcha. El rechazo a las reformas en marcha unía a todos los asistentes. El decano del Colegio de Abogados, Alfonso Álvarez Gándara, destacó la unidad de profesionales y ciudadanos contra las medidas del ministro, del que dijo que sus políticas "son equivocadas". El representante de los procuradores, Manuel Castells, lamentó también la actitud de Gallardón: "Resulta claro que no tiene ninguna intención de minorar las tasas". Y el resto de profesionales se manifestaron en similares términos. Mercedes Porrit, una de las letradas que se movilizó desde un primer momento contra el tasazo, destacó sobre todo los numerosos ciudadanos que ayer se unieron a la judicatura en esta movilización. "Las manifestaciones del ministro son indignantes, pero no vamos a parar y confiamos en que la presión social sirva de algo", dijo.
Mientras en la calle había esta manifestación, la mayoría de jueces que secundaron la protesta se fueron uniendo a la reunión en la sala de juntas, entre ellos varios de la Audiencia e incluso dos magistradas de Pontevedra. Las declaraciones de Gallardón indignaron a este colectivo. "No protestamos por la paga extra; nuestras reivindicaciones son otras, como la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la exigencia de unas tasas moderadas que no limiten el acceso de los ciudadanos a la Justicia...", afirmó el juez decano, mostrando como muestra de ello el comunicado con las reivindicaciones de la Comisión Interasociativa, colectivo que reúne a las asociaciones de magistrados y fiscales y que no descarta convocar una huelga si el ministerio no rectifica.
En el resto de Galicia y de España también hubo un rechazo a las palabras del ministro. Entre los numerosos cargos judiciales que se manifestaron estuvo el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, que mostró su desacuerdo con Gallardón: "Es responsable de sus propias palabras". Y asociaciones judiciales como Jueces para la Democracia o Foro Judicial Independiente señalaron que el ministro ha "perdido los papeles" y le exigieron disculpas públicas.
Y es que lejos de calmar los ánimos tras sus polémicas palabras de la víspera, el ministro siguió ayer echando leña al fuego al insistir de nuevo en que los jueces están "disgustados" por perder la paga extra y añadir que gobernar, "a veces, es repartir dolor", en relación a algunas de sus reformas. Fue más allá, al asegurar incluso que fueron los jueces quiénes le pidieron que se implantaran nuevas tasas para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó, agregó, optando en cambio por utilizar la recaudación para "financiar la justicia gratuita". Su partido salió en defensa de Gallardón encendiendo más la polémica al afirmar que gracias a las tasas judiciales "las personas con mayor poder adquisitivo facilitarán la justicia gratuita a los que poseen menos recursos", escribió el dirigente del PP, Carlos Floriano, en un comentario en Twitter.
Y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, señaló que aunque no está de acuerdo con la orientación de la reforma, ahora toca ajustar en el sector público. El vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda pidió al ministro diálogo tras las protestas "unánimes".
Juicios retrasados, juzgados cerrados y el Registro Civil paralizado
El paro de una hora de ayer se dejó notar en la actividad judicial de Vigo. Los juzgados no se paralizaron, pero hubo un importante bajón en su frenético funcionamiento. Entre las doce y la una del mediodía, período de la movilización, se dejaron de celebrar juicios, algún juzgado como Instrucción 1 cerró al secundar todo su personal en pleno la protesta y en el Registro Civil, uno de los servicios afectados por las reformas, la actividad se paralizó al ir todos los funcionarios a la manifestación: solo quedó el secretario para informar de que finalizada la protesta se retomaría la atención a los ciudadanos.
En algún juzgado de Instrucción pararon durante esa hora los juicios de faltas, que se retomaron a partir de la una de la tarde. También en Primera Instancia: en la sala número 10 un cartel avisaba de que las vistas se retrasarían y, de hecho, los abogados personados fueron alertados el día anterior. Otras salas sí celebraron juicios, tanto en Penal como en Civil. Hubo jueces que optaron por acabar las vistas e incorporarse con retraso a la concentración. Otros interrumpieron durante ese período otro tipo de labores. "Estaba estudiando apelaciones y lo dejé para ir a la protesta", dijo una magistrada.
Publicado o 13/12/2012 en www.farodevigo.es
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La judicatura para durante una hora para pedir a Gallardón que rectifiqueEl juez decano de Ourense participa en una reunión con el PP en Madrid, antes de decidir si harán huelga en enero
Poco antes de las doce de la mañana, los juicios quedaron aplazados en Ourense hasta la una del mediodía para que jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios pudieran concentrarse delante de los juzgados. En la provincia, la movilización más numerosa se produjo frente al Pazo de Xustiza de la ciudad, en donde se dieron cita cerca de 300 personas.

El decano de los abogados, Arturo González, cesuró a Gallardón 'por estar intoxicando a la opinión pública', recordando que se opondrán como todos los mecanismos a su alcance a la actual ley de tasas 'por ser un atraco a la ciudadanía'. Así, instarán a los ciudadanos que representen a recurrirlas.
TASAS SÍ, PERO NO TAN ALTAS
El Ministerio Fiscal secundó la protesta porque, a juicio de su máximo representante en Ourense, Florentino Delgado, 'las reformas son necesarias pero no están bien planteadas'. Abogó por instaurar unas tasas, 'pero no en la forma en la que se ha hecho'.
El paro aplazó durante una hora dos juicios en el Penal 1. Uno de ellos, el fijado a las 11,40 horas, para enjuiciar por prevaricación al alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, y tres concejales socialistas.
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Centenares de profesionales secundaron la protesta con paros y cortes de calles

Durante la protesta en A Coruña, con gritos contra Gallardón, no se celebró ni un juicio. «La respuesta fue muy importante», dijo orgullosa la jueza decana, María Teresa Cortizas, quien aseguró que la situación de la Justicia «empeorará» con las medidas anunciadas y reclamó más jueces y fiscales y la retirada de la ley de tasas. Los asistentes -unos 400, entre los que estaban la fiscala jefe coruñesa, Esther Fernández; el decano de los abogados, Antonio Platas, y funcionarios del Registro Civil- llegaron a cortar un par de minutos la calle frente a los Juzgados. Reclaman una reunión con Rajoy: a Gallardón ya no lo consideran interlocutor.
Amenaza de huelga
En Pontevedra, 200 profesionales rodearon a mediodía el edificio de la Audiencia (una hora antes lo hacían los trabajadores de los juzgados). Entre ellos, el presidente, Francisco Javier Menéndez; el juez decano, Ignacio de Frías; el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, y el presidente de los abogados, Ramón Jáudenes. «Que es una cuestión de dinero y de días libres es una opinión del ministro, seguramente algo desenfocada», señaló Menéndez, quien criticó que «nos presenten ante la opinión pública como gente insolidaria y pedigüeña que solo se preocupa de la extra de Navidad». De Frías, por su parte, indicó que la huelga «es una posibilidad que está ahí, porque no se ven cambios en el horizonte».

En la protesta de Lugo participaron la jueza del caso Campeón, Estela San José, y la de la operación Pokémon, Pilar de Lara. El decano de los abogados lucenses, Félix Mondelo, anunció que declararán a Gallardón «persoa non grata».
Información elaborada con aportaciones de M. Conde, A.?Mahía, E.?V. Pita, X. Melchor, F. Varela, D.?Cela, M. Rodríguez y C. Abelleira
Publicado o 12/12/2012 en www.lavozdegalicia.es
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La justicia condena al ministro de Justicia
Una virtud le reconocen al ministro de Justicia todos los profesionales que ayer participaron en el paro convocado a las puertas de los juzgados, en protesta, precisamente, de las reformas impulsadas por su ministerio: haber sido capaz de alinear en su contra a colectivos con intereses tan dispares como son los jueces, los fiscales, secretarios judiciales, forenses, trabajadores y usuarios de la administración de justicia.
De todos ellos había representación en la protesta impulsada por la plataforma en defensa de este servicio público, que engloba a todos los sindicatos con representación en el sector, y secundada a nivel estatal por la comisión interasociativa de jueces y fiscales y el Consejo de la Abogacía.
Porque lograr la unidad de todos los operadores jurídicos es el único cumplido que conceden a Alberto Ruiz Gallardón las voces que, desde el mediodía y en conexión con el resto de juzgados de España, hicieron uso de la rima fácil para pedir a coro la dimisión del responsable último de reformas como la de la recién aprobada Ley de Tasas Judiciales o la del Registro Civil, todavía en ciernes.
“Estamos aquí por su incompetencia, prepotencia, tozudez rayana en la osadía, que ha conseguido unir a todos en contra de su criterio”, se explayaba el decano del Colegio de Abogados, Antonio Platas, que participó en la protesta arropado por parte de la directiva del ente colegial.
A pocos metros se escuchaban los argumentos, similares, de la jueza decana de A Coruña, María Teresa Cortizas, que destacaba el “importante seguimiento” del paro en cuanto a suspensión de juicios previstos para esa hora: “Existe un descontento ante las reformas del ministro, reformas en las que no se ha tenido en cuenta la opinión de nadie. Creemos que Gallardón ya no es un interlocutor válido”.
“Nos están metiendo las reformas con calzador”, censuraba desde la pancarta de la nueva asociación de abogados Alaga su secretaria, la letrada Beatriz Núñez, y lo mismo en el grupo que conformaban los representantes de los sindicatos UGT, CCOO, CIG, USO, CSIF y STAJ, que representan a los funcionarios de los juzgados coruñeses.
“A xustiza está hoxe no ollo do furacán pola ansia privatizadora e recaudatoria do señor Gallardón”, resumía el portavoz de UGT, Sergio Riveiros, mientras su homólogo en CCOO, Jorge Suárez, focalizaba en el ciudadano las consecuencias de los cambios que se están introduciendo en la administración de Justicia. “Las clases media y baja serán las más perjudicadas frente a empresas que pueden desgravar las tasas o la administración, que no las paga”, ejemplificaba.
Registro civil
Si existe, más allá de la ya aprobada Ley de Tasas, una medida que preocupa a todos los colectivos presentes ayer, esa es la que afecta al Registro Civil, cuya gestión podría pasar a manos de registradores de la propiedad. “Estamos muy sensibilizados, nos consta que no es agradable para el ciudadano, porque lo que era absolutamente gratis y funcionaba muy bien, ahora tendrá que remunerarse y no sabemos cómo funcionará”, reflexionaba el magistrado del Registro Civil, Jesús López, preocupado, sobre todo, por el futuro de sus funcionarios.
La “salvajada” que esa privatización supone a ojos de los sindicatos lo es más si, como ayer denunciaban, el cambio en el Registro trae aparejadas unas ganancias anuales de dos millones de euros, al acabarse con la gratuidad de trámites y certificados “¿Non ten entón finalidade recaudatoria?”, se preguntan.
Publicado o 13/12/2012 en www.elidealgallego.com
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